En esta presentación indago, en primer lugar, las razones políticas y político-lingüísticas de la distancia, reconocida ampliamente, entre las orientaciones programáticas del Mercosur educativo y sus débiles realizaciones. Para reducir esa distancia y desde la experiencia argentina esbozo, en segundo lugar, un proyecto de red de escuelas secundarias bilingües español/portugués para la región, debatido hasta ahora solo en el ámbito universitario. Si bien el primer borrador me pertenece, estuvo sujeto a numerosas discusiones y sus resultados son los que expongo.

He optado por un armado con las dos partes anunciadas porque cuando elaboramos un proyecto educativo que afecta el espacio del lenguaje y que consideramos se inscribe en un marco político-lingüístico, es necesario explicitar este para evaluar la propuesta y comprender su alcance o las dificultades de su implementación. Es pertinente también, en ese sentido, recordar la advertencia de Robert Cooper (1997: 33) respecto de la planificación funcional de la lengua educacional: «es la que más comúnmente se ve sujeta a intensas presiones políticas».[1] Para poder enfrentarlas es conveniente conocerlas.

 

Planteamiento

 

En la etapa actual del desarrollo de la economía mundial, las integraciones regionales y la competencia entre ellas parecen asegurar su dinamismo, como en la etapa anterior lo había hecho el juego de los estados nacionales en un recorte del planeta que gozaba de cierta autonomía (Wallerstein, 1974; Braudel, 1979). Esta circunstancia impulsa, en la reflexión teórica, el establecimiento de algunas analogías entre los estados nacionales y las nuevas integraciones regionales. Así como aquellos necesitaron instaurar vínculos solidarios entre desconocidos (Anderson, 1993) y construir el pueblo de la nación a partir de un entretejido simbólico, estas deberán también configurarse ideológica y políticamente para alcanzar cierta necesaria unidad. Jürgen Habermas (2000: 133) señala al respecto:

 

En los estados europeos del siglo XIX, la conciencia nacional y la solidaridad social solo se crearon progresivamente, con la ayuda de la historiografía nacional, las comunicaciones de masas y el servicio militar obligatorio. Si aquella forma artificial de «solidaridad entre desconocidos» surgió gracias a un esfuerzo históricamente decisivo de abstracción de la conciencia local, dinástica, hacia una conciencia nacional y democrática, entonces ¿por qué ha de ser imposible ampliar ese proceso de aprendizaje más allá de las fronteras nacionales?

 

En el caso latinoamericano, esto se ve facilitado porque esa unidad fue pensada diversamente y con diferentes mapas imaginarios desde las guerras de la independencia hispanoamericana (Arnoux, 2005). Sin embargo, esa tradición no es explotada por el Mercosur, que es el espacio integrado más consolidado en América del Sur. En cambio, sí lo hace la Unión Europea, que es una de las integraciones que se afirma políticamente como tal, ya que el Nafta se presenta como un mero y transitorio Tratado de Libre Comercio de América del Norte que busca realizar el ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas. La Unión Europea, a pesar de no contar tan nítidamente con un imaginario identitario previo y haber vivido en su historia no tan lejana enfrentamientos sangrientos, construye —tal vez por su posición privilegiada en la nueva economía mundo— enérgicamente su unidad desde las instituciones comunitarias. Siguiendo la analogía con los estados nacionales, podemos decir que en el caso latinoamericano está presente, como representación de unidad, la comunidad de destino (Bauer, 1979) o la nación cultural ancladas en la historia compartida y, en el otro, interviene la imagen de la nación política construida desde un aparato «estatal» supranacional que la activa (Hobsbawm, 1992). Pero, también, podemos pensar que las diferencias en cuanto al vigor de las acciones conscientes y sistemáticas se deben a la posición periférica de una, frente a la de la otra que se prepara para competir por el centro, tal como lo entrevé Wallerstein (1999: 83):

 

[...] los dos polos de potencia más verosímiles serán: uno el eje Japón-Estados Unidos, al cual se vinculará China, y un eje paneuropeo, al cual se ligará Rusia […] el Sur se verá marginalizado más aún a excepción de cierto enclaves dispersos.

 

De allí la fuerte tendencia de algunos sectores latinoamericanos a integrar el ALCA como modo de estar más cerca de uno de los posibles centros, que además se presenta, actualmente, en la escena mundial con un notable poder de decisión que se materializa, entre otros, en las ofensivas en el campo militar. La otra posición, que promueve la integración de países latinoamericanos ha cristalizado en dos formulaciones más recientes: la Comunidad Sudamericana de Naciones y el ALBA (Alternativa Bolivariana para la América), que tratan de acentuar la dimensión política, establecer una distancia —que puede ser solo táctica, pero distancia al fin—[2] frente a Estados Unidos, y recuperan la imagen, que atravesó dos siglos de vida independiente, de la gran nación fragmentada que debe ser restablecida.

Tanto el Mercosur como la Comunidad Sudamericana o el ALBA deberán construir un entramado ideológico que anude lazos fraternos con los que resolver internamente conflictos y diferencias de desarrollo económico zonal y mantener el espacio integrado.[3] Para ello, se requieren diversos modos de conocimiento del otro próximo, que lo valoren culturalmente y que lo hagan —en términos cristianos, si queremos— su prójimo. Las políticas lingüístico-culturales son, en ese sentido, fundamentales.

En esta exposición me referiré, entonces, luego de desplegar algunos aspectos de la integración regional que acabo de enunciar, al proyecto referido acerca de la enseñanza de las lenguas mayoritarias sudamericanas en la escuela media. Adopto una perspectiva glotopolítica,[4] es decir, aquella que se interesa por analizar cómo las intervenciones en el espacio del lenguaje y las representaciones asociadas con sus distintas instancias son resultado e inciden en la conformación, reproducción o transformación de las relaciones sociales y de las estructuras de poder tanto en el ámbito local y nacional como regional y planetario. Las propuestas de planeamiento lingüístico que se realizan en ese marco y que afectan a distintos tipos de instituciones suponen, de parte del que las afirma, cierto compromiso militante con el decurso que considera legítimo para el espacio político al que se destinan,[5] a diferencia de otros planteos más técnicos que se apoyan con mayor comodidad en presupuestos hegemónicos y que, por lo tanto, no consideran necesario discutir la función política de las lenguas y de su enseñanza. En ese sentido y en relación con el armado de los currículos, Macedo, Dendrinos y Gounari (2005: 53) destacan, en palabras que compartimos: «es importante para los responsables del diseño de los currículos politizar las cuestiones de enseñanza de lenguas extranjeras; preguntar, por ejemplo, qué conocimiento de qué lengua es legítimo, la lengua de quién es lo suficientemente importante como para ser incluida en el currículo, por qué y en qué términos».

 

Integración regional y geografías imaginadas

 

En un artículo reciente, Heriberto Cairo Carou (2004/2005) se interrogaba, desde una perspectiva geopolítica, acerca de las identidades supranacionales en América Latina. Señalaba que, a diferencia de la Unión Europea, donde se podía identificar una identidad englobante europea, en América Latina era difícil encontrarla porque convivían diferentes identidades supranacionales. Esto lo atribuía, por una lado, a que «no solo los procesos de integración están menos desarrollados que en Europa sino que existen diversos y, posiblemente, alternativos procesos de integración, que pueden dar lugar a identidades diferentes; el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Comunidad Sudamericana de Naciones, por ejemplo». Por otra parte, —señalaba el mismo autor— hay proyectos de naturaleza diferente que «conformarían identidades más amplias que la latinoamericana: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o la Comunidad Iberoamericana de Naciones», y existiría incluso una identidad transnacional panamerindia, Abya Yala, que cuestionaría la identidad latinoamericana en tanto «continuidad de la “colonialidad del poder”». En todos los casos, son distintas las representaciones del espacio o las «geografías imaginadas».

Observando la cuestión desde el sur, debemos señalar, retomando en parte lo dicho antes, que del conjunto de proyectos enunciados, cuyos intereses y alcances son diversos y que en algunos casos son complementarios y en otros excluyentes, dos tienen una respetable antigüedad y se inscriben en la historia de nuestras luchas políticas: el panamericanismo con su versión actual, el ALCA, y el latinoamericanismo con su formulación actual, la Comunidad Sudamericana de Naciones. El primero tiene definida imaginariamente su geografía final aunque los avances sean irregulares[6] y progrese ahora a ritmo de acuerdos bilaterales de diversa amplitud. Y el segundo expone un recorte posible en el estado actual del proceso económico-político, ya que lo cerca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye México y tiende a integrar países centroamericanos. Los desajustes entre geografía y voluntad política e, incluso, las vacilaciones ligadas a la inestabilidad de los procesos que vivimos se expresan en el ALBA, que en el juego entre semejanza y diferencia fónica muestra al mismo tiempo su relación —es una respuesta al ALCA— y su distancia —es una alternativa—; por otra parte, al poder ser leído «el ALBA» como un lexema independiente, retoma el reiterado imaginario revolucionario de la luz primera que avanza inexorablemente, con lo cual vincula la voz con la extensa tradición de las revoluciones democráticas. Si la Comunidad Sudamericana de Naciones excluye el tono eufórico, el ALBA lo estimula. Así, Fernando Ramón Bossi, secretario de organización del Congreso Bolivariano de los Pueblos, en el foro que se realizó en Mar del Plata (3/11/2005), le asignó los siguientes atributos: proyecto histórico, creación heroica, sostenido en las potencialidades de América Latina y el Caribe, apoyado en valores anticapitalistas, construcción popular, capítulo del proceso revolucionario mundial, forma de integración que no parte de lo mercantil, herramienta política, programa de la Revolución Latinoamericana Caribeña, salto estratégico a una nueva etapa (Bossi, 2005). Es interesante observar cómo los sintagmas definitorios abrevan en la «modernidad de liberación» —en términos de Wallerstein (1999)—, que reivindica una democracia «sustancial» y encuentra una de sus formulaciones en el socialismo, y que desde los países periféricos implicó históricamente, en sus variadas manifestaciones, que solo se alcanzaría la modernidad tecnológica si se accedía a la modernidad de liberación.[7] La vuelta a esta última, en el intento de participar de otra manera en la creación de un nuevo orden mundial,[8] muestra una vez más como opera la ideología, anclando en imágenes del pasado las tareas del presente. El sentido histórico que alcance y sus límites dependerán de procesos económico-sociales complejos y de las transformaciones operadas en el campo cultural, pero también de la relación de fuerza política que se construya.

La Comunidad Sudamericana de Naciones y el ALBA se inscriben en la serie de mapas imaginarios dependientes de las situaciones que los diseñaban y articulados con cristalizaciones designativas diferentes que han acompañado las propuestas de integración de los países latinoamericanos. En la etapa de la independencia respecto del poder español, Hispanoamérica era la manera de designar el espacio integrado por los países que habían hecho su revolución e instaurado un sistema republicano. La exclusión de Brasil se justificaba porque era un imperio cuyos vínculos con la reacción europea representada por la Santa Alianza se temían. Pero la integración de Brasil a ese espacio mayor comienza, aunque tímidamente, a mediados del siglo XIX (Arnoux, 2006b). En el interior de Brasil, también en relación con las luchas políticas internas que incluyeron avances republicanos en distintos estados (Vayssière, 2001: 46), se plantearía el tema del vínculo con los países hispanoamericanos y, a la vez, el de las distintas regiones interiores.[9] América Latina surge como una mirada externa para diferenciarla de la América sajona, pero expone desde el sur el enfrentamiento con Estados Unidos, que se hace visible a partir de la anexión de los territorios de Texas y California, y que permanecerá hasta la actualidad. Nuestra América mestiza dará cuenta a fin del siglo XIX, desde la Cuba de Martí, de la diversa conformación étnica de la población y de su necesario vínculo con las luchas populares y anunciará el proceso de notable aumento de la población mestiza a lo cual se refiere Darcy Ribeiro, en su obra sobre la Patria Grande (1986: 76) cuando afirma que pasaron de siete millones en 1825, a setenta millones en 1950 y que «crecen tan rápidamente que pueden alcanzar trescientos millones en el año 2000».[10] Indoamérica surgirá ligado al APRA peruano y acentuará la importancia de los pueblos originarios en la conformación de una identidad colectiva. Patria Grande se propondrá como un sintagma más abarcador que no se define étnicamente y prefiere acentuar la dimensión emocional y el gesto utópico.

Todas esas designaciones han sido enunciadas desde lugares nacionales y sociales distintos pero en todos los casos han mostrado la voluntad de una integración que supere los marcos de los estados nacionales tal como se habían ido construyendo,[11] visualizados incluso como quiebres dentro de esa unidad primera. Las dificultades de concretar este proyecto compartido por sectores importantes de los diferentes países se debe fundamentalmente —reitero— a la debilidad de una región periférica dentro de la economía mundo y a la proximidad de un país central como Estados Unidos, que aspira a fijarla en su condición de mercado cautivo. La activación de una identidad colectiva que ancle en un espacio regional se ve facilitada por esas múltiples resonancias históricas, pero requiere acciones en diversos campos para que encarne en los sujetos y oriente su conducta pública. Al respecto es significativo lo que desde una perspectiva chilena afirma Juan Larrain (2006: 83) al referirse a «las debilidades de la identidad latinoamericana»:

 

No solo le falta una base popular más fuerte, sino que, sobre todo, le falta el apoyo efectivo de las clases dirigentes, cuyo discurso público ha sido por mucho tiempo nacionalista y subraya más las diferencias que las concordancias con otros países del área. De allí que por mucho tiempo el discurso integracionista en América Latina ha sido meramente retórico y pocas veces se ha transformado en hechos concretos.

 

Algunas de las acciones destinadas a afianzar el imaginario colectivo de la integración deben ser realizadas en el ámbito educativo e involucran a las políticas lingüísticas no solo por la función cultural de la enseñanza de la lengua, sino por el poder de esta en la construcción de subjetividades. En relación con la política de la lengua en general, Louis Guespin (1985: 14) señala que esta «solo tiene interés si está destinada tanto a regular el lenguaje en función de la sociedad, concebida como anterior y jerárquicamente superior a él, como a permitir al lenguaje cumplir su papel de constituyente, a menudo esencial, de las comunidades sociales y de personalidades».

En ese sentido, es ineludible en el momento actual pensar la política lingüística que debe desplegarse en las escuelas en relación con el español, el portugués y las lenguas amerindias (Arnoux, 2006, a).

 

Políticas lingüísticas en Sudamérica respecto de las lenguas mayoritarias

 

Es un lugar común en Argentina, como señalé al comienzo, contrastar las decisiones programáticas del Mercosur educativo con las acciones a que ha dado lugar. Si bien el Gobierno ha encarado, particularmente en la enseñanza primaria, algunos proyectos en la ciudad de Buenos Aires y en zonas de frontera, y el número de profesorados de portugués ha aumentado a nivel nacional en relación con un interés creciente por seguir dicha carrera como una salida laboral posible, esas medidas son insuficientes en el sentido de «establecer planes de enseñanza-aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur», como lo señala el Programa de Acción del Mercosur hasta el año 2000 o lo que establece el compromiso de Gramado: «Difundir la enseñanza de las lenguas oficiales del Mercosur en los sistemas educativos, promover la formación de docentes para tal fin y favorecer el desarrollo de programas de educación intercultural bilingüe».

Recientemente se han realizado experiencias loables, como la actualización docente de profesores argentinos de portugués en Brasil y de profesores brasileños de español en Argentina, así como se han reconocido los certificados de proficiencia en cada lengua otorgados por el país respectivo pero su incidencia en el sistema educativo nacional es limitada.[12]

Por otra parte, es habitual contrastar la diferencia con la política brasileña. En Brasil, por ejemplo, se ha aprobado un proyecto de ley, de importancia indudable, que hace obligatoria la oferta de la disciplina Lengua Española en las escuelas de enseñanza media, lo que no solo incide sobre este sector de la población sino que, además, estimula el ingreso a los profesorados de español. Las razones que se dan respecto de esta diferencia son diversas, desde la que señala una tradición de mayor compromiso de la burguesía brasileña con las políticas nacionales hasta la que remite al hecho de que Brasil es el único país latinoamericano cuya lengua oficial es el portugués frente a 18 países latinoamericanos para los cuales la lengua oficial es el español y que los hablantes de español duplican a los de portugués. A esto último se agrega la confianza en el desarrollo internacional del español que, para algunos, es la lengua que tiene el mayor crecimiento en la escena mundial, mientras que otros afirman que en conjunto con el inglés constituye la «coalición lingüística»[13] que se perfila por su carácter complementario como la opción mundial mejor ubicada.

Más allá de estas observaciones, lo real es que no se manifiesta una voluntad de aproximarse al conocimiento de los otros países que participan en el proyecto de integración regional a pesar de que el Plan Trienal del Sector Educativo del Mercosur (1998-2000) incluye en su Área Prioritaria I, el «desarrollo de la identidad regional por medio del estímulo al conocimiento mutuo y a una cultura de la integración».[14] El desconocimiento de la otra lengua mayoritaria es solo un índice de las dificultades de construir un espacio integrado que se consolide políticamente. Como ejemplo ilustrativo de esta dificultad y del «olvido» —entre lo local y lo global— de lo regional, es la propuesta de Juan Godenzzi (2002), en un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, respecto de los aprendizajes lingüísticos de un peruano hispanohablante: este, «además del desarrollo de su lengua materna, debiera adquirir una lengua originaria como el quechua, que le abra a la riqueza de la cultura andina; y una lengua como el inglés o francés, que le posibilite transitar por otros circuitos de gran amplitud». Este documento iberoamericano muestra como para algunos no es visible el espacio sudamericano como marco de orientación de las decisiones político-lingüísticas y que la comunidad lusófona no alcanza, desde esas posiciones, ni siquiera el rango de «comunidad lingüística vecina» que genere una alternativa en el campo educativo, a pesar de la recomendación previa al ejemplo citado:

 

resulta válida la recomendación de que se promueva el manejo generalizado, por parte de los hablantes, de al menos tres lenguas: la lengua materna, la lengua de la comunidad lingüística vecina, y una lengua de amplio alcance internacional. Y eso porque de ese modo se cubre un espectro realmente global sin olvido de lo local.

 

Esta invisibilidad del portugués para el área hispanohablante solo se resuelve, más allá del efecto que los emprendimientos turísticos o comerciales puedan tener, con una política cultural de la lengua encarada consciente y sistemáticamente por los países de la región. El fragmento citado muestra, por otra parte, una estimable sensibilidad respecto del papel de las lenguas amerindias en la educación. Hay que destacar que a partir del reconocimiento, consagrado por las constituciones hispanoamericanas de las últimas décadas,[15] de las lenguas de los pueblos originarios, los programas de educación intercultural bilingüe han tenido un fuerte desarrollo, a diferencia de los programas en relación con el portugués, fenómeno que merecería también una explicación glotopolítica.

Cuando se señala la diferencia con la Unión Europea, se atribuye, como hemos visto, a que en este último caso la identidad supranacional se articula con el espacio territorial, espacio que, sabemos, ha variado considerablemente a lo largo de estos últimos años. A pesar de esta confianza que no tiene en cuenta que las identidades se construyen también políticamente, que se sostienen con mayor o menor seguridad por su posición relativa en la economía mundo contemporánea y que el territorio está atravesado por alternativas políticas como fue evidente en el último plebiscito respecto de una constitución europea, lo cierto es que la Unión Europea busca construir con medidas de envergadura un imaginario colectivo que debe enfrentar los restos de por lo menos dos guerras mundiales. Estas medidas se manifiestan sobre todo en los medios —con emprendimientos comunes—[16] y en los sistemas educativos con políticas «europeas» de enseñanza de lenguas y con transformaciones significativas en los programas de ciencias sociales.

Cuando Cornelius Castoriadis (1986) se preguntaba qué mantiene unida a una sociedad, respondía que «es el complejo total de sus instituciones particulares» y al abordar el problema de «¿cómo aseguran las instituciones su validez efectiva?» señalaba que:

 

Superficialmente y solo en algunos casos, lo hacen mediante la coerción y las sensaciones. Menos superficialmente y de manera más amplia, mediante la adhesión, el apoyo, el consenso, la legitimidad, la creencia. Pero, en última instancia, lo hacen mediante la formación (elaboración) de la materia prima humana en individuo social, en el cual se incorporan tanto las instituciones mismas como los «mecanismos» de perpetuación de tales instituciones.

 

La Unión Europea está más afianzada que la Comunidad Sudamericana de Naciones o el Mercosur en esa construcción de la subjetividad propia del nuevo espacio político, gracias a la implementación de significativas acciones institucionales.

Habíamos señalado que Latinoamérica cuenta con una larga tradición de pensar su unidad, lo que la ubicaría en una posición privilegiada para afianzar un proceso de integración. Sin embargo, esta posición vinculada con sectores de la vida política que se afirma tradicionalmente en las luchas populares y para los cuales la posibilidad de un desarrollo autónomo pasa por la integración con los países hermanos, enfrenta otra, dominante sobre todo en la década del noventa, para la cual la integración con Estados Unidos —recordemos— es el camino más viable y simple. Es decir que nuestra integración regional sufre los avatares de disímiles relaciones de fuerza y que las indecisiones en el campo lingüístico y educativo expresan el estado actual de esa lucha entre dos posiciones que, muy sintética y esquemáticamente, podemos considerar como una para la cual la integración latinoamericana, a pesar de que los límites espaciales sean móviles, es la única posibilidad de completar la revolución democrática y asumir autónomamente las decisiones sobre el destino común de los pueblos de la región, y otra para la cual esta integración es solo un paso desgraciadamente necesario para concretar la otra, la verdadera, que es la continental y que nos permitirá acceder libremente a todos los beneficios de la globalización.

En los últimos años, con la crisis de las políticas neoliberales[17], ha parecido afianzarse en Sudamérica la primera posición que, al mismo tiempo, revitaliza el indoamericanismo y el mestizaje[18] de los movimientos populares del siglo XX en su inscripción en un proyecto nacional antiimperialista y que desestima los modos de ver lo étnico derivados —como señalan Bourdieu y Wacquant—[19] de la proyección de la realidad norteamericana a nuestro continente. Es en ese marco de pensamiento en el que el proyecto que presentamos se cobija. Tiene en cuenta, por otra parte, la Decisión n.° 9 del Programa de acción del Mercosur hasta el año 2000, que establece en su artículo 3.5 que «El objetivo permanente en el área educativa deberá ser la mejora de la calidad de la educación de los estados partes, incorporándole una dimensión cultural y lingüística. Asimismo se deberá profundizar la integración educativa».

 

La red de colegios secundarios bilingües español/portugués

 

Hace alrededor de diez años, en ocasión de un encuentro de educadores e investigadores en Sociolingüística, esbozamos un proyecto de red de colegios secundarios bilingües español/portugués dependientes de las universidades e institutos de nivel superior del Mercosur.[20] La propuesta consideraba que la red abarcara instituciones de nueva creación o ya existentes; que esta enseñanza bilingüe pudiera ir inicialmente desde el séptimo al duodécimo año de escolaridad; que los colegios tuvieran programas de estudio y sistemas de evaluación comunes, que permitieran a los alumnos continuar de inmediato sus estudios en los diversos países en caso de traslados; que los programas de estudios incluyeran, por lo menos, otra lengua además del español y el portugués; y que las experiencias pedagógicas que se realizaran dieran lugar a investigaciones cuyos resultados pudieran ser transferidos a otros ámbitos del sistema educativo de la región. En los considerandos se señalaba, además de razones ligadas a la pedagogía de lenguas y a la importancia de los aprendizajes lingüísticos en el desarrollo metacognitivo de los estudiantes, los esfuerzos de los países del Mercosur tendientes a una integración cultural y política y la importancia para la integración cultural del intercambio regional de docentes. Asimismo, se planteaba la necesidad de colaborar en la formación de un plantel de funcionarios, políticos y técnicos capaz de manejarse con soltura en ambas lenguas y conocedor de la realidad regional y del entramado cultural que le es propio. Pensemos que el Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur (Protocolo de Ouro Preto, de 1994) dice: «Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión» y le asigna a la Secretaría Administrativa la obligación de realizar «las traducciones auténticas en los idiomas español y portugués de todas las decisiones adoptadas por los órganos de la estructura institucional del Mercosur».[21] Es evidente que si se desea impulsar una participación más democrática en los organismos comunes y evitar errores de «intercomprensión» en decisiones de peso que comprometen el destino de los países miembros sería deseable una ampliación significativa del número de aquellos que tienen un dominio en ambas lenguas. La propuesta cerraba los considerandos diciendo:

 

Que por todo ello se deben impulsar los esfuerzos educacionales realizados hasta ahora en los distintos países del Mercosur mediante un proyecto de elevada calidad académica que nuestros institutos superiores pueden concretar, no solo porque están abiertos a la reflexión pedagógica innovadora y crítica, sino también porque aquellos que tienen colegios secundarios han hecho de ellos centros de renovación educativa que han funcionado, en muchos casos, como escuelas de aplicación para la formación de profesores y como modelo para las otras instituciones educacionales.

 

Era la época del neoliberalismo eufórico y no existía la voluntad de afianzar cultural y políticamente la integración regional, a la que se consideraba solo un espacio mercantil que fuera el escalón para la posterior integración continental. Por otra parte, las universidades e institutos superiores no contaban con recursos propios que les permitieran encarar una tarea de tal envergadura, ni estaba la comunidad académica suficientemente sensibilizada como para hacer suyo el proyecto.

Creemos que la situación ha cambiado y que con la ampliación del Mercosur se tiende a reforzar la integración cultural y política, lo que ha llevado a que, si bien en ámbitos todavía universitarios, se aprecie la posibilidad de un proyecto de este tipo. Recientemente en Buenos Aires, en la reunión de la Cátedra Libertadores, que se ha abierto en la Universidad de Buenos Aires, Mar del Plata y del Comahue, la Universidad Latinoamericana y del Caribe y la Universidad Bolivariana de Venezuela, y que busca constituirse en una red regional que incluya proyectos de posgrado en temas vinculados con integración y pensamiento crítico, se discutió el proyecto y las posibilidades de implementarlo. Me referiré entonces, rápidamente, a los resultados de esas discusiones.

Por un lado, se enfatizó el interés de que la lengua no materna, español o portugués, según los casos, fuera lengua de enseñanza en, por lo menos, los dos últimos años de la escuela secundaria hasta que progresivamente, si avanzaba el programa bilingüe en la escuela primaria, se ampliara a todo el ciclo secundario, lo que fue considerado mayoritariamente lo más deseable. En este aspecto, el sistema de enseñanza superior podría colaborar estableciendo un programa de becas doctorales para egresados de universidades de la región, que incluyera como obligación el dictado de un número de horas en las escuelas de la red. Esto se debe a que la objeción constante a proyectos de este tipo es que no se cuenta con docentes preparados en las distintas asignaturas y con un dominio de la lengua de enseñanza cuando esta es otra que la del país en la que el establecimiento educativo está ubicado.

En cuanto a la enseñanza del español y del portugués, en tanto lenguas próximas, se recomendó una didáctica que facilitara el paso de los conocimientos adquiridos en una a la otra, a partir de programas armonizados, para lo cual se debería requerir el apoyo de expertos en la elaboración de los contenidos de las disciplinas lingüísticas. Este objetivo se logra además, en términos generales, con un entrenamiento adecuado de alumnos y profesores en la puesta en contacto sistemática de las dos lenguas, en el relevamiento de semejanzas y diferencias, y en la proyección de conocimientos gramaticales y textuales de un conjunto discursivo a otro.

En cuanto a la tercera lengua, se propuso dejar abierta esa posibilidad para que operen los requerimientos de cada Estado y los acuerdos bilaterales en los cuales podía estar inscripto. Si bien el inglés se avizoraba como esa tercera lengua, fundamentalmente por los vínculos continentales, no se excluían otras posibilidades. Recordemos que desde distintas latitudes se advierte la erosión del rol político de los Estados Unidos en el sistema mundial, rol al que se asocia claramente el desarrollo del inglés, y que David Graddol (2004) señala, por un lado, la disminución progresiva del 9% al 5% en el 2050 de «la población mundial que creció hablando inglés como lengua primera» y, por el otro, el aumento progresivo del árabe y la posición estable del chino con mayor número de hablantes nativos.

Respecto de las lenguas amerindias, se consideró que cada Estado debía decidir cuál, y los modos de su inserción en el programa escolar enfatizando la importancia de aquellas que son oficiales (guaraní, quechua, aymara) y/o comunes a varios estados. Se recalcó que el aprendizaje de ellas debía ser realizado por todos los estudiantes de la escuela en que se implemente, tengan o no un conocimiento previo, y asumido como un aspecto importante de la construcción de una identidad colectiva latinoamericana.

Por otra parte, se resaltó la necesidad de que la política lingüística se acompañara de una política cultural explícita que impulsara enérgicamente el conocimiento de la región en su diversidad para que se construyera una identidad no idealizada, sino viviente y compleja. Debemos reconocer que las políticas lingüísticas, si bien son necesarias para afianzar una identidad común, son insuficientes, particularmente en el mundo actual en el que presenciamos por la expansión de los circuitos comunicacionales la exposición de los mismos contenidos culturales «globales» en diferentes lenguas; de allí que en la planificación educativa se deben articular políticas lingüísticas y culturales. Retomo como pertinente para nuestra perspectiva el primer tramo de una definición de políticas culturales que expone García Canclini (2001): «el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social»[22]. Si bien luego este autor propone ampliar el concepto teniendo en cuenta «el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad», como nuestra propuesta se engloba en la acción estatal en un espacio supranacional y, fundamentalmente, afecta al sistema educativo público, la reflexión primera nos resulta adecuada.

A esa política cultural que se nutra en el conocimiento del otro deberían atender, en este espacio educativo, programas unificados de historia, geografía y literatura. En este punto también las universidades podrían hacer su aporte participando en la selección de los temas que se deberían abordar en cada nivel desde una perspectiva latinoamericana y colaborando en la preparación de los textos didácticos. En cuanto a los programas de instrucción cívica, estos deberían atender al desarrollo de una conciencia latinoamericana solidaria y democrática en la que se sostuviera una nueva ciudadanía y que permitiera a los jóvenes en su vida adulta participar adecuadamente en las instancias políticas regionales. Al respecto, es adecuada la observación de Giroux (2001: 53): «desafiar al neoliberalismo también exige nuevas formas de ciudadanía social y de educación cívica que encajen en las vidas y luchas diarias de las personas […]. Desafiar a la hegemonía neoliberal como forma de dominación es esencial para exigir una noción alternativa de la política y reinterpretar la relación entre la agencia política y la democracia sustancial».[23] En esa lucha ideológica, la escuela como otros organismos estatales o de la sociedad civil, constituyen un espacio fundamental para alcanzar colectivamente una «unidad cultural-social»[24].

En los últimos cursos, a las orientaciones científica o humanística, se podrían agregar otras más técnicas si la región en la que está inserta la escuela lo requiriera. Pero en todos los casos la formación deberá tender al desarrollo de un pensamiento capaz de establecer vínculos entre dominios disciplinares y entre saberes provenientes de distintos campos. Las humanidades y la cultura científica deberán articularse dejando de lado la hiperespecialización (Morin, 2000; 2002).

La finalización de los estudios podría asociarse a un diploma de bachillerato latinoamericano, reconocido por todos los países del área para ingresar en los estudios superiores. Por cierto que cada establecimiento deberá destinar parte del horario escolar a contemplar los requerimientos nacionales por nivel que pudieran no haber sido considerados en la programación general.

En cuanto a la implementación de un programa de este tipo debe encararse necesariamente desde los ministerios de educación[25] aunque el apoyo de las universidades sea imprescindible. Debemos señalar como un dato auspicioso que el Plan Trienal del Sector Educativo contempla la posibilidad de construcción de redes y programas educativos de cuño regional, que pueden implicar movilidad de estudiantes y profesores. Como un emprendimiento de estas características exige fondos propios, estos podrían provenir no solo de los presupuestos estatales sino también de las empresas latinoamericanas que extraen riquezas de la región, producen industrialmente y comercializan en nuestros países.

Un proyecto como el esquemáticamente descrito puede llevarse a cabo si existe la voluntad política de hacerlo y si los funcionarios que deben ejecutarlo están convencidos de «la importancia de la lengua como recurso social», tal como lo plantea el enfoque sociolingüístico de la planificación (Fasold, 1996: 391). Patrick Dahlet, respecto de otra situación, la caribeña, subrayaba la importancia del papel de la clase política: «forzoso es reconocer que la transformación plurilingüe de la institución educativa […] depende en última instancia de la lectura y de la interpretación que el nivel político haga de la transmisión de las lenguas y de lo que está en juego en ello» (Conseil de la Langue Française, 2001: 29). [26] En nuestro caso, lo que está en juego es el éxito de una integración que aparece como periférica en la escena mundial. En relación con la incidencia del sostenimiento estatal de los emprendimientos de cooperación regional, Theotonio dos Santos (2004) señalaba «Uno se ve obligado a constatar que la identidad cultural del “latino”, como dicen los estadounidenses, es una fuerza moral profunda que gana especial consistencia cuando recibe soporte estatal».

En otro orden de cosas, creemos que el trabajo intelectual que van a implicar las decisiones pedagógicas y la preparación de material didáctico tendrá un efecto no desdeñable en los sistemas educativos nacionales. Al mismo tiempo los establecimientos de la red podrán convertirse en espacios de experimentación y actualización pedagógica y podrán llevar a sus respectivas zonas de influencia un conocimiento de aspectos significativos de la cultura latinoamericana.

 

Conclusión

 

El proyecto de la red de escuelas secundarias bilingües español/portugués se inscribe, como hemos señalado, en un proyecto de integración de los países de la región, cuyos límites geográficos dependerán de los procesos en curso y que tiene como imaginario colectivo de base Latinoamérica y se afirma ahora territorialmente en Sudamérica.

En este momento en que el desarrollo del capitalismo exige la articulación de porciones del planeta mayores que los Estados nacionales, nos encontramos con una situación favorable para afirmar el viejo impulso a la reconstrucción de lo que se ha pensado como una nación fragmentada. Pero esto impone la implementación de medidas amplias y enérgicas en el campo cultural y lingüístico. Y la educación es, por cierto, un espacio donde se pueden poner en marcha «estrategias históricas de largo plazo».[27]

A la comprobación entusiasta de Enrique Iglesias, en el II Congreso Internacional de la Lengua Española, acerca de que «las elites latinoamericanas se están socializando en el inglés como segunda lengua y en la condición americana como segunda cultura»,[28] podemos plantear otra posibilidad: la formación de nuestros jóvenes en un bilingüismo español/portugués y en su condición de latinoamericanos como pertenencia cultural primera.

 

Elvira Narvaja de Arnoux

Instituto de Lingüística

Universidad de Buenos Aires

 

 

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Etiquetas: Mercosur, integración, regional, política, cultural, lingüística, educativa, social

Las expresiones que el título destaca (“la lengua es la patria”, “nuestra lengua es mestiza” y “el español es americano”) activan en los hispanoamericanos representaciones asociadas a distintos momentos de su propia historia. Son condensados ideológicos que facilitan las identificaciones identitarias, porque apelan al amplio imaginario colectivo nacional, al de esa nación fragmentada que debe ser restablecida por mandato de los próceres de la Independencia y que es “nuestra América mestiza”, en términos de Martí (Sorel, 1968: 304). En este trabajo[1] nos proponemos analizar cómo estos ideologemas[2] atraviesan diversamente los tres Congresos de la Lengua Española y se afirman en el tercero operando en su tránsito de desplazamientos semánticos y proyectándose sobre otros referentes. Su eficacia discursiva se debe a que hacen aceptables esos cambios “significativos” convocando resonancias emocionales pretéritas.

Para la explicación de esos desplazamientos, que consideraremos en la segunda parte del artículo, es necesario abordar antes la problemática de las políticas lingüísticas de áreas idiomáticas, en su tensión y ajustes con los requerimientos de las integraciones regionales, los estados nacionales y la globalización. A ello nos dedicaremos en la primera parte del trabajo, ilustrado con el III Congreso Internacional de la Lengua Española. Nos inscribimos, así, en un campo de reflexión glotopolítico[3] atento al estudio de las ideologías lingüísticas[4] en relación con los procesos sociales y económicos en los cuales emergen, que son los que explican no solo su aparición sino también sus filiaciones, desplazamientos y posiciones en conflicto. Los materiales utilizados en el presente estudio son las palabras de los participantes a los congresos de la lengua española y notas periodísticas referidas a estos, pero aquellos pueden extenderse, según los requerimientos de las investigaciones que se realicen, a los instrumentos lingüísticos (gramáticas, diccionarios, artes de escribir, manuales de estilo, textos de enseñanza de la lengua) y a ensayos de diverso alcance que tematicen el lenguaje y las prácticas discursivas con él asociadas. El interés por la articulación de los textos con las condiciones sociohistóricas de producción lleva a apelar a recorridos propios del análisis del discurso, en este caso, a privilegiar los entornos de los segmentos sometidos a estudio y sus posibles reformulaciones.

 

 

I

 

III Congreso de la Lengua Española

 

Este evento se realizó en la ciudad de Rosario, en Argentina, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2004. Como en los anteriores, aunque más acentuadamente, se manifestó la importancia política asignada a la lengua —incluso su carácter de cuestión de Estado, fundamentalmente para España—, reforzada por la presencia de los reyes, de numerosos funcionarios y de las autoridades argentinas. El entrevisto —y, también, explorado— potencial económico de la lengua se evidenció, por un lado, en el peso otorgado por el Instituto Cervantes a la enseñanza del español como lengua extranjera y a la elaboración de certificados que consagren su dominio, y en las remisiones a la red exterior organizada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España a través de dieciocho consejerías para la promoción de la lengua y cultura españolas; por el otro, ese potencial económico se mostró en las múltiples referencias al apoyo de las empresas españolas, fundamentalmente Repsol y Telefónica[5] —esta última participó como panelista—. Asimismo, se insistió en el panhispanismo institucional asentado en la red de academias dirigida por la RAE —“La unión de las 22 academias ha sido el mayor logro de estos años”, en palabras de García de la Concha, (ABC, suplemento del 16/11)—; como resultado de esta política se presentó el Diccionario panhispánico de dudas.

Su carácter de congreso oficial se destacó, además, por la existencia de un congreso alternativo, paralelo o contestatario: el Congreso de laS lenguaS, que insistió en la diversidad lingüística, el derecho de las minorías y que interpretó el logo del congreso (una e minúscula que podía verse como una cara de perfil y, saliendo de ella, el símbolo identificador de la “eñe” que parecía una lengua) como “sacar la lengua” permitiendo, además, gracias al doble valor de “sacar”, el paso de “burlar” a “despojar”. El sujeto o el agente de las acciones podían remitir tanto a España como a la monarquía o a los organizadores del congreso. Lo interesante es que el tema de la diversidad, el contacto, el mestizaje, el culto a las variadas voces y estilos es tan dominante socialmente que fue también una de las grandes orientaciones del congreso oficial, que se reiteró notablemente, como veremos, en las disertaciones y que ya estaba expuesto esquemáticamente en el diseño del programa: en la sección I, “Aspectos ideológicos y sociales de la identidad lingüística”, dos de los paneles trataban acerca de “El español y las comunidades indígenas hoy” y “El castellano y las otras lenguas de España”. La única voz discordante —políticamente incorrecta— fue la de Gregorio Salvador, vicedirector de la RAE, moderador de la mesa redonda plenaria “Identidad y lengua en la creación literaria”, que propuso, alterando incluso las posibilidades de intervención propias de su función —como consigna El País del viernes 19— “una lengua sólida hablada ‘por cuanta más gente mejor’ y eliminar las lenguas minoritarias a favor de una lengua única y poderosa”. El mismo diario señala que así se opuso a “la idea de identidad y diversidad que defendió el escritor y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que fue la tónica general del congreso[6]”.

Esta “tónica general” exaltadora de la diversidad debe ser comprendida, por cierto, en relación con el actual proceso de globalización. Este requiere —tal vez, como una etapa— la conformación de integraciones regionales, que, al competir entre ellas, aseguren el dinamismo económico e impongan, al mismo tiempo, cierto orden en las poblaciones propias. Pero, para avanzar en la conformación de ese espacio, deben desgastar las viejas fronteras nacionales y establecer otras nuevas a partir de variables como las lenguas, sobre todo las minoritarias o las que los Estados habían minorizado en su marcha hacia la homogeneización lingüística y cultural. Es necesario hacer visible la diversidad para reestructurar el espacio, de allí la orientación dominante a la que nos referimos.

 

Las políticas lingüísticas de área

 

En los ajustes y desajustes entre lo global, lo regional, lo estatal y lo local intervienen tanto las políticas lingüísticas de áreas idiomáticas, las de las nuevas integraciones regionales y las referidas al establecimiento de una lengua mundial, como las de lenguas no oficiales, minoritarias o locales. Y en las discusiones acerca de la defensa o del destino de las lenguas se pueden entrever las relaciones de fuerza relativas en cada etapa. Para ello es necesario analizar la dimensión ideológica de los discursos sobre las lenguas, es decir, considerarlos como índices que desvelan y, al mismo tiempo, como entramados que ocultan, operando por condensaciones y desplazamientos, las situaciones a las que sirven o las posiciones que expresan.

Las políticas lingüísticas de áreas idiomáticas se caracterizan por formular una aspiración postcolonial de gestión democrática de la lengua compartida que, en el caso del español, lleva al refuerzo de la red de academias nacionales, a la consideración de las distintas variedades y situaciones de contacto y a la participación en la elaboración de los instrumentos lingüísticos —particularmente, gramáticas y diccionarios— de científicos provenientes de distintos países del área. Asimismo, son políticas que explotan el potencial económico de las lenguas, vinculando el mundo académico al empresario a través tanto de lo que, en términos generales, se designan como industrias de la lengua como de las propuestas de enseñanza (cursos, material didáctico, certificados de competencia lingüística). Como la lógica mercantil tiene un peso grande, inversiones y beneficios corresponden, en realidad, al país que ocupa la posición más ventajosa. Al respecto, Jorge Urrutia (suplemento La Nación, 16/11) afirma que “Las industrias culturales vinculadas con la lengua, en España, significan el 17% del PBI”; y Gustavo Druetta, consejero cultural y educativo de la embajada de Brasil, señala:

 

España viene expandiendo a pasos agigantados la acción de su Instituto Cervantes como punta de lanza de las editoras de libros de enseñanza: si hasta este año el Cervantes sólo operaba en San Pablo y Río de Janeiro, en los próximos dos años funcionarán sucursales en Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Recife y Brasilia. Desembarco preparado por instituciones privadas que compiten por un sustancioso mercado del idioma español (Clarín, 15/09/2005).

 

Sin embargo, para que las acciones sean más eficaces debe abrirse a la participación controlada de los otros integrantes: el mismo Instituto Cervantes, por ejemplo, ha propuesto recientemente la futura participación, en nuevos centros, de hispanistas de otros países; realiza, además, acuerdos para los certificados de lengua y señala que las tareas de la enseñanza del español en Brasil —se reitera enfáticamente que se necesita un número importante de profesores de español— deben ser compartidas.

Plantear la política lingüística respecto del español como política de área sirve para no dar lugar a las diferencias que pudieran aparecer como producto de intereses nacionales o regionales contrapuestos a los dominantes, o de situaciones particulares con sus exigencias propias, como la necesidad del Mercosur de un bilingüismo español/portugués. Esto fue interpretado por algunos órganos de prensa como una paradójica ausencia de discusiones glotopolíticas en un congreso de este tipo. Por ejemplo, en Le Monde Diplomatique en la edición en español aparecida en Bolivia en enero de 2005, la periodista Mariana Saúl se asombra:

 

En un encuentro que lleva como consigna “identidad lingüística y globalización”, el tema de las políticas lingüísticas no debería evitarse, sin embargo en el III Congreso Internacional de la Lengua Española el espacio que se le dedicó fue muy reducido.

 

En realidad, lo escaso fue la discusión política sobre las acciones lingüísticas, no la omnipresencia de una clara política lingüística de área, sostenida por España y sensible a las políticas europeas.

Por otra parte, en relación con la visibilidad reciente y el dinamismo de las áreas idiomáticas no debemos olvidar que resultan no solo de las estrategias expansivas de países centrales o del deseo de muchos de reforzar la lengua propia sino también de la tendencia a que la industria editorial como la audiovisual –música, cine, televisión, informática- se concentre en cada vez menos transnacionales que deben considerar para su comercialización las regiones lingüísticas[7]. Para esta función España está bien posicionada: sirvió de puente para la compra de las empresas editoriales latinoamericanas y exporta seis veces más títulos que Argentina y México juntos.

 

Un poco de historia

 

Las actuales políticas lingüísticas de área se inscriben en un largo proceso ligado a las transformaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial y deben ser comprendidas en la compleja dinámica que afecta, entre otros, al espacio de las lenguas.

Después de la conferencia de Yalta, el inglés y el ruso se asociaron con las áreas de influencia planetaria de Estados Unidos y la Unión Soviética. La lucha por imponer una u otra como lengua mundial se expresó en las zonas dominadas o aliadas y en la elaboración de métodos para su enseñanza como lenguas extranjeras. Con la caída del campo soviético, el inglés adquirió —como sabemos— una indiscutida importancia, reforzada por el desarrollo de los medios de comunicación y de la tecnología informática, y se impuso como lengua de la economía, de las relaciones internacionales y de algunas investigaciones de punta. En relación con ello se desarrollaron variedades minorizadas de dicha lengua aptas para desempeños en aquellas áreas.[8]

Otras lenguas occidentales ejercieron medidas “proteccionistas” en sus zonas de influencia y reforzaron los lazos culturales entre países vinculados por la lengua —muchos de ellos, antiguas colonias—, que derivaron fácilmente en definiciones políticas e, incluso, económicas. El caso más destacado es el de la francofonía. El español también —desde, sobre todo, los años noventa, a comienzo de los cuales se crea el Instituto Cervantes— se encaminó hacia la política de área idiomática, reforzó los vínculos académicos y encaró enérgicamente la elaboración de instrumentos lingüísticos que contemplaran esa dimensión del español: la Gramática descriptiva de la lengua española (1999)[9] inició esta etapa que tendrá dos hitos importantes en el Diccionario panhispánico de dudas y en la edición de la Gramática académica y de los compendios escolares. Los congresos de la lengua española, de los cuales el primero es el de Zacatecas de 1997, se inscriben, como señalé, en este recorrido que asume una dimensión más política en las periódicas reuniones de presidentes de países iberoamericanos y en la organización que los nuclea.

Las políticas lingüísticas de área se despliegan e intervienen en esta etapa de la economía mundo, en la cual los estados nacionales y las competencias entre ellos no son más el motor económico principal, sino que se requieren integraciones regionales que, como los antiguos estados, se ubican en distintas posiciones (centrales, secundarias o periféricas), y las centrales y secundarias luchan y llegan a acuerdos —“objetivos comunes”, como se designan actualmente— por el dominio de la periferia. Estos fenómenos llevan a que, además de las políticas lingüísticas de área, existan las propias de las integraciones regionales (Arnoux, 2002), que resultan tanto de las necesidades de su consolidación como de su relación con las otras y de su posición en el proceso de globalización. Por otra parte, como los estados nacionales no han desaparecido, se despliegan en el espacio de la lengua, con mayor o menor vigor según su importancia relativa, políticas que remiten a él. Un ejemplo reciente es la lucha por la oficialidad del inglés en Estados Unidos, en la que se exacerbó un modo de nacionalismo excluyente, y la reducción en varios estados de los programas educativos bilingües. Otro es la débil política de Francia, cuyo centralismo lingüístico respecto de sus lenguas minoritarias —problema que tuvo que abordar respondiendo a la imposición de la Unión Europea— tiene una respetable tradición; la estrategia de reconocer nada menos que 75 lenguas (Cerquiglini, 1999) vuelve difícil la implementación de programas de cierto alcance que las consideren a todas.

Las políticas lingüísticas efectivas en el mundo actual son, así, resultado de tensiones y acuerdos entre requerimientos de los estados nacionales, de las integraciones regionales, del proceso de globalización, con su juego entre lo global y lo local, y de las zonas interiores de los viejos estados. Las políticas en relación con áreas idiomáticas atienden a unos o a otros según situaciones e imperativos diversos. Si bien aparecen ligadas a un centro de mayor poder económico, al que en términos generales sirven, el sentido histórico de su implementación varía según circunstancias vinculadas fundamentalmente con las relaciones de fuerza entre integraciones regionales y dentro de ellas.

 

El español en las integraciones regionales

 

 En la península, con la apertura democrática posterior a la muerte de Franco, el castellano enfrentó su relación con las otras lenguas. El reconocimiento oficial de estas fue estimulado, más allá de una necesaria reivindicación histórica, por la tendencia a desarrollar las lenguas minoritarias, particularmente las que vinculaban dos o más estados (España, Francia, Andorra e Italia con el catalán; España y Francia con el vasco, y, aunque de manera diferente, España y Portugal con el gallego), para preparar una posible Europa de las regiones. Con el ingreso a la Unión Europea, el Estado español fue adquiriendo un “insólito crecimiento económico”[10] no solo por el apoyo que recibió sino fundamentalmente porque las empresas españolas se convirtieron, en la última década, en los principales inversores europeos en América Latina, a lo cual no fue ajena la lengua compartida, que más de una década antes había facilitado también la expansión de la industria editorial española[11].

Los países hispanoamericanos, por su parte, o participan en una integración periférica (Mercosur) o son el sector subalterno de una integración central (el Nafta) o son aspirantes a integrar una u otra o una tercera, la Integración Continental, de las Américas, o Nuevo Panamericanismo. Esta situación de debilidad se expresa en las dificultades para diseñar e implementar las políticas lingüísticas que corresponden tanto para el fortalecimiento de la integración de la que son miembros o de su posición en la misma, como para la expansión externa de la lengua. En el Mercosur, en el que, si consideramos las lenguas mayoritarias, se deberían desarrollar diversas formas de bilingüismo español-portugués, nos encontramos con una explícita y enérgica voluntad de Brasil dentro de sus fronteras para establecer las bases que lleven a ello[12] y una marcada indiferencia de los estados hispanoamericanos. En el caso del Nafta, México se conforma con el peso natural de la masa de hispanos en Estados Unidos, pero no elabora políticas de envergadura ni en relación con ellos ni con los anglófonos, mientras la política norteamericana no duda de la anglización planetaria, aunque internamente vacila entre reforzar en el campo educativo el inglés o abrirse al español, no solo por la importancia de la población hispana sino entreviendo la integración continental. De cualquier manera, como los hispanohablantes constituyen un sector nada desdeñable de consumidores, sobre todo a partir del tratado de libre comercio, las empresas estadounidenses avanzan enérgicamente en el campo editorial[13] y audiovisual en español.

Las políticas lingüísticas respecto del español no son encaradas, entonces, por los países hispanoamericanos, sino por España, que lo hace, obviamente, en función de sus intereses nacionales y los de la integración de la que forma parte. De allí que el planteo de una retribución en relación con el portugués, que serviría políticamente a los países sudamericanos, hecha por Juan Luis Cebrián en el III Congreso Internacional, haya sido un gesto aislado ya que, en el marco de la península, no está resuelta la relación portugués-gallego y, en relación con América, a España y posiblemente a la Unión Europea no les convenga una consolidación del Mercosur sobre bases que superen el simple acuerdo mercantil y tiendan a un activo conocimiento del otro.

 

 

II

 

Las políticas de áreas idiomáticas necesitan, para su desarrollo, construir un imaginario de lengua compartido, para lo cual apelan a pocos datos —a menudo, estadísticas eufóricas— que se reiteran, y a condensados ideológicos que, como señalé en la presentación, son desprendidos de las condiciones históricas que los generaron y proyectados a nuevas situaciones.

Me referiré, entonces, en esta segunda parte a los tres ideologemas señalados en el título, que se articularon en el III Congreso aunque estuvieron presentes, con diverso énfasis, en los otros dos.

 

La lengua es la patria

 

El congreso de Zacatecas de 1997 tuvo por tema “La lengua y los medios de comunicación”, entrada propicia para hacer visible la unidad del área a pesar de sus variedades, ya que en los medios gráficos e, incluso, audiovisuales circula una modalidad estándar. El reconocimiento de la unidad y la voluntad de acentuarla se expresan en el discurso del rey, que retoma las palabras de Rafael Lapesa: “leernos mutuamente, escucharnos unos a otros, vernos recíprocamente, actuar en nuestro ejercicio de la lengua oral, una y múltiple”. Los medios cumplen, en este sentido, una función central afirmada en los avances tecnológicos que inciden en el alcance tanto de los medios gráficos como de los audiovisuales. Si bien se acepta que constituyen un espacio de notable dinamismo en la renovación del idioma, el primer congreso plantea el problema de la norma a partir del fantasma de los neologismos descontrolados, no aceptados en toda el área, o la invasión de préstamos del inglés sin la adecuada y regulada castellanización. Las expresiones “defender la norma”, “el cuidado de la lengua”, “el riesgo de la avalancha de barbarismos”, reiteradas en este primer congreso, aluden a ello. Estas preocupaciones explican, por un lado, el escándalo producido por el discurso de Gabriel García Márquez (“jubilemos la ortografía”) que, en realidad, implicaba un avance en la reflexión: para la expansión del español es conveniente una simplificación de la ortografía. Y explican, por otro lado, la propuesta de textos normativos (libros de estilo) unificados para los periódicos, del diccionario panhispánico de dudas y de una gramática académica. Estas preocupaciones normativas van a ir desapareciendo de los discursos de los posteriores congresos, a la vez que las academias trabajan enérgicamente en la elaboración de los textos señalados. Lo que se acentúa es el reconocimiento de la unidad, más allá de los instrumentos lingüísticos destinados a sostenerla.

Para fortalecer con su carga emocional la unidad proclamada aparece, en relación con el español, “La lengua es la patria”, que es el título de la alocución de Belisario Betancur, ex presidente de Colombia. Si bien ancla en la memoria de la Independencia —uno de cuyos núcleos programáticos era el de tender a constituir una confederación de países hispanoamericanos apelando al imaginario nacional—, esta primera aparición ya opera deslizamientos que hacen posible la futura despolitización y desterritorialización —o el no remitir a territorios definidos políticamente como en el caso de las naciones o de la integración pensada por Bolívar—. Betancur dice:

 

Nuestra lengua se constituirá en el siglo XXI en el instrumento político por excelencia de la integración, dentro del sueño de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que alentamos desde el Congreso Anfictiónico de 1826 en Panamá, convocado por aquel soñador que fue Bolívar.

 

Se desliza del pensamiento de la integración hispanoamericana —de la cual España estaba excluida— hacia un espacio mayor, pero no se detiene en Sudamérica o Latinoamérica, sino que pasa a Iberoamérica, lo que permite la inclusión de la península y articular la propuesta lingüística con la política iberoamericana, y obvia —lo que en un congreso de la lengua no es fácil— la diferencia español-portugués. Por su parte el “nosotros” puede remitir tanto a los hispanoamericanos como a los latinoamericanos o a los hispanos en general. Con esta última remisión debe interpretarse la afirmación de Víctor García de la Concha, director de la RAE, aparecida en El País (07/09/2000): “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no solo de canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior”.[14]

En el Congreso de Valladolid, realizado entre el 16 y el 19 de octubre de 2001, el tema “El español en la sociedad de la información” facilita integrar “virtualmente” en la comunidad lingüística a todos los hablantes del planeta. En el discurso del rey aparecen: “el idioma español es el patrimonio común de más de 400 millones de personas repartidas por el mundo”, “seña de identidad de 400 millones de personas”, “esa vasta comunidad de personas”. Pero, notablemente, profiere un enunciado que tiene los ecos del discurso de Renan acerca de las naciones[15]: “gran comunidad de la que todos formamos parte, unida por la común posesión del gran legado del pasado y la voluntad de proyectarlo en el futuro”. Se pone en juego otra vez la misma estrategia: proyectar las emociones nacionales vinculadas con unidades políticas a la amplia comunidad hablante; el paso por el conocido discurso de Renan permite activar el ideologema que sostiene este fragmento.

En el mismo sentido de una integración que elude anclar en un espacio político y territorial, y desde una perspectiva económica, Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señala como uno de los “activos” que la comunidad hablante de español “está dispersa por varios continentes y es más homogénea en sus aspectos sociales y culturales que ninguna otra comunidad lingüística”, y asocia claramente lengua, cultura y mercado —la comunidad es económica—: los hablantes de español “comparten un sistema de valores y de modos de vida y constituyen también un vasto mercado de productores y de consumidores, que está llamado a convertirse en uno de los mayores del mundo en los próximos años”.

El paso de la sociedad política a la comunidad es retomado en el Congreso de Rosario, cuyo tema es “Identidad lingüística y globalización”, por Claudio Guillén apelando a las conceptualizaciones de Tönnies[16]: “Nos espera el conocimiento progresivo y la potenciación no de una construida sociedad política, sino de una comunidad basada en una lengua feliz, libre y espontáneamente compartida”. El rey sintetiza apelando a Platón: “‘Ciudad de palabras’ llamó Platón a la comunidad política que se construye sobre la base de una convivencia de cultura compartida”. Se ha pasado, entonces de la sociedad política de Bolívar a la comunidad de palabras platónica.

Pero, sobre esa comunidad no definida políticamente, sino ligada por la lengua y su potencial económico, es necesario seguir volcando tonos emocionales capaces de estimular identificaciones heroicas. “La lengua es la patria” reaparece, en Carlos Pereda, al explorar los aspectos subjetivos de lo nacional:

 

La lengua es también otra de las patrias pero que está ahí, en los significados y colores de las palabras, en la música de la gramática, en el conciente o inconsciente asumir discursos que, en ocasiones, festejan e iluminan y, en otras, nos agobian, nos intoxican. Como todas las patrias, la lengua cobija y ordena, protege y compromete, pide sacrificios y, a veces, con la rigidez de sus identificaciones y contraidentificaciones, empuja al abismo.

 

Es evidente la tradicional referencia a los dobles atributos materno —que protege— y paterno —que exige— de la representación de “patria”,[17] base necesaria de sostén de los gestos nacionales, pero ahora referida a la comunidad de hablantes.

 Por su parte, Juan Luis Cebrián participa en la estrategia de anulación de las perspectivas políticas ancladas en la historia y recortadas por el territorio, aunque lo haga también desde una posición progresista: “Tenemos que aspirar a que mexicanos, argentinos, bolivianos o chilenos ocupen cargos importantes en el Instituto (Cervantes) porque la lengua es la verdadera patria de todos los que la hablamos” o “[…] nuestro idioma, patria común de nuestros sueños, nuestras razones y nuestros sentimientos”. Glosando a Marx (1963) podemos decir que el trabajo de la ideología se muestra en que las nuevas tareas que la sociedad exige se realizan con los ropajes del pasado.

Como vemos, las políticas de áreas idiomáticas requieren la construcción de un imaginario colectivo donde la dimensión emocional permita las identificaciones; de allí el recurrir a los sentimientos asociados con la patria. Pero esta debe ser despojada de los atributos tradicionales de la forma nación —particularmente, territorio y soberanía política— y asociarse con una comunidad hablante “global”, que no remita a un Estado nacional concreto. Ahora bien, esta construcción de una identidad definida por la lengua puede dejar de lado poblaciones importantes que viven en distintas situaciones de bilingüismo y que forman parte también del “activo”, en términos económicos, que constituye el estímulo más fuerte de las políticas de área. Hay que dar, entonces, un paso más allá de la simple aceptación de las variedades y admitir juegos más complejos del español con otras lenguas, entre otros, los de los hispanos de Estados Unidos, cuya importancia se destaca insistentemente. Se desarrolla así el otro ideologema, dominante sobre todo en el congreso de Rosario: “Nuestra lengua es mestiza”.

 

Nuestra lengua es mestiza

 

El Congreso de Rosario insistió en ello. Esto aparece claramente en la lectura que los medios gráficos hicieron de las ponencias: “La palabra más dicha es lengua seguida por mezcla y mestiza” (El País, 19/11); “[…] han dicho aquí hasta el cansancio que así como ella ha pervivido por el mestizaje con otras lenguas, también perdurará y se expandirá por imbricación continua con otras culturas” (José Claudio Escribano, La Nación, 20/11); “Hubo reiteradas coincidencias en destacar el mestizaje como una de las cualidades más valiosas del español” (La Nación, 21/11). La valoración del mestizaje no había sido la misma en el primer congreso, preocupado por la norma y en la que lo territorial todavía afloraba; en ese momento Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, director del Instituto Cervantes había señalado:

 

Los lingüistas nos enseñan asimismo que es prácticamente la única de las grandes lenguas internacionales de la que apenas se han derivado esas lenguas mixtas que ellos llaman pidgin o sabir. Pues bien, ello se debe en gran medida a su arraigo en un territorio de gran continuidad espacial, lo que favorece la unidad sin poner en peligro la riqueza y la variedad.

 

Es decir, que su virtud en ese momento no era el mestizaje.

Mestizaje permite en el Congreso de Rosario deslizamientos varios. En algunos casos, se proyecta lo racial de los hablantes sobre la lengua. Carlos Fuentes, en su conferencia, dice: “Descendemos del gran flujo del habla castellana creada en las dos orillas por mestizos, mulatos, indios, negros, europeos”.[18] En otros casos remite a los préstamos. El mismo Fuentes afirma: “El español ofrece al mundo globalizado el espejo de hospitalidades lingüísticas creativas, jamás excluyentes, nunca desdeñosas”. En otros, se extiende a la diversidad cultural que el español recorre y ha recorrido. En palabras del rey: “Todos y cada uno de los contactos con otras lenguas y culturas han ido depositando en la lengua española marcas de mentalidades, costumbres y sensibilidades distintas”; y en las de Ernesto Cardenal: “No es la ‘pureza’ sino el mestizaje del lenguaje la razón de ser de cada pueblo. ¡Toda cultura es intercultura!”. José Manuel Blecua, por su parte, ancla mestizaje en la tradicional relación con las culturas aborígenes: “Se derrumbó la teoría de la uniformidad de la lengua, que dejó a un lado las culturas aborígenes; desde entonces se maneja la tesis de una cultura mestiza” (Clarín, 19/11). La misma perspectiva adopta la subsecretaria de cultura de la Argentina: “El programa del congreso permite reivindicar los valores de las lenguas originarias, en un principio avasalladas por el español de la conquista; el mestizaje que, más allá del conflicto que siempre conlleva, encarna en la lengua española —como ha expresado Octavio Paz— la apropiación intelectual de otros mundos” (suplemento de La Nación del 16/11). Si nos centramos en el terreno lingüístico, mestizaje puede remitir a variedades, como parecería hacerlo en varios de los entornos en que aparece, o al contacto con otras lenguas y, en este último caso, o a los dialectos de frontera o al bilingüismo de algunos hablantes, o al plurilingüismo del área en la que el español es dominante. Encontramos, así, referencias a las medias lenguas (“Las medias lenguas que aparecen en zonas de frontera —como el portuñol que se da en Brasil y el spanglish en Estados Unidos— demuestran la existencia de sistemas lingüísticos periféricos, pero estas lenguas deben ser consideradas” (Francisco Moreno Fernández); o a la identidad bilingüe de los hispanos (“‘Nuestra lengua materna es el bilingüismo’ como afirman muchos chicanos” señala Rainer Enrique Hamel). El rey reitera y sintetiza estas posibilidades: “Una voz, en suma, plural y polifónica, compuesta de muchas voces. En correspondencia con ello, nuestra identidad lingüística es la suma convergente de muchas identidades” y “No se puede olvidar que la comunidad hispanohablante añade al patrimonio de la lengua común la riqueza del plurilingüismo”.

¿Por qué esa exaltación del mestizaje en lugar de la preocupación por la pureza normativa del I Congreso Internacional? No parece expresar una política defensiva, que considere en el entramado de lenguas en contacto una barrera para el inglés —este no es un tema relevante en el III Congreso Internacional—. No es un reconocimiento tardío de las lenguas aborígenes —tradicionalmente, la América mestiza remitía a ese vínculo—, aunque aflore como expresión de la buena conciencia en algunos discursos; ni un apoyo a los bilingüismos peninsulares, ni surge de un interés por los vínculos entre el español y el portugués. Lo que está en juego, en realidad, es la relación con el inglés pero en el marco de una política globalmente expansiva. De allí las múltiples referencias a los hispanos de Estados Unidos, a sus cambios de código, a su doble identidad lingüística. Ahora bien, más allá del interés económico que esta población representa, lo que se evalúa es un tipo de relación con el inglés —complementariedad, sumisión, aprovechamiento de su importancia actual— que pueda posicionar al español internacionalmente. Por ello es importante el tercer ideologema que hemos seleccionado: “El español es americano”, que se despliega al mismo tiempo que las políticas lingüísticas son diseñadas, financiadas e implementadas por España y las instituciones responsables integran, como señaló el director del I. Cervantes en Valladolid “un proyecto de Estado”. Esta aparente paradoja se explica por la función política de este ideologema.

 

El español es americano

 

En este caso se juega con la extensión que se le dé a americano: si se lo opone a norteamericano como es la interpretación habitual desde el sur, si se lo opone a otros continentes en su extensión máxima, o si remite a norteamericano como aparece en algunos usos europeos. En el Congreso de Zacatecas, el director del Instituto Cervantes opta por lo segundo y dice: “[…] el español es ante todo una lengua americana, un idioma que recorre casi todo el continente sin solución de continuidad, y que esa es una de las razones de su vigor, de su profunda coherencia y de su irresistible expansión”. Se abre así a los hispanos de Estados Unidos. Como en “la lengua es la patria”, se apela a una dimensión emotiva, anclada en la historia hispanoamericana, previa a la anexión de Texas y California por Estados Unidos. Y se recurre, entonces, a Andrés Bello resumiéndolo: “el español es la garantía de la identidad y de la unidad continental”, donde “continental” remitía al espacio sudamericano. La inclusión en “el español es americano” a Estados Unidos exige hablar de “nueva frontera”. El diario Clarín (20/11) es sensible a ello aunque observándolo como problema, fijado, posiblemente, en la vieja representación del resguardo de la pureza: “La situación de los hispanos en Estados Unidos, esa nueva frontera del español que en este siglo quiere consolidarse como lengua internacional, fue ayer la mejor imagen de los problemas que enfrenta nuestro idioma ante el inglés”. El sintagma nueva frontera asociado al español “lengua internacional” o “lengua global” es una operación común en los discursos de Rosario. Ángel López García, en declaraciones a Clarín (18/11), había dicho, aunque incluyendo a Brasil: “Estamos en el año cero del español como lengua global, somos 22 naciones que hablan el mismo idioma, pero hay una nueva frontera que podría ubicarse en los Estados Unidos y en Brasil, todo se juega ahí”.

 El reiterado recurso a la estadística va a permitir señalar que Estados Unidos es/será el segundo país hispanohablante después de México. Esto se inscribe en una estrategia de vincular el destino del español al del inglés, de presentarlas a ambas como lenguas americanas y futuras lenguas de la globalización, equivalentes en muchos sentidos, con ciertos atributos complementarios y, en algunos casos, compitiendo: “Con más de 350 millones de hablantes cuenta con el mismo número que el inglés”, “en los 21 países de uso oficial el 94,6% de la población habla español, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la anglo o francofonía” (Rainer Enrique Hamel). “David Graddol asegura que en el año 2050 el castellano superará al inglés, lo hablará el 6% de la población mundial frente al 5% del inglés” (Juan Luis Cebrián). Esta perspectiva ya había aflorado en el Congreso de Zacatecas, destacando la posibilidad de una lengua universal no minorizada, como el inglés-lingua franca:

 

Ya se sabe que, por razones políticas y económicas, el inglés ha venido a ser la lengua universal. Pero ésta se ha transformado con frecuencia en una lengua vehicular, una lingua franca que no permite esa profunda comunicación a la que aludía anteriormente. El español, por su riqueza lingüística y cultural, por su extensión geográfica, acorde con la multiplicidad de pueblos hispanos e hispanoamericanos que lo hablan, parece situarse en mejor posición frente a un porvenir mundial muy incierto. [Agustín Redondo, Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, Zacatecas).]

 

Pero es en Rosario donde aparece con insistencia:

 

Nuestra lengua encarna la dimensión socializadora y comunitaria que le falta al inglés, el idioma de la ideología wasp. No es verdad que existan cuatro o cinco lenguas mundiales. Existen el chino, el hindi, el árabe, el ruso y empieza a existir una coalición idiomática: el hispaño-inglés o anglo-hispano. [Angel López García.]

 

En ese sentido se expresa también Ivonne Bordelois:

 

Las cifras —de expansión del español— significan que, si exceptuamos el chino, el español es hoy en el mundo, si consideramos el número de hablantes en Estados Unidos, el dialogante natural del inglés, que representa la capacidad lingüística máxima del planeta, y cuyo dominio en tecnología y ciencia constituye una ventaja insuperable sobre todos los lenguajes del mundo.

 

Esto explica también el elogio a Puerto Rico. En Zacatecas, previo al predominio del ideologema del mestizaje, se lo había hecho con representaciones del pasado, es decir, de la defensa de la lengua frente al inglés: “No quiero dejar de saludar al pueblo de Puerto Rico, tal diligente en la conservación de nuestra lengua común”. Puerto Rico va a aparecer ahora, en Rosario, como el espacio idealizado de la convivencia y donde se muestra lo deseable para los hispanos —de Estados Unidos, en principio, pero por qué no del resto— de una identidad cultural en dos lenguas, el español y el inglés. En Valladolid, Enrique Iglesias lo anunciaba: “Las elites latinoamericanas se están socializando en el inglés como segunda lengua y en la condición americana como segunda cultura”. Ya habíamos señalado que la articulación español-portugués interesa menos; Brasil es sobre todo el espacio del negocio próximo (“En Brasil se necesitan 250.000 profesores de español y está pendiente de aprobarse una ley por la cual el español va a ser la segunda lengua en la enseñanza”, manifestaba en Rosario César Antonio Molina).

Del hecho, entonces, de que el español sea americano, con énfasis en su carácter norteamericano, se deriva su posibilidad de ser una lengua global al lado del inglés. En el suplemento de ABC (16/11), Fernando Lafuente afirma en una nota que tiene el sugerente título de “La Mancha atlántica”:

 

El español, por número de hablantes, es hoy una lengua americana. Incluso naciones como Estados Unidos superan en cifras mondas y lirondas a los hablantes de España. Esa sensibilidad hacia Iberoamérica, de extraordinario calado político […], permite advertir que ahora es posible afirmar que el español será, si no lo es ya, la segunda lengua de comunicación internacional: una lengua global.

 

El sucederse de los sintagmas lengua americana/hispanos de Estados Unidos/lengua internacional/lengua global muestra con gran claridad el proceso al que nos referíamos, reforzado por el título del suplemento: “El siglo XXI habla español”, en el que se presenta como evidencia la construcción ideológica que se ha hecho. En este proceso, el sintagma español internacional también ha sufrido una resemantización. De lengua neutra asociada a la expansión de los medios audiovisuales norteamericanos y negativamente connotada, se pasa a una lengua que homogeneiza el idioma, connotada positivamente y asociada a los medios de comunicación en español. En la revista de El País semanal (21/11) se anulan los viejos temores:

 

La globalización le conviene al español. Se ha adaptado a ese hábitat. Al ser una lengua muy mayoritaria, ha jugado bien su papel de poder. Es más, López Morales asegura que ha nacido ya el español globalizado. Surge cuando se trata de homogeneizar el idioma […] “El proceso se afianza cuando las variantes autóctonas se sustituyen por otras más generales, prestigiosas o útiles”, afirma Morales, un proceso que tiene protagonistas clave: medios de comunicación.

 

En su conferencia, Alfredo Bryce Echenique define el español internacional como “aquel que nace de un acuerdo, aunque sea tácito, para evitar las palabras distintas”. Y Federico Reyes Heroles va a decir que es aquel que “puede ser identificado desde muy diversas latitudes”. Ese español internacional será la base del español, lengua global.

Deberá dar un paso más para aproximarse al inglés: ocupar el espacio de la producción científica y tecnológica y de las finanzas. El rey, ya en el congreso de Valladolid señalaba: “El español se afianza en su condición de lengua cultural internacional: lengua de la industria, de la ciencia, del comercio y de la investigación”. En ese sentido, Portilla pedía una política de intelectualización de una lengua estandarizada. Y Hamel advertía en Rosario que, para que alcance el estatuto de lengua internacional, debía desarrollarse en los ámbitos de prestigio, relacionados con sectores dinámicos de desarrollo económico y tecnológico: “el comercio, internacional, la tecnología, las relaciones internacionales y la investigación científica y tecnológica, junto con el sector de la enseñanza superior”.

 

Conclusiones

 

La actual política de área idiomática requiere, entonces, para su eficacia apoyarse en representaciones que muevan, como es propio de los discursos persuasivos, es decir, que conmuevan y movilicen. Para ello apela, en el caso del español, a los ideologemas a los que nos hemos referido (“La lengua es la patria”, “Nuestra lengua es mestiza”, “El español es americano”), sensibles a los hispanoamericanos porque se anudan con su propia historia. Pero el universo de referencia ha cambiado gracias a operaciones discursivas que desterritorializan, despolitizan y desindigenizan y desplazan hacia el espacio estadounidense el futuro de la lengua: lo que interesa ahora es la relación con el inglés para avanzar sobre el planeta. Para que el español sea una lengua global debe interrogarse, particularmente, sobre ese vínculo, tema central aunque no explícito del Congreso de Rosario.

Sin embargo, el paso es vacilante porque la relación de fuerzas no está definida. Aunque, para algunos europeos, el imperio americano está llegando a su fin, para la mayoría se mantiene solidamente, de allí que domine la propuesta de aliarse. Para que esta alianza no debilite el espacio propio —o para ubicarse en buena posición si la negociación fracasa o Estados Unidos declina— se necesita exponer y reforzar el “activo” con el que se cuenta, función que cumple la política de área. Pero este es también un espacio donde se expresan intereses de distinto tipo que pueden conjugarse, tener sus diferencias u oponerse. Nos hemos referido a intereses que en esta etapa parecen tener la misma dirección: el de las transnacionales para regular lingüísticamente la comercialización de productos culturales, el de las empresas españolas para ubicarse en buena posición en la producción de bienes culturales en español, el del Estado español para sostener su posición en la Unión Europea como avanzada sobre Hispanoamérica, el de la Unión Europea para estructurar una alianza con Estados Unidos, cuyo objetivo primero sea América Latina aunque puede ser más ambicioso. En ese camino, la integración continental parece ser la llave del triunfo, de allí la exaltación del bilingüismo español-inglés. Pero como las situaciones son cambiantes, nada es definitivo. Depende —además del devenir de procesos globales complejos— de las políticas lingüísticas que se desplieguen en el área respondiendo a otros intereses. En el caso de América del Sur, si se quiere fortalecer el espacio, es evidente la necesidad de un bilingüismo español-portugués, cuyo entramado defensivo se haga en ciertas zonas más denso por su articulación con las lenguas aborígenes. Sin embargo, algunos gobiernos hispanoamericanos vacilan ahora entre la Unión Sudamericana y la Integración Continental, de allí la imposibilidad de elaborar políticas netas. Es por todo ello que, en la política de área en relación con el español, cuya importancia no podemos negar, su sentido histórico va a depender de procesos que exceden el espacio de la lengua. Creemos que los deslizamientos significativos a los que se han visto sometidos los sintagmas considerados ilustran ese dinamismo y exponen en el juego discursivo las actuales relaciones de fuerza.

 

Elvira Narvaja de Arnoux

Instituto de Lingüística

Universidad de Buenos Aires

 

 

Bibliografía citada

 

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Etiquetas: políticas, de, área, idiomática, panhispanismo, congresos, la, lengua, española, glotopolítica

* [Artículo publicado originalmente en: Roger Wright y Peter Ricketts (eds.), Studies on Ibero-Romance Linguistics Dedicated to Ralph Penny, Newark [Delaware], Juan de la Cuesta Monographs (Estudios Lingüísticos n.º 7), 2005, pp. 391-416.]

La lengua española es muchas cosas. Para algunos ni español es; es castellano. Y lo es, en cada caso, por muy distintas razones. Se habla esta lengua en lugares lejanos y de maneras diferentes. Vive en comunidades muy dispares y en todas ellas asume valores materiales y simbólicos peculiares. Coexiste con otras en mundos plurilingües que, con frecuencia, los hablantes saben negociar con mucha más serenidad, con mucha menos estridencia que los guardianes del lenguaje y la cultura. A lo largo de su historia, de la historia lingüística de las comunidades hispánicas, han surgido múltiples discursos sobre la lengua y el habla cuyo análisis casi siempre (y me inclino a pensar que el “casi” sobra) nos revela su imbricación en fenómenos que pertenecen a otros órdenes: económico, político... Los últimos treinta años no han sido excepcionales; es probable incluso que de haberlo sido su desvío de la tradición haya ocurrido por exceso y no por defecto. Efectivamente, en las últimas décadas parece haberse sentido con especial intensidad la necesidad de intervenir en la protección y promoción de lenguas (del español, del gallego, del quechua), y así han proliferado políticas destinadas al ordenamiento de la vida lingüística, y con ellas, ideologías (algunas de las cuales se remontan a tiempos bien lejanos en la historia de la humanidad) al servicio de su triunfo en el complejo mercado de la opinión pública.

En este ensayo me propongo discutir precisamente algunos de los rasgos de las políticas e ideologías lingüísticas que, en nombre del español, han saltado a la palestra, dando nueva vida, en unos casos, a visiones de antaño sobre el papel de esta lengua en España y en el resto del mundo, y produciendo, en otros, nuevas visiones propias de las necesidades y conflictos contemporáneos de las sociedades en las que el español cumple una función comunicativa, económica y política importante. Empezaremos por la misma España para, poco a poco, irnos acercando a los campos discursivos internacionales que la globalización ha engendrado.

1978: la articulación de España y la política lingüística doméstica

La aprobación de la Constitución Española de 1978 marcó un hito en la historia reciente del país. De entre los múltiples objetivos que se planteaban los padres de la carta magna, adquiría relevancia especial el intento de resolver el histórico contencioso sobre la problemática definición de España como estado-nación y, consecuentemente, de adoptar un modelo apropiado para la organización administrativa del Estado. Así, y como respuesta a estos desafíos, nacía, en 1978, el Estado de las Autonomías, un marco legal y político que aspiraba a acomodar, por un lado, las reivindicaciones sobre la unidad cultural y política de España, y por otro, las demandas de los nacionalismos catalán, gallego y vasco.[1]

Por supuesto, tan ambicioso y complicado proyecto de modernización y construcción nacional habría de tener que enfrentarse a también complejos problemas lingüísticos: desde el establecimiento del español o castellano[2] como “la” lengua de España hasta el reconocimiento oficial de su carácter plurilingüe. A pesar de la instauración de la Constitución (que en su artículo 3 trata de responder a los retos lingüísticos),[3] de la puesta en vigor de los Estatutos de Autonomía y de la aprobación de las respectivas Leyes de Normalización Lingüística en las Comunidades que las consideraron necesarias, aquellas disputas de los años setenta y ochenta sobre quién ha de hablar qué, cuándo, dónde y por qué aún persisten: todavía se oyen de vez en cuando expresiones de alarma ante el hecho de que la sustitución del catalán, gallego o vasco por el español sigue su curso; aún surgen a veces acusaciones de discriminación contra hablantes de una u otra lengua; saltan todavía a las noticias discusiones sobre el tiempo que en las escuelas se dedica o se ha de dedicar a la enseñanza del castellano. Es incuestionable la actualidad y relevancia política de estos y otros temas aún en 2004 y de ahí que hayan recibido una atención especial de los investigadores de la vida social del lenguaje. [4]

La planificación lingüística y su estudio

En efecto la mayoría de los estudios de política lingüística desarrollados en España y sobre España se han centrado en las múltiples dimensiones de los llamados procesos de normativización y normalización en las comunidades con “lengua propia”. Si asumimos la perspectiva tradicionalmente adoptada por la sociología del lenguaje en relación con el estudio de la vida lingüística de una comunidad, el volumen y naturaleza de la atención prestada a estos procesos no nos sorprende, pues son ellos precisamente los que constituyen el principal objeto de observación y análisis para los estudios de política lingüística. Partamos de la definición canónica de planificación que nos ofrecen Robert B. Kaplan y Richard B. Baldauf en su visión panorámica del campo: “Language planning is a body of ideas, laws and regulations (language policy), change rules, beliefs, and practices intended to achieve a planned change (or to stop change from happening) in the language use in one or more communities. To put it differently, language planning involves deliberate, although not always overt, future oriented change in systems of language code and/or speaking in a societal context” (1997:3).

Nótese la diferencia entre la definición de planificación lingüística que proponen Kaplan y Baldauf y mis propias palabras en las líneas que sirven de prefacio a la misma. Si los autores de Language Planning hablan de “ideas, reglas y normas”, yo me refiero a su estudio crítico. Conviene subrayar la distinción, pues al hablar de planificación lingüística y de estudios de política lingüística estamos ante actividades profesionales e intelectuales claramente diferenciadas que, si bien son prácticas compatibles ligadas por una relación simbiótica, responden a motivaciones dispares y derivan su legitimidad de fuentes distintas. La planificación o política lingüística (como se observa en la definición arriba reproducida) es un campo eminentemente práctico, una suerte de ingeniería social con sus ramas teóricas y aplicadas. Debido a la aparente voluntad de esta disciplina de proyectar una imagen eminentemente técnica —con lo que ello conlleva de presunción de objetividad y neutralidad ideológica— se hace necesario su estudio crítico, es decir, una reflexión metadisciplinaria que permita entender mejor los planteamientos de los planificadores situándolos en el contexto político de su emergencia y analizando las prácticas discursivas que producen.[5]

Pues bien, con esta distinción en mente, volvamos a las políticas lingüísticas catalana, gallega y vasca. En los años setenta, los planificadores partían de un escenario en el cual, sostenían ellos, la lengua de la Comunidad estaba siendo sustituida por el español. Su objetivo iba a ser frenar este proceso e incluso invertirlo, es decir, como señalan Kaplan y Baldauf, condicionar las prácticas lingüísticas de modo tal que aumentara el uso de la lengua que los textos legales habían etiquetado como “propia”. Los procesos que se pusieron en marcha para llevar a cabo tal transfomación se proponían, por un lado, fijar la norma lingüística y que ésta fuera aceptada por la población (sería la llamada “normativización”), y por otro, garantizar su presencia en todas las esferas de la vida pública y privada de la comunidad (la llamada “normalización”).[6] Estos dos procesos se corresponden con las dos grandes categorías en que se suele organizar la planificación lingüística: planificación del corpus y planificación del estatus.[7] La primera de ellas incluye a su vez dos procesos: la codificación —establecimiento de un sistema de escritura, una gramática y un léxico— y la elaboración —creación de mecanismos que mantengan la lengua siempre a punto, siempre al día, velando, por ejemplo, por su modernización léxica. La planificación del estatus se compone a su vez de dos proyectos: la selección de la variedad o variedades que han de servir como base para la norma y la implementación de la misma, es decir, el diseño y puesta en práctica de medidas que lleven a su uso generalizado en los contextos deseados. Volveré enseguida sobre la implementación. Pero subrayemos de nuevo que los programas de planificación lingüística catalanes, gallegos y vascos han ocupado un espacio prominente en la política de las respectivas Comunidades, y asimismo han sido y son observados de cerca, analizados críticamente y frecuentemente debatidos tanto en foros científicos y universitarios como en espacios de mayor impacto en la formación de la opinión pública tales como la prensa.

Nuevas políticas lingüísticas para una España globalizada

Contrariamente, ha recibido poca atención crítica la también intensa, pero quizás menos estridente, política lingüística orientada hacia la planificación del corpus y estatus del español. Por lo que a la planificación del corpus se refiere, el trabajo de las agencias lingüísticas pertinentes (principalmente la Real Academia Española, pero sin olvidar la importante intervención de la prensa escrita por medio de sus libros de estilo y de los corsarios de la estandarización con sus manuales de urbanidad y buena conducta lingüística[8]) ha sido intenso, y desde principios de los noventa han proliferado proyectos de codificación y elaboración de entre los cuales se destacan el Diccionario, la Gramática y la Ortografía académicas. Si los esfuerzos de planificación de corpus han sido abundantes, no lo ha sido el análisis de la naturaleza y significado de los mismos; como tampoco lo ha sido el estudio de las estrategias de planificación del estatus del español, especialmente el interés manifiesto en el mismo período por dotar al idioma de una determinada imagen pública —a la que enseguida me referiré— y por promocionar su estatus más allá de las fronteras de la propia España. En términos concretos estas estrategias se canalizaron a través de la creación del Instituto Cervantes en 1991, con el objeto de promover el español internacionalmente, y de la renovación y modernización de la Academia, que, distanciándose del viejo lema “limpia, fija y da esplendor”, asumía ahora como objetivo prioritario el de salvaguardar la unidad de un idioma que se habla en tantos y tan distantes países.[9]

Curiosamente, el significado de esta reorientación ha despertado escaso interés entre los investigadores, y no digamos entre la población general, que parece incluso insconsciente de la existencia de una política lingüística española fuera del ámbito que les corresponde a los gobiernos de las Comunidades Autónomas con lengua propia. Un aspecto estratégicamente central de la política lingüística a la que me voy a referir en este ensayo es precisamente su invisibilidad. No pretendo sugerir, por supuesto, que la implementación de la misma tenga lugar a espaldas de la población. Muy al contrario, gran número de actos públicos asociados con la puesta en práctica de esta política se caracterizan precisamente por su espectacularidad y por su amplia proyección mediática. No son, por lo tanto, los conceptos y prácticas culturales y lingüísticas en sí lo que es objeto de una suerte de ocultamiento, sino el carácter político y económico de las mismas, es decir, su estrecha conexión, tanto en lo que se refiere a su formulación como a sus consecuencias, con intereses y proyectos que nacen en ámbitos más “prosaicos” de la vida nacional.[10] Me refería, al abrir esta sección a la menor “estridencia” de la planificación del corpus y el estatus del español, es decir, a la escasa aparición de crispadas disputas sobre el asunto en foros de amplia difusión tales como la prensa. Esto pudiera ser precisamente producto del éxito con que se ha llevado a cabo el ocultamiento de la dimensión política e ideológica de la promoción de la lengua española desde las instituciones ya mencionadas. El destape de esta dimensión es justamente uno de los objetivos que los estudios de política lingüística deben plantearse. Porque si es cierto que los proyectos de planificación catalanes, gallegos y vascos son parte de la acción de los gobiernos autonómicos y han de ser entendidos y evaluados en el contexto de la dinámica política de cada Comunidad, también lo es que al profundizar en el análisis de la política lingüística de España en relación con el español nos encontramos con instituciones y acciones que no se circunscriben al terreno de lo asépticamente cultural sino que se inscriben en el más amplio contexto de las relaciones y transacciones que caracterizan el ejercicio del poder político y económico.

El mencionado giro en el interés y en la acción lingüística y cultural del ámbito de lo doméstico al de los asuntos exteriores está conectado con otro de los importantes desafíos a los que hubieron de enfrentarse los agentes de la reforma política de los años setenta una vez superada la transición legal e institucional. El telón de fondo frente al cual se deben interpretar las nuevas estrategias de planificación es la creciente participación española en los principales foros de la política internacional y en la pugna por los tesoros del mercado económico global. A principios de los ochenta, el Partido Socialista se enfrentó al reto de conducir el país hacia las autopistas de la modernidad. A lo largo de aquella década, España pasó a formar parte de la OTAN y la Unión Europea, logros que acercaron al país a los centros de decisión del mundo occidental. En 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla sirvieron como plataformas de exhibición de la preparación y capacidad organizativa de España. También en los noventa, se asistió al despegue de las multinacionales españolas, muchas de las cuales aterrizaron en Latinoamérica. Estos y otros procesos parecían probar de una vez por todas la superación de la excepcionalidad de España y su ascenso al rango de oficial en los ejércitos de la globalización.

Cambios tan radicales en el sistema político, vida cultural, actividad económica y prestigio internacional del país no podían tener lugar sin dejar su impronta en la vida lingüística: a medida que el Estado de las Autonomías pugnaba por asentarse en un incómodo espacio nacional, a medida que España se modernizaba y a medida que gobierno y empresas jugaban o anhelaban jugar un papel mayor en la vida internacional, desde las instancias del poder se forjaban nuevas ideologías lingüísticas. Por un lado, los nacionalismos catalán, gallego y vasco, en el espacio de poder que les correspondía, pretendían naturalizar la condición nacional de sus comunidades y legitimar así su reivindicación de autogobierno a través de la lengua: de su instalación en la administración, en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en todos los espacios de la vida pública; de su consolidación como símbolo nacional; y sobre todo, de la difusión de prácticas y creencias lingüísticas que distinguieran la verdadera y legítima ciudadanía (catalana, gallega o vasca, según el caso) tal como estos movimientos políticos la concebían. Asimismo, desde el gobierno de Madrid y desde las instituciones investidas de poder lingüístico se iba sintiendo la necesidad de proyectar una imagen del español —de su relación con la propia España, con los países hispánicos y con el resto del mundo— que complementara los esfuerzos de construcción nacional y los planes de modernización, crecimiento económico y ampliación de la presencia política y económica del país en el mercado global.

El estudio de las ideologías lingüísticas

Acabo de utilizar el concepto de “ideologías lingüísticas” para referirme a ciertos aspectos de las políticas diseñadas e implementadas tanto en las Comunidades Autónomas en relación con la lengua propia como en España en relación con el español. Dada su centralidad en el análisis que aquí propongo, detengámonos brevemente en este concepto y en las disciplinas que se han ocupado de su estudio.[11] La emergencia, desarrollo y reconocimiento de un campo del saber destinado al estudio de las ideologías lingüísticas es, al menos en parte, consecuencia de la redefinición del lenguaje como objeto de reflexión científica e intelectual que va cristalizando tras el giro social de la lingüística[12] y el giro lingüístico de las ciencias sociales y de la filosofía.[13] La nueva prominencia de estas aproximaciones en círculos de actividad intelectual dio lugar a que se vieran más claras las funciones no-referenciales del mismo y a que se reconociera la centralidad de las actitudes y creencias lingüísticas de los hablantes, ya fueran estas explícitas o implícitas.[14] El estudio de las ideologías lingüísticas se distanciaba, por lo tanto, de las aproximaciones formalistas y radicalmente despolitizadas al lenguaje que había producido el paradigma neogramático/saussureano (del cual es máximo exponente en la actualidad el generativismo de corte chomskyano).[15] Los protagonistas del desarrollo de esta nueva área de conocimiento se han mostrado más bien reacios a delimitarla, exhibiendo así la irritante resistencia postmoderna a la definición; una resistencia que si bien, y muy acertadamente, reconoce el resbaladizo carácter de los procesos de significación, también permite al investigador eludir los desafíos de la síntesis y las responsabilidades de la explicación. Aun así, a partir de los textos que van marcando la trayectoria del campo se puede deducir que las ideologías lingüísticas son entendidas como sistemas de ideas que integran nociones generales del lenguaje, el habla o la comunicación con visiones y acciones concretas que afectan la identidad lingüística de una determinada comunidad. En su análisis, el funcionamiento de estos sistemas de ideas se analiza siempre en el contexto de las estructuras sociales, relaciones de poder y actividades políticas y económicas relevantes para el colectivo humano estudiado. Paul V. Kroskrity ha señalado cuatro rasgos que pueden servirnos para completar la caracterización de este campo: “language ideologies represent the perception of language and discourse that is constructed in the interest of a specific social or cultural group” (8); “language ideologies are profitably conceived as multiple because of the multiplicity of meaningful social divisions (class, gender, clan, elites, generations, and so on) within sociocultural groups that have the potential to produce divergent perspectives expressed as indices of group membership” (12); “members may display different degrees of awareness of local language ideologies” (18); “members’ language ideologies mediate between social structures and forms of talk” (21).

Arriba, al referirme a la planificación de corpus y de estatus prometí volver a los procesos de implementación, y este punto, tras la introducción del concepto de ideologías lingüísticas, es el oportuno. Kaplan y Baldauf ofrecen la siguiente definición de este proceso: “The implementation of a language plan focuses on the adoption and spread of the language form that has been selected and codified. This is often done through the educational system and through other laws and regulations which encourage and/or require the use of the standard and perhaps discourage the use of other languages or dialects” (36). Como se desprende de esta definición, la implementación consiste en la proyección del plan lingüístico diseñado sobre la comunidad afectada, es decir, se refiere a las múltiples estrategias que los agentes de la política lingüística deben diseñar para persuadir a la población de la bondad y conveniencia del plan. Una vez seleccionada la lengua o dialecto que ha de servir como base para el desarrollo de la norma, una vez completada la codificación y una vez dispuestos los mecanismos de elaboración, es imprescindible conseguir que los hablantes acepten la visión de la comunidad lingüística que se les propone y la legitimidad de las instituciones a las cuales se encomienda formular la política lingüística.[16] Cierto es que, como señalan Kaplan y Baldauf, el sistema educativo suele jugar un papel protagónico como instrumento al servicio de la implementación. Ahora bien, no hay que olvidar la relevancia de otros campos discursivos, así como de las instituciones que los producen, en la difusión de ideas que, una vez arraigadas en la opinión pública y en el llamado sentido común, faciliten la puesta en práctica de proyectos políticos. Esta fase de implementación, que podríamos también llamar de persuasión, en la que se pretende condicionar las ideas y prácticas lingüísticas de los hablantes, es obviamente trascendental y el concepto de ideologías lingüísticas nos ofrece un valioso soporte teórico para su análisis.

La complejidad lingüística de España, derivada tanto de su plurilingüismo como de la enrevesada (y con frecuencia envenenada) negociación política de éste, ha dado lugar a la emergencia de múltiples ideologías lingüísticas y a la utilización de numerosas estrategias para la difusión social de cada una de ellas. Ya se ha hecho referencia, si bien de pasada, a las ideologías que se han desarrollado tanto en las comunidades autónomas con lengua propia[17] como en España en relación con el español. En torno a estas últimas girará el resto del ensayo.

Como ya queda dicho, desde las agencias a cargo de la política lingüística española se ha ido mucho más allá de la simple elaboración de la norma culta del español. La preservación de la unidad del idioma, es decir, la garantía de la lealtad de los hispanohablantes a la norma culta y a sus guardianes, y la promoción del español internacionalmente, es decir, el estímulo y explotación de un interés por la lengua española en el mundo, han sido declarados objetivos prioritarios por la Academia y el Cervantes respectivamente. Se ha desarrollado, en suma, una visión del español y de su relación con España, con la comunidad hispánica y con el mundo; y se han puesto en marcha medidas para alcanzar su aceptación y extensión. Se ha producido, en suma, un sistema de ideas formado por nociones lingüísticas y visiones de la identidad colectiva (española o hispánica) cuyo funcionamiento ha de ser entendido en el contexto del desarrollo político y económico de la España contemporánea.

La nueva imagen del español: concordia, internacionalismo y rentabilidad

Como ya he señalado en trabajos anteriores realizados en colaboración con Luis Gabriel-Stheeman (del Valle y Gabriel-Stheeman 2002),[18] al analizar la imagen del español desarrollada por las mencionadas instituciones, nos encontramos, en primer lugar, con que aparece insistentemente caracterizado como lengua de encuentro, como instrumento de comunicación que posibilita un diálogo y una convivencia armónica propios, aparentemente, de una patria común. Este principio lo formulaba así, de forma concisa pero extraordinariamente elocuente, Víctor García de la Concha, Profesor de la Universidad de Salamanca y actual Director de la Academia: “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior” (citado en EL PAÍS, 9 de julio de 2000). La idea del español como lugar de encuentro está directamente relacionada con la voluntad de promover la cooperación pan-hispánica. No en vano el Director de la Española y muchos otros agentes de las políticas lingüísticas con ella asociadas insisten en señalar que el mayor peso del español se encuentra en América, y que la Academia, siguiendo las recomendaciones del Rey de España, no da un paso sin consultar con las otras Academias de la Lengua Española. El “encuentro” hizo su más sonada aparición en un muy controvertido discurso pronunciado por Juan Carlos I: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes” (Juan Carlos I, ceremonia de entrega del Premio Cervantes , 23 de abril de 2001).[19]

La segunda idea que perfila la imagen del español en la política lingüística a la que aquí me refiero afirma el carácter internacional del mismo. Esta proyección global del idioma se deriva no sólo de su presencia en los países que constituyen el mundo hispánico sino, y muy especialmente, de su capacidad de expansión. La prensa española ha insistido en esta propiedad y los siguientes titulares resultan reveladores de la euforia que acompaña la promoción internacional de la lengua: “Los expertos llaman a los hispanohablantes a conquistar el ciberespacio” (EL PAÍS, 11 de abril de 1997); “El español conquista Brasil” (EL PAÍS, 8 de mayo de 2000); “El Instituto Cervantes a la conquista de América” (EL MUNDO, 12 de octubre de 2000). A pesar del marcado tono militarista que las opciones léxicas de la prensa dan al asunto, hay que señalar que la expansión del idioma se suele justificar más bien invocando los valores universales que se le atribuyen, tanto político-culturales, como hemos visto en el párrafo anterior, como económicos, como veremos en el que sigue.

Las virtudes conquistadoras de la lengua son buenas compañeras de la tercera y muy valiosa propiedad que se le asigna: su condición de recurso económico. En octubre de 2001, por ejemplo, la RAE y el Instituto Cervantes organizaron en Valladolid el II Congreso Internacional de la Lengua Española con el título “El español en la Sociedad de la Información”. Patrocinado por Telefónica, Iberia y Caja Duero, el congreso fue dividido en cuatro secciones, una de las cuales recibió el título “El activo del español”. La conferencia plenaria, pronunciada por el Sr. D. Enrique V. Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C., fue “El potencial económico del español”.[20] Por su parte, el Instituto Cervantes a través de sus Anuarios ha mostrado igualmente enorme interés por analizar y enfatizar la relación entre la lengua española y la actividad económica. Algunos de los títulos incluidos en el Anuario 2001 resultan indicativos: “Econometría de la lengua española” (Martín Municio), “El libro y la imagen de marca de la lengua española” (Ávila Álvarez), “Una década de inversiones españolas en Iberoamérica (1990-2000)” (Casilda Béjar), “El mercado de las lenguas: la demanda del español como lengua extranjera en Francia y Alemania” (Lamo de Espinosa y J. Noya).[21] Aunque no faltan en estos ensayos concesiones retóricas a la lengua como depósito de un legado histórico y cultural y a su condición de lazo unificador de la comunidad hispánica, su objetivo primario es la identificación y ordenamiento de los factores que inciden sobre el potencial productivo del español: el español como producto anhelado por extranjeros ansiosos de aprenderlo y con ello incrementar su capital cultural; el español como instrumento publicitario, como imagen de marca que hace un producto más apetecible; y el español como basamento de la identidad panhispánica que invita y legitima las inversiones e intervenciones españolas en las Américas.

Mención especial merece la discusión de la presencia del español en Estados Unidos. En líneas generales, el tratamiento del asunto que en estos textos encontramos parte de tres hechos: el creciente número y porcentaje de estudiantes de español a todos los niveles de enseñanza, el creciente número y porcentaje de hispanos que forman parte de la población del país norteamericano, y la moda de “lo latino”. La aproximación que prima es cuantitativa, y la presentación de los datos suele estar arropada por comentarios como los siguientes (tomados de la mencionada ponencia plenaria de Valladolid a cargo Enrique V. Iglesias “El potencial económico del español”): “La población hispana ha venido incrementando el promedio de ingresos individuales de su población económica activa”; “la población hispana de los Estados Unidos constituye la tercera entidad económica del mundo latino”; “el español tiene una importante y creciente impronta en la cultura, las comunicaciones y en el volumen del consumo de los Estados Unidos”. Vemos pues que prima el interés por el hispano estadounidense como consumidor, en tanto que constituye un mercado en cuya configuración y explotación la lengua española desempeña un papel central. La misión de las agencias e instituciones que articulan y financian la política lingüística aquí discutida la dejaba clara Óscar Berdugo (director de la Asociación Español Recurso Económico) en la comunicación por él presentada en Valladolid (“El español como recurso económico: anatomía de un sector”): “Si España se consigue colocar como referente de identidad o como proveedor de señas de identidad culturales con respecto a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, estaremos en una inmejorable situación para mejorar nuestras posiciones en aquel país” (énfasis mío). En otras palabras, España debe pugnar por convertirse en una fuente de identidad para los hispanos estadounidenses y así crear un vínculo comunitario, una lealtad al colectivo, que sólo puede ser beneficiosa para las compañías españolas que aspiran a acceder y a seducir al mercado hispano.

La ideología del nacionalismo lingüístico

Hemos repasado hasta ahora tres de las propiedades que, desde las instituciones investidas con poder lingüístico, se le atribuyen al español: concordia, internacionalismo y rentabilidad. Se trata de propiedades que se le asignan para que, operando conjuntamente, contribuyan a articular su significado y determinar su valor en varios frentes: España, la comunidad hispánica y los mercados lingüísticos internacionales. En lo que resta de ensayo, quiero sugerir la existencia de un cuarto elemento en la ideología que sirve de apoyo a la implementación de la política lingüística española: me refiero a la construcción de una imagen del español basada en el rechazo, explícito en muchos casos, de las premisas del nacionalismo lingüístico. La relevancia de este cuarto componente se pone de manifiesto al analizar su presencia tanto en los terrenos político y económico como en los ámbitos geográficos español e hispánico.[22]

Los modos de concebir la relación entre lengua e identidad colectiva son ciertamente complejos y probablemente por eso han recibido —y aún reciben— gran atención de parte de antropólogos, historiadores, lingüistas, sociólogos, etc. El nacionalismo lingüístico es precisamente uno de los discursos que articulan lengua e identidad grupal, y si nos fijamos en la ideología que yace bajo la mayoría de los proyectos de planificación lingüística, quizás el que más haya influido las políticas del lenguaje tanto gubernamentales como no gubernamentales en los últimos dos siglos. Los movimientos políticos nacionalistas se definen a partir de la afirmación de la existencia de una entidad nacional y de la reivindicación para la misma del derecho a ejercer el nivel de autogobierno que sus miembros deseen. En otras palabras, asumen como pieza central de su ideario el principio o doctrina de las nacionalidades, de acuerdo con el cual, en palabras de Álvarez Junco, “cada pueblo o nación tiene el derecho a ejercer el poder soberano sobre el territorio en que habita” (2001:12). El modo concreto de definir la nación (en base a criterios políticos o étnicos, por ejemplo) y las funciones que su defensa desempeñe (separatismo, expansionismo, reforma política) son parámetros que permiten distinguir unos movimientos nacionalistas de otros.

Al examinar la fijación del primero de estos parámetros en diversos discursos nacionalistas encontramos que algunos tienden a señalar el carácter subjetivo de la nación, como un contrato social de convivencia diariamente renovado en un metafórico plebiscito que confirma la lealtad de la ciudadanía al proyecto político común (se oirán aquí los ecos de la doctrina de Jean-Jacques Rousseau y de la idea de la nación como plebiscito cotidiano que planteó Ernest Renan en su famoso discurso de 1882). Otros movimientos nacionalistas han afirmado en cambio la existencia objetiva de la nación, colectivo humano que una serie de circunstancias históricas cualesquiera ha dotado de una cultura propia y uniforme, entendida ésta como modo de racionalizar la experiencia vital en el cual se realiza el individuo (se oirá aquí quizás resonar el pensamiento de Johann G. Herder o Johann G. Fichte).[23] Si bien esta clasificación dicotómica presenta ventajas analíticas, advierte A. D. Smith (2000) que elementos propios de las concepciones cívicas de la nación se cuelan frecuentemente en discursos etnicistas y que, del mismo modo, rasgos de éstos aparecen en diseños predominantemente políticos de la nación. Teniendo en cuenta esta importante matización, podemos afirmar que las naciones se definen discursivamente a partir de una lista de elementos potencialmente constitutivos de la misma, un menú de propiedades nacionales (lengua, religión, tradiciones folclóricas, tradiciones sociales, narraciones históricas, instituciones políticas, sistemas de leyes, etc.) del cual cada movimiento nacionalista seleccionará los que le convengan según las necesidades específicas del contexto político concreto en que se desenvuelva. Si una colectividad humana percibe que para la consecución de unos objetivos (culturales, económicos o políticos) ha de definirse como una nación, utilizará con tal fin los elementos que mejor sirvan al cumplimiento de aquellos objetivos. Finalmente, añadamos un último elemento que no falta en los dicursos nacionalistas, ya tiendan éstos hacia el lado cívico o hacia el lado étnico del espectro: la territorialidad, “el principal requisito —y el control del territorio el principal objetivo— de las naciones” (Álvarez Junco 2001:13).

Sean cuales sean los elementos que se seleccionan para la construcción discursiva de la nación, todo movimiento político que se define como nacionalista afirma la existencia de una identidad grupal que legitima el ejercicio de la soberanía y las instituciones que la ejercen. Lo que distingue a los nacionalismos lingüísticos (frente a otros de carácter religioso o político, por ejemplo) es el situar la lengua en el mismo centro de la identidad. De nuevo, encontraremos diferencias al observar el papel que distintos movimientos nacionalistas asignan a la lengua, el modo en que la integran en el proyecto de construcción identitaria. En versiones predominantemente étnicas/culturales/primordialistas de la nación, se tiende a asumir un determinismo lingüístico que implica la identificación de lengua y cultura y sugiere la existencia de un isomorfismo entre la estructura gramatical de la lengua en cuestión y la percepción de la experiencia en forma de categorías que constituye la cultura. Para este tipo de nacionalismo lingüístico, la pérdida de la lengua, supone la desaparición de una forma de ver el mundo, un peligroso e irreparable trastorno de la ecología cultural de la Tierra. Por ejemplo, el 10 de mayo de 2001 se celebraba en Galicia el “CorreLingua 2001” carrera pedestre popular organizada (como acto simbólico en defensa de la lengua) por departamentos de gallego y equipos de normalización lingüística de los institutos de la Comunidad. Al final de la misma se leyó un manifiesto a los jóvenes participantes que decía lo siguiente: “Somos a voz dos sen-voz, a vangarda dos que rexeitan usar falas prestadas para non ficaren orfos de pensamentos[…] Nós somos o futuro de Galiza. Somos galegas e galegos e falamos galego. Porque só falando galego somos galegas, somos galegos”. No podría quedar expresada con mayor claridad y contundencia la conexión que se supone entre pensamiento, lengua e identidad grupal.

En cambio, en versiones predominantemente cívicas/políticas/voluntaristas, la lengua tiende a ser concebida como instrumento de comunicación propio de la comunidad, instrumento que posibilita la vida en común y la articulación de la vida económica y social del colectivo. Con todo, y aun cuando se acepte el carácter relativamente arbitrario de la relación entre gramática y cultura, la lengua suele verse investida de un carácter simbólico que la convierte en elemento representativo de la nación. En un contexto histórico y geográfico en que la vida cotidiana de los miembros de dos naciones distintas no presente mayores diferencias salvo las lingüísticas, serán justamente éstas las que legitimen la existencia de las entidades nacionales diferenciadas (al margen, por supuesto, de la existencia de hecho de estructuras administrativas y políticas separadas) y sería precisamente a éstas a las que se recurriría para aunar al pueblo si se diera, pongamos por caso, un conflicto con la nación vecina. En estas situaciones, la desaparición de la lengua supone la eliminación de la marca diferenciadora y con ella de la frontera étnica que constituye la base de la soberanía nacional.

A modo de síntesis, la estructura conceptual básica del nacionalismo lingüístico está formada por tres elementos: (a) una identidad grupal, o cultura (cívica o étnica) compartida, (b) posibilitada o determinada por una lengua común, (c) y circunscrita a un territorio.

El nuevo régimen lingüístico: la lengua y el post-nacionalismo hispánico

Pues bien, los portavoces de la nueva política lingüística española, así como los autores de discursos ideológicamente afines, han rechazado de plano el nacionalismo lingüístico y con él la que ha tendido a ser su premisa fundamental: la visión de la lengua como encarnación de la cultura de un pueblo, como singularísimo modo de interpretar la experiencia vital humana. En este sentido, en 2001, Francisco Marcos Marín, por aquel entonces Director Académico del Instituto Cervantes, afirmaba en el suplemento cultural del diario madrileño ABC la separación conceptual entre lengua y cultura: “Frente a toda idea de mente colectiva o de propiedad de la comunidad de hablantes, la lengua debe estudiarse como propiedad individual […] la identidad lingüística no implica identidad cultural” (ABC Cultural junio 2001). Una vez disociada del concepto de cultura, la lengua queda neutralizada como elemento potencialmente constitutivo de la nación, al menos en las formulaciones románticas de ésta. Sin embargo, aún se podría afirmar, desde nacionalismos más cívicos, el valor de la lengua como marca, como símbolo arbitrario de la nación. Pero esta posibilidad ha sido también rechazada. En 1995, Gregorio Salvador, distinguido miembro de la Academia, hacía la siguiente afirmación: “El español no es seña de identidad ni emblema ni bandera […] La vieja lengua de mil años y miles de caminos no es vernácula ya en ninguna parte, ni siquiera en la vieja Castilla donde nació […] [ha] devenido en pura esencia lingüística, es decir, en un valiosísimo instrumento de comunicación entre pueblos y gentes, en un idioma plurinacional y multiétnico” (citado en EL PAÍS, 7 de noviembre de 1995). En el mismo sentido, y en términos más firmes aún, rechaza Juan Ramón Lodares la visión nacionalista de la relación entre lengua y cultura: “El integrismo lingüístico se presenta como un eficaz elemento nacionalizador, basándose en la idea —falsa, por lo demás— de que la comunidad de lenguas es trasunto de la comunidad racial y de la comunidad de ideas, creencias, sentimientos, así como un bastión de fidelidad a los valores patrióticos” (2002: 21).[24]

Vemos pues que estos filólogos y lingüistas, directamente vinculados o cercanos a las instituciones de implementación de la política lingüística de promoción del español, abrazan una concepción de la lengua —una ideología lingüística— que parece situarlos en el polo opuesto del nacionalismo lingüístico clásico que utilizaba aquélla como pieza central de la construcción nacional, ya fuera por la vía estructural-semántica-cultural (como materialización del espíritu del pueblo) o por la vía simbólica-arbitraria (como totem en torno al cual se agrupan los miembros de la nación). Frente a esta visión, se promueve en España una ideología lingüística que libera al español de sus ataduras culturales y nacionales para que se convierta en lengua panhispánica, para que salga de las fronteras físicas que delimitan un territorio nacional específico, y para que asuma un carácter expansivo e internacional.

Volvamos brevemente a la imagen del español dibujada por el Director de la Academia: “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior” (citado en EL PAÍS, 9 de julio de 2000, subrayado mío). En el fondo de esta imagen, se sitúa el rasgo básico que caracteriza a cualquier lengua: su poder comunicativo. Se asume, por supuesto, que el español, al ser una lengua altamente codificada y elaborada, está dotado de una especial transparencia significativa. Pero más sobresaliente aún es el hecho de que al referirse a la lengua el Director de la Academia no se limita a señalar su utilidad: el español es más —debe ser más— que un simple instrumento al servicio del diálogo eficiente. Como canal de comunicación que es, produce el “encuentro” de todos aquellos que lo hablan y el establecimiento de una comunidad caracterizada por la “concordia”. Por medio de estas figuras del lenguaje, García de la Concha asocia el español con un valor superior, ya no sólo limitado a la utilidad administrativa o a la rentabilidad económica, sino estrechamente vinculado a un orden moral y cívico.[25] Fernando Lázaro Carreter, antiguo Director de la RAE y uno de los principales impulsores de su renovación, daba un paso más y, en una entrevista celebrada con motivo de la publicación de su El nuevo dardo en la palabra (2003), asociaba la lengua con uno de los valores supremos de la sociedad moderna: “La lengua es un instrumento esencial de la democracia” (citado en EL PAÍS, 21 de enero de 2003). Este tipo de retrato del español, realizado en foros de gran visibilidad (los cursos de verano de El Escorial con la amplia cobertura mediática que reciben o las páginas del diario EL PAÍS) y por figuras de extraordinaria relevancia cultural (como el Profesor de Salamanca y Director de la RAE Víctor García de la Concha o el popularísimo Lázaro), es herramienta fundamental en el proceso de implementación de la política lingüística española por medio de la difusión de la ideología lingüística en que esta política se basa. La difusión de esta ideología, por supuesto, es sólo posible si los miembros de la comunidad a quien va dirigida —la hispánica en este caso— la aceptan como propia. Ya el relativo fracaso del nacionalismo liberal decimonónico puso de manifiesto el hecho de que la superioridad práctica de una lengua no basta para vencer el poder de lealtades lingüísticas establecidas de un modo, digamos, más primordial.[26] De ahí que en la actualidad se insista no sólo en la utilidad del español sino también en su asociación con valores universales superiores, tales como la concordia y la democracia, que estimulen la formación de vínculos más “emocionantes” entre la lengua y los individuos que integran o que se aspira a que integren la comunidad.[27]

Por supuesto, como ha quedado claro, los agentes de la política lingüística española han superado la concepción de la lengua como depósito de una cultura asociada a un territorio, como valor superior en tanto que garante de la existencia de un pueblo, de una forma de ver el mundo. Parecería, por lo tanto, que ante la comunidad hispanohablante, española y latinoamericana, no se puede apelar explícitamente a una hermandad de tipo nacional. ¿O sí? A fin de cuentas la lengua “nos hace patria común”, dice García de la Concha recurriendo al tópico de Camus (“Oui, j’ai une patrie, la langue française”). Efectivamente, en el elogio del español desnacionalizado se produce un distanciamiento retórico del nacionalismo lingüístico, pero no se abandona completamente el esquema conceptual en que éste se asienta. En la imagen que nos traza el Director de la RAE, se expande el ámbito de significación del concepto “lengua”, que pasa ahora, en el triángulo en que se aloja la ideología del nacionalismo lingüístico (lengua, cultura y territorio), a ocupar los espacios vacíos desalojados por el descarte de las nociones de cultura y territorio. El código, el instrumento de comunicación, se desdobla convirtiéndose en lugar de armonioso encuentro. Queda así espacializado, e investido con el valor de la “concordia superior” que naturaliza y posibilita la coexistencia de todos los que la hablan. El propio español sustituye al territorio (lugar de encuentro) y a la cultura nacional (concordia superior) convirtiéndose en la “patria común”, en la imaginada comunidad panhispánica post-nacional, a la cual, por razón de sus virtudes (concordia, internacionalismo y rentabilidad), entregaremos nuestra lealtad.

Por un lado, la coexistencia del español con otras lenguas en España se ha vivido, en el período que aquí nos ocupa, en términos conflictivos. Ya se señaló antes que las políticas lingüísticas de las Comunidades con lengua propia fueron diseñadas a partir de la idea de la preocupante sustitución de ésta por el español, el cual tiende a ser percibido como una lengua de fuera, “prestada” (aun cuando la mayoría de los miembros de la comunidad la hablen y la hayan hablado a lo largo de muchas generaciones) que amenaza la supervivencia de la “propia” y con ella de la singularidad cultural de la comunidad. Pero en el ámbito español, en círculos próximos a la política lingüística española, también se ha visto el actual bilingüismo como fuente de conflicto, del cual se hace responsables a las agresivas políticas regionales de inversión de la mencionada sustitución. En la nota de advertencia que abre su libro La lengua española y sus problemas,[28] Juan M. Lope Blanch afirma: “No me referiré aquí a los problemas con que tropieza actualmente la lengua española en su solar originario, debido al acoso de otros idiomas peninsulares, como el catalán, el vascuence, el gallego y aun el bable” (1997:5). Como respuesta, en parte, a las políticas de las Comunidades Autónomas han de entenderse también los trabajos ya citados de Gregorio Salvador y Juan Ramón Lodares. El discurso de oposición a aquéllas, por lo tanto, existe, pero rara vez se genera en las instituciones que de un modo más explícto se encargan de la promoción del estatus del español. En este sentido, la política parece ser más bien de hechos consumados. En el terreno económico de los mercados lingüísticos, catalán, gallego y euskera tienen poco que hacer ante el español.[29] En el terreno político, frente a la instrumentalización de aquellas lenguas por parte de los nacionalismos para cuestionar la entidad nacional de España, se presenta el español como símbolo de la concordia, de la democracia, del progreso económico, como instrumento al servicio de una post-nación, de una comunidad internacional pan-hispánica que deja reducidas al atavismo y al particularismo reaccionario al catalán, gallego y euskera.[30]

Por otro lado, la relación con América Latina ha sido y es uno de los frentes que definen la política exterior de España. A lo largo de los años noventa, crecieron las inversiones españolas en aquel continente, y con ellas, los programas y esfuerzos puntuales de cooperación cultural. La nueva presencia española en las antiguas colonias ha dado lugar a una suerte de reedición del “movimiento hispanista”,[31] es decir, al rescate del concepto de una comunidad hispánica de intereses basada en la existencia de una afinidad cultural. Por supuesto, el rescate de este concepto no es fácil, sobre todo porque la comunidad hispánica, por muy armónica y coherente que se quiera que sea, por muy unida que se quiera que esté, ha de enfrentarse al hecho de que esa voluntad de unidad carga con el peso de la conquista y colonización que se encuentran en su mismo origen. Este lastre es, para algunos, irrelevante en el presente, especialmente ante lo que perciben como el prometedor futuro de la comunidad panhispánica. Otros, en cambio, ven en el rescate de ese desgraciado pasado compartido una condición fundamental para la construcción verdaderamente democrática y justa de proyectos culturales, económicos y políticos igualmente beneficiosos para españoles y latinoamericanos.

El hecho es que en los últimos años se han producido situaciones que han perturbado el armonioso encuentro entre España y sus antiguas colonias. Ya se mencionó arriba el discurso en el que el Rey Juan Carlos I afirmaba que el español no fue nunca “lengua de imposición sino de encuentro” y la consecuente controversia que la metáfora del encuentro provocó al ser interpretada como un intento de esquivar la políticamente incorrecta simbología del “descubrimiento” y por ocultar la incómoda historia de conquista y colonización.[32] Pero ese componente de la historia común sigue vivo en el recuerdo de muchos y retorna como instrumento de lectura de hechos presentes. ¿Cómo si no interpretar el título del libro Los nuevos conquistadores de los periodistas argentinos Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo sobre la inmoral (si no ilegal) penetración en su país de algunas de las multinacionales españolas? ¿Cómo interpretar si no la codificación en términos neocoloniales de conflictos laborales que han enfrentado a trabajadores latinoamericanos con empresas españolas? Así se expresaba, por ejemplo, el presidente del sindicato de trabajadores de la banca en Chile: “Cada vez que prendo la luz, llamo por teléfono, hago efectivo un cheque o tomo un vaso de agua, estoy poniendo dinero en los bolsillos de alguien en Madrid . . . Es como si fuéramos una colonia de nuevo, pagando impuestos a la Corona española” (citado en The Washington Post, 14 de febrero de 2000). Y de un modo similar, con una “ola de antiespañolismo” (EL PAÍS, 21 de junio de 2001), reaccionaban los trabajadores argentinos en junio de 2001 ante la posición del gobierno español en relación con la crisis de Aerolíneas Argentinas.

Por todo ello no cabe sino reconocer que la configuración actual de la comunidad hispánica es un proceso disputado en una dinámica dialéctica que enfrenta visiones discrepantes sobre la naturaleza de la relación, pasada, presente y futura, entre las distintas naciones del mundo hispánico. Y en esta dialéctica ha intervenido con gran presencia y apoyo institucional la política lingüística española orientada hacia la promoción del estatus del español como pilar central que sostiene a la comunidad panhispánica, una comunidad basada en la “pura esencia lingüística” de la que hablaba Gregorio Salvador, y que, según el análisis que he venido proponiendo en este ensayo, viene a cumplir una función análoga a la desempeñada por la ya clásica nación.

En realidad, las discusiones sobre la legitimidad de las reivindicaciones nacionalistas esconden pugnas sobre las fuentes legítimas de autoridad, es decir, sobre la supuesta naturalidad de los grupos poblacionales que, al ser aceptados como sujetos activos del derecho a la soberanía, autorizan la ostentación y el ejercicio del poder, ya sea éste cultural, económico o político. La nación es una unidad de acción política, un mercado, una esfera legítima de influencia y de sentir colectivo. Es el garante de la lealtad a los poderes establecidos. ¿Podría ser que el panhispanismo post-nacionalista de base lingüística sea también —al menos en parte— una cuestión de poder y lealtad? Ya recordábamos Gabriel-Stheeman y yo, en nuestro mencionado estudio, que en 1995, Jesús de Polanco, Presidente del conglomerado mediático PRISA, afirmaba: “Iberoamérica es un objetivo político, económico y empresarial legítimo para los españoles […] Estamos mucho menos lejos de América Latina de lo que nadie puede pensar” (citado en EL PAÍS 24 de julio de 1995). Pocos años más tarde, Carlos Gasco, funcionario de alto nivel en el Ministerio de Economía español declaraba a un reportero del The Washington Post: “España entiende a Latinoamérica como ningún otro país fuera de Latinoamérica podría hacerlo […] Hemos usado esto a nuestro favor para construir lo que percibimos como una conexión económica a largo plazo que seguirá acercándonos más y más a Latinoamérica” (The Washington Post 14 de febrero de 2000).

Permítanme enfatizarlo: “España entiende a Latinoamérica”. ¿Qué hace ese entendimiento posible si no el instrumento de comunicación que es la lengua? ¿Cómo se establece esa proximidad entre España y Latinoamérica a la que se refería Polanco si no en el lugar de encuentro que ofrece el español? ¿Qué legitima la proyección política, económica y empresarial de España —por usar los mismos términos que Polanco— sobre las naciones americanas si no la patria común del idioma? ¿Qué mejor garantía de esa legitimidad que la emocionada lealtad de todos los hispanos a la post-nación lingüística? ¿Quién podrá, en definitiva, resistir el atractivo de una patria/lengua como el español, conciliadora, universal y rentable?

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José del Valle
The Graduate Center
The City University of New York (CUNY)
jdelvalle@gc.cuny.edu