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Miradas sobre la Lengua

Silvia Senz: «De la España Una a la Marca España. Estrategias para la expansión y explotación del español global»

El artículo que a continuación ofrecemos es un extracto  del capítulo 9 (S. Senz Bueno: «Una, grande y esencialmente uniforme. La RAE en la conformación y expansión de la "lengua común"») del libro de próxima aparición El dardo en la Academia (anunciado en esta conferencia por Juan Carlos Moreno Cabrera, y en la Revista Eñe por Luis Fernando Lara y Silvia Senz ), y trata 1) de cómo y por qué se desarrollaron las estrategias, infraestructuras, políticas y una imagen de Marca-país encaminadas a lograr que España ganara posiciones en la escena internacional mediante la materialización de su ascendiente sobre América Latina y los hispanos, y a que tuviera, con respecto al continente americano, una posición privilegiada en la explotación del llamado "español global"; 2) del escollo que el resto de lenguas de España (catalán-valenciano, gallego, vasco, aranés, astur-leonés, aragonés...) y proyectos nacionales representan para esos planes, y 3) del papel de la RAE y de la política lingüística panhispánica en dicho proceso.

 


 

[...]

3.3. La nueva imagen del español global

 

Desde finales de la década de 1980 hasta el presente han ido apareciendo en España, de manera ininterrumpida, diversas apologías de la lengua española, estudios sobre el futuro del idioma y ensayos sobre el conflicto lingüístico español, sobre las políticas lingüísticas en España, y en torno a la idea de unidad hispánica y lengua común (Gregorio Salvador, 1987, 1992, 2007; Ángel López García, 1991a, 1991b, 2004, 2007 y 2009; Marqués de Tamarón, 1995; Álex Grijelmo, 1998; Juan Ramón Lodares, 2000a, 2000b, 2001 y 2005; Instituto Cervantes, anuarios El español en el mundo, 1998 a 2009;1 Irene Lozano, 2005; Francisco Moreno Fernández y Jaime Otero, 2008; Antonio Lamela, 2008, etc.)2 que, a veces desde un españolismo reaccionario suavizado por el neoliberalismo, a veces desde un hispanoamericanismo liberal redivivo, han sacado a la luz pública una latente y creciente disconformidad con el ordenamiento lingüístico de la España democrática y con las políticas de normalización del vasco, del gallego y muy particularmente del catalán, y han mostrado la pervivencia de la vieja seguridad de que el español puede recuperar e incluso ampliar sus posiciones en el mundo apoyándose en su pasado expansivo.

Valiéndose en ocasiones de la erudición y el prestigio académico de algunos de sus autores para ocultar su finalidad propagandística, estos trabajos han ido apuntalando un discurso ideológico de tono marcadamente triunfalista y retórica belicosa, y un programa de normalización3 del castellano (extensión de sus usos, de su equipamiento lingüístico y de su estatus político y social) en la era global, para cuya consecución despliegan las siguientes estrategias:

 

1. Dar la peor imagen posible del etnicismo cultural (condición que se niega al españolismo), con el fin de deslegitimar cualquier reivindicación de reconocimiento y extensión de los idiomas minorizados por el avance del castellano, e incluso con la intención de condicionar movimientos sociales y acciones político-judiciales que acaben revirtiendo los logros ya obtenidos por las políticas lingüísticas de normalización.

 

2. Ocultar la base étnica del nacionalismo español y blanquear el traumático pasado impositivo del idioma (de memoria bien reciente en España, además), desarrollando mitos sobre su predominio4 que atribuyen al castellano/español una inherente capacidad de entendimiento, universalidad, cohesión e integración que hacen de él un vehículo idóneo de progreso y convivencia, cualidades —según se dice— inexistentes en las demás lenguas de España o de América.5

 

3. Asumiendo, como indican J. del Valle y L. Gabriel-Stheeman (2004b: 230), la idea6 de que lo que hace posible la convivencia pacífica dentro de una comunidad es la existencia de un sistema lingüístico estable y mínimamente variable —es decir, unitario, y por lo visto hasta ahora, también único—, defender la necesidad:

• de garantizar esa mínima variabilidad y estabilidad mediante un proceso de estandarización;

• de obligar al aprendizaje general de dicho sistema;

• de controlar su uso sistemático en todas las áreas públicas;

• de eliminar la obligación de aprender otros sistemas normalizados competidores, que, recordemos, no tienen el «potencial intrínseco» del castellano para llevar a un país por buen camino.

 

4. Producir con todo ello una nueva visión del idioma, alejada de la generada por el franquismo, que permita blindar sin complejos la definición de España sobre la base de la única lengua capaz de llevarla hacia un «común» futuro de riqueza, armonía y bienestar: el castellano/español.

 

5. Identificar, por comparación con otras lenguas europeas, las áreas que, en la era global, definen la relevancia y el atractivo de un idioma en los mercados mundiales:

• peso demográfico,

• extensión territorial,

• expansión territorial,

• número de hablantes no nativos,

• índice de desarrollo humano,

• peso económico,

• exportaciones,

• equipamientos lingüísticos: normalización terminológica, estandarización lingüística, estandarización de códigos auxiliares, obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, ortografías especializadas, manuales de estilo, gramáticas descriptivas...), materiales de enseñanza (necesidades especiales, como lengua 1, como lengua 2 y como lengua extranjera) y tecnologías lingüísticas;

• innovación, producción y difusión culturales,

• estatus político y social (lengua nativa, lengua segunda, lengua franca, lengua hegemónica, lengua internacional, lengua regional, lengua oficial, lengua de trabajo, lengua nacional, lengua plurinacional, lengua mayoritaria, lengua minoritaria...),

• presencia en la comunicación científica internacional;

• presencia en la educación regional o internacional;

• presencia y estatus en organizaciones regionales e internacionales;

• presencia en los medios internacionales de comunicación e información (hoy, incluida la Red).

 

6. Analizar la presencia/ausencia del español en estas áreas y la capacidad de España bien para mejorar su posición en ellas, bien para penetrarlas, incorporándose así a pleno rendimiento en la vieja competencia interlingüe occidental.

 

7. En el convencimiento de que tanto su afianzamiento interior como lengua nacional e idioma del Estado como su expansión y posicionamiento en la jerarquía lingüística mundial dependen, como antaño, de sus vínculos con América, definir las estrategias que deben seguirse para renovarlos, ampliarlos y consolidarlos.

 

El gran éxito de ventas de algunas de estas publicaciones ha sido la prueba de que la ideología que difunden cuenta con una amplia base social (sobre todo en la España monolingüe). Aun así, la colaboración de la agencia estatal de prensa española (Efe, que hoy preside uno de los citados apologistas, Álex Grijelmo) y de los mass media de ideología afín, tanto para amplificar su difusión como para vetar o minimizar el impacto en la opinión pública de cualquier contestación, ha sido decisiva a la hora de naturalizar la representación del idioma que estos escritos ofrecen a la sociedad española. Además, siendo que muchos de los principios y de las propuestas políticas formuladas en ellos no hacían sino recoger algunas de las directrices que ya guiaban la política cultural, lingüística, económica y exterior del Estado (v. § 3.4), la asunción progresiva de ciertos objetivos y sus consecuencias en la macroeconomía española han ido confiriendo un marchamo de viabilidad a sus planteamientos, de tal modo que parte de lo que proponen no se presenta ya sólo como mero posibilismo, sino como una realidad de la nueva España globalizada.

Pero veamos qué camino se ha recorrido para alcanzar los fines propuestos por el nacionalismo español neoliberal y neopanhispanista, qué obstáculos ha ido encontrando en el camino y qué trecho queda al albur de un incierto destino.

 

3.4. España y el nacionalismo hispánico en la construcción de la Hispanofonía

 

Al final del periodo franquista, la relación entre España y sus antiguas colonias estaba generalmente marcada por el desencuentro. Además, la manifiesta incapacidad de las diversas corrientes del hispanoamericanismo —particularmente acusada en el panhispanismo reaccionario que había mantenido el franquismo— de construir una base material con que sustentar la proyectada unión de los pueblos hispánicos había dejado en dique seco a la flota española postimperial. No obstante, muerto ya el dictador y «oficialmente» consumada la difícil transición hacia un régimen democrático, a finales de la década de 1980 el perfil económico y político de España y su imagen internacional cambiaron drásticamente y abrieron por fin las vías de consecución de los objetivos de expansión y defensa idiomáticas a los que se aspiraba. Por un lado —y aun cuando, de puertas adentro, las tensiones entre centro y periferia continúan muy vivas7 y no se ha cerrado en absoluto la reconceptualización de España como nación—, el afianzamiento de la democracia, su reordenamiento territorial descentralizado y el relativo reconocimiento de su pluralidad cultural modificaron, para bien, y estabilizaron su imagen exterior. Sorprendentemente, además, de la mano de los sucesivos gobiernos democráticos, España ingresó en estructuras supranacionales (OTAN, 1982, y Comunidad Económica [hoy Unión] Europea, 1986) que, si bien limitaban su autonomía, definían su política exterior y defensiva, la sacaban de su aislamiento y la devolvían a la escena internacional. En la misma línea de clarificación de sus posiciones en el mundo, en 1989 firmó un nuevo convenio defensivo que estableció una relación bilateral de equilibrio.

Durante las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea (UE), el Gobierno español de turno recuperó la carta de presentación que ya había utilizado en su momento el régimen franquista para solicitar (infructuosamente) la entrada en el Mercado Común: el activo de su lazos con América Latina (AL). La intención de España al jugar esta baza era doble:

 

De un lado, se pretendía que la Comunidad Europea valorase lo que suponía el ingreso de España en orden a la apertura de aquélla hacia una región que hasta entonces había permanecido en un segundo plano en las relaciones exteriores comunitarias. De otro, se buscaba que España jugase el papel de valedora de los intereses latinoamericanos ante la Comunidad Europea, con vistas tanto a una mejora de las relaciones entre las dos regiones como a una mejora de las relaciones de España con Iberoamérica. [C. del Arenal, 1990: 342.]

 

Estos dos objetivos chocaron con diversos obstáculos, uno de los cuales resulta especialmente relevante para el asunto que nos ocupa. Los vínculos entre España y Latinoamérica eran fundamentalmente culturales (compartían una de sus lenguas: la hegemónica) e históricos (compartían un pasado colonial y cierto flujo de intercambios poscoloniales); pero carecían del necesario componente económico e, incluso, político-institucional, presente, en cambio, en los vínculos que otros miembros de la Comunidad Europea (particularmente Francia y el Reino Unido) mantenían con sus ex-colonias, por lo que, en la práctica, España no podía pretender el papel de puente y de representante en las relaciones interregionales UE-AL.8

Sin embargo, la necesidad de plantear su futuro en el mundo sobre la base de su proyección americana seguía muy presente en la conciencia de las fuerzas de gobierno de España. A fin de cuentas, su política iberoamericana, como bien señala Arenal, constituye la punta de lanza con que romper con los peligros que se derivarían de una enfoque excesivamente eurocéntrico o incluso norteafricano de su política exterior; a saber:

 

[...] pérdida de autonomía política, renuncia a actuar como una potencia media con responsabilidades extrarregionales, provincianismo, renuncia a estar presente en el protagonismo futuro de la cultura hispánica, pérdida de la imagen solidaria con los países en vías de desarrollo. [C. del Arenal, 1992: en línea.]

 

Además, según los optimistas augurios de expansión demográfica del español (especialmente en Estados Unidos,9 por efecto migratorio, y en América Latina, por aumento de la población) y, con ella, de sus mercados potenciales y de su apreciación internacional, «Los intereses políticos, sociales y culturales implicados en las relaciones con Iberoamérica constituyen elementos de primera importancia en el mundo que se dibuja para principios del siglo XXI» (C. del Arenal, 1992: en línea). Por tanto, era imperativo que España emprendiera una labor encaminada a la materialización de sus vínculos con Latinoamérica, contando con el apoyo de otros socios europeos igualmente interesados, como Portugal. De este modo, no sólo preservaba e incluso potenciaba sus señas de identidad, fundamentadas en la lengua castellana y favorecidas por su proyección, sino que esperaba garantizarse el mejor papel posible en el mundo.

Así, sobre la base de una modernización de la economía española que arranca ya en las últimas décadas del franquismo, a finales de la década de 1980 España inició un proceso «de crecimiento y transformación productiva basado en la incorporación deliberada y sistemática al progreso técnico» (Casilda Béjar, 2008: 28) y en la asunción de un nuevo paradigma empresarial que permitía insertarla en la Comunidad Europea y en el nuevo contexto económico mundial en condiciones de competitividad: la internacionalización.

A principios de la década de 1990, después de haber explorado el mercado de expansión más cercano (principalmente, Portugal) y el estadounidense, España se lanza a afianzar sus posiciones europeas asentándose en el que ella misma ya consideraba siglos atrás su «mercado natural» (Martín Montalvo, Martín de Vega y Solano Sobrado, 1985: 163): Iberoamérica. Según relata Ramón Casilda Béjar en su prólogo a la obra La gran apuesta. Globalización y multinacionales en América latina. Análisis de los protagonistas (2008: 17-50), contando con el apoyo político del Estado un reducido grupo de empresas españolas que acababan de salir de un proceso de privatización, como Endesa (electricidad) y Repsol (petróleo y gas), o que estaban a las puertas de privatizarse, como Telefónica (telecomunicaciones) e Iberia (transporte aéreo), junto con los grupos bancarios Santander y BBVA, apostaron por una estrategia de inversiones directas en América que les permitiera liderar sus respectivos sectores de actividad. A ellas siguieron otras tantas: Iberdrola y Unión Fenosa, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Mapfre, Indra, Altadis y un largo etcétera entre el que se encontraban los conglomerados mediáticos y editoriales PRISA-Santillana y Grupo Planeta que, por cierto, hoy comparten la muy lucrativa edición de las obras académicas (normativas, auspicios y ediciones especiales) y nutren las filas de la RAE con su nómina de directivos y autores superventas (Juan Luis Cebrián, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte...).10

El desembarco en América de las empresas españolas coincidió —no por azar— con una coyuntura favorable a la inversión extranjera: políticas de privatización, liberalización, desregulación comercial, nuevas políticas sobre los derechos de propiedad y ciertas condiciones de estabilidad macroeconómica. De este modo, por ejemplo, infraestructuras y servicios básicos de países como Argentina pasaron de manos estatales a manos de intereses privados españoles que controlaban sectores estratégicos (financiero, energía, agua, transportes y telecomunicaciones).

Las inversiones en América Latina arrojan sin duda un balance global muy beneficioso para las firmas españolas y para los resultados macroeconómicos de España. De un lado, según señala Díaz Ferrán (2008: 60; la negrita es nuestra), más del 70 % de la inversión neta en América «ha sido realizada por empresas cuyas inversiones mantienen una importante relevancia económica, significando la puesta de medios de producción en el extranjero bajo control de la empresa residente en España», es decir, con los centros de decisión, y el domicilio social y fiscal radicados en su país de origen. De hecho, en el polémico11 proceso de compra de Endesa por la trasnacional italiana Enel y por la española Acciona, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de España impuso, entre otras condiciones, que se preservara la autonomía y la marca de Endesa y que esta mantuviera su sede ejecutiva y su domicilio social en España. Así pues, como subraya el propio presidente del actual Gobierno «socialista» de España, no cabe duda de que

 

[...] la apuesta de las empresas españolas en Latinoamérica también ha fortalecido a la economía española. La inversión acumulada en Latinoamérica supone más de un tercio de toda la inversión exterior española y ésta sigue siendo la segunda región preferida por los inversores españoles, sólo por detrás de la Unión Europea. [...] Un indicador de la importancia de la presencia en América Latina para las empresas españolas es que en 2006 casi la cuarta parte del resultado de las empresas del IBEX35 fue generada en Latinoamérica. [José Luis Rodríguez Zapatero, 2008: 14.]

 

De otro lado, para las propias corporaciones, las inversiones en América Latina

 

[...] se transformaron [...] en un elemento esencial de un proceso de internacionalización caracterizado por una solidez y una diversificación geográfica crecientes. De hecho, las inversiones en América Latina les permitieron defenderse de posibles adquisiciones hostiles en el inicio del proceso, y luego les proporcionaron experiencia y recursos para ampliar su expansión internacional. En la actualidad, muchas de estas compañías figuran entre los principales operadores mundiales en los sectores en los que se concentran sus actividades. [J. L. Machinea y Á. Calderón, 2008: 304.]

 

En contrapartida, la valoración del provecho obtenido por los países destinatarios de la inversiones españolas presenta lecturas diametralmente opuestas. Las opiniones más favorables subrayan la presencia de las transnacionales españolas en América como una contribución relevantísima al desarrollo económico y la estabilización y democratización política de algunos países de la región, condiciones que, en dichos casos, han permitido relaciones bilaterales con España en términos de asociación. Las negativas, en cambio, la interpretan en clave de recolonización y expolio, señalan la escasa vinculación de algunas de sus operaciones con la economía local, se quejan de que los flujos poblacionales y comerciales con España corresponden a un patrón de desigualdad y supeditación (Norte-Sur), sacan a la luz injerencias políticas y operaciones de control de la opinión pública, y denuncian su falta de transparencia, la explotación de las fuerzas de trabajo locales e incluso la violación de derechos humanos de las comunidades más desprotegidas (generalmente, las indígenas).12 En su conjunto, las críticas a la presencia de las transnacionales españolas en América suelen proceder de una visión alternativa del mundo a la que estas marcan. A fin de cuentas, y pese a que su actividad supone más del 80 % del comercio mundial, la influencia que ejercen las empresas transnacionales de cualquier país no es sólo económica, sino que «se manifiesta también, y de modo capital, en el plano tecnológico, cultural e ideológico (como agentes de promoción del modelo de civilización del consumo y la orientación de la asignación de recursos), y político, tanto en el ámbito interno como externo» (G. Jáuregui, 1993: 471). Es decir: ante unos Estados que han visto disminuidas su autonomía y su capacidad de control, las transnacionales mueven hoy los hilos del poder y configuran nuestro estilo de vida.

Teniendo en cuenta que parte del negocio desarrollado por las transnacionales españolas se valía, además, del elemento común que es el castellano, calibrar el potencial del mercado lingüístico que se les presentaba fue una prioridad que dio pie a la irrupción de la demolingüística y la econometría en los campos de estudio sobre el español. Así surgieron iniciativas como la Asociación para el Progreso del Español como Recurso Económico (1996), promovida por Óscar Berdugo, que, hoy como Eduespaña,13 se centra en la enseñanza de español a extranjeros, y también una serie de estudios orientados a evaluar la riqueza que podía generar el español, de los que fue pionero el trabajo  «Econometría de la lengua española», del científico y académico de la RAE Ángel Martín Municio , publicado en el Anuario 2001 del Instituto Cervantes. Ese mismo año, el propio Óscar Berdugo (2001: en línea) presentó en el II Congreso Internacional de la Lengua Española14 un mapa de las industrias dedicadas en la explotación del español como recurso económico (ERE):

 

• servicios lingüísticos: planificación lingüística, servicios lexicográficos, documentación, terminología, in-traducción y ex-traducción;

• enseñanza de español para extranjeros;

• productos editoriales para la enseñanza del español;

• tecnologías de la lengua;

• sector editorial;

• sector audiovisual;

• sector musical.

 

Según Berdugo, de entre estas actividades la enseñanza de español para extranjeros y las ediciones para la enseñanza del español ocupaban un lugar central.15 A continuación venía el sector de las tecnologías de la lengua, que adquiría valor por su carácter estratégico y proyección por la exitosa internacionalización de Telefónica —cuya fundación, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, patrocina desde el 2005 el proyecto «El valor económico del español: una empresa multinacional»—16 y, en tercer lugar, los sectores editorial, audiovisual y musical, con un evidente potencial de difusión internacional de la lengua y la cultura en español. Por último, se perfilaba un cuarto grupo no vinculado directamente al idioma: el de la moda, el turismo, el diseño, la gastronomía, etc., que podía beneficiarse del efecto de arrastre ejercido por la expansión de los demás sectores si se presentaban todos ellos agrupados en una «marca genérica del español o lo español» (Berdugo, 2001: en línea) y si en la promoción de dicha marca, además, se implicaban tanto instituciones prestigiosas, empezando por la Corona, como celebridades internacionales. A esta estrategia obedece, por ejemplo, el reciente nombramiento del baloncestista Pau Gasol, del banquero Emilio Botín, de la Agencia Efe, y de la científica y académica Margarita Salas como embajadores honorarios de la Marca España, en un acto presidido por el príncipe de Asturias (Agencia Efe, 25/06/2009: en línea).

Más allá de los sectores culturales, evidentemente relacionados con el idioma, estudios como el de Martín Municio (2003) o el más reciente de Girón y Cañada (2008) han ampliando la base de análisis a todos los sectores que crean empleo y riqueza por su vinculación, directa o indirecta, con la lengua. Los trabajos econométricos más recientes (Girón y Cañada, 2008: 29), recomendando prudencia sobre los resultados obtenidos, apuntan que los sectores de actividad y comercio (interior y exterior) relacionados directamente con la lengua generan, para la economía española —no para la de otros países con lengua española—, un 10,5 % del producto interior bruto (PIB) y un 10,3 % de empleo, cifras que, comprendiendo los sectores no directamente relacionados con el idioma, se convierten en el 15,2 % del pib y el 15,6 % del empleo. Estos datos, en sus resultados máximos, suelen ser aireados triunfal e imprudentemente por los adalides del nacionalismo español (entre ellos, académicos como Luis María Ansón o Gregorio Salvador), casi siempre para atacar de paso a los «estúpidos» nacionalistas periféricos, incapaces de ver las enormes ventajas de subirse al carro del español y de renunciar, cómo no, a cualquier promoción y normalización de sus lenguas. Hace pocos meses, durante una reunión de colaboración mantenida con la Real Academia Española y ya en plena crisis económica y proliferación de expedientes de regulación de empleo (ERE), el presidente de la comunidad cántabra, embarcado desde hace años en la creación de una entidad local dedicada a la explotación de la enseñanza de español a extranjeros (la Fundación Comillas), se refería así el promisorio futuro que estas cifras señalan para el español:

 

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apuntado hoy al idioma como el «activo» de España para liderar un cambio en el modelo económico y ha afirmado que «en torno al potencial de la lengua española hay toda una industria que no tiene eres, porque es imparable». [Agencia Efe, 16/12/2009.]

 

Pero ¿es realmente así? ¿El sector idiomático es tan boyante y modélico que no sufre precariedad ni reestructuraciones laborales? A la luz de lo poco que suele traspasar la barrera de unos grupos de comunicación y una agencia estatal (Efe) que blindan la imagen del español, lo que se sabe es que el filón de la enseñanza a extranjeros no es tal y que la precariedad laboral es significativamente frecuente en el buque insignia de la proyección exterior del castellano: el Instituto Cervantes, creado en 1991.

En Brasil, el país donde concentra el mayor número de sedes (9), con fecha de 26 de octubre del 2009, se dictó sentencia17 contra el Instituto Cervantes (ic) en un proceso por contratación irregular de profesores, con ocultación fraudulenta de la relación laboral. Después de la sentencia, el ic firmó un Termo de Ajustamento de Conduta18 por el que se comprometía a regularizar a todos sus trabajadores a partir del 1 de enero del 2010. Poniendo al lector en necesarios antecedentes, es preciso señalar que la acusada presencia del ic en Brasil no es casual; obedece a una coyuntura en la que la diplomacia española jugó diversas bazas (cf. J. del Valle y L. Villa, 2005 y 2007): la aprobación de la ley 11161, de 5 de agosto del 2005, que, atendiendo a las necesidades de la integración sudamericana a la que Brasil pertenece (Mercosur), establecía la oferta obligatoria del español como lengua extranjera en los currículos escolares de la última fase de la enseñanza fundamental y en la secundaria; un gesto, por cierto, correspondido por Argentina hace un año (S. Senz, 20/01/2009: en línea), que ha hecho lo propio con el portugués. Por supuesto, el fallo judicial contra el ic no halló el menor eco en los medios españoles, pero sí llegó a la red en castellano (S. Senz, 27/10/2009: en línea) y destapó de paso la precaria situación laboral del profesorado de muchos otros centros, que ya tiempo atrás habían recogido algunos medios digitales independientes con estos titulares:

 

instituto cervantes | tras la espectacular puesta en marcha de su televisión en febrero, los informativos no llegaron a agosto

El Cervantes no se olvida de la cultura del ‘mobbing’ laboral y la subcontratación. = En febrero del año pasado era presentada con las mejores galas gubernamentales la televisión virtual del Instituto Cervantes, un “proyecto revolucionario” que pretendía exportar el valor cultural del Estado español. Pero seis meses después los grandes hitos que ha marcado se encuentran relacionados con el ‘mobbing’ laboral y las prácticas de subcontratación entre dos instituciones públicas como son el Cervantes y la Universidad Rey Juan Carlos. Dos instituciones que, además, tienen como una de sus figuras más ilustres a Carmen Caffarel, directora de la primera institución y catedrática en la segunda. [...] [Héctor Rojo Letón, 08/01/2009: en línea.]

 

explotación laboral en la meca del castellano

Cada centro del Cervantes es un cortijo privado” = Las subcontrataciones y las malas condiciones laborales que se viven en el Instituto Cervantes no son una exclusiva del Centro Virtual, como atestiguan profesores colaboradores de diferentes centros. [...] [David Hamete, 22/01/2009: en línea.]

 

Unas 20 personas deciden crear el Trastero del Cervantes con el objetivo de informar sobre las ilegalidades que se cometen desde hace años. [...] [Xornal de Galicia, 18/09/2009: en línea.]

 

Con la sentencia brasileña regresaron, pues, a la escena pública las reclamaciones de los trabajadores organizados en las plataformas y redes sociales El Trastero del Cervantes,19 Plataforma Cervantes20 y Sin conCervantes,21 y volvieron también a reseñarse los desencuentros entre el Instituto Cervantes-Universia/Santander y la Universidad de São Paulo (cf. J. del Valle y L. Villa, 2007: 121-122; M. Celada, 2006: en línea; S. Senz, 04/11/2006 y 16/11/2006: en línea), que Xoán Carlos Lagares (27/08/2009: en línea) resumía elocuentemente:

 

El plazo que la ley [11161, de 5 de agosto del 2005] se daba a sí misma para su completa implementación era de cinco años. Expira por tanto en 2010. Como el Estado brasileño no se ha esforzado mucho por hacerla realidad (por ejemplo, contratando a los profesores de español que ya están en el mercado o que salen cada año de las más de trescientas facultades que ofrecen estudios de letras orientados hacia esa lengua), el gobierno español y empresas asociadas han tomado la iniciativa, siempre de forma precipitada y arrogante. Hace dos años, por ejemplo, el Banco de Santander propuso al Estado de São Paulo formar profesores de español con un curso a distancia del Instituto Cervantes. Las universidades paulistas se opusieron con determinación a esa medida absurda que pasaba como una apisonadora por arriba de su función constitucional de formar profesores para la enseñanza regular brasileña, devaluando el título de sus licenciados.

 

La lectura íntegra del texto de Lagares da una idea precisa de las causas y del carácter de las objeciones a la acción del ic-Universia/Banco de Santander; objeciones hoy compartidas por otras universidades públicas, por las asociaciones de profesores de español de los estados brasileños y por la Asociación Brasileña de Hispanistas. La percepción de la actuación de estos organismos en Brasil tampoco es la mejor posible en los países sudamericanos que mantienen vínculos de interés con el gigante lusoamericano y que disponen de sus propias certificaciones de E/LE, como es el caso de Argentina. A fin de cuentas, el español no es un bien privativo de España, sino un condominio compartido por un 10 % de hablantes españoles y un 90 % de hablantes americanos, que todos deberían disfrutar (V. Colodrón, 2004: en línea).

Que no es oro todo lo que reluce en el venturoso panorama que pintan los medios españoles oficialistas para la enseñanza del español a extranjeros también lo han puesto de manifiesto emprendedores privados que tratan de sacar adelante sus propios negocios de E/LE:

 

Hace tiempo que vengo observando cierta euforia [...] oficial en torno a la lengua española, tanto si se habla de ella como recurso cultural o como fuente de negocio. Por eso, cuando días antes se anunció que el Babelia de este fin de semana iba a estar dedicado al español, empecé a sentir cierta desazón interior, preludio de un ataque de prurito nacional-lingüístico. Temía que, como en tantas ocasiones, personajes totalmente alejados de la realidad educativa hablaran de la grandeza de nuestra lengua más allá de las fronteras de ultramar... al más puro estilo Día de la Raza. Al final, la sangre no llegó al río, pero algunos de los artículos podrían haber aparecido, con unos leves retoques, en el diario Pueblo de hace, pongamos, cuarenta añitos. = En cualquier caso me llamó la atención la exageración de definir a nuestra lengua como «el petróleo español», imagen no sólo desafortunada sino absolutamente incierta. A estos glosadores de la industria lingüística les invito a que monten un centro de español y lo saquen adelante sin prebendas ni paraguas oficiales. Igualmente me dejó preocupado la vaciedad de las cifras y estadísticas, porque hay un dato fundamental que han obviado en todo el análisis: es sabido que entre el 60 y el 70 % de la facturación de este sector se debe a la iniciativa privada, ésa que ya estaba bien implantada y desarrollada antes ni siquiera de que existiera el Instituto Cervantes. [...] Y un poco menos de autobombo burocrático también sería de agradecer, al menos para dar una imagen más realista de lo que está ocurriendo con la industria del español y no crear falsas expectativas. [Francisco Herrera, director del centro La Janda International House de Vejer (Cádiz), 25/03/2007: en línea.]

 

Hasta el momento, en listas de correo, foros, blogs y encuentros digitales lo que he encontrado ha sido una continua queja sobre las condiciones profesionales de los enseñantes de español en todas sus posibilidades: en el ámbito privado, en el universitario, en el del Instituto Cervantes. Por ahora no he encontrado a ningún director, jefe de estudio o responsable de personal que nos enseñe el otro lado de esta realidad profesional. Como ya llevo en el sector diecisiete años y en casi todo este tiempo he dirigido mi propio centro, voy a dar mi opinión, que como dice el cliché, será absolutamente personal. [...] Lo primero que tengo que advertir es que montar y sacar adelante un centro de español es una empresa que no recomiendo a nadie en sus cabales. La competencia es tal que sólo si uno recibe capital para el blanqueo de dinero o dirige una fundación benéfica podrá decir que la enseñanza de ele es un gran negocio. Un ejemplo: hay escuelas que ofrecen a sus agentes, los intermediarios que venden cursos en los países de origen, un 50 % de comisión sobre el precio del programa. Esta cifra indica claramente que algo va mal en el sector empresarial y que, además de ser una práctica poco ética, no hay ninguna institución o entidad que ponga coto a la competencia desleal. ¿Cómo se mantiene un centro que ofrece la mitad de sus ganancias a los intermediarios? Probablemente la clave esté en que la empresa no pone mucho empeño en pagar los seguros sociales de los trabajadores, en promover la formación continua de sus profesores, en solicitar no ya un sello de calidad de enseñanza sino una simple licencia municipal de apertura. Y así podríamos seguir un buen rato. Es por eso que cuando se lanzan al vuelo las campanas del negocio del español me entra algo así como una risa floja. Pero que muy floja. [...] [Francisco Herrera, 06/06/2007: en línea.]

 

Pese a todo, al amparo de medios e instituciones, la idea del español como recurso económico ha seguido ganando posiciones y se utiliza efectivamente, como sugería Berdugo, para crear un referente cultural complejo de lo español (una Marca España), basado en la lengua castellana, que facilite la penetración en los mercados extranjeros de bienes y servicios no estrictamente en castellano, pero sí asociados a esa referencia. El diseño de una estrategia de marca país que impulse y defina en los mercados internacionales la política española de exportaciones y de promoción cultural y lingüística se ha basado en la línea habitual del nuevo hispanoamericanismo: mostrar al mundo una identidad compacta fundamentada en la lengua española y en la cultura hispánica, acogiendo, al mismo tiempo, la necesaria dosis de diversidad interna que permita ofrecer al exterior una imagen democrática y progresista. En el año 2003, el Instituto Español de Comercio Exterior (icex; dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Asociación de Directivos de Comunicación (dircom), contando además con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, publicaron el Informe Proyecto Marca España, que decía responder a la necesidad de coordinar las distintas actuaciones públicas y privadas sobre la Marca España, de transmitir a las empresas e instituciones la importancia de tener una buena imagen de país, y de informarlas sobre cómo comunicar y «vender» la nueva realidad de España.22 El informe ponía de manifiesto cuál era el puntal del papel internacional de España («La presencia e importancia dada hoy a España en el mundo no es entendible sin su dimensión latinoamericana» [icex y otros, 2003: 16]), señalaba su extensión y expansión demográfica («sobre todo en Estados Unidos») como el motivo de la pujanza del idioma español, y consideraba esta coyuntura como una oportunidad que España debía perentoriamente aprovechar, asumiéndola como una política de Estado:

 

La estrategia de imagen de España debe ser un proyecto a largo plazo, un esfuerzo sostenido en el tiempo cuya gestión y responsabilidad se sitúe por encima de la legislatura política. Debe ser un proyecto de Estado, a partir de una estrategia definida que diseñe las distintas acciones a desarrollar, tanto en el aspecto político y comercial como en el cultural. Se ha destacado en este sentido la importancia estratégica de coordinar el esfuerzo de todas las instituciones públicas y privadas mediante un ente que tenga responsabilidad al más alto nivel, que actúe como «Guardián de la marca», con responsabilidad total y absoluta sobre estas cuestiones. En esta misma línea se ha subrayado la necesidad de actuar en el ámbito diplomático sobre las instituciones multilaterales, mediante la creación y desarrollo de lobbies específicos que representen los intereses de la marca España. La coordinación institucional de la imagen de España debe ir acompañada, además, de una estrategia común con el ámbito empresarial, y en especial, con aquellas empresas que ejercen de importantes embajadores de la marca España. [ICEX y otros, 2003: 31.]

 

De entre todos los elementos de la imagen exterior de España que el proyecto pretende potenciar (el capital político de España, el elemento histórico, el capital comercial y económico...), se hace hincapié en establecer una relación dominante «entre la marca España y el concepto globalizador de la lengua española» (ib.: 31). Según se considera, el prestigio mundial que se pretende alcanzar «es más fácilmente extraíble del patrimonio histórico y cultural y no tanto de la realidad empresarial», una idea que también defienden «otras instituciones como el Instituto Cervantes e incluso por el icex» (ib.: 43). Resultado de esta idea es la asunción por parte de los sucesivos gobiernos españoles de una política de proyección exterior fundamentada en la lengua, concretada en la creación y en el impulso de una serie de estructuras de apoyo repartidas entre los ministerios de Educación y Cultura, de Asuntos Exteriores y de Industria, Turismo y Comercio (el Instituto Español de Comercio Exterior, el Instituto Cervantes, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior...) y de acciones culturales exteriores más o menos coordinadas, así reconocidas por sus máximos responsables:

 

El nuevo ministro de Cultura, César Antonio Molina [ex-director del Instituto Cervantes], anunció al tomar posesión de su cargo su intención de trabajar para convertir la cultura española en «el motor de todas aquellas personas que hablan y se expresan en español en todo el mundo». [Agencia Efe: 10/07/2007: en línea.]

 

La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, consideró «indudable» la apuesta del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por defender y extender el español, e invitó a que se sumen a ella agentes sociales, instituciones, empresas y medios de comunicación. [Agencia Efe, 09/08/2007: en línea.]

La lengua y la cultura forman parte del patrimonio más esencial de un país, en el que reside su identidad más íntima, pero también el que utilizamos para construir el mundo de valores y de significados que queremos compartir con otras culturas. = La lengua de nuestros antepasados, la misma con la que se escribieron a lo largo de los siglos el Quijote, Poeta en Nueva York o Cien años de soledad, ha alcanzado un protagonismo cultural y económico en todo el mundo inimaginable hace apenas unos años. El español se ha convertido en la cuarta lengua más hablada en el planeta, y es una de las más dinámicas: su prometedor porvenir es incuestionable. Al mismo tiempo, la cultura española ha demostrado en numerosos ámbitos su creatividad, su riqueza y su vocación universal. = Me atrevo a decir que no es casualidad que este excelente momento coincida prácticamente con los quince años que el Instituto Cervantes lleva cumpliendo de manera ejemplar su objetivo de difundir por el mundo la lengua y la cultura española. Por supuesto, el dinamismo del español es fruto de numerosos factores sociales, culturales y económicos, pero el Cervantes ha contribuido a hacer que esa expansión natural sea apoyada y fomentada al máximo por nuestro país, y que hayamos mantenido un importante protagonismo en el proceso de expansión del español. [...] = Pero, además, el Instituto Cervantes ha sabido trasladar fuera de nuestras fronteras el espíritu que ha caracterizado la historia de nuestra cultura, marcada por el diálogo, la convivencia, la apertura y el mutuo enriquecimiento. [...] Las cifras que acompañan la actividad del Cervantes son una muestra inequívoca del enorme éxito de esta iniciativa, que se ha visto afirmado en estos últimos años, en los que el Instituto ha consolidado y enriquecido su oferta lingüística y cultural, al abrirse a la riqueza que para nuestro país suponen las lenguas cooficiales y la diversidad de sus culturas. [José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, 2006: 15; la negrita es nuestra.]

 

Estas declaraciones del actual presidente del Gobierno son acordes con su consabido «talante pluralista», pero lo cierto es que se ajustan poco a la realidad de la promoción exterior del resto de lenguas y culturas de España. Así lo revelaban José del Valle y Luis Gabriel-Stheeman (2004c: 258), recogiendo y comentando unas declaraciones de Jon Juaristi (abc, 19/08/2003: 43):

 

Esta gigantesca campaña de marketing lingüístico no incluye, sin embargo, la promoción de otras lenguas peninsulares, lenguas que, por su escaso valor de cambio, no funcionan bien en el mercado lingüístico internacional. Si bien al catalán se le conceden ciertas posibilidades como lengua «comercial», «no es el caso del euskera ni del gallego... la demanda del euskera ha descendido. En el Instituto hemos sido extraordinariamente generosos en la estimación de la demanda. Hemos llegado a dar clase de euskera con dos alumnos. La rentabilidad económica no se sostiene». [...] Estas ideas, expresadas por el [entonces] director del Instituto Cervantes [...], y su consecuente proyección mediática, tienden a consolidar la asociación del español y de las lenguas en general con su rentabilidad [...].

 

 

Es decir, la enseñanza exterior de las demás lenguas oficiales de España sólo merece la pena en tanto rinda beneficios. Se entiende con ello que su promoción exterior no es un fin que valga la pena en sí mismo y que, además, es un coste excesivo para el Estado. En realidad, no es cierta ni una cosa ni otra. La difusión exterior de la riqueza cultural de un país es un fin que merece la pena siempre y cuando esa riqueza se sienta verdaderamente como propia y exista voluntad de mostrarla al mundo, cosa que no parece estar en el ánimo de los responsables del Instituto Cervantes —como ya vimos (§ 1.5), muchos de ellos firmantes del Manifiesto por la Lengua Común—, para quienes las demás lenguas oficiales no suman valor a España, sino que restan valor al español. Pero suponiendo que, a la hora de ofertar cursos de gallego, catalán y vasco, el imperativo presupuestario fuerce a los responsables del ic a ajustarse a criterios de viabilidad económica, ¿cómo explican que los cursos de catalán, la única lengua que, de las tres, parece gozar de una cierta demanda, estén financiados por el Institut Ramon Lull, organismo integrado en la Fundació Ramon Llull, con sede en el Estado soberano de Andorra?23 En efecto, por convenio suscrito entre ambas instituciones en el 2004 (Prats Mora, 2006), el Institut Ramon Llull costea las clases de catalán que se realizan en las sedes del ic en el mundo, que contribuye prestando sus aulas. Y no sólo esas clases, sino también todo acto de promoción de la cultura catalana (en catalán o no)24 realizado a instancias del Llull. Ni que decir tiene que la oferta universitaria de enseñanza del catalán, del vasco y del gallego en la propia España, fuera de sus territorios, es incluso más pobre. En el caso del catalán, se da la anomalía de que es más fácil estudiarlo en Alemania (posible en 28 centros universitarios), el Reino Unido (21 centros), Estados Unidos (20), Francia (19) e Italia (18), que en la propia España, donde sólo 11 universidades lo ofertan, una actitud que el director del área de Llengua i Universitats del Institut Ramon Llull atribuye a que «Desde el ámbito académico español les falta convicción y creerse que el Estado español es un estado plurinacional» (Avui, 06/02/2010: en línea). Esta falta de aceptación de la diversidad presenta la contrapartida de una fe ciega en el español, para cuya promoción no se escatiman subvenciones, por dudosamente éticas que resulten. En efecto, la asociación de los conceptos lengua española-prestigio internacional y la creciente demanda exterior de enseñanza del castellano llevan a los redactores del Informe Proyecto Marca España a proponer incluso «programas de subvención a traducciones y libros de texto de español o en español (sobre historia, etc.), que cumplan unos requisitos de imagen, por ejemplo que recojan aspectos positivos de la cultura e historia españolas» (ICEX y otros: 103); es decir, una política de lavado de cara en toda regla, por encima de cualquier consideración de rigor y verosimilitud.

 

Llegados a este punto nos encontramos con que el proceso de internacionalización de las empresas españolas, y la exploración y explotación de sus mercados lingüísticos marcaron el primer hito en la conformación de la necesaria base material que España requería para poder hacer valer en Europa y también ante Estados Unidos sus relaciones con América. El segundo hito, del que no puede extraerse un balance tan positivo, es la progresiva institucionalización de una largamente proyectada comunidad política, nueva versión de las diversas formulaciones realizadas por el hispanoamericanismo y por el panhispanismo de gobiernos anteriores: la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN), «un espacio político, económico, social y cultural, con proyección propia en la escena mundial» (C. del Arenal, 2008: 29). Como sus proyectos precedentes, la CIN se afirma en la existencia de lo que sus promotores consideran una comunidad supranacional de facto, basada en la existencia de un entramado de vínculos, intereses y relaciones comunes o específicas al conjunto de países iberoamericanos, que comparten además señas de identidad y nexos ideológicos con un potencial de unión latente, capaz de activarse y movilizarse si se llevan a cabo las acciones pertinentes.

El proceso de activación de esta «comunidad supranacional latente» se inició en la década de 1980, cuando surgió, por parte del Gobierno español de la Unión de Centro Democrático, la idea de celebrar una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que, aprovechando los actos de conmemoración del quinto centenario, en 1992, reuniera a los mandatarios de España y América Latina y sirviera para sentar las bases sobre las que «ir conformando un espacio común iberoamericano, basado en la historia, la cultura y la lengua, pero también en un entramado de intereses comunes de la más diversa naturaleza» (C. del Arenal: 2005: 59). Desde 1982, esta idea adquirió fuerza e impulso con los sucesivos gobiernos socialistas, que pusieron en marcha estrategias encaminadas a superar los recelos y reticencias que existían por parte americana hasta hacer posible la convocatoria de la primera cumbre, que se celebró en Guadalajara (España) en 1991. Este primer encuentro y el que se celebró sólo un año más tarde en Madrid sirvieron para iniciar una serie de programas de cooperación iberoamericana, establecieron una estructura institucional provisional y consagraron los principios operativos que debían inspirar una acción conjunta con garantías de estabilidad, efectividad, equidad, reciprocidad, respeto, cooperación y no injerencia (C. del Arenal y A. Nájera, 1990: 345-350; cits. en Sepúlveda, 1994: 321-322):

 

1. El principio de interdependencia, que marca la necesidad de operar de manera no coyuntural, mediante una política integradora, global y solidaria.

2. El principio de credibilidad, base de una política de Estado, por el que se apunta a una ejecución concreta, trascendente, en busca de hechos identificables y posibles.

3. El principio de continuidad, por el que se requiere el diseño de una política global y de aplicación constante, no sujeta a los posibles vaivenes de los cambios políticos, económicos o de mera simpatía entre dirigentes.

4. El principio de indiscriminación, basado en una práctica desideologizada, que mantenga en primer lugar la máxima de no intervención en asuntos internos; lo que no puede ser confundido con la indiferencia a la política intensa de los distintos estados.

5. El principio de unidad en la diversidad, que propugna la integración respetando las diversidades de cada unos de los miembros y pretende contrastar con anteriores intentos unionistas de tono paternalista y uniformador.

 

No obstante los buenos propósitos, las sucesivas cumbres han sido un verdadero carrusel. Las cumbres de Salvador de Bahía (1993), de Cartagena de Indias (1994), de San Carlos de Bariloche (1995) y de Villa del Mar (1996) experimentaron un acusado declive debido, sobre todo, a los ajustes presupuestarios que la crisis económica iniciada en 1992 exigió al Gobierno español, a los crecientes problemas internos de los gobiernos socialistas (escándalos de corrupción y de terrorismo de Estado) y a las crecientes dificultades que fue encontrando España para armonizar su pertenencia a la ue con su ambiciosa política latinoamericana. A lo largo de este periodo de decadencia se puso de manifiesto la importancia vital que para las cumbres «tenían el impulso y el protagonismo de España y el escaso interés que de momento los países latinoamericanos tenían en su desarrollo y consolidación» (C. del Arenal, 2005: 63). El cambio de signo político del Gobierno de España, con el triunfo de la fracción más derechista del Partido Popular y la llegada a la presidencia de José María Aznar reactivó, en un inicio, los encuentros iberoamericanos. En las cumbres de Oporto (1998) y La Habana (1999; financiada en un 80 % por España) se dio un paso adelante en la institucionalización de la CIN con la creación de un organismo permanente, la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (Secib), que hubo de limitar su acción al campo estricto de la cooperación para salvar las reticencias por parte americana. En esta fase, además, quedó claro que la CIN cojeaba por una de sus principales patas: Brasil, que hizo evidente que su apuesta estratégica no era el reforzamiento de un espacio iberoamericano común, sino la conformación de un bloque de países de América del Sur (C. del Arenal, 2005: 93); es decir, el Mercosur y la Unasur. Pese a las intrínsecas debilidades de la CIN, el liderazgo ejercido por España durante el período Aznar era una realidad evidente que, para sostenerse, debía evitar traicionar los principios establecidos en las cumbres iniciales. Sin embargo, a partir del 2002, el alineamiento incondicional del Gobierno de España con la política internacional de la Administración Bush acabó con la observación de los principios de continuidad e indiscriminación, rompiendo el multilateralismo y la política de consenso hasta el punto de que la actuación de España en América Latina pasó desde entonces a concertarse con Estados Unidos. A pesar de que fue en el periodo 2002-2004 cuando se dio un nuevo paso en la institucionalización de la CIN con la creación de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), lo cierto es que el posicionamiento de Aznar en la escena internacional deterioró las relaciones bilaterales con ciertos países latinoamericanos hasta entonces claves en la política española y rebajó el interés de muchos participantes en las cumbres, debilitándolas de forma evidente. Cabe decir que Aznar no actuó guiado solamente por la ambición de hacerse un hueco en los libros de historia mundial; creyendo que la comunidad hispana de Estados Unidos (tan numerosa como la población de España) podía ofrecer réditos muy consistentes a los intereses de su país y del nacionalismo español, que él profesa sin mesura, viró rumbo norte la orientación de la estrategia americanista:25

 

El posicionamiento del gobierno Aznar parece no ser del todo ajeno al valor que para los intereses empresariales españoles pueda tener la población hispana estadounidense: «[...] El señor Aznar confirmó en una entrevista que recientemente le preguntó al presidente francés Jacques Chirac si “pensaría lo mismo sobre América si su mayor comunidad étnica fuera de herencia francesa y estuviera en pleno crecimiento”» (The Wall Street Jounal, 16/09/2003). [...] el presidente Aznar expresaba así el posible papel de España en la constitución de una identidad de los latinos estadounidenses: «Quiero que los hispanos de ee. uu. sepan que tienen raíces europeas comunes y una herencia que puede ser tan sólida como la anglosajona» (ib.). Del contenido lingüístico de tal herencia no puede quedar la menor duda después de leer, más adelante en el mismo artículo, que el presidente «ve al español y al inglés como las dos lenguas más importantes del globo y quiere aprovecharse política y económicamente de ello». Las palabras de Aznar revelan con absoluta transparencia la profunda conexión entre la visión del español como instrumento aglutinador de la comunidad hispánica (española, latinoamericana y estadounidense) y los intereses que persiguen las políticas económica y exterior del gobierno español. [J. del Valle y L. Gabriel-Stheeman, 2004c: 260-262; la negrita es nuestra.]

 

Sin necesidad de recordar los métodos poco pacifistas que han permitido la expansión histórica del español, el apoyo del Gobierno de Aznar a la invasión de Irak ofreció, además, la mayor evidencia de hasta qué punto el español NO es por sí mismo un idioma de unión, encuentro y concordia. Así lo lamentaba Victoriano Colodrón en una de sus siempre recomendables crónicas idiomáticas (2003: en línea):

 

[...] qué hermosa la idea de que los pueblos y los gobiernos de los países hispanohablantes se hubieran unido para expresar una misma oposición a la guerra. Que en español, de forma unánime, se hubiera afirmado la misma voluntad de encontrar otro tipo de soluciones para los problemas, otra manera de evitar las tiranías o luchar contra ellas. Que nuestra lengua hubiera servido sólo para reclamar un marco legal internacional que ninguna gran potencia pudiera saltarse por el mero hecho de serlo y querer demostrarlo a toda costa, sometiendo al resto del mundo al dictado de su fuerza... Pero resulta que esa gran potencia es uno de los países con mayor número de hablantes de español. Y resulta también que entre los escasos apoyos que ha recibido para su exhibición de poderío militar ha estado el del gobierno de otro país hispanohablante, precisamente el que vio nacer en su suelo esta lengua en la que tantas voces se han alzado en contra de la guerra...

 

La inesperada llegada al poder de un nuevo Gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, dio un giro radical a la orientación del ejecutivo precedente, al acabar con el seguidismo de la Administración Bush, plantear una política exterior con ajuste a los términos del derecho internacional y con una orientación más social, y prometer una recuperación del multilateralismo y el refuerzo de las relaciones entre la ue y América Latina. Su apuesta por lograr un repunte de las cumbres cosechó frutos en las de Costa Rica (2004) y Salamanca (2005), donde se aprobó el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana y se nombró secretario general iberoamericano a Enrique Iglesias, una persona con larga trayectoria internacionalista, que había presidido el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D. C. y que había dado ya pruebas de su fe en el potencial del español como recurso económico durante su intervención (E. Iglesias, 2001) en el II Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Valladolid. No obstante, el conocido enfrentamiento entre el monarca y el presidente español, de un lado, y los presidentes de Nicaragua y Venezuela, Daniel Ortega y Hugo Chávez, de otro,26 que ensombrecieron la cumbre del 2007 con los nubarrones de la actuación de Unión Fenosa en Nicaragua y del apoyo del Gobierno Aznar al golpe de Estado contra Chávez, puso en evidencia que había aún mucho que andar para restaurar un verdadero diálogo inter pares. Por otra parte, desde la perspectiva española, se ha criticado también la falta de dinamismo y definición de la política americanista del Gobierno Zapatero, estancado en una retórica propia de una «inane reina madre o comprensiva madre patria» (J. M. Areilza y J. I. Torreblanca, 2009: en línea), y se lo ha animado a convertirse en mediador en la región entre derecha e izquierda, desde una posición de referente del centroizquierda moderado:

 

Pero ello requiere ser crítico, tomar partido, denunciar los excesos [...]. No puede ser que la Commonwealth, teniendo como tienen sus miembros muchos menos lazos culturales entre ellos que nosotros con Latinoamérica, sea más crítica con sus miembros (véase el caso de Zimbabue). [J. M. Areilza y J. I. Torreblanca, 2009: en línea.]

 

La comparación con la Commonwealth establecida por Areilza y Torreblanca contrasta llamativamente con estas palabras del ministro de Exteriores español:

 

[...] la CIN aventaja a «otras organizaciones internacionales basadas en criterios de identidad similares, como la Commonwealth o la Comunidad francófona» gracias a una cercanía relativamente mayor de sus lenguas y culturas predominantes, o a que «sus señas de identidad son más sólidas y los valores compartidos más abundantes y homogéneos». [Miguel Ángel Moratinos, El País 12/10/2005, cit. en L. Varela y J. Otero, 2005: 8.]

 

Para Moratinos, como para tantos otros, la comunidad de facto que surge de los lazos identitarios, lingüísticos, ideológicos y psicológicos supuestamente compartidos es, por sí misma, simple garantía de éxito para la comunidad de iure que se edifique sobre ella. Y aunque a la vista está que no es de ningún modo así, las últimas cumbres han seguido promoviendo esta convicción. Así, en lo relativo a los pasos dados para la consolidación material de la comunidad idiomática, en la cumbre celebrada en Salamanca (2005) cerca de 50 rectores de universidades iberoamericanas convocados por el Instituto Cervantes anunciaron la creación de un Sistema de Certificación Internacional de Dominio del Español como Lengua Extranjera (Sicele) cuya concreción no está exenta de obstáculos y conflictos27 pese a la optimista declaración de intenciones con que se presentó:

 

[...] respetará las variedades lingüísticas de los países hispanohablantes y, al establecer criterios de calidad y exigencia académica comunes, facilitará la coexistencia de los distintos instrumentos de certificación hoy en uso en los distintos países iberoamericanos, así como el mutuo reconocimiento de estos instrumentos por parte de las distintas instituciones. [Varela y Otero, 2005: 3.]

 

La cita de Salamanca fue también el escenario elegido por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española para la presentación pública del proyecto de una muy reclamada nueva gramática normativa de la lengua española (la vigente databa de 1931), basada en la noción de «“norma poliédrica”, y ya no de norma única, para la lengua común» (Varela y Otero, 2005: 3) y significativamente denominada con los apelativos de global o total, que se encuadraba en la nueva política lingüística panhispánica cuya primera plasmación había sido el Diccionario panhispánico de dudas (dpd), publicado ese mismo año y firmado conjuntamente por la RAE y la Asale. De este modo, con la aparición del dpd (2005) y, más recientemente, de los dos primeros volúmenes de la Nueva gramática de la lengua española (ngle, 2009), el principio operativo de «unidad en la diversidad» que —según la teoría— guiaba las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, se incorporaba a la norma y al funcionamiento interacadémicos.

 


 

Notas:

1 Cf. http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/publicaciones_espanol/espanol_mundo.htm

2 Muchos de los responsables de estas obras son individuos e instituciones «firmemente arraigados en las estructuras de poder económico y político de España» (J. del Valle y L. Gabriel-Stheeman, 2004b: 246).

3 V. nota 109.

4 Véase la crítica a estos mitos desarrollada por J. C. Moreno Cabrera. (N. de las Eds.)

5 Un breve compendio de esta elaboración se encuentra en el artículo publicado en el diario de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Salamanca, 2005), en el cual el actual director de la RAE, Víctor García de la Concha, reflexionaba sobre el papel del español (cf. García de la Concha, 12/10/2005: en línea).

6 La caracterización de esta idea dentro de lo que se denomina pensamiento monoglósico se encuentra en J. del Valle. La ausencia de base científica de esta conceptualización de las lenguas está señalada por el propio J. del Valle, por J. C. Moreno Cabrera, y por S. Senz, J. Minguell y M. Alberte. (N. de las Eds.)

7 Prueba de ello es el auge del soberanismo en la tradicionalmente federalista Cataluña, que amenaza la imagen de fortaleza y capacidad de integración política que España quiere transmitir al mundo.

8 Una relación, cierto, que nunca ha sido prioritaria para la UE y que hoy está llamativamente estancada (Arenal, 2009).

9 La trascendencia de esta expansión para los política internacionalista de España está analizada en J. del Valle. (N. de las Eds.)

10 Sobre este particular, véase S. Senz, J. Minguell y M. Alberte. (N. de las Eds.)

11 Polémico por el previo rechazo de la opa lanzada por la corporación catalana Gas Natural contra Endesa, que desde la perspectiva de la derecha española se entendió, simbólicamente, como un ataque de Cataluña a las estructuras económicas que sostienen la nación española. De haberse hecho efectiva, la adquisición de Endesa por Gas Natural habría representado, en palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que «una de las “grandes empresas españolas se trasladaba fuera del territorio nacional” (Cataluña)» (Cinco Días, 03/01/2006: en línea).

12 En este sentido apunta el trabajo de investigación de las transnacionales españolas que desarrolla el Observatori del Deute en la Globalització/Observatorio de la Deuda en la Globalización, ww.odg.cat

13 Cf. http://www.eduespa.org/

14 Cf. http://congresosdelalengua.es/valladolid/default.htm

15 A día, de hoy, el Ministerio de Educación de España destina 430 millones de euros del presupuesto general del Estado a crear infraestructuras para la enseñanza de español a extranjeros (E/LE). No entran en este cómputo las partidas específicas de Cultura destinadas a sedes concretas del Instituto Cervantes y a universidades extranjeras (845 000 €) ni la de Exteriores para el Instituto Cervantes (102,426 millones de €) (Senz, 23/10/2009: en línea).

16 Cf. http://www.fundacion.telefonica.com/debateyconocimiento/valor_economico_espanol/publicaciones.htm y E. Ontiveros (10/02/2008: en línea).

17 Cf. http://www.apeesp.com.br/web/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=59

18 Cf. http://www.apeesp.com.br/web/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=55

19 Cf. http://eltrasterodelcervantes.blogspot.com/

20 Cf. http://www.facebook.com/people/Plataforma-Cervantes/100000058528252

21 Cf. http://sinconcervantes.wordpress.com/

22 La más reciente publicación que hemos podido consultar sobre el posicionamiento de la Marca España reconoce que, a pesar de los esfuerzos realizados, «La “Marca España” no añade valor. = [...] Por este motivo son muchas las empresas españolas que se construyen sin apoyarse en el “Made in Spain”; incluso disimulan el origen. El aceite de oliva y el calzado son dos sectores donde esto es evidente, viendo el uso generalizado de nombres italiano en empresas de aquí» (R. Peralba, 2010: 152).

23 El Institut Ramon Llull es un consorcio de promoción exterior de la cultura y la lengua catalanas integrado en la Fundació Ramon Llull, una entidad supranacional con sede en Andorra constituida por la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears, la Xarxa de Ciutats Valencianes (España), el Govern d’Andorra (Principado de Andorra), el Consell General dels Pirineus Orientals (Francia), y por el Ayuntamiento de L’Alguer (Cerdeña, Italia). Cf. http://www.llull.cat

24 A modo de pequeña muestra, confróntense las diversas menciones de concesión de subvenciones del Institut Ramon Llull al Instituto Cervantes en el dogc núm. 4812 (01/02/2007; en línea: http://www.gencat.cat/diari/4812/07024223.htm ) y en el DOGC núm. 5099 (28/03/2008; en línea: http://www.gencat.cat/diari/5099/08079103.htm).

25 Véase al respecto J. del Valle. (N. de las Eds.)

26 Nos referimos al célebre episodio del «¿Por qué no te callas?»; cf. http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFPor_qu%C3%A9_no_te_callas%3

27 Sobre este particular y su repercusión en la elaboración de estándares idiomáticos, véase G. Barrios. (N. de las Eds.)

 


Referencias bibliográficas:

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