[...]

3.3. La nueva imagen del español global

Desde finales de la década de 1980 hasta el presente han ido apareciendo en España, de manera ininterrumpida, diversas apologías de la lengua española, estudios sobre el futuro del idioma y ensayos sobre el conflicto lingüístico español, sobre las políticas lingüísticas en España, y en torno a la idea de unidad hispánica y lengua común (Gregorio Salvador, 1987, 1992, 2007; Ángel López García, 1991a, 1991b, 2004, 2007 y 2009; Marqués de Tamarón, 1995; Álex Grijelmo, 1998; Juan Ramón Lodares, 2000a, 2000b, 2001 y 2005; Instituto Cervantes, anuarios El español en el mundo, 1998 a 2009;¹ Irene Lozano, 2005; Francisco Moreno Fernández y Jaime Otero, 2008; Antonio Lamela, 2008, etc.)² que, a veces desde un españolismo reaccionario suavizado por el neoliberalismo, a veces desde un hispanoamericanismo liberal redivivo, han sacado a la luz pública una latente y creciente disconformidad con el ordenamiento lingüístico de la España democrática y con las políticas de normalización del vasco, del gallego y muy particularmente del catalán, y han mostrado la pervivencia de la vieja seguridad de que el español puede recuperar e incluso ampliar sus posiciones en el mundo apoyándose en su pasado expansivo.

Valiéndose en ocasiones de la erudición y el prestigio académico de algunos de sus autores para ocultar su finalidad propagandística, estos trabajos han ido apuntalando un discurso ideológico de tono marcadamente triunfalista y retórica belicosa, y un programa de normalización³ del castellano (extensión de sus usos, de su equipamiento lingüístico y de su estatus político y social) en la era global, para cuya consecución despliegan las siguientes estrategias:

1. Dar la peor imagen posible del etnicismo cultural (condición que se niega al españolismo), con el fin de deslegitimar cualquier reivindicación de reconocimiento y extensión de los idiomas minorizados por el avance del castellano, e incluso con la intención de condicionar movimientos sociales y acciones político-judiciales que acaben revirtiendo los logros ya obtenidos por las políticas lingüísticas de normalización.

2. Ocultar la base étnica del nacionalismo español y blanquear el traumático pasado impositivo del idioma (de memoria bien reciente en España, además), desarrollando mitos sobre su predominio⁴ que atribuyen al castellano/español una inherente capacidad de entendimiento, universalidad, cohesión e integración que hacen de él un vehículo idóneo de progreso y convivencia, cualidades —según se dice— inexistentes en las demás lenguas de España o de América.⁵

3. Asumiendo, como indican J. del Valle y L. Gabriel-Stheeman (2004b: 230), la idea⁶ de que lo que hace posible la convivencia pacífica dentro de una comunidad es la existencia de un sistema lingüístico estable y mínimamente variable —es decir, unitario, y por lo visto hasta ahora, también único—, defender la necesidad:

• de garantizar esa mínima variabilidad y estabilidad mediante un proceso de estandarización;

• de obligar al aprendizaje general de dicho sistema;

• de controlar su uso sistemático en todas las áreas públicas;

• de eliminar la obligación de aprender otros sistemas normalizados competidores, que, recordemos, no tienen el «potencial intrínseco» del castellano para llevar a un país por buen camino.

4. Producir con todo ello una nueva visión del idioma, alejada de la generada por el franquismo, que permita blindar sin complejos la definición de España sobre la base de la única lengua capaz de llevarla hacia un «común» futuro de riqueza, armonía y bienestar: el castellano/español.

5. Identificar, por comparación con otras lenguas europeas, las áreas que, en la era global, definen la relevancia y el atractivo de un idioma en los mercados mundiales:

• peso demográfico,

• extensión territorial,

• expansión territorial,

• número de hablantes no nativos,

• índice de desarrollo humano,

• peso económico,

• exportaciones,

• equipamientos lingüísticos: normalización terminológica, estandarización lingüística, estandarización de códigos auxiliares, obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, ortografías especializadas, manuales de estilo, gramáticas descriptivas...), materiales de enseñanza (necesidades especiales, como lengua 1, como lengua 2 y como lengua extranjera) y tecnologías lingüísticas;

• innovación, producción y difusión culturales,

• estatus político y social (lengua nativa, lengua segunda, lengua franca, lengua hegemónica, lengua internacional, lengua regional, lengua oficial, lengua de trabajo, lengua nacional, lengua plurinacional, lengua mayoritaria, lengua minoritaria...),

• presencia en la comunicación científica internacional;

• presencia en la educación regional o internacional;

• presencia y estatus en organizaciones regionales e internacionales;

• presencia en los medios internacionales de comunicación e información (hoy, incluida la Red).

6. Analizar la presencia/ausencia del español en estas áreas y la capacidad de España bien para mejorar su posición en ellas, bien para penetrarlas, incorporándose así a pleno rendimiento en la vieja competencia interlingüe occidental.

7. En el convencimiento de que tanto su afianzamiento interior como lengua nacional e idioma del Estado como su expansión y posicionamiento en la jerarquía lingüística mundial dependen, como antaño, de sus vínculos con América, definir las estrategias que deben seguirse para renovarlos, ampliarlos y consolidarlos.

El gran éxito de ventas de algunas de estas publicaciones ha sido la prueba de que la ideología que difunden cuenta con una amplia base social (sobre todo en la España monolingüe). Aun así, la colaboración de la agencia estatal de prensa española (Efe, que hoy preside uno de los citados apologistas, Álex Grijelmo) y de los mass media de ideología afín, tanto para amplificar su difusión como para vetar o minimizar el impacto en la opinión pública de cualquier contestación, ha sido decisiva a la hora de naturalizar la representación del idioma que estos escritos ofrecen a la sociedad española. Además, siendo que muchos de los principios y de las propuestas políticas formuladas en ellos no hacían sino recoger algunas de las directrices que ya guiaban la política cultural, lingüística, económica y exterior del Estado (v. § 3.4), la asunción progresiva de ciertos objetivos y sus consecuencias en la macroeconomía española han ido confiriendo un marchamo de viabilidad a sus planteamientos, de tal modo que parte de lo que proponen no se presenta ya sólo como mero posibilismo, sino como una realidad de la nueva España globalizada.

Pero veamos qué camino se ha recorrido para alcanzar los fines propuestos por el nacionalismo español neoliberal y neopanhispanista, qué obstáculos ha ido encontrando en el camino y qué trecho queda al albur de un incierto destino.

3.4. España y el nacionalismo hispánico en la construcción de la Hispanofonía

Al final del periodo franquista, la relación entre España y sus antiguas colonias estaba generalmente marcada por el desencuentro. Además, la manifiesta incapacidad de las diversas corrientes del hispanoamericanismo —particularmente acusada en el panhispanismo reaccionario que había mantenido el franquismo— de construir una base material con que sustentar la proyectada unión de los pueblos hispánicos había dejado en dique seco a la flota española postimperial. No obstante, muerto ya el dictador y «oficialmente» consumada la difícil transición hacia un régimen democrático, a finales de la década de 1980 el perfil económico y político de España y su imagen internacional cambiaron drásticamente y abrieron por fin las vías de consecución de los objetivos de expansión y defensa idiomáticas a los que se aspiraba. Por un lado —y aun cuando, de puertas adentro, las tensiones entre centro y periferia continúan muy vivas⁷ y no se ha cerrado en absoluto la reconceptualización de España como nación—, el afianzamiento de la democracia, su reordenamiento territorial descentralizado y el relativo reconocimiento de su pluralidad cultural modificaron, para bien, y estabilizaron su imagen exterior. Sorprendentemente, además, de la mano de los sucesivos gobiernos democráticos, España ingresó en estructuras supranacionales (OTAN, 1982, y Comunidad Económica [hoy Unión] Europea, 1986) que, si bien limitaban su autonomía, definían su política exterior y defensiva, la sacaban de su aislamiento y la devolvían a la escena internacional. En la misma línea de clarificación de sus posiciones en el mundo, en 1989 firmó un nuevo convenio defensivo que estableció una relación bilateral de equilibrio.

Durante las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea (UE), el Gobierno español de turno recuperó la carta de presentación que ya había utilizado en su momento el régimen franquista para solicitar (infructuosamente) la entrada en el Mercado Común: el activo de su lazos con América Latina (AL). La intención de España al jugar esta baza era doble:

 

De un lado, se pretendía que la Comunidad Europea valorase lo que suponía el ingreso de España en orden a la apertura de aquélla hacia una región que hasta entonces había permanecido en un segundo plano en las relaciones exteriores comunitarias. De otro, se buscaba que España jugase el papel de valedora de los intereses latinoamericanos ante la Comunidad Europea, con vistas tanto a una mejora de las relaciones entre las dos regiones como a una mejora de las relaciones de España con Iberoamérica. [C. del Arenal, 1990: 342.]

Estos dos objetivos chocaron con diversos obstáculos, uno de los cuales resulta especialmente relevante para el asunto que nos ocupa. Los vínculos entre España y Latinoamérica eran fundamentalmente culturales (compartían una de sus lenguas: la hegemónica) e históricos (compartían un pasado colonial y cierto flujo de intercambios poscoloniales); pero carecían del necesario componente económico e, incluso, político-institucional, presente, en cambio, en los vínculos que otros miembros de la Comunidad Europea (particularmente Francia y el Reino Unido) mantenían con sus ex-colonias, por lo que, en la práctica, España no podía pretender el papel de puente y de representante en las relaciones interregionales UE-AL.⁸

Sin embargo, la necesidad de plantear su futuro en el mundo sobre la base de su proyección americana seguía muy presente en la conciencia de las fuerzas de gobierno de España. A fin de cuentas, su política iberoamericana, como bien señala Arenal, constituye la punta de lanza con que romper con los peligros que se derivarían de una enfoque excesivamente eurocéntrico o incluso norteafricano de su política exterior; a saber:

[...] pérdida de autonomía política, renuncia a actuar como una potencia media con responsabilidades extrarregionales, provincianismo, renuncia a estar presente en el protagonismo futuro de la cultura hispánica, pérdida de la imagen solidaria con los países en vías de desarrollo. [C. del Arenal, 1992: en línea.]

Además, según los optimistas augurios de expansión demográfica del español (especialmente en Estados Unidos,⁹ por efecto migratorio, y en América Latina, por aumento de la población) y, con ella, de sus mercados potenciales y de su apreciación internacional, «Los intereses políticos, sociales y culturales implicados en las relaciones con Iberoamérica constituyen elementos de primera importancia en el mundo que se dibuja para principios del siglo XXI» (C. del Arenal, 1992: en línea). Por tanto, era imperativo que España emprendiera una labor encaminada a la materialización de sus vínculos con Latinoamérica, contando con el apoyo de otros socios europeos igualmente interesados, como Portugal. De este modo, no sólo preservaba e incluso potenciaba sus señas de identidad, fundamentadas en la lengua castellana y favorecidas por su proyección, sino que esperaba garantizarse el mejor papel posible en el mundo.

Así, sobre la base de una modernización de la economía española que arranca ya en las últimas décadas del franquismo, a finales de la década de 1980 España inició un proceso «de crecimiento y transformación productiva basado en la incorporación deliberada y sistemática al progreso técnico» (Casilda Béjar, 2008: 28) y en la asunción de un nuevo paradigma empresarial que permitía insertarla en la Comunidad Europea y en el nuevo contexto económico mundial en condiciones de competitividad: la internacionalización.

A principios de la década de 1990, después de haber explorado el mercado de expansión más cercano (principalmente, Portugal) y el estadounidense, España se lanza a afianzar sus posiciones europeas asentándose en el que ella misma ya consideraba siglos atrás su «mercado natural» (Martín Montalvo, Martín de Vega y Solano Sobrado, 1985: 163): Iberoamérica. Según relata Ramón Casilda Béjar en su prólogo a la obra La gran apuesta. Globalización y multinacionales en América latina. Análisis de los protagonistas (2008: 17-50), contando con el apoyo político del Estado un reducido grupo de empresas españolas que acababan de salir de un proceso de privatización, como Endesa (electricidad) y Repsol (petróleo y gas), o que estaban a las puertas de privatizarse, como Telefónica (telecomunicaciones) e Iberia (transporte aéreo), junto con los grupos bancarios Santander y BBVA, apostaron por una estrategia de inversiones directas en América que les permitiera liderar sus respectivos sectores de actividad. A ellas siguieron otras tantas: Iberdrola y Unión Fenosa, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Mapfre, Indra, Altadis y un largo etcétera entre el que se encontraban los conglomerados mediáticos y editoriales PRISA-Santillana y Grupo Planeta que, por cierto, hoy comparten la muy lucrativa edición de las obras académicas (normativas, auspicios y ediciones especiales) y nutren las filas de la RAE con su nómina de directivos y autores superventas (Juan Luis Cebrián, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte...).¹⁰

El desembarco en América de las empresas españolas coincidió —no por azar— con una coyuntura favorable a la inversión extranjera: políticas de privatización, liberalización, desregulación comercial, nuevas políticas sobre los derechos de propiedad y ciertas condiciones de estabilidad macroeconómica. De este modo, por ejemplo, infraestructuras y servicios básicos de países como Argentina pasaron de manos estatales a manos de intereses privados españoles que controlaban sectores estratégicos (financiero, energía, agua, transportes y telecomunicaciones).

Las inversiones en América Latina arrojan sin duda un balance global muy beneficioso para las firmas españolas y para los resultados macroeconómicos de España. De un lado, según señala Díaz Ferrán (2008: 60; la negrita es nuestra), más del 70 % de la inversión neta en América «ha sido realizada por empresas cuyas inversiones mantienen una importante relevancia económica, significando la puesta de medios de producción en el extranjero bajo control de la empresa residente en España», es decir, con los centros de decisión, y el domicilio social y fiscal radicados en su país de origen. De hecho, en el polémico¹¹ proceso de compra de Endesa por la trasnacional italiana Enel y por la española Acciona, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de España impuso, entre otras condiciones, que se preservara la autonomía y la marca de Endesa y que esta mantuviera su sede ejecutiva y su domicilio social en España. Así pues, como subraya el propio presidente del actual Gobierno «socialista» de España, no cabe duda de que

 

[...] la apuesta de las empresas españolas en Latinoamérica también ha fortalecido a la economía española. La inversión acumulada en Latinoamérica supone más de un tercio de toda la inversión exterior española y ésta sigue siendo la segunda región preferida por los inversores españoles, sólo por detrás de la Unión Europea. [...] Un indicador de la importancia de la presencia en América Latina para las empresas españolas es que en 2006 casi la cuarta parte del resultado de las empresas del IBEX35 fue generada en Latinoamérica. [José Luis Rodríguez Zapatero, 2008: 14.]

De otro lado, para las propias corporaciones, las inversiones en América Latina

[...] se transformaron [...] en un elemento esencial de un proceso de internacionalización caracterizado por una solidez y una diversificación geográfica crecientes. De hecho, las inversiones en América Latina les permitieron defenderse de posibles adquisiciones hostiles en el inicio del proceso, y luego les proporcionaron experiencia y recursos para ampliar su expansión internacional. En la actualidad, muchas de estas compañías figuran entre los principales operadores mundiales en los sectores en los que se concentran sus actividades. [J. L. Machinea y Á. Calderón, 2008: 304.]

En contrapartida, la valoración del provecho obtenido por los países destinatarios de la inversiones españolas presenta lecturas diametralmente opuestas. Las opiniones más favorables subrayan la presencia de las transnacionales españolas en América como una contribución relevantísima al desarrollo económico y la estabilización y democratización política de algunos países de la región, condiciones que, en dichos casos, han permitido relaciones bilaterales con España en términos de asociación. Las negativas, en cambio, la interpretan en clave de recolonización y expolio, señalan la escasa vinculación de algunas de sus operaciones con la economía local, se quejan de que los flujos poblacionales y comerciales con España corresponden a un patrón de desigualdad y supeditación (Norte-Sur), sacan a la luz injerencias políticas y operaciones de control de la opinión pública, y denuncian su falta de transparencia, la explotación de las fuerzas de trabajo locales e incluso la violación de derechos humanos de las comunidades más desprotegidas (generalmente, las indígenas).¹² En su conjunto, las críticas a la presencia de las transnacionales españolas en América suelen proceder de una visión alternativa del mundo a la que estas marcan. A fin de cuentas, y pese a que su actividad supone más del 80 % del comercio mundial, la influencia que ejercen las empresas transnacionales de cualquier país no es sólo económica, sino que «se manifiesta también, y de modo capital, en el plano tecnológico, cultural e ideológico (como agentes de promoción del modelo de civilización del consumo y la orientación de la asignación de recursos), y político, tanto en el ámbito interno como externo» (G. Jáuregui, 1993: 471). Es decir: ante unos Estados que han visto disminuidas su autonomía y su capacidad de control, las transnacionales mueven hoy los hilos del poder y configuran nuestro estilo de vida.

Teniendo en cuenta que parte del negocio desarrollado por las transnacionales españolas se valía, además, del elemento común que es el castellano, calibrar el potencial del mercado lingüístico que se les presentaba fue una prioridad que dio pie a la irrupción de la demolingüística y la econometría en los campos de estudio sobre el español. Así surgieron iniciativas como la Asociación para el Progreso del Español como Recurso Económico (1996), promovida por Óscar Berdugo, que, hoy como Eduespaña,¹³ se centra en la enseñanza de español a extranjeros, y también una serie de estudios orientados a evaluar la riqueza que podía generar el español, de los que fue pionero el trabajo  «Econometría de la lengua española», del científico y académico de la RAE Ángel Martín Municio , publicado en el Anuario 2001 del Instituto Cervantes. Ese mismo año, el propio Óscar Berdugo (2001: en línea) presentó en el II Congreso Internacional de la Lengua Española¹⁴ un mapa de las industrias dedicadas en la explotación del español como recurso económico (ERE):

• servicios lingüísticos: planificación lingüística, servicios lexicográficos, documentación, terminología, in-traducción y ex-traducción;

• enseñanza de español para extranjeros;

• productos editoriales para la enseñanza del español;

• tecnologías de la lengua;

• sector editorial;

• sector audiovisual;

• sector musical.

Según Berdugo, de entre estas actividades la enseñanza de español para extranjeros y las ediciones para la enseñanza del español ocupaban un lugar central.¹⁵ A continuación venía el sector de las tecnologías de la lengua, que adquiría valor por su carácter estratégico y proyección por la exitosa internacionalización de Telefónica —cuya fundación, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, patrocina desde el 2005 el proyecto «El valor económico del español: una empresa multinacional»—¹⁶ y, en tercer lugar, los sectores editorial, audiovisual y musical, con un evidente potencial de difusión internacional de la lengua y la cultura en español. Por último, se perfilaba un cuarto grupo no vinculado directamente al idioma: el de la moda, el turismo, el diseño, la gastronomía, etc., que podía beneficiarse del efecto de arrastre ejercido por la expansión de los demás sectores si se presentaban todos ellos agrupados en una «marca genérica del español o lo español» (Berdugo, 2001: en línea) y si en la promoción de dicha marca, además, se implicaban tanto instituciones prestigiosas, empezando por la Corona, como celebridades internacionales. A esta estrategia obedece, por ejemplo, el reciente nombramiento del baloncestista Pau Gasol, del banquero Emilio Botín, de la Agencia Efe, y de la científica y académica Margarita Salas como embajadores honorarios de la Marca España, en un acto presidido por el príncipe de Asturias (Agencia Efe, 25/06/2009: en línea).

Más allá de los sectores culturales, evidentemente relacionados con el idioma, estudios como el de Martín Municio (2003) o el más reciente de Girón y Cañada (2008) han ampliando la base de análisis a todos los sectores que crean empleo y riqueza por su vinculación, directa o indirecta, con la lengua. Los trabajos econométricos más recientes (Girón y Cañada, 2008: 29), recomendando prudencia sobre los resultados obtenidos, apuntan que los sectores de actividad y comercio (interior y exterior) relacionados directamente con la lengua generan, para la economía española —no para la de otros países con lengua española—, un 10,5 % del producto interior bruto (PIB) y un 10,3 % de empleo, cifras que, comprendiendo los sectores no directamente relacionados con el idioma, se convierten en el 15,2 % del pib y el 15,6 % del empleo. Estos datos, en sus resultados máximos, suelen ser aireados triunfal e imprudentemente por los adalides del nacionalismo español (entre ellos, académicos como Luis María Ansón o Gregorio Salvador), casi siempre para atacar de paso a los «estúpidos» nacionalistas periféricos, incapaces de ver las enormes ventajas de subirse al carro del español y de renunciar, cómo no, a cualquier promoción y normalización de sus lenguas. Hace pocos meses, durante una reunión de colaboración mantenida con la Real Academia Española y ya en plena crisis económica y proliferación de expedientes de regulación de empleo (ERE), el presidente de la comunidad cántabra, embarcado desde hace años en la creación de una entidad local dedicada a la explotación de la enseñanza de español a extranjeros (la Fundación Comillas), se refería así el promisorio futuro que estas cifras señalan para el español:

 

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha apuntado hoy al idioma como el «activo» de España para liderar un cambio en el modelo económico y ha afirmado que «en torno al potencial de la lengua española hay toda una industria que no tiene eres, porque es imparable». [Agencia Efe, 16/12/2009.]

Pero ¿es realmente así? ¿El sector idiomático es tan boyante y modélico que no sufre precariedad ni reestructuraciones laborales? A la luz de lo poco que suele traspasar la barrera de unos grupos de comunicación y una agencia estatal (Efe) que blindan la imagen del español, lo que se sabe es que el filón de la enseñanza a extranjeros no es tal y que la precariedad laboral es significativamente frecuente en el buque insignia de la proyección exterior del castellano: el Instituto Cervantes, creado en 1991.

En Brasil, el país donde concentra el mayor número de sedes (9), con fecha de 26 de octubre del 2009, se dictó sentencia¹⁷ contra el Instituto Cervantes (ic) en un proceso por contratación irregular de profesores, con ocultación fraudulenta de la relación laboral. Después de la sentencia, el ic firmó un Termo de Ajustamento de Conduta¹⁸ por el que se comprometía a regularizar a todos sus trabajadores a partir del 1 de enero del 2010. Poniendo al lector en necesarios antecedentes, es preciso señalar que la acusada presencia del ic en Brasil no es casual; obedece a una coyuntura en la que la diplomacia española jugó diversas bazas (cf. J. del Valle y L. Villa, 2005 y 2007): la aprobación de la ley 11161, de 5 de agosto del 2005, que, atendiendo a las necesidades de la integración sudamericana a la que Brasil pertenece (Mercosur), establecía la oferta obligatoria del español como lengua extranjera en los currículos escolares de la última fase de la enseñanza fundamental y en la secundaria; un gesto, por cierto, correspondido por Argentina hace un año (S. Senz, 20/01/2009: en línea), que ha hecho lo propio con el portugués. Por supuesto, el fallo judicial contra el ic no halló el menor eco en los medios españoles, pero sí llegó a la red en castellano (S. Senz, 27/10/2009: en línea) y destapó de paso la precaria situación laboral del profesorado de muchos otros centros, que ya tiempo atrás habían recogido algunos medios digitales independientes con estos titulares:

instituto cervantes | tras la espectacular puesta en marcha de su televisión en febrero, los informativos no llegaron a agosto

El Cervantes no se olvida de la cultura del ‘mobbing’ laboral y la subcontratación. = En febrero del año pasado era presentada con las mejores galas gubernamentales la televisión virtual del Instituto Cervantes, un “proyecto revolucionario” que pretendía exportar el valor cultural del Estado español. Pero seis meses después los grandes hitos que ha marcado se encuentran relacionados con el ‘mobbing’ laboral y las prácticas de subcontratación entre dos instituciones públicas como son el Cervantes y la Universidad Rey Juan Carlos. Dos instituciones que, además, tienen como una de sus figuras más ilustres a Carmen Caffarel, directora de la primera institución y catedrática en la segunda. [...] [Héctor Rojo Letón, 08/01/2009: en línea.]

explotación laboral en la meca del castellano

“Cada centro del Cervantes es un cortijo privado” = Las subcontrataciones y las malas condiciones laborales que se viven en el Instituto Cervantes no son una exclusiva del Centro Virtual, como atestiguan profesores colaboradores de diferentes centros. [...] [David Hamete, 22/01/2009: en línea.]

 

Unas 20 personas deciden crear el Trastero del Cervantes con el objetivo de informar sobre las ilegalidades que se cometen desde hace años. [...] [Xornal de Galicia, 18/09/2009: en línea.]

Con la sentencia brasileña regresaron, pues, a la escena pública las reclamaciones de los trabajadores organizados en las plataformas y redes sociales El Trastero del Cervantes,¹⁹ Plataforma Cervantes²⁰ y Sin conCervantes,²¹ y volvieron también a reseñarse los desencuentros entre el Instituto Cervantes-Universia/Santander y la Universidad de São Paulo (cf. J. del Valle y L. Villa, 2007: 121-122; M. Celada, 2006: en línea; S. Senz, 04/11/2006 y 16/11/2006: en línea), que Xoán Carlos Lagares (27/08/2009: en línea) resumía elocuentemente:

El plazo que la ley [11161, de 5 de agosto del 2005] se daba a sí misma para su completa implementación era de cinco años. Expira por tanto en 2010. Como el Estado brasileño no se ha esforzado mucho por hacerla realidad (por ejemplo, contratando a los profesores de español que ya están en el mercado o que salen cada año de las más de trescientas facultades que ofrecen estudios de letras orientados hacia esa lengua), el gobierno español y empresas asociadas han tomado la iniciativa, siempre de forma precipitada y arrogante. Hace dos años, por ejemplo, el Banco de Santander propuso al Estado de São Paulo formar profesores de español con un curso a distancia del Instituto Cervantes. Las universidades paulistas se opusieron con determinación a esa medida absurda que pasaba como una apisonadora por arriba de su función constitucional de formar profesores para la enseñanza regular brasileña, devaluando el título de sus licenciados.

La lectura íntegra del texto de Lagares da una idea precisa de las causas y del carácter de las objeciones a la acción del ic-Universia/Banco de Santander; objeciones hoy compartidas por otras universidades públicas, por las asociaciones de profesores de español de los estados brasileños y por la Asociación Brasileña de Hispanistas. La percepción de la actuación de estos organismos en Brasil tampoco es la mejor posible en los países sudamericanos que mantienen vínculos de interés con el gigante lusoamericano y que disponen de sus propias certificaciones de E/LE, como es el caso de Argentina. A fin de cuentas, el español no es un bien privativo de España, sino un condominio compartido por un 10 % de hablantes españoles y un 90 % de hablantes americanos, que todos deberían disfrutar (V. Colodrón, 2004: en línea).

Que no es oro todo lo que reluce en el venturoso panorama que pintan los medios españoles oficialistas para la enseñanza del español a extranjeros también lo han puesto de manifiesto emprendedores privados que tratan de sacar adelante sus propios negocios de E/LE:

 

Hace tiempo que vengo observando cierta euforia [...] oficial en torno a la lengua española, tanto si se habla de ella como recurso cultural o como fuente de negocio. Por eso, cuando días antes se anunció que el Babelia de este fin de semana iba a estar dedicado al español, empecé a sentir cierta desazón interior, preludio de un ataque de prurito nacional-lingüístico. Temía que, como en tantas ocasiones, personajes totalmente alejados de la realidad educativa hablaran de la grandeza de nuestra lengua más allá de las fronteras de ultramar... al más puro estilo Día de la Raza. Al final, la sangre no llegó al río, pero algunos de los artículos podrían haber aparecido, con unos leves retoques, en el diario Pueblo de hace, pongamos, cuarenta añitos. = En cualquier caso me llamó la atención la exageración de definir a nuestra lengua como «el petróleo español», imagen no sólo desafortunada sino absolutamente incierta. A estos glosadores de la industria lingüística les invito a que monten un centro de español y lo saquen adelante sin prebendas ni paraguas oficiales. Igualmente me dejó preocupado la vaciedad de las cifras y estadísticas, porque hay un dato fundamental que han obviado en todo el análisis: es sabido que entre el 60 y el 70 % de la facturación de este sector se debe a la iniciativa privada, ésa que ya estaba bien implantada y desarrollada antes ni siquiera de que existiera el Instituto Cervantes. [...] Y un poco menos de autobombo burocrático también sería de agradecer, al menos para dar una imagen más realista de lo que está ocurriendo con la industria del español y no crear falsas expectativas. [Francisco Herrera, director del centro La Janda International House de Vejer (Cádiz), 25/03/2007: en línea.]

Hasta el momento, en listas de correo, foros, blogs y encuentros digitales lo que he encontrado ha sido una continua queja sobre las condiciones profesionales de los enseñantes de español en todas sus posibilidades: en el ámbito privado, en el universitario, en el del Instituto Cervantes. Por ahora no he encontrado a ningún director, jefe de estudio o responsable de personal que nos enseñe el otro lado de esta realidad profesional. Como ya llevo en el sector diecisiete años y en casi todo este tiempo he dirigido mi propio centro, voy a dar mi opinión, que como dice el cliché, será absolutamente personal. [...] Lo primero que tengo que advertir es que montar y sacar adelante un centro de español es una empresa que no recomiendo a nadie en sus cabales. La competencia es tal que sólo si uno recibe capital para el blanqueo de dinero o dirige una fundación benéfica podrá decir que la enseñanza de ele es un gran negocio. Un ejemplo: hay escuelas que ofrecen a sus agentes, los intermediarios que venden cursos en los países de origen, un 50 % de comisión sobre el precio del programa. Esta cifra indica claramente que algo va mal en el sector empresarial y que, además de ser una práctica poco ética, no hay ninguna institución o entidad que ponga coto a la competencia desleal. ¿Cómo se mantiene un centro que ofrece la mitad de sus ganancias a los intermediarios? Probablemente la clave esté en que la empresa no pone mucho empeño en pagar los seguros sociales de los trabajadores, en promover la formación continua de sus profesores, en solicitar no ya un sello de calidad de enseñanza sino una simple licencia municipal de apertura. Y así podríamos seguir un buen rato. Es por eso que cuando se lanzan al vuelo las campanas del negocio del español me entra algo así como una risa floja. Pero que muy floja. [...] [Francisco Herrera, 06/06/2007: en línea.]

Pese a todo, al amparo de medios e instituciones, la idea del español como recurso económico ha seguido ganando posiciones y se utiliza efectivamente, como sugería Berdugo, para crear un referente cultural complejo de lo español (una Marca España), basado en la lengua castellana, que facilite la penetración en los mercados extranjeros de bienes y servicios no estrictamente en castellano, pero sí asociados a esa referencia. El diseño de una estrategia de marca país que impulse y defina en los mercados internacionales la política española de exportaciones y de promoción cultural y lingüística se ha basado en la línea habitual del nuevo hispanoamericanismo: mostrar al mundo una identidad compacta fundamentada en la lengua española y en la cultura hispánica, acogiendo, al mismo tiempo, la necesaria dosis de diversidad interna que permita ofrecer al exterior una imagen democrática y progresista. En el año 2003, el Instituto Español de Comercio Exterior (icex; dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, el Foro de Marcas Renombradas Españolas y la Asociación de Directivos de Comunicación (dircom), contando además con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, publicaron el Informe Proyecto Marca España, que decía responder a la necesidad de coordinar las distintas actuaciones públicas y privadas sobre la Marca España, de transmitir a las empresas e instituciones la importancia de tener una buena imagen de país, y de informarlas sobre cómo comunicar y «vender» la nueva realidad de España.²² El informe ponía de manifiesto cuál era el puntal del papel internacional de España («La presencia e importancia dada hoy a España en el mundo no es entendible sin su dimensión latinoamericana» [icex y otros, 2003: 16]), señalaba su extensión y expansión demográfica («sobre todo en Estados Unidos») como el motivo de la pujanza del idioma español, y consideraba esta coyuntura como una oportunidad que España debía perentoriamente aprovechar, asumiéndola como una política de Estado:

La estrategia de imagen de España debe ser un proyecto a largo plazo, un esfuerzo sostenido en el tiempo cuya gestión y responsabilidad se sitúe por encima de la legislatura política. Debe ser un proyecto de Estado, a partir de una estrategia definida que diseñe las distintas acciones a desarrollar, tanto en el aspecto político y comercial como en el cultural. Se ha destacado en este sentido la importancia estratégica de coordinar el esfuerzo de todas las instituciones públicas y privadas mediante un ente que tenga responsabilidad al más alto nivel, que actúe como «Guardián de la marca», con responsabilidad total y absoluta sobre estas cuestiones. En esta misma línea se ha subrayado la necesidad de actuar en el ámbito diplomático sobre las instituciones multilaterales, mediante la creación y desarrollo de lobbies específicos que representen los intereses de la marca España. La coordinación institucional de la imagen de España debe ir acompañada, además, de una estrategia común con el ámbito empresarial, y en especial, con aquellas empresas que ejercen de importantes embajadores de la marca España. [ICEX y otros, 2003: 31.]

De entre todos los elementos de la imagen exterior de España que el proyecto pretende potenciar (el capital político de España, el elemento histórico, el capital comercial y económico...), se hace hincapié en establecer una relación dominante «entre la marca España y el concepto globalizador de la lengua española» (ib.: 31). Según se considera, el prestigio mundial que se pretende alcanzar «es más fácilmente extraíble del patrimonio histórico y cultural y no tanto de la realidad empresarial», una idea que también defienden «otras instituciones como el Instituto Cervantes e incluso por el icex» (ib.: 43). Resultado de esta idea es la asunción por parte de los sucesivos gobiernos españoles de una política de proyección exterior fundamentada en la lengua, concretada en la creación y en el impulso de una serie de estructuras de apoyo repartidas entre los ministerios de Educación y Cultura, de Asuntos Exteriores y de Industria, Turismo y Comercio (el Instituto Español de Comercio Exterior, el Instituto Cervantes, la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior...) y de acciones culturales exteriores más o menos coordinadas, así reconocidas por sus máximos responsables:

El nuevo ministro de Cultura, César Antonio Molina [ex-director del Instituto Cervantes], anunció al tomar posesión de su cargo su intención de trabajar para convertir la cultura española en «el motor de todas aquellas personas que hablan y se expresan en español en todo el mundo». [Agencia Efe: 10/07/2007: en línea.]

La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, consideró «indudable» la apuesta del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por defender y extender el español, e invitó a que se sumen a ella agentes sociales, instituciones, empresas y medios de comunicación. [Agencia Efe, 09/08/2007: en línea.]

La lengua y la cultura forman parte del patrimonio más esencial de un país, en el que reside su identidad más íntima, pero también el que utilizamos para construir el mundo de valores y de significados que queremos compartir con otras culturas. = La lengua de nuestros antepasados, la misma con la que se escribieron a lo largo de los siglos el Quijote, Poeta en Nueva York o Cien años de soledad, ha alcanzado un protagonismo cultural y económico en todo el mundo inimaginable hace apenas unos años. El español se ha convertido en la cuarta lengua más hablada en el planeta, y es una de las más dinámicas: su prometedor porvenir es incuestionable. Al mismo tiempo, la cultura española ha demostrado en numerosos ámbitos su creatividad, su riqueza y su vocación universal. = Me atrevo a decir que no es casualidad que este excelente momento coincida prácticamente con los quince años que el Instituto Cervantes lleva cumpliendo de manera ejemplar su objetivo de difundir por el mundo la lengua y la cultura española. Por supuesto, el dinamismo del español es fruto de numerosos factores sociales, culturales y económicos, pero el Cervantes ha contribuido a hacer que esa expansión natural sea apoyada y fomentada al máximo por nuestro país, y que hayamos mantenido un importante protagonismo en el proceso de expansión del español. [...] = Pero, además, el Instituto Cervantes ha sabido trasladar fuera de nuestras fronteras el espíritu que ha caracterizado la historia de nuestra cultura, marcada por el diálogo, la convivencia, la apertura y el mutuo enriquecimiento. [...] Las cifras que acompañan la actividad del Cervantes son una muestra inequívoca del enorme éxito de esta iniciativa, que se ha visto afirmado en estos últimos años, en los que el Instituto ha consolidado y enriquecido su oferta lingüística y cultural, al abrirse a la riqueza que para nuestro país suponen las lenguas cooficiales y la diversidad de sus culturas. [José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, 2006: 15; la negrita es nuestra.]

Estas declaraciones del actual presidente del Gobierno son acordes con su consabido «talante pluralista», pero lo cierto es que se ajustan poco a la realidad de la promoción exterior del resto de lenguas y culturas de España. Así lo revelaban José del Valle y Luis Gabriel-Stheeman (2004c: 258), recogiendo y comentando unas declaraciones de Jon Juaristi (abc, 19/08/2003: 43):

Esta gigantesca campaña de marketing lingüístico no incluye, sin embargo, la promoción de otras lenguas peninsulares, lenguas que, por su escaso valor de cambio, no funcionan bien en el mercado lingüístico internacional. Si bien al catalán se le conceden ciertas posibilidades como lengua «comercial», «no es el caso del euskera ni del gallego... la demanda del euskera ha descendido. En el Instituto hemos sido extraordinariamente generosos en la estimación de la demanda. Hemos llegado a dar clase de euskera con dos alumnos. La rentabilidad económica no se sostiene». [...] Estas ideas, expresadas por el [entonces] director del Instituto Cervantes [...], y su consecuente proyección mediática, tienden a consolidar la asociación del español y de las lenguas en general con su rentabilidad [...].

 

Es decir, la enseñanza exterior de las demás lenguas oficiales de España sólo merece la pena en tanto rinda beneficios. Se entiende con ello que su promoción exterior no es un fin que valga la pena en sí mismo y que, además, es un coste excesivo para el Estado. En realidad, no es cierta ni una cosa ni otra. La difusión exterior de la riqueza cultural de un país es un fin que merece la pena siempre y cuando esa riqueza se sienta verdaderamente como propia y exista voluntad de mostrarla al mundo, cosa que no parece estar en el ánimo de los responsables del Instituto Cervantes —como ya vimos (§ 1.5), muchos de ellos firmantes del Manifiesto por la Lengua Común—, para quienes las demás lenguas oficiales no suman valor a España, sino que restan valor al español. Pero suponiendo que, a la hora de ofertar cursos de gallego, catalán y vasco, el imperativo presupuestario fuerce a los responsables del ic a ajustarse a criterios de viabilidad económica, ¿cómo explican que los cursos de catalán, la única lengua que, de las tres, parece gozar de una cierta demanda, estén financiados por el Institut Ramon Lull, organismo integrado en la Fundació Ramon Llull, con sede en el Estado soberano de Andorra?²³ En efecto, por convenio suscrito entre ambas instituciones en el 2004 (Prats Mora, 2006), el Institut Ramon Llull costea las clases de catalán que se realizan en las sedes del ic en el mundo, que contribuye prestando sus aulas. Y no sólo esas clases, sino también todo acto de promoción de la cultura catalana (en catalán o no)²⁴ realizado a instancias del Llull. Ni que decir tiene que la oferta universitaria de enseñanza del catalán, del vasco y del gallego en la propia España, fuera de sus territorios, es incluso más pobre. En el caso del catalán, se da la anomalía de que es más fácil estudiarlo en Alemania (posible en 28 centros universitarios), el Reino Unido (21 centros), Estados Unidos (20), Francia (19) e Italia (18), que en la propia España, donde sólo 11 universidades lo ofertan, una actitud que el director del área de Llengua i Universitats del Institut Ramon Llull atribuye a que «Desde el ámbito académico español les falta convicción y creerse que el Estado español es un estado plurinacional» (Avui, 06/02/2010: en línea). Esta falta de aceptación de la diversidad presenta la contrapartida de una fe ciega en el español, para cuya promoción no se escatiman subvenciones, por dudosamente éticas que resulten. En efecto, la asociación de los conceptos lengua española-prestigio internacional y la creciente demanda exterior de enseñanza del castellano llevan a los redactores del Informe Proyecto Marca España a proponer incluso «programas de subvención a traducciones y libros de texto de español o en español (sobre historia, etc.), que cumplan unos requisitos de imagen, por ejemplo que recojan aspectos positivos de la cultura e historia españolas» (ICEX y otros: 103); es decir, una política de lavado de cara en toda regla, por encima de cualquier consideración de rigor y verosimilitud.

Llegados a este punto nos encontramos con que el proceso de internacionalización de las empresas españolas, y la exploración y explotación de sus mercados lingüísticos marcaron el primer hito en la conformación de la necesaria base material que España requería para poder hacer valer en Europa y también ante Estados Unidos sus relaciones con América. El segundo hito, del que no puede extraerse un balance tan positivo, es la progresiva institucionalización de una largamente proyectada comunidad política, nueva versión de las diversas formulaciones realizadas por el hispanoamericanismo y por el panhispanismo de gobiernos anteriores: la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN), «un espacio político, económico, social y cultural, con proyección propia en la escena mundial» (C. del Arenal, 2008: 29). Como sus proyectos precedentes, la CIN se afirma en la existencia de lo que sus promotores consideran una comunidad supranacional de facto, basada en la existencia de un entramado de vínculos, intereses y relaciones comunes o específicas al conjunto de países iberoamericanos, que comparten además señas de identidad y nexos ideológicos con un potencial de unión latente, capaz de activarse y movilizarse si se llevan a cabo las acciones pertinentes.

El proceso de activación de esta «comunidad supranacional latente» se inició en la década de 1980, cuando surgió, por parte del Gobierno español de la Unión de Centro Democrático, la idea de celebrar una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que, aprovechando los actos de conmemoración del quinto centenario, en 1992, reuniera a los mandatarios de España y América Latina y sirviera para sentar las bases sobre las que «ir conformando un espacio común iberoamericano, basado en la historia, la cultura y la lengua, pero también en un entramado de intereses comunes de la más diversa naturaleza» (C. del Arenal: 2005: 59). Desde 1982, esta idea adquirió fuerza e impulso con los sucesivos gobiernos socialistas, que pusieron en marcha estrategias encaminadas a superar los recelos y reticencias que existían por parte americana hasta hacer posible la convocatoria de la primera cumbre, que se celebró en Guadalajara (España) en 1991. Este primer encuentro y el que se celebró sólo un año más tarde en Madrid sirvieron para iniciar una serie de programas de cooperación iberoamericana, establecieron una estructura institucional provisional y consagraron los principios operativos que debían inspirar una acción conjunta con garantías de estabilidad, efectividad, equidad, reciprocidad, respeto, cooperación y no injerencia (C. del Arenal y A. Nájera, 1990: 345-350; cits. en Sepúlveda, 1994: 321-322):

1. El principio de interdependencia, que marca la necesidad de operar de manera no coyuntural, mediante una política integradora, global y solidaria.

2. El principio de credibilidad, base de una política de Estado, por el que se apunta a una ejecución concreta, trascendente, en busca de hechos identificables y posibles.

3. El principio de continuidad, por el que se requiere el diseño de una política global y de aplicación constante, no sujeta a los posibles vaivenes de los cambios políticos, económicos o de mera simpatía entre dirigentes.

4. El principio de indiscriminación, basado en una práctica desideologizada, que mantenga en primer lugar la máxima de no intervención en asuntos internos; lo que no puede ser confundido con la indiferencia a la política intensa de los distintos estados.

5. El principio de unidad en la diversidad, que propugna la integración respetando las diversidades de cada unos de los miembros y pretende contrastar con anteriores intentos unionistas de tono paternalista y uniformador.

No obstante los buenos propósitos, las sucesivas cumbres han sido un verdadero carrusel. Las cumbres de Salvador de Bahía (1993), de Cartagena de Indias (1994), de San Carlos de Bariloche (1995) y de Villa del Mar (1996) experimentaron un acusado declive debido, sobre todo, a los ajustes presupuestarios que la crisis económica iniciada en 1992 exigió al Gobierno español, a los crecientes problemas internos de los gobiernos socialistas (escándalos de corrupción y de terrorismo de Estado) y a las crecientes dificultades que fue encontrando España para armonizar su pertenencia a la ue con su ambiciosa política latinoamericana. A lo largo de este periodo de decadencia se puso de manifiesto la importancia vital que para las cumbres «tenían el impulso y el protagonismo de España y el escaso interés que de momento los países latinoamericanos tenían en su desarrollo y consolidación» (C. del Arenal, 2005: 63). El cambio de signo político del Gobierno de España, con el triunfo de la fracción más derechista del Partido Popular y la llegada a la presidencia de José María Aznar reactivó, en un inicio, los encuentros iberoamericanos. En las cumbres de Oporto (1998) y La Habana (1999; financiada en un 80 % por España) se dio un paso adelante en la institucionalización de la CIN con la creación de un organismo permanente, la Secretaría de Cooperación Iberoamericana (Secib), que hubo de limitar su acción al campo estricto de la cooperación para salvar las reticencias por parte americana. En esta fase, además, quedó claro que la CIN cojeaba por una de sus principales patas: Brasil, que hizo evidente que su apuesta estratégica no era el reforzamiento de un espacio iberoamericano común, sino la conformación de un bloque de países de América del Sur (C. del Arenal, 2005: 93); es decir, el Mercosur y la Unasur. Pese a las intrínsecas debilidades de la CIN, el liderazgo ejercido por España durante el período Aznar era una realidad evidente que, para sostenerse, debía evitar traicionar los principios establecidos en las cumbres iniciales. Sin embargo, a partir del 2002, el alineamiento incondicional del Gobierno de España con la política internacional de la Administración Bush acabó con la observación de los principios de continuidad e indiscriminación, rompiendo el multilateralismo y la política de consenso hasta el punto de que la actuación de España en América Latina pasó desde entonces a concertarse con Estados Unidos. A pesar de que fue en el periodo 2002-2004 cuando se dio un nuevo paso en la institucionalización de la CIN con la creación de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), lo cierto es que el posicionamiento de Aznar en la escena internacional deterioró las relaciones bilaterales con ciertos países latinoamericanos hasta entonces claves en la política española y rebajó el interés de muchos participantes en las cumbres, debilitándolas de forma evidente. Cabe decir que Aznar no actuó guiado solamente por la ambición de hacerse un hueco en los libros de historia mundial; creyendo que la comunidad hispana de Estados Unidos (tan numerosa como la población de España) podía ofrecer réditos muy consistentes a los intereses de su país y del nacionalismo español, que él profesa sin mesura, viró rumbo norte la orientación de la estrategia americanista:²⁵

El posicionamiento del gobierno Aznar parece no ser del todo ajeno al valor que para los intereses empresariales españoles pueda tener la población hispana estadounidense: «[...] El señor Aznar confirmó en una entrevista que recientemente le preguntó al presidente francés Jacques Chirac si “pensaría lo mismo sobre América si su mayor comunidad étnica fuera de herencia francesa y estuviera en pleno crecimiento”» (The Wall Street Jounal, 16/09/2003). [...] el presidente Aznar expresaba así el posible papel de España en la constitución de una identidad de los latinos estadounidenses: «Quiero que los hispanos de ee. uu. sepan que tienen raíces europeas comunes y una herencia que puede ser tan sólida como la anglosajona» (ib.). Del contenido lingüístico de tal herencia no puede quedar la menor duda después de leer, más adelante en el mismo artículo, que el presidente «ve al español y al inglés como las dos lenguas más importantes del globo y quiere aprovecharse política y económicamente de ello». Las palabras de Aznar revelan con absoluta transparencia la profunda conexión entre la visión del español como instrumento aglutinador de la comunidad hispánica (española, latinoamericana y estadounidense) y los intereses que persiguen las políticas económica y exterior del gobierno español. [J. del Valle y L. Gabriel-Stheeman, 2004c: 260-262; la negrita es nuestra.]

Sin necesidad de recordar los métodos poco pacifistas que han permitido la expansión histórica del español, el apoyo del Gobierno de Aznar a la invasión de Irak ofreció, además, la mayor evidencia de hasta qué punto el español NO es por sí mismo un idioma de unión, encuentro y concordia. Así lo lamentaba Victoriano Colodrón en una de sus siempre recomendables crónicas idiomáticas (2003: en línea):

[...] qué hermosa la idea de que los pueblos y los gobiernos de los países hispanohablantes se hubieran unido para expresar una misma oposición a la guerra. Que en español, de forma unánime, se hubiera afirmado la misma voluntad de encontrar otro tipo de soluciones para los problemas, otra manera de evitar las tiranías o luchar contra ellas. Que nuestra lengua hubiera servido sólo para reclamar un marco legal internacional que ninguna gran potencia pudiera saltarse por el mero hecho de serlo y querer demostrarlo a toda costa, sometiendo al resto del mundo al dictado de su fuerza... Pero resulta que esa gran potencia es uno de los países con mayor número de hablantes de español. Y resulta también que entre los escasos apoyos que ha recibido para su exhibición de poderío militar ha estado el del gobierno de otro país hispanohablante, precisamente el que vio nacer en su suelo esta lengua en la que tantas voces se han alzado en contra de la guerra...

La inesperada llegada al poder de un nuevo Gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, dio un giro radical a la orientación del ejecutivo precedente, al acabar con el seguidismo de la Administración Bush, plantear una política exterior con ajuste a los términos del derecho internacional y con una orientación más social, y prometer una recuperación del multilateralismo y el refuerzo de las relaciones entre la ue y América Latina. Su apuesta por lograr un repunte de las cumbres cosechó frutos en las de Costa Rica (2004) y Salamanca (2005), donde se aprobó el Estatuto de la Secretaría General Iberoamericana y se nombró secretario general iberoamericano a Enrique Iglesias, una persona con larga trayectoria internacionalista, que había presidido el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D. C. y que había dado ya pruebas de su fe en el potencial del español como recurso económico durante su intervención (E. Iglesias, 2001) en el II Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Valladolid. No obstante, el conocido enfrentamiento entre el monarca y el presidente español, de un lado, y los presidentes de Nicaragua y Venezuela, Daniel Ortega y Hugo Chávez, de otro,²⁶ que ensombrecieron la cumbre del 2007 con los nubarrones de la actuación de Unión Fenosa en Nicaragua y del apoyo del Gobierno Aznar al golpe de Estado contra Chávez, puso en evidencia que había aún mucho que andar para restaurar un verdadero diálogo inter pares. Por otra parte, desde la perspectiva española, se ha criticado también la falta de dinamismo y definición de la política americanista del Gobierno Zapatero, estancado en una retórica propia de una «inane reina madre o comprensiva madre patria» (J. M. Areilza y J. I. Torreblanca, 2009: en línea), y se lo ha animado a convertirse en mediador en la región entre derecha e izquierda, desde una posición de referente del centroizquierda moderado:

 

Pero ello requiere ser crítico, tomar partido, denunciar los excesos [...]. No puede ser que la Commonwealth, teniendo como tienen sus miembros muchos menos lazos culturales entre ellos que nosotros con Latinoamérica, sea más crítica con sus miembros (véase el caso de Zimbabue). [J. M. Areilza y J. I. Torreblanca, 2009: en línea.]

La comparación con la Commonwealth establecida por Areilza y Torreblanca contrasta llamativamente con estas palabras del ministro de Exteriores español:

 

[...] la CIN aventaja a «otras organizaciones internacionales basadas en criterios de identidad similares, como la Commonwealth o la Comunidad francófona» gracias a una cercanía relativamente mayor de sus lenguas y culturas predominantes, o a que «sus señas de identidad son más sólidas y los valores compartidos más abundantes y homogéneos». [Miguel Ángel Moratinos, El País 12/10/2005, cit. en L. Varela y J. Otero, 2005: 8.]

Para Moratinos, como para tantos otros, la comunidad de facto que surge de los lazos identitarios, lingüísticos, ideológicos y psicológicos supuestamente compartidos es, por sí misma, simple garantía de éxito para la comunidad de iure que se edifique sobre ella. Y aunque a la vista está que no es de ningún modo así, las últimas cumbres han seguido promoviendo esta convicción. Así, en lo relativo a los pasos dados para la consolidación material de la comunidad idiomática, en la cumbre celebrada en Salamanca (2005) cerca de 50 rectores de universidades iberoamericanas convocados por el Instituto Cervantes anunciaron la creación de un Sistema de Certificación Internacional de Dominio del Español como Lengua Extranjera (Sicele) cuya concreción no está exenta de obstáculos y conflictos²⁷ pese a la optimista declaración de intenciones con que se presentó:

[...] respetará las variedades lingüísticas de los países hispanohablantes y, al establecer criterios de calidad y exigencia académica comunes, facilitará la coexistencia de los distintos instrumentos de certificación hoy en uso en los distintos países iberoamericanos, así como el mutuo reconocimiento de estos instrumentos por parte de las distintas instituciones. [Varela y Otero, 2005: 3.]

La cita de Salamanca fue también el escenario elegido por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española para la presentación pública del proyecto de una muy reclamada nueva gramática normativa de la lengua española (la vigente databa de 1931), basada en la noción de «“norma poliédrica”, y ya no de norma única, para la lengua común» (Varela y Otero, 2005: 3) y significativamente denominada con los apelativos de global o total, que se encuadraba en la nueva política lingüística panhispánica cuya primera plasmación había sido el Diccionario panhispánico de dudas (dpd), publicado ese mismo año y firmado conjuntamente por la RAE y la Asale. De este modo, con la aparición del dpd (2005) y, más recientemente, de los dos primeros volúmenes de la Nueva gramática de la lengua española (ngle, 2009), el principio operativo de «unidad en la diversidad» que —según la teoría— guiaba las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, se incorporaba a la norma y al funcionamiento interacadémicos.

Notas:

He optado por un armado con las dos partes anunciadas porque cuando elaboramos un proyecto educativo que afecta el espacio del lenguaje y que consideramos se inscribe en un marco político-lingüístico, es necesario explicitar este para evaluar la propuesta y comprender su alcance o las dificultades de su implementación. Es pertinente también, en ese sentido, recordar la advertencia de Robert Cooper (1997: 33) respecto de la planificación funcional de la lengua educacional: «es la que más comúnmente se ve sujeta a intensas presiones políticas».[1] Para poder enfrentarlas es conveniente conocerlas.

Planteamiento

En la etapa actual del desarrollo de la economía mundial, las integraciones regionales y la competencia entre ellas parecen asegurar su dinamismo, como en la etapa anterior lo había hecho el juego de los estados nacionales en un recorte del planeta que gozaba de cierta autonomía (Wallerstein, 1974; Braudel, 1979). Esta circunstancia impulsa, en la reflexión teórica, el establecimiento de algunas analogías entre los estados nacionales y las nuevas integraciones regionales. Así como aquellos necesitaron instaurar vínculos solidarios entre desconocidos (Anderson, 1993) y construir el pueblo de la nación a partir de un entretejido simbólico, estas deberán también configurarse ideológica y políticamente para alcanzar cierta necesaria unidad. Jürgen Habermas (2000: 133) señala al respecto:

En los estados europeos del siglo XIX, la conciencia nacional y la solidaridad social solo se crearon progresivamente, con la ayuda de la historiografía nacional, las comunicaciones de masas y el servicio militar obligatorio. Si aquella forma artificial de «solidaridad entre desconocidos» surgió gracias a un esfuerzo históricamente decisivo de abstracción de la conciencia local, dinástica, hacia una conciencia nacional y democrática, entonces ¿por qué ha de ser imposible ampliar ese proceso de aprendizaje más allá de las fronteras nacionales?

En el caso latinoamericano, esto se ve facilitado porque esa unidad fue pensada diversamente y con diferentes mapas imaginarios desde las guerras de la independencia hispanoamericana (Arnoux, 2005). Sin embargo, esa tradición no es explotada por el Mercosur, que es el espacio integrado más consolidado en América del Sur. En cambio, sí lo hace la Unión Europea, que es una de las integraciones que se afirma políticamente como tal, ya que el Nafta se presenta como un mero y transitorio Tratado de Libre Comercio de América del Norte que busca realizar el ALCA, o Área de Libre Comercio de las Américas. La Unión Europea, a pesar de no contar tan nítidamente con un imaginario identitario previo y haber vivido en su historia no tan lejana enfrentamientos sangrientos, construye —tal vez por su posición privilegiada en la nueva economía mundo— enérgicamente su unidad desde las instituciones comunitarias. Siguiendo la analogía con los estados nacionales, podemos decir que en el caso latinoamericano está presente, como representación de unidad, la comunidad de destino (Bauer, 1979) o la nación cultural ancladas en la historia compartida y, en el otro, interviene la imagen de la nación política construida desde un aparato «estatal» supranacional que la activa (Hobsbawm, 1992). Pero, también, podemos pensar que las diferencias en cuanto al vigor de las acciones conscientes y sistemáticas se deben a la posición periférica de una, frente a la de la otra que se prepara para competir por el centro, tal como lo entrevé Wallerstein (1999: 83):

[...] los dos polos de potencia más verosímiles serán: uno el eje Japón-Estados Unidos, al cual se vinculará China, y un eje paneuropeo, al cual se ligará Rusia […] el Sur se verá marginalizado más aún a excepción de cierto enclaves dispersos.

De allí la fuerte tendencia de algunos sectores latinoamericanos a integrar el ALCA como modo de estar más cerca de uno de los posibles centros, que además se presenta, actualmente, en la escena mundial con un notable poder de decisión que se materializa, entre otros, en las ofensivas en el campo militar. La otra posición, que promueve la integración de países latinoamericanos ha cristalizado en dos formulaciones más recientes: la Comunidad Sudamericana de Naciones y el ALBA (Alternativa Bolivariana para la América), que tratan de acentuar la dimensión política, establecer una distancia —que puede ser solo táctica, pero distancia al fin—[2] frente a Estados Unidos, y recuperan la imagen, que atravesó dos siglos de vida independiente, de la gran nación fragmentada que debe ser restablecida.

Tanto el Mercosur como la Comunidad Sudamericana o el ALBA deberán construir un entramado ideológico que anude lazos fraternos con los que resolver internamente conflictos y diferencias de desarrollo económico zonal y mantener el espacio integrado.[3] Para ello, se requieren diversos modos de conocimiento del otro próximo, que lo valoren culturalmente y que lo hagan —en términos cristianos, si queremos— su prójimo. Las políticas lingüístico-culturales son, en ese sentido, fundamentales.

En esta exposición me referiré, entonces, luego de desplegar algunos aspectos de la integración regional que acabo de enunciar, al proyecto referido acerca de la enseñanza de las lenguas mayoritarias sudamericanas en la escuela media. Adopto una perspectiva glotopolítica,[4] es decir, aquella que se interesa por analizar cómo las intervenciones en el espacio del lenguaje y las representaciones asociadas con sus distintas instancias son resultado e inciden en la conformación, reproducción o transformación de las relaciones sociales y de las estructuras de poder tanto en el ámbito local y nacional como regional y planetario. Las propuestas de planeamiento lingüístico que se realizan en ese marco y que afectan a distintos tipos de instituciones suponen, de parte del que las afirma, cierto compromiso militante con el decurso que considera legítimo para el espacio político al que se destinan,[5] a diferencia de otros planteos más técnicos que se apoyan con mayor comodidad en presupuestos hegemónicos y que, por lo tanto, no consideran necesario discutir la función política de las lenguas y de su enseñanza. En ese sentido y en relación con el armado de los currículos, Macedo, Dendrinos y Gounari (2005: 53) destacan, en palabras que compartimos: «es importante para los responsables del diseño de los currículos politizar las cuestiones de enseñanza de lenguas extranjeras; preguntar, por ejemplo, qué conocimiento de qué lengua es legítimo, la lengua de quién es lo suficientemente importante como para ser incluida en el currículo, por qué y en qué términos».

Integración regional y geografías imaginadas

En un artículo reciente, Heriberto Cairo Carou (2004/2005) se interrogaba, desde una perspectiva geopolítica, acerca de las identidades supranacionales en América Latina. Señalaba que, a diferencia de la Unión Europea, donde se podía identificar una identidad englobante europea, en América Latina era difícil encontrarla porque convivían diferentes identidades supranacionales. Esto lo atribuía, por una lado, a que «no solo los procesos de integración están menos desarrollados que en Europa sino que existen diversos y, posiblemente, alternativos procesos de integración, que pueden dar lugar a identidades diferentes; el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Comunidad Sudamericana de Naciones, por ejemplo». Por otra parte, —señalaba el mismo autor— hay proyectos de naturaleza diferente que «conformarían identidades más amplias que la latinoamericana: el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o la Comunidad Iberoamericana de Naciones», y existiría incluso una identidad transnacional panamerindia, Abya Yala, que cuestionaría la identidad latinoamericana en tanto «continuidad de la “colonialidad del poder”». En todos los casos, son distintas las representaciones del espacio o las «geografías imaginadas».

Observando la cuestión desde el sur, debemos señalar, retomando en parte lo dicho antes, que del conjunto de proyectos enunciados, cuyos intereses y alcances son diversos y que en algunos casos son complementarios y en otros excluyentes, dos tienen una respetable antigüedad y se inscriben en la historia de nuestras luchas políticas: el panamericanismo con su versión actual, el ALCA, y el latinoamericanismo con su formulación actual, la Comunidad Sudamericana de Naciones. El primero tiene definida imaginariamente su geografía final aunque los avances sean irregulares[6] y progrese ahora a ritmo de acuerdos bilaterales de diversa amplitud. Y el segundo expone un recorte posible en el estado actual del proceso económico-político, ya que lo cerca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye México y tiende a integrar países centroamericanos. Los desajustes entre geografía y voluntad política e, incluso, las vacilaciones ligadas a la inestabilidad de los procesos que vivimos se expresan en el ALBA, que en el juego entre semejanza y diferencia fónica muestra al mismo tiempo su relación —es una respuesta al ALCA— y su distancia —es una alternativa—; por otra parte, al poder ser leído «el ALBA» como un lexema independiente, retoma el reiterado imaginario revolucionario de la luz primera que avanza inexorablemente, con lo cual vincula la voz con la extensa tradición de las revoluciones democráticas. Si la Comunidad Sudamericana de Naciones excluye el tono eufórico, el ALBA lo estimula. Así, Fernando Ramón Bossi, secretario de organización del Congreso Bolivariano de los Pueblos, en el foro que se realizó en Mar del Plata (3/11/2005), le asignó los siguientes atributos: proyecto histórico, creación heroica, sostenido en las potencialidades de América Latina y el Caribe, apoyado en valores anticapitalistas, construcción popular, capítulo del proceso revolucionario mundial, forma de integración que no parte de lo mercantil, herramienta política, programa de la Revolución Latinoamericana Caribeña, salto estratégico a una nueva etapa (Bossi, 2005). Es interesante observar cómo los sintagmas definitorios abrevan en la «modernidad de liberación» —en términos de Wallerstein (1999)—, que reivindica una democracia «sustancial» y encuentra una de sus formulaciones en el socialismo, y que desde los países periféricos implicó históricamente, en sus variadas manifestaciones, que solo se alcanzaría la modernidad tecnológica si se accedía a la modernidad de liberación.[7] La vuelta a esta última, en el intento de participar de otra manera en la creación de un nuevo orden mundial,[8] muestra una vez más como opera la ideología, anclando en imágenes del pasado las tareas del presente. El sentido histórico que alcance y sus límites dependerán de procesos económico-sociales complejos y de las transformaciones operadas en el campo cultural, pero también de la relación de fuerza política que se construya.

La Comunidad Sudamericana de Naciones y el ALBA se inscriben en la serie de mapas imaginarios dependientes de las situaciones que los diseñaban y articulados con cristalizaciones designativas diferentes que han acompañado las propuestas de integración de los países latinoamericanos. En la etapa de la independencia respecto del poder español, Hispanoamérica era la manera de designar el espacio integrado por los países que habían hecho su revolución e instaurado un sistema republicano. La exclusión de Brasil se justificaba porque era un imperio cuyos vínculos con la reacción europea representada por la Santa Alianza se temían. Pero la integración de Brasil a ese espacio mayor comienza, aunque tímidamente, a mediados del siglo XIX (Arnoux, 2006b). En el interior de Brasil, también en relación con las luchas políticas internas que incluyeron avances republicanos en distintos estados (Vayssière, 2001: 46), se plantearía el tema del vínculo con los países hispanoamericanos y, a la vez, el de las distintas regiones interiores.[9] América Latina surge como una mirada externa para diferenciarla de la América sajona, pero expone desde el sur el enfrentamiento con Estados Unidos, que se hace visible a partir de la anexión de los territorios de Texas y California, y que permanecerá hasta la actualidad. Nuestra América mestiza dará cuenta a fin del siglo XIX, desde la Cuba de Martí, de la diversa conformación étnica de la población y de su necesario vínculo con las luchas populares y anunciará el proceso de notable aumento de la población mestiza a lo cual se refiere Darcy Ribeiro, en su obra sobre la Patria Grande (1986: 76) cuando afirma que pasaron de siete millones en 1825, a setenta millones en 1950 y que «crecen tan rápidamente que pueden alcanzar trescientos millones en el año 2000».[10] Indoamérica surgirá ligado al APRA peruano y acentuará la importancia de los pueblos originarios en la conformación de una identidad colectiva. Patria Grande se propondrá como un sintagma más abarcador que no se define étnicamente y prefiere acentuar la dimensión emocional y el gesto utópico.

Todas esas designaciones han sido enunciadas desde lugares nacionales y sociales distintos pero en todos los casos han mostrado la voluntad de una integración que supere los marcos de los estados nacionales tal como se habían ido construyendo,[11] visualizados incluso como quiebres dentro de esa unidad primera. Las dificultades de concretar este proyecto compartido por sectores importantes de los diferentes países se debe fundamentalmente —reitero— a la debilidad de una región periférica dentro de la economía mundo y a la proximidad de un país central como Estados Unidos, que aspira a fijarla en su condición de mercado cautivo. La activación de una identidad colectiva que ancle en un espacio regional se ve facilitada por esas múltiples resonancias históricas, pero requiere acciones en diversos campos para que encarne en los sujetos y oriente su conducta pública. Al respecto es significativo lo que desde una perspectiva chilena afirma Juan Larrain (2006: 83) al referirse a «las debilidades de la identidad latinoamericana»:

No solo le falta una base popular más fuerte, sino que, sobre todo, le falta el apoyo efectivo de las clases dirigentes, cuyo discurso público ha sido por mucho tiempo nacionalista y subraya más las diferencias que las concordancias con otros países del área. De allí que por mucho tiempo el discurso integracionista en América Latina ha sido meramente retórico y pocas veces se ha transformado en hechos concretos.

Algunas de las acciones destinadas a afianzar el imaginario colectivo de la integración deben ser realizadas en el ámbito educativo e involucran a las políticas lingüísticas no solo por la función cultural de la enseñanza de la lengua, sino por el poder de esta en la construcción de subjetividades. En relación con la política de la lengua en general, Louis Guespin (1985: 14) señala que esta «solo tiene interés si está destinada tanto a regular el lenguaje en función de la sociedad, concebida como anterior y jerárquicamente superior a él, como a permitir al lenguaje cumplir su papel de constituyente, a menudo esencial, de las comunidades sociales y de personalidades».

En ese sentido, es ineludible en el momento actual pensar la política lingüística que debe desplegarse en las escuelas en relación con el español, el portugués y las lenguas amerindias (Arnoux, 2006, a).

Políticas lingüísticas en Sudamérica respecto de las lenguas mayoritarias

Es un lugar común en Argentina, como señalé al comienzo, contrastar las decisiones programáticas del Mercosur educativo con las acciones a que ha dado lugar. Si bien el Gobierno ha encarado, particularmente en la enseñanza primaria, algunos proyectos en la ciudad de Buenos Aires y en zonas de frontera, y el número de profesorados de portugués ha aumentado a nivel nacional en relación con un interés creciente por seguir dicha carrera como una salida laboral posible, esas medidas son insuficientes en el sentido de «establecer planes de enseñanza-aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur», como lo señala el Programa de Acción del Mercosur hasta el año 2000 o lo que establece el compromiso de Gramado: «Difundir la enseñanza de las lenguas oficiales del Mercosur en los sistemas educativos, promover la formación de docentes para tal fin y favorecer el desarrollo de programas de educación intercultural bilingüe».

Recientemente se han realizado experiencias loables, como la actualización docente de profesores argentinos de portugués en Brasil y de profesores brasileños de español en Argentina, así como se han reconocido los certificados de proficiencia en cada lengua otorgados por el país respectivo pero su incidencia en el sistema educativo nacional es limitada.[12]

Por otra parte, es habitual contrastar la diferencia con la política brasileña. En Brasil, por ejemplo, se ha aprobado un proyecto de ley, de importancia indudable, que hace obligatoria la oferta de la disciplina Lengua Española en las escuelas de enseñanza media, lo que no solo incide sobre este sector de la población sino que, además, estimula el ingreso a los profesorados de español. Las razones que se dan respecto de esta diferencia son diversas, desde la que señala una tradición de mayor compromiso de la burguesía brasileña con las políticas nacionales hasta la que remite al hecho de que Brasil es el único país latinoamericano cuya lengua oficial es el portugués frente a 18 países latinoamericanos para los cuales la lengua oficial es el español y que los hablantes de español duplican a los de portugués. A esto último se agrega la confianza en el desarrollo internacional del español que, para algunos, es la lengua que tiene el mayor crecimiento en la escena mundial, mientras que otros afirman que en conjunto con el inglés constituye la «coalición lingüística»[13] que se perfila por su carácter complementario como la opción mundial mejor ubicada.

Más allá de estas observaciones, lo real es que no se manifiesta una voluntad de aproximarse al conocimiento de los otros países que participan en el proyecto de integración regional a pesar de que el Plan Trienal del Sector Educativo del Mercosur (1998-2000) incluye en su Área Prioritaria I, el «desarrollo de la identidad regional por medio del estímulo al conocimiento mutuo y a una cultura de la integración».[14] El desconocimiento de la otra lengua mayoritaria es solo un índice de las dificultades de construir un espacio integrado que se consolide políticamente. Como ejemplo ilustrativo de esta dificultad y del «olvido» —entre lo local y lo global— de lo regional, es la propuesta de Juan Godenzzi (2002), en un documento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, respecto de los aprendizajes lingüísticos de un peruano hispanohablante: este, «además del desarrollo de su lengua materna, debiera adquirir una lengua originaria como el quechua, que le abra a la riqueza de la cultura andina; y una lengua como el inglés o francés, que le posibilite transitar por otros circuitos de gran amplitud». Este documento iberoamericano muestra como para algunos no es visible el espacio sudamericano como marco de orientación de las decisiones político-lingüísticas y que la comunidad lusófona no alcanza, desde esas posiciones, ni siquiera el rango de «comunidad lingüística vecina» que genere una alternativa en el campo educativo, a pesar de la recomendación previa al ejemplo citado:

resulta válida la recomendación de que se promueva el manejo generalizado, por parte de los hablantes, de al menos tres lenguas: la lengua materna, la lengua de la comunidad lingüística vecina, y una lengua de amplio alcance internacional. Y eso porque de ese modo se cubre un espectro realmente global sin olvido de lo local.

Esta invisibilidad del portugués para el área hispanohablante solo se resuelve, más allá del efecto que los emprendimientos turísticos o comerciales puedan tener, con una política cultural de la lengua encarada consciente y sistemáticamente por los países de la región. El fragmento citado muestra, por otra parte, una estimable sensibilidad respecto del papel de las lenguas amerindias en la educación. Hay que destacar que a partir del reconocimiento, consagrado por las constituciones hispanoamericanas de las últimas décadas,[15] de las lenguas de los pueblos originarios, los programas de educación intercultural bilingüe han tenido un fuerte desarrollo, a diferencia de los programas en relación con el portugués, fenómeno que merecería también una explicación glotopolítica.

Cuando se señala la diferencia con la Unión Europea, se atribuye, como hemos visto, a que en este último caso la identidad supranacional se articula con el espacio territorial, espacio que, sabemos, ha variado considerablemente a lo largo de estos últimos años. A pesar de esta confianza que no tiene en cuenta que las identidades se construyen también políticamente, que se sostienen con mayor o menor seguridad por su posición relativa en la economía mundo contemporánea y que el territorio está atravesado por alternativas políticas como fue evidente en el último plebiscito respecto de una constitución europea, lo cierto es que la Unión Europea busca construir con medidas de envergadura un imaginario colectivo que debe enfrentar los restos de por lo menos dos guerras mundiales. Estas medidas se manifiestan sobre todo en los medios —con emprendimientos comunes—[16] y en los sistemas educativos con políticas «europeas» de enseñanza de lenguas y con transformaciones significativas en los programas de ciencias sociales.

Cuando Cornelius Castoriadis (1986) se preguntaba qué mantiene unida a una sociedad, respondía que «es el complejo total de sus instituciones particulares» y al abordar el problema de «¿cómo aseguran las instituciones su validez efectiva?» señalaba que:

Superficialmente y solo en algunos casos, lo hacen mediante la coerción y las sensaciones. Menos superficialmente y de manera más amplia, mediante la adhesión, el apoyo, el consenso, la legitimidad, la creencia. Pero, en última instancia, lo hacen mediante la formación (elaboración) de la materia prima humana en individuo social, en el cual se incorporan tanto las instituciones mismas como los «mecanismos» de perpetuación de tales instituciones.

La Unión Europea está más afianzada que la Comunidad Sudamericana de Naciones o el Mercosur en esa construcción de la subjetividad propia del nuevo espacio político, gracias a la implementación de significativas acciones institucionales.

Habíamos señalado que Latinoamérica cuenta con una larga tradición de pensar su unidad, lo que la ubicaría en una posición privilegiada para afianzar un proceso de integración. Sin embargo, esta posición vinculada con sectores de la vida política que se afirma tradicionalmente en las luchas populares y para los cuales la posibilidad de un desarrollo autónomo pasa por la integración con los países hermanos, enfrenta otra, dominante sobre todo en la década del noventa, para la cual la integración con Estados Unidos —recordemos— es el camino más viable y simple. Es decir que nuestra integración regional sufre los avatares de disímiles relaciones de fuerza y que las indecisiones en el campo lingüístico y educativo expresan el estado actual de esa lucha entre dos posiciones que, muy sintética y esquemáticamente, podemos considerar como una para la cual la integración latinoamericana, a pesar de que los límites espaciales sean móviles, es la única posibilidad de completar la revolución democrática y asumir autónomamente las decisiones sobre el destino común de los pueblos de la región, y otra para la cual esta integración es solo un paso desgraciadamente necesario para concretar la otra, la verdadera, que es la continental y que nos permitirá acceder libremente a todos los beneficios de la globalización.

En los últimos años, con la crisis de las políticas neoliberales[17], ha parecido afianzarse en Sudamérica la primera posición que, al mismo tiempo, revitaliza el indoamericanismo y el mestizaje[18] de los movimientos populares del siglo XX en su inscripción en un proyecto nacional antiimperialista y que desestima los modos de ver lo étnico derivados —como señalan Bourdieu y Wacquant—[19] de la proyección de la realidad norteamericana a nuestro continente. Es en ese marco de pensamiento en el que el proyecto que presentamos se cobija. Tiene en cuenta, por otra parte, la Decisión n.° 9 del Programa de acción del Mercosur hasta el año 2000, que establece en su artículo 3.5 que «El objetivo permanente en el área educativa deberá ser la mejora de la calidad de la educación de los estados partes, incorporándole una dimensión cultural y lingüística. Asimismo se deberá profundizar la integración educativa».

La red de colegios secundarios bilingües español/portugués

Hace alrededor de diez años, en ocasión de un encuentro de educadores e investigadores en Sociolingüística, esbozamos un proyecto de red de colegios secundarios bilingües español/portugués dependientes de las universidades e institutos de nivel superior del Mercosur.[20] La propuesta consideraba que la red abarcara instituciones de nueva creación o ya existentes; que esta enseñanza bilingüe pudiera ir inicialmente desde el séptimo al duodécimo año de escolaridad; que los colegios tuvieran programas de estudio y sistemas de evaluación comunes, que permitieran a los alumnos continuar de inmediato sus estudios en los diversos países en caso de traslados; que los programas de estudios incluyeran, por lo menos, otra lengua además del español y el portugués; y que las experiencias pedagógicas que se realizaran dieran lugar a investigaciones cuyos resultados pudieran ser transferidos a otros ámbitos del sistema educativo de la región. En los considerandos se señalaba, además de razones ligadas a la pedagogía de lenguas y a la importancia de los aprendizajes lingüísticos en el desarrollo metacognitivo de los estudiantes, los esfuerzos de los países del Mercosur tendientes a una integración cultural y política y la importancia para la integración cultural del intercambio regional de docentes. Asimismo, se planteaba la necesidad de colaborar en la formación de un plantel de funcionarios, políticos y técnicos capaz de manejarse con soltura en ambas lenguas y conocedor de la realidad regional y del entramado cultural que le es propio. Pensemos que el Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur (Protocolo de Ouro Preto, de 1994) dice: «Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada reunión» y le asigna a la Secretaría Administrativa la obligación de realizar «las traducciones auténticas en los idiomas español y portugués de todas las decisiones adoptadas por los órganos de la estructura institucional del Mercosur».[21] Es evidente que si se desea impulsar una participación más democrática en los organismos comunes y evitar errores de «intercomprensión» en decisiones de peso que comprometen el destino de los países miembros sería deseable una ampliación significativa del número de aquellos que tienen un dominio en ambas lenguas. La propuesta cerraba los considerandos diciendo:

Que por todo ello se deben impulsar los esfuerzos educacionales realizados hasta ahora en los distintos países del Mercosur mediante un proyecto de elevada calidad académica que nuestros institutos superiores pueden concretar, no solo porque están abiertos a la reflexión pedagógica innovadora y crítica, sino también porque aquellos que tienen colegios secundarios han hecho de ellos centros de renovación educativa que han funcionado, en muchos casos, como escuelas de aplicación para la formación de profesores y como modelo para las otras instituciones educacionales.

Era la época del neoliberalismo eufórico y no existía la voluntad de afianzar cultural y políticamente la integración regional, a la que se consideraba solo un espacio mercantil que fuera el escalón para la posterior integración continental. Por otra parte, las universidades e institutos superiores no contaban con recursos propios que les permitieran encarar una tarea de tal envergadura, ni estaba la comunidad académica suficientemente sensibilizada como para hacer suyo el proyecto.

Creemos que la situación ha cambiado y que con la ampliación del Mercosur se tiende a reforzar la integración cultural y política, lo que ha llevado a que, si bien en ámbitos todavía universitarios, se aprecie la posibilidad de un proyecto de este tipo. Recientemente en Buenos Aires, en la reunión de la Cátedra Libertadores, que se ha abierto en la Universidad de Buenos Aires, Mar del Plata y del Comahue, la Universidad Latinoamericana y del Caribe y la Universidad Bolivariana de Venezuela, y que busca constituirse en una red regional que incluya proyectos de posgrado en temas vinculados con integración y pensamiento crítico, se discutió el proyecto y las posibilidades de implementarlo. Me referiré entonces, rápidamente, a los resultados de esas discusiones.

Por un lado, se enfatizó el interés de que la lengua no materna, español o portugués, según los casos, fuera lengua de enseñanza en, por lo menos, los dos últimos años de la escuela secundaria hasta que progresivamente, si avanzaba el programa bilingüe en la escuela primaria, se ampliara a todo el ciclo secundario, lo que fue considerado mayoritariamente lo más deseable. En este aspecto, el sistema de enseñanza superior podría colaborar estableciendo un programa de becas doctorales para egresados de universidades de la región, que incluyera como obligación el dictado de un número de horas en las escuelas de la red. Esto se debe a que la objeción constante a proyectos de este tipo es que no se cuenta con docentes preparados en las distintas asignaturas y con un dominio de la lengua de enseñanza cuando esta es otra que la del país en la que el establecimiento educativo está ubicado.

En cuanto a la enseñanza del español y del portugués, en tanto lenguas próximas, se recomendó una didáctica que facilitara el paso de los conocimientos adquiridos en una a la otra, a partir de programas armonizados, para lo cual se debería requerir el apoyo de expertos en la elaboración de los contenidos de las disciplinas lingüísticas. Este objetivo se logra además, en términos generales, con un entrenamiento adecuado de alumnos y profesores en la puesta en contacto sistemática de las dos lenguas, en el relevamiento de semejanzas y diferencias, y en la proyección de conocimientos gramaticales y textuales de un conjunto discursivo a otro.

En cuanto a la tercera lengua, se propuso dejar abierta esa posibilidad para que operen los requerimientos de cada Estado y los acuerdos bilaterales en los cuales podía estar inscripto. Si bien el inglés se avizoraba como esa tercera lengua, fundamentalmente por los vínculos continentales, no se excluían otras posibilidades. Recordemos que desde distintas latitudes se advierte la erosión del rol político de los Estados Unidos en el sistema mundial, rol al que se asocia claramente el desarrollo del inglés, y que David Graddol (2004) señala, por un lado, la disminución progresiva del 9% al 5% en el 2050 de «la población mundial que creció hablando inglés como lengua primera» y, por el otro, el aumento progresivo del árabe y la posición estable del chino con mayor número de hablantes nativos.

Respecto de las lenguas amerindias, se consideró que cada Estado debía decidir cuál, y los modos de su inserción en el programa escolar enfatizando la importancia de aquellas que son oficiales (guaraní, quechua, aymara) y/o comunes a varios estados. Se recalcó que el aprendizaje de ellas debía ser realizado por todos los estudiantes de la escuela en que se implemente, tengan o no un conocimiento previo, y asumido como un aspecto importante de la construcción de una identidad colectiva latinoamericana.

Por otra parte, se resaltó la necesidad de que la política lingüística se acompañara de una política cultural explícita que impulsara enérgicamente el conocimiento de la región en su diversidad para que se construyera una identidad no idealizada, sino viviente y compleja. Debemos reconocer que las políticas lingüísticas, si bien son necesarias para afianzar una identidad común, son insuficientes, particularmente en el mundo actual en el que presenciamos por la expansión de los circuitos comunicacionales la exposición de los mismos contenidos culturales «globales» en diferentes lenguas; de allí que en la planificación educativa se deben articular políticas lingüísticas y culturales. Retomo como pertinente para nuestra perspectiva el primer tramo de una definición de políticas culturales que expone García Canclini (2001): «el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social»[22]. Si bien luego este autor propone ampliar el concepto teniendo en cuenta «el carácter transnacional de los procesos simbólicos y materiales en la actualidad», como nuestra propuesta se engloba en la acción estatal en un espacio supranacional y, fundamentalmente, afecta al sistema educativo público, la reflexión primera nos resulta adecuada.

A esa política cultural que se nutra en el conocimiento del otro deberían atender, en este espacio educativo, programas unificados de historia, geografía y literatura. En este punto también las universidades podrían hacer su aporte participando en la selección de los temas que se deberían abordar en cada nivel desde una perspectiva latinoamericana y colaborando en la preparación de los textos didácticos. En cuanto a los programas de instrucción cívica, estos deberían atender al desarrollo de una conciencia latinoamericana solidaria y democrática en la que se sostuviera una nueva ciudadanía y que permitiera a los jóvenes en su vida adulta participar adecuadamente en las instancias políticas regionales. Al respecto, es adecuada la observación de Giroux (2001: 53): «desafiar al neoliberalismo también exige nuevas formas de ciudadanía social y de educación cívica que encajen en las vidas y luchas diarias de las personas […]. Desafiar a la hegemonía neoliberal como forma de dominación es esencial para exigir una noción alternativa de la política y reinterpretar la relación entre la agencia política y la democracia sustancial».[23] En esa lucha ideológica, la escuela como otros organismos estatales o de la sociedad civil, constituyen un espacio fundamental para alcanzar colectivamente una «unidad cultural-social»[24].

En los últimos cursos, a las orientaciones científica o humanística, se podrían agregar otras más técnicas si la región en la que está inserta la escuela lo requiriera. Pero en todos los casos la formación deberá tender al desarrollo de un pensamiento capaz de establecer vínculos entre dominios disciplinares y entre saberes provenientes de distintos campos. Las humanidades y la cultura científica deberán articularse dejando de lado la hiperespecialización (Morin, 2000; 2002).

La finalización de los estudios podría asociarse a un diploma de bachillerato latinoamericano, reconocido por todos los países del área para ingresar en los estudios superiores. Por cierto que cada establecimiento deberá destinar parte del horario escolar a contemplar los requerimientos nacionales por nivel que pudieran no haber sido considerados en la programación general.

En cuanto a la implementación de un programa de este tipo debe encararse necesariamente desde los ministerios de educación[25] aunque el apoyo de las universidades sea imprescindible. Debemos señalar como un dato auspicioso que el Plan Trienal del Sector Educativo contempla la posibilidad de construcción de redes y programas educativos de cuño regional, que pueden implicar movilidad de estudiantes y profesores. Como un emprendimiento de estas características exige fondos propios, estos podrían provenir no solo de los presupuestos estatales sino también de las empresas latinoamericanas que extraen riquezas de la región, producen industrialmente y comercializan en nuestros países.

Un proyecto como el esquemáticamente descrito puede llevarse a cabo si existe la voluntad política de hacerlo y si los funcionarios que deben ejecutarlo están convencidos de «la importancia de la lengua como recurso social», tal como lo plantea el enfoque sociolingüístico de la planificación (Fasold, 1996: 391). Patrick Dahlet, respecto de otra situación, la caribeña, subrayaba la importancia del papel de la clase política: «forzoso es reconocer que la transformación plurilingüe de la institución educativa […] depende en última instancia de la lectura y de la interpretación que el nivel político haga de la transmisión de las lenguas y de lo que está en juego en ello» (Conseil de la Langue Française, 2001: 29). [26] En nuestro caso, lo que está en juego es el éxito de una integración que aparece como periférica en la escena mundial. En relación con la incidencia del sostenimiento estatal de los emprendimientos de cooperación regional, Theotonio dos Santos (2004) señalaba «Uno se ve obligado a constatar que la identidad cultural del “latino”, como dicen los estadounidenses, es una fuerza moral profunda que gana especial consistencia cuando recibe soporte estatal».

En otro orden de cosas, creemos que el trabajo intelectual que van a implicar las decisiones pedagógicas y la preparación de material didáctico tendrá un efecto no desdeñable en los sistemas educativos nacionales. Al mismo tiempo los establecimientos de la red podrán convertirse en espacios de experimentación y actualización pedagógica y podrán llevar a sus respectivas zonas de influencia un conocimiento de aspectos significativos de la cultura latinoamericana.

Conclusión

El proyecto de la red de escuelas secundarias bilingües español/portugués se inscribe, como hemos señalado, en un proyecto de integración de los países de la región, cuyos límites geográficos dependerán de los procesos en curso y que tiene como imaginario colectivo de base Latinoamérica y se afirma ahora territorialmente en Sudamérica.

En este momento en que el desarrollo del capitalismo exige la articulación de porciones del planeta mayores que los Estados nacionales, nos encontramos con una situación favorable para afirmar el viejo impulso a la reconstrucción de lo que se ha pensado como una nación fragmentada. Pero esto impone la implementación de medidas amplias y enérgicas en el campo cultural y lingüístico. Y la educación es, por cierto, un espacio donde se pueden poner en marcha «estrategias históricas de largo plazo».[27]

A la comprobación entusiasta de Enrique Iglesias, en el II Congreso Internacional de la Lengua Española, acerca de que «las elites latinoamericanas se están socializando en el inglés como segunda lengua y en la condición americana como segunda cultura»,[28] podemos plantear otra posibilidad: la formación de nuestros jóvenes en un bilingüismo español/portugués y en su condición de latinoamericanos como pertenencia cultural primera.

Elvira Narvaja de Arnoux

Instituto de Lingüística

Universidad de Buenos Aires

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Las expresiones que el título destaca (“la lengua es la patria”, “nuestra lengua es mestiza” y “el español es americano”) activan en los hispanoamericanos representaciones asociadas a distintos momentos de su propia historia. Son condensados ideológicos que facilitan las identificaciones identitarias, porque apelan al amplio imaginario colectivo nacional, al de esa nación fragmentada que debe ser restablecida por mandato de los próceres de la Independencia y que es “nuestra América mestiza”, en términos de Martí (Sorel, 1968: 304). En este trabajo[1] nos proponemos analizar cómo estos ideologemas[2] atraviesan diversamente los tres Congresos de la Lengua Española y se afirman en el tercero operando en su tránsito de desplazamientos semánticos y proyectándose sobre otros referentes. Su eficacia discursiva se debe a que hacen aceptables esos cambios “significativos” convocando resonancias emocionales pretéritas.

Para la explicación de esos desplazamientos, que consideraremos en la segunda parte del artículo, es necesario abordar antes la problemática de las políticas lingüísticas de áreas idiomáticas, en su tensión y ajustes con los requerimientos de las integraciones regionales, los estados nacionales y la globalización. A ello nos dedicaremos en la primera parte del trabajo, ilustrado con el III Congreso Internacional de la Lengua Española. Nos inscribimos, así, en un campo de reflexión glotopolítico[3] atento al estudio de las ideologías lingüísticas[4] en relación con los procesos sociales y económicos en los cuales emergen, que son los que explican no solo su aparición sino también sus filiaciones, desplazamientos y posiciones en conflicto. Los materiales utilizados en el presente estudio son las palabras de los participantes a los congresos de la lengua española y notas periodísticas referidas a estos, pero aquellos pueden extenderse, según los requerimientos de las investigaciones que se realicen, a los instrumentos lingüísticos (gramáticas, diccionarios, artes de escribir, manuales de estilo, textos de enseñanza de la lengua) y a ensayos de diverso alcance que tematicen el lenguaje y las prácticas discursivas con él asociadas. El interés por la articulación de los textos con las condiciones sociohistóricas de producción lleva a apelar a recorridos propios del análisis del discurso, en este caso, a privilegiar los entornos de los segmentos sometidos a estudio y sus posibles reformulaciones.

I

III Congreso de la Lengua Española

Este evento se realizó en la ciudad de Rosario, en Argentina, entre el 17 y el 20 de noviembre de 2004. Como en los anteriores, aunque más acentuadamente, se manifestó la importancia política asignada a la lengua —incluso su carácter de cuestión de Estado, fundamentalmente para España—, reforzada por la presencia de los reyes, de numerosos funcionarios y de las autoridades argentinas. El entrevisto —y, también, explorado— potencial económico de la lengua se evidenció, por un lado, en el peso otorgado por el Instituto Cervantes a la enseñanza del español como lengua extranjera y a la elaboración de certificados que consagren su dominio, y en las remisiones a la red exterior organizada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España a través de dieciocho consejerías para la promoción de la lengua y cultura españolas; por el otro, ese potencial económico se mostró en las múltiples referencias al apoyo de las empresas españolas, fundamentalmente Repsol y Telefónica[5] —esta última participó como panelista—. Asimismo, se insistió en el panhispanismo institucional asentado en la red de academias dirigida por la RAE —“La unión de las 22 academias ha sido el mayor logro de estos años”, en palabras de García de la Concha, (ABC, suplemento del 16/11)—; como resultado de esta política se presentó el Diccionario panhispánico de dudas.

Su carácter de congreso oficial se destacó, además, por la existencia de un congreso alternativo, paralelo o contestatario: el Congreso de laS lenguaS, que insistió en la diversidad lingüística, el derecho de las minorías y que interpretó el logo del congreso (una e minúscula que podía verse como una cara de perfil y, saliendo de ella, el símbolo identificador de la “eñe” que parecía una lengua) como “sacar la lengua” permitiendo, además, gracias al doble valor de “sacar”, el paso de “burlar” a “despojar”. El sujeto o el agente de las acciones podían remitir tanto a España como a la monarquía o a los organizadores del congreso. Lo interesante es que el tema de la diversidad, el contacto, el mestizaje, el culto a las variadas voces y estilos es tan dominante socialmente que fue también una de las grandes orientaciones del congreso oficial, que se reiteró notablemente, como veremos, en las disertaciones y que ya estaba expuesto esquemáticamente en el diseño del programa: en la sección I, “Aspectos ideológicos y sociales de la identidad lingüística”, dos de los paneles trataban acerca de “El español y las comunidades indígenas hoy” y “El castellano y las otras lenguas de España”. La única voz discordante —políticamente incorrecta— fue la de Gregorio Salvador, vicedirector de la RAE, moderador de la mesa redonda plenaria “Identidad y lengua en la creación literaria”, que propuso, alterando incluso las posibilidades de intervención propias de su función —como consigna El País del viernes 19— “una lengua sólida hablada ‘por cuanta más gente mejor’ y eliminar las lenguas minoritarias a favor de una lengua única y poderosa”. El mismo diario señala que así se opuso a “la idea de identidad y diversidad que defendió el escritor y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que fue la tónica general del congreso[6]”.

Esta “tónica general” exaltadora de la diversidad debe ser comprendida, por cierto, en relación con el actual proceso de globalización. Este requiere —tal vez, como una etapa— la conformación de integraciones regionales, que, al competir entre ellas, aseguren el dinamismo económico e impongan, al mismo tiempo, cierto orden en las poblaciones propias. Pero, para avanzar en la conformación de ese espacio, deben desgastar las viejas fronteras nacionales y establecer otras nuevas a partir de variables como las lenguas, sobre todo las minoritarias o las que los Estados habían minorizado en su marcha hacia la homogeneización lingüística y cultural. Es necesario hacer visible la diversidad para reestructurar el espacio, de allí la orientación dominante a la que nos referimos.

Las políticas lingüísticas de área

En los ajustes y desajustes entre lo global, lo regional, lo estatal y lo local intervienen tanto las políticas lingüísticas de áreas idiomáticas, las de las nuevas integraciones regionales y las referidas al establecimiento de una lengua mundial, como las de lenguas no oficiales, minoritarias o locales. Y en las discusiones acerca de la defensa o del destino de las lenguas se pueden entrever las relaciones de fuerza relativas en cada etapa. Para ello es necesario analizar la dimensión ideológica de los discursos sobre las lenguas, es decir, considerarlos como índices que desvelan y, al mismo tiempo, como entramados que ocultan, operando por condensaciones y desplazamientos, las situaciones a las que sirven o las posiciones que expresan.

Las políticas lingüísticas de áreas idiomáticas se caracterizan por formular una aspiración postcolonial de gestión democrática de la lengua compartida que, en el caso del español, lleva al refuerzo de la red de academias nacionales, a la consideración de las distintas variedades y situaciones de contacto y a la participación en la elaboración de los instrumentos lingüísticos —particularmente, gramáticas y diccionarios— de científicos provenientes de distintos países del área. Asimismo, son políticas que explotan el potencial económico de las lenguas, vinculando el mundo académico al empresario a través tanto de lo que, en términos generales, se designan como industrias de la lengua como de las propuestas de enseñanza (cursos, material didáctico, certificados de competencia lingüística). Como la lógica mercantil tiene un peso grande, inversiones y beneficios corresponden, en realidad, al país que ocupa la posición más ventajosa. Al respecto, Jorge Urrutia (suplemento La Nación, 16/11) afirma que “Las industrias culturales vinculadas con la lengua, en España, significan el 17% del PBI”; y Gustavo Druetta, consejero cultural y educativo de la embajada de Brasil, señala:

España viene expandiendo a pasos agigantados la acción de su Instituto Cervantes como punta de lanza de las editoras de libros de enseñanza: si hasta este año el Cervantes sólo operaba en San Pablo y Río de Janeiro, en los próximos dos años funcionarán sucursales en Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Belo Horizonte, Recife y Brasilia. Desembarco preparado por instituciones privadas que compiten por un sustancioso mercado del idioma español (Clarín, 15/09/2005).

Sin embargo, para que las acciones sean más eficaces debe abrirse a la participación controlada de los otros integrantes: el mismo Instituto Cervantes, por ejemplo, ha propuesto recientemente la futura participación, en nuevos centros, de hispanistas de otros países; realiza, además, acuerdos para los certificados de lengua y señala que las tareas de la enseñanza del español en Brasil —se reitera enfáticamente que se necesita un número importante de profesores de español— deben ser compartidas.

Plantear la política lingüística respecto del español como política de área sirve para no dar lugar a las diferencias que pudieran aparecer como producto de intereses nacionales o regionales contrapuestos a los dominantes, o de situaciones particulares con sus exigencias propias, como la necesidad del Mercosur de un bilingüismo español/portugués. Esto fue interpretado por algunos órganos de prensa como una paradójica ausencia de discusiones glotopolíticas en un congreso de este tipo. Por ejemplo, en Le Monde Diplomatique en la edición en español aparecida en Bolivia en enero de 2005, la periodista Mariana Saúl se asombra:

En un encuentro que lleva como consigna “identidad lingüística y globalización”, el tema de las políticas lingüísticas no debería evitarse, sin embargo en el III Congreso Internacional de la Lengua Española el espacio que se le dedicó fue muy reducido.

En realidad, lo escaso fue la discusión política sobre las acciones lingüísticas, no la omnipresencia de una clara política lingüística de área, sostenida por España y sensible a las políticas europeas.

Por otra parte, en relación con la visibilidad reciente y el dinamismo de las áreas idiomáticas no debemos olvidar que resultan no solo de las estrategias expansivas de países centrales o del deseo de muchos de reforzar la lengua propia sino también de la tendencia a que la industria editorial como la audiovisual –música, cine, televisión, informática- se concentre en cada vez menos transnacionales que deben considerar para su comercialización las regiones lingüísticas[7]. Para esta función España está bien posicionada: sirvió de puente para la compra de las empresas editoriales latinoamericanas y exporta seis veces más títulos que Argentina y México juntos.

Un poco de historia

Las actuales políticas lingüísticas de área se inscriben en un largo proceso ligado a las transformaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial y deben ser comprendidas en la compleja dinámica que afecta, entre otros, al espacio de las lenguas.

Después de la conferencia de Yalta, el inglés y el ruso se asociaron con las áreas de influencia planetaria de Estados Unidos y la Unión Soviética. La lucha por imponer una u otra como lengua mundial se expresó en las zonas dominadas o aliadas y en la elaboración de métodos para su enseñanza como lenguas extranjeras. Con la caída del campo soviético, el inglés adquirió —como sabemos— una indiscutida importancia, reforzada por el desarrollo de los medios de comunicación y de la tecnología informática, y se impuso como lengua de la economía, de las relaciones internacionales y de algunas investigaciones de punta. En relación con ello se desarrollaron variedades minorizadas de dicha lengua aptas para desempeños en aquellas áreas.[8]

Otras lenguas occidentales ejercieron medidas “proteccionistas” en sus zonas de influencia y reforzaron los lazos culturales entre países vinculados por la lengua —muchos de ellos, antiguas colonias—, que derivaron fácilmente en definiciones políticas e, incluso, económicas. El caso más destacado es el de la francofonía. El español también —desde, sobre todo, los años noventa, a comienzo de los cuales se crea el Instituto Cervantes— se encaminó hacia la política de área idiomática, reforzó los vínculos académicos y encaró enérgicamente la elaboración de instrumentos lingüísticos que contemplaran esa dimensión del español: la Gramática descriptiva de la lengua española (1999)[9] inició esta etapa que tendrá dos hitos importantes en el Diccionario panhispánico de dudas y en la edición de la Gramática académica y de los compendios escolares. Los congresos de la lengua española, de los cuales el primero es el de Zacatecas de 1997, se inscriben, como señalé, en este recorrido que asume una dimensión más política en las periódicas reuniones de presidentes de países iberoamericanos y en la organización que los nuclea.

Las políticas lingüísticas de área se despliegan e intervienen en esta etapa de la economía mundo, en la cual los estados nacionales y las competencias entre ellos no son más el motor económico principal, sino que se requieren integraciones regionales que, como los antiguos estados, se ubican en distintas posiciones (centrales, secundarias o periféricas), y las centrales y secundarias luchan y llegan a acuerdos —“objetivos comunes”, como se designan actualmente— por el dominio de la periferia. Estos fenómenos llevan a que, además de las políticas lingüísticas de área, existan las propias de las integraciones regionales (Arnoux, 2002), que resultan tanto de las necesidades de su consolidación como de su relación con las otras y de su posición en el proceso de globalización. Por otra parte, como los estados nacionales no han desaparecido, se despliegan en el espacio de la lengua, con mayor o menor vigor según su importancia relativa, políticas que remiten a él. Un ejemplo reciente es la lucha por la oficialidad del inglés en Estados Unidos, en la que se exacerbó un modo de nacionalismo excluyente, y la reducción en varios estados de los programas educativos bilingües. Otro es la débil política de Francia, cuyo centralismo lingüístico respecto de sus lenguas minoritarias —problema que tuvo que abordar respondiendo a la imposición de la Unión Europea— tiene una respetable tradición; la estrategia de reconocer nada menos que 75 lenguas (Cerquiglini, 1999) vuelve difícil la implementación de programas de cierto alcance que las consideren a todas.

Las políticas lingüísticas efectivas en el mundo actual son, así, resultado de tensiones y acuerdos entre requerimientos de los estados nacionales, de las integraciones regionales, del proceso de globalización, con su juego entre lo global y lo local, y de las zonas interiores de los viejos estados. Las políticas en relación con áreas idiomáticas atienden a unos o a otros según situaciones e imperativos diversos. Si bien aparecen ligadas a un centro de mayor poder económico, al que en términos generales sirven, el sentido histórico de su implementación varía según circunstancias vinculadas fundamentalmente con las relaciones de fuerza entre integraciones regionales y dentro de ellas.

El español en las integraciones regionales

 En la península, con la apertura democrática posterior a la muerte de Franco, el castellano enfrentó su relación con las otras lenguas. El reconocimiento oficial de estas fue estimulado, más allá de una necesaria reivindicación histórica, por la tendencia a desarrollar las lenguas minoritarias, particularmente las que vinculaban dos o más estados (España, Francia, Andorra e Italia con el catalán; España y Francia con el vasco, y, aunque de manera diferente, España y Portugal con el gallego), para preparar una posible Europa de las regiones. Con el ingreso a la Unión Europea, el Estado español fue adquiriendo un “insólito crecimiento económico”[10] no solo por el apoyo que recibió sino fundamentalmente porque las empresas españolas se convirtieron, en la última década, en los principales inversores europeos en América Latina, a lo cual no fue ajena la lengua compartida, que más de una década antes había facilitado también la expansión de la industria editorial española[11].

Los países hispanoamericanos, por su parte, o participan en una integración periférica (Mercosur) o son el sector subalterno de una integración central (el Nafta) o son aspirantes a integrar una u otra o una tercera, la Integración Continental, de las Américas, o Nuevo Panamericanismo. Esta situación de debilidad se expresa en las dificultades para diseñar e implementar las políticas lingüísticas que corresponden tanto para el fortalecimiento de la integración de la que son miembros o de su posición en la misma, como para la expansión externa de la lengua. En el Mercosur, en el que, si consideramos las lenguas mayoritarias, se deberían desarrollar diversas formas de bilingüismo español-portugués, nos encontramos con una explícita y enérgica voluntad de Brasil dentro de sus fronteras para establecer las bases que lleven a ello[12] y una marcada indiferencia de los estados hispanoamericanos. En el caso del Nafta, México se conforma con el peso natural de la masa de hispanos en Estados Unidos, pero no elabora políticas de envergadura ni en relación con ellos ni con los anglófonos, mientras la política norteamericana no duda de la anglización planetaria, aunque internamente vacila entre reforzar en el campo educativo el inglés o abrirse al español, no solo por la importancia de la población hispana sino entreviendo la integración continental. De cualquier manera, como los hispanohablantes constituyen un sector nada desdeñable de consumidores, sobre todo a partir del tratado de libre comercio, las empresas estadounidenses avanzan enérgicamente en el campo editorial[13] y audiovisual en español.

Las políticas lingüísticas respecto del español no son encaradas, entonces, por los países hispanoamericanos, sino por España, que lo hace, obviamente, en función de sus intereses nacionales y los de la integración de la que forma parte. De allí que el planteo de una retribución en relación con el portugués, que serviría políticamente a los países sudamericanos, hecha por Juan Luis Cebrián en el III Congreso Internacional, haya sido un gesto aislado ya que, en el marco de la península, no está resuelta la relación portugués-gallego y, en relación con América, a España y posiblemente a la Unión Europea no les convenga una consolidación del Mercosur sobre bases que superen el simple acuerdo mercantil y tiendan a un activo conocimiento del otro.

II

Las políticas de áreas idiomáticas necesitan, para su desarrollo, construir un imaginario de lengua compartido, para lo cual apelan a pocos datos —a menudo, estadísticas eufóricas— que se reiteran, y a condensados ideológicos que, como señalé en la presentación, son desprendidos de las condiciones históricas que los generaron y proyectados a nuevas situaciones.

Me referiré, entonces, en esta segunda parte a los tres ideologemas señalados en el título, que se articularon en el III Congreso aunque estuvieron presentes, con diverso énfasis, en los otros dos.

La lengua es la patria

El congreso de Zacatecas de 1997 tuvo por tema “La lengua y los medios de comunicación”, entrada propicia para hacer visible la unidad del área a pesar de sus variedades, ya que en los medios gráficos e, incluso, audiovisuales circula una modalidad estándar. El reconocimiento de la unidad y la voluntad de acentuarla se expresan en el discurso del rey, que retoma las palabras de Rafael Lapesa: “leernos mutuamente, escucharnos unos a otros, vernos recíprocamente, actuar en nuestro ejercicio de la lengua oral, una y múltiple”. Los medios cumplen, en este sentido, una función central afirmada en los avances tecnológicos que inciden en el alcance tanto de los medios gráficos como de los audiovisuales. Si bien se acepta que constituyen un espacio de notable dinamismo en la renovación del idioma, el primer congreso plantea el problema de la norma a partir del fantasma de los neologismos descontrolados, no aceptados en toda el área, o la invasión de préstamos del inglés sin la adecuada y regulada castellanización. Las expresiones “defender la norma”, “el cuidado de la lengua”, “el riesgo de la avalancha de barbarismos”, reiteradas en este primer congreso, aluden a ello. Estas preocupaciones explican, por un lado, el escándalo producido por el discurso de Gabriel García Márquez (“jubilemos la ortografía”) que, en realidad, implicaba un avance en la reflexión: para la expansión del español es conveniente una simplificación de la ortografía. Y explican, por otro lado, la propuesta de textos normativos (libros de estilo) unificados para los periódicos, del diccionario panhispánico de dudas y de una gramática académica. Estas preocupaciones normativas van a ir desapareciendo de los discursos de los posteriores congresos, a la vez que las academias trabajan enérgicamente en la elaboración de los textos señalados. Lo que se acentúa es el reconocimiento de la unidad, más allá de los instrumentos lingüísticos destinados a sostenerla.

Para fortalecer con su carga emocional la unidad proclamada aparece, en relación con el español, “La lengua es la patria”, que es el título de la alocución de Belisario Betancur, ex presidente de Colombia. Si bien ancla en la memoria de la Independencia —uno de cuyos núcleos programáticos era el de tender a constituir una confederación de países hispanoamericanos apelando al imaginario nacional—, esta primera aparición ya opera deslizamientos que hacen posible la futura despolitización y desterritorialización —o el no remitir a territorios definidos políticamente como en el caso de las naciones o de la integración pensada por Bolívar—. Betancur dice:

Nuestra lengua se constituirá en el siglo XXI en el instrumento político por excelencia de la integración, dentro del sueño de la Comunidad Iberoamericana de Naciones que alentamos desde el Congreso Anfictiónico de 1826 en Panamá, convocado por aquel soñador que fue Bolívar.

Se desliza del pensamiento de la integración hispanoamericana —de la cual España estaba excluida— hacia un espacio mayor, pero no se detiene en Sudamérica o Latinoamérica, sino que pasa a Iberoamérica, lo que permite la inclusión de la península y articular la propuesta lingüística con la política iberoamericana, y obvia —lo que en un congreso de la lengua no es fácil— la diferencia español-portugués. Por su parte el “nosotros” puede remitir tanto a los hispanoamericanos como a los latinoamericanos o a los hispanos en general. Con esta última remisión debe interpretarse la afirmación de Víctor García de la Concha, director de la RAE, aparecida en El País (07/09/2000): “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no solo de canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior”.[14]

En el Congreso de Valladolid, realizado entre el 16 y el 19 de octubre de 2001, el tema “El español en la sociedad de la información” facilita integrar “virtualmente” en la comunidad lingüística a todos los hablantes del planeta. En el discurso del rey aparecen: “el idioma español es el patrimonio común de más de 400 millones de personas repartidas por el mundo”, “seña de identidad de 400 millones de personas”, “esa vasta comunidad de personas”. Pero, notablemente, profiere un enunciado que tiene los ecos del discurso de Renan acerca de las naciones[15]: “gran comunidad de la que todos formamos parte, unida por la común posesión del gran legado del pasado y la voluntad de proyectarlo en el futuro”. Se pone en juego otra vez la misma estrategia: proyectar las emociones nacionales vinculadas con unidades políticas a la amplia comunidad hablante; el paso por el conocido discurso de Renan permite activar el ideologema que sostiene este fragmento.

En el mismo sentido de una integración que elude anclar en un espacio político y territorial, y desde una perspectiva económica, Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señala como uno de los “activos” que la comunidad hablante de español “está dispersa por varios continentes y es más homogénea en sus aspectos sociales y culturales que ninguna otra comunidad lingüística”, y asocia claramente lengua, cultura y mercado —la comunidad es económica—: los hablantes de español “comparten un sistema de valores y de modos de vida y constituyen también un vasto mercado de productores y de consumidores, que está llamado a convertirse en uno de los mayores del mundo en los próximos años”.

El paso de la sociedad política a la comunidad es retomado en el Congreso de Rosario, cuyo tema es “Identidad lingüística y globalización”, por Claudio Guillén apelando a las conceptualizaciones de Tönnies[16]: “Nos espera el conocimiento progresivo y la potenciación no de una construida sociedad política, sino de una comunidad basada en una lengua feliz, libre y espontáneamente compartida”. El rey sintetiza apelando a Platón: “‘Ciudad de palabras’ llamó Platón a la comunidad política que se construye sobre la base de una convivencia de cultura compartida”. Se ha pasado, entonces de la sociedad política de Bolívar a la comunidad de palabras platónica.

Pero, sobre esa comunidad no definida políticamente, sino ligada por la lengua y su potencial económico, es necesario seguir volcando tonos emocionales capaces de estimular identificaciones heroicas. “La lengua es la patria” reaparece, en Carlos Pereda, al explorar los aspectos subjetivos de lo nacional:

La lengua es también otra de las patrias pero que está ahí, en los significados y colores de las palabras, en la música de la gramática, en el conciente o inconsciente asumir discursos que, en ocasiones, festejan e iluminan y, en otras, nos agobian, nos intoxican. Como todas las patrias, la lengua cobija y ordena, protege y compromete, pide sacrificios y, a veces, con la rigidez de sus identificaciones y contraidentificaciones, empuja al abismo.

Es evidente la tradicional referencia a los dobles atributos materno —que protege— y paterno —que exige— de la representación de “patria”,[17] base necesaria de sostén de los gestos nacionales, pero ahora referida a la comunidad de hablantes.

 Por su parte, Juan Luis Cebrián participa en la estrategia de anulación de las perspectivas políticas ancladas en la historia y recortadas por el territorio, aunque lo haga también desde una posición progresista: “Tenemos que aspirar a que mexicanos, argentinos, bolivianos o chilenos ocupen cargos importantes en el Instituto (Cervantes) porque la lengua es la verdadera patria de todos los que la hablamos” o “[…] nuestro idioma, patria común de nuestros sueños, nuestras razones y nuestros sentimientos”. Glosando a Marx (1963) podemos decir que el trabajo de la ideología se muestra en que las nuevas tareas que la sociedad exige se realizan con los ropajes del pasado.

Como vemos, las políticas de áreas idiomáticas requieren la construcción de un imaginario colectivo donde la dimensión emocional permita las identificaciones; de allí el recurrir a los sentimientos asociados con la patria. Pero esta debe ser despojada de los atributos tradicionales de la forma nación —particularmente, territorio y soberanía política— y asociarse con una comunidad hablante “global”, que no remita a un Estado nacional concreto. Ahora bien, esta construcción de una identidad definida por la lengua puede dejar de lado poblaciones importantes que viven en distintas situaciones de bilingüismo y que forman parte también del “activo”, en términos económicos, que constituye el estímulo más fuerte de las políticas de área. Hay que dar, entonces, un paso más allá de la simple aceptación de las variedades y admitir juegos más complejos del español con otras lenguas, entre otros, los de los hispanos de Estados Unidos, cuya importancia se destaca insistentemente. Se desarrolla así el otro ideologema, dominante sobre todo en el congreso de Rosario: “Nuestra lengua es mestiza”.

Nuestra lengua es mestiza

El Congreso de Rosario insistió en ello. Esto aparece claramente en la lectura que los medios gráficos hicieron de las ponencias: “La palabra más dicha es lengua seguida por mezcla y mestiza” (El País, 19/11); “[…] han dicho aquí hasta el cansancio que así como ella ha pervivido por el mestizaje con otras lenguas, también perdurará y se expandirá por imbricación continua con otras culturas” (José Claudio Escribano, La Nación, 20/11); “Hubo reiteradas coincidencias en destacar el mestizaje como una de las cualidades más valiosas del español” (La Nación, 21/11). La valoración del mestizaje no había sido la misma en el primer congreso, preocupado por la norma y en la que lo territorial todavía afloraba; en ese momento Santiago de Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, director del Instituto Cervantes había señalado:

Los lingüistas nos enseñan asimismo que es prácticamente la única de las grandes lenguas internacionales de la que apenas se han derivado esas lenguas mixtas que ellos llaman pidgin o sabir. Pues bien, ello se debe en gran medida a su arraigo en un territorio de gran continuidad espacial, lo que favorece la unidad sin poner en peligro la riqueza y la variedad.

Es decir, que su virtud en ese momento no era el mestizaje.

Mestizaje permite en el Congreso de Rosario deslizamientos varios. En algunos casos, se proyecta lo racial de los hablantes sobre la lengua. Carlos Fuentes, en su conferencia, dice: “Descendemos del gran flujo del habla castellana creada en las dos orillas por mestizos, mulatos, indios, negros, europeos”.[18] En otros casos remite a los préstamos. El mismo Fuentes afirma: “El español ofrece al mundo globalizado el espejo de hospitalidades lingüísticas creativas, jamás excluyentes, nunca desdeñosas”. En otros, se extiende a la diversidad cultural que el español recorre y ha recorrido. En palabras del rey: “Todos y cada uno de los contactos con otras lenguas y culturas han ido depositando en la lengua española marcas de mentalidades, costumbres y sensibilidades distintas”; y en las de Ernesto Cardenal: “No es la ‘pureza’ sino el mestizaje del lenguaje la razón de ser de cada pueblo. ¡Toda cultura es intercultura!”. José Manuel Blecua, por su parte, ancla mestizaje en la tradicional relación con las culturas aborígenes: “Se derrumbó la teoría de la uniformidad de la lengua, que dejó a un lado las culturas aborígenes; desde entonces se maneja la tesis de una cultura mestiza” (Clarín, 19/11). La misma perspectiva adopta la subsecretaria de cultura de la Argentina: “El programa del congreso permite reivindicar los valores de las lenguas originarias, en un principio avasalladas por el español de la conquista; el mestizaje que, más allá del conflicto que siempre conlleva, encarna en la lengua española —como ha expresado Octavio Paz— la apropiación intelectual de otros mundos” (suplemento de La Nación del 16/11). Si nos centramos en el terreno lingüístico, mestizaje puede remitir a variedades, como parecería hacerlo en varios de los entornos en que aparece, o al contacto con otras lenguas y, en este último caso, o a los dialectos de frontera o al bilingüismo de algunos hablantes, o al plurilingüismo del área en la que el español es dominante. Encontramos, así, referencias a las medias lenguas (“Las medias lenguas que aparecen en zonas de frontera —como el portuñol que se da en Brasil y el spanglish en Estados Unidos— demuestran la existencia de sistemas lingüísticos periféricos, pero estas lenguas deben ser consideradas” (Francisco Moreno Fernández); o a la identidad bilingüe de los hispanos (“‘Nuestra lengua materna es el bilingüismo’ como afirman muchos chicanos” señala Rainer Enrique Hamel). El rey reitera y sintetiza estas posibilidades: “Una voz, en suma, plural y polifónica, compuesta de muchas voces. En correspondencia con ello, nuestra identidad lingüística es la suma convergente de muchas identidades” y “No se puede olvidar que la comunidad hispanohablante añade al patrimonio de la lengua común la riqueza del plurilingüismo”.

¿Por qué esa exaltación del mestizaje en lugar de la preocupación por la pureza normativa del I Congreso Internacional? No parece expresar una política defensiva, que considere en el entramado de lenguas en contacto una barrera para el inglés —este no es un tema relevante en el III Congreso Internacional—. No es un reconocimiento tardío de las lenguas aborígenes —tradicionalmente, la América mestiza remitía a ese vínculo—, aunque aflore como expresión de la buena conciencia en algunos discursos; ni un apoyo a los bilingüismos peninsulares, ni surge de un interés por los vínculos entre el español y el portugués. Lo que está en juego, en realidad, es la relación con el inglés pero en el marco de una política globalmente expansiva. De allí las múltiples referencias a los hispanos de Estados Unidos, a sus cambios de código, a su doble identidad lingüística. Ahora bien, más allá del interés económico que esta población representa, lo que se evalúa es un tipo de relación con el inglés —complementariedad, sumisión, aprovechamiento de su importancia actual— que pueda posicionar al español internacionalmente. Por ello es importante el tercer ideologema que hemos seleccionado: “El español es americano”, que se despliega al mismo tiempo que las políticas lingüísticas son diseñadas, financiadas e implementadas por España y las instituciones responsables integran, como señaló el director del I. Cervantes en Valladolid “un proyecto de Estado”. Esta aparente paradoja se explica por la función política de este ideologema.

El español es americano

En este caso se juega con la extensión que se le dé a americano: si se lo opone a norteamericano como es la interpretación habitual desde el sur, si se lo opone a otros continentes en su extensión máxima, o si remite a norteamericano como aparece en algunos usos europeos. En el Congreso de Zacatecas, el director del Instituto Cervantes opta por lo segundo y dice: “[…] el español es ante todo una lengua americana, un idioma que recorre casi todo el continente sin solución de continuidad, y que esa es una de las razones de su vigor, de su profunda coherencia y de su irresistible expansión”. Se abre así a los hispanos de Estados Unidos. Como en “la lengua es la patria”, se apela a una dimensión emotiva, anclada en la historia hispanoamericana, previa a la anexión de Texas y California por Estados Unidos. Y se recurre, entonces, a Andrés Bello resumiéndolo: “el español es la garantía de la identidad y de la unidad continental”, donde “continental” remitía al espacio sudamericano. La inclusión en “el español es americano” a Estados Unidos exige hablar de “nueva frontera”. El diario Clarín (20/11) es sensible a ello aunque observándolo como problema, fijado, posiblemente, en la vieja representación del resguardo de la pureza: “La situación de los hispanos en Estados Unidos, esa nueva frontera del español que en este siglo quiere consolidarse como lengua internacional, fue ayer la mejor imagen de los problemas que enfrenta nuestro idioma ante el inglés”. El sintagma nueva frontera asociado al español “lengua internacional” o “lengua global” es una operación común en los discursos de Rosario. Ángel López García, en declaraciones a Clarín (18/11), había dicho, aunque incluyendo a Brasil: “Estamos en el año cero del español como lengua global, somos 22 naciones que hablan el mismo idioma, pero hay una nueva frontera que podría ubicarse en los Estados Unidos y en Brasil, todo se juega ahí”.

 El reiterado recurso a la estadística va a permitir señalar que Estados Unidos es/será el segundo país hispanohablante después de México. Esto se inscribe en una estrategia de vincular el destino del español al del inglés, de presentarlas a ambas como lenguas americanas y futuras lenguas de la globalización, equivalentes en muchos sentidos, con ciertos atributos complementarios y, en algunos casos, compitiendo: “Con más de 350 millones de hablantes cuenta con el mismo número que el inglés”, “en los 21 países de uso oficial el 94,6% de la población habla español, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la anglo o francofonía” (Rainer Enrique Hamel). “David Graddol asegura que en el año 2050 el castellano superará al inglés, lo hablará el 6% de la población mundial frente al 5% del inglés” (Juan Luis Cebrián). Esta perspectiva ya había aflorado en el Congreso de Zacatecas, destacando la posibilidad de una lengua universal no minorizada, como el inglés-lingua franca:

Ya se sabe que, por razones políticas y económicas, el inglés ha venido a ser la lengua universal. Pero ésta se ha transformado con frecuencia en una lengua vehicular, una lingua franca que no permite esa profunda comunicación a la que aludía anteriormente. El español, por su riqueza lingüística y cultural, por su extensión geográfica, acorde con la multiplicidad de pueblos hispanos e hispanoamericanos que lo hablan, parece situarse en mejor posición frente a un porvenir mundial muy incierto. [Agustín Redondo, Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, Zacatecas).]

Pero es en Rosario donde aparece con insistencia:

Nuestra lengua encarna la dimensión socializadora y comunitaria que le falta al inglés, el idioma de la ideología wasp. No es verdad que existan cuatro o cinco lenguas mundiales. Existen el chino, el hindi, el árabe, el ruso y empieza a existir una coalición idiomática: el hispaño-inglés o anglo-hispano. [Angel López García.]

En ese sentido se expresa también Ivonne Bordelois:

Las cifras —de expansión del español— significan que, si exceptuamos el chino, el español es hoy en el mundo, si consideramos el número de hablantes en Estados Unidos, el dialogante natural del inglés, que representa la capacidad lingüística máxima del planeta, y cuyo dominio en tecnología y ciencia constituye una ventaja insuperable sobre todos los lenguajes del mundo.

Esto explica también el elogio a Puerto Rico. En Zacatecas, previo al predominio del ideologema del mestizaje, se lo había hecho con representaciones del pasado, es decir, de la defensa de la lengua frente al inglés: “No quiero dejar de saludar al pueblo de Puerto Rico, tal diligente en la conservación de nuestra lengua común”. Puerto Rico va a aparecer ahora, en Rosario, como el espacio idealizado de la convivencia y donde se muestra lo deseable para los hispanos —de Estados Unidos, en principio, pero por qué no del resto— de una identidad cultural en dos lenguas, el español y el inglés. En Valladolid, Enrique Iglesias lo anunciaba: “Las elites latinoamericanas se están socializando en el inglés como segunda lengua y en la condición americana como segunda cultura”. Ya habíamos señalado que la articulación español-portugués interesa menos; Brasil es sobre todo el espacio del negocio próximo (“En Brasil se necesitan 250.000 profesores de español y está pendiente de aprobarse una ley por la cual el español va a ser la segunda lengua en la enseñanza”, manifestaba en Rosario César Antonio Molina).

Del hecho, entonces, de que el español sea americano, con énfasis en su carácter norteamericano, se deriva su posibilidad de ser una lengua global al lado del inglés. En el suplemento de ABC (16/11), Fernando Lafuente afirma en una nota que tiene el sugerente título de “La Mancha atlántica”:

El español, por número de hablantes, es hoy una lengua americana. Incluso naciones como Estados Unidos superan en cifras mondas y lirondas a los hablantes de España. Esa sensibilidad hacia Iberoamérica, de extraordinario calado político […], permite advertir que ahora es posible afirmar que el español será, si no lo es ya, la segunda lengua de comunicación internacional: una lengua global.

El sucederse de los sintagmas lengua americana/hispanos de Estados Unidos/lengua internacional/lengua global muestra con gran claridad el proceso al que nos referíamos, reforzado por el título del suplemento: “El siglo XXI habla español”, en el que se presenta como evidencia la construcción ideológica que se ha hecho. En este proceso, el sintagma español internacional también ha sufrido una resemantización. De lengua neutra asociada a la expansión de los medios audiovisuales norteamericanos y negativamente connotada, se pasa a una lengua que homogeneiza el idioma, connotada positivamente y asociada a los medios de comunicación en español. En la revista de El País semanal (21/11) se anulan los viejos temores:

La globalización le conviene al español. Se ha adaptado a ese hábitat. Al ser una lengua muy mayoritaria, ha jugado bien su papel de poder. Es más, López Morales asegura que ha nacido ya el español globalizado. Surge cuando se trata de homogeneizar el idioma […] “El proceso se afianza cuando las variantes autóctonas se sustituyen por otras más generales, prestigiosas o útiles”, afirma Morales, un proceso que tiene protagonistas clave: medios de comunicación.

En su conferencia, Alfredo Bryce Echenique define el español internacional como “aquel que nace de un acuerdo, aunque sea tácito, para evitar las palabras distintas”. Y Federico Reyes Heroles va a decir que es aquel que “puede ser identificado desde muy diversas latitudes”. Ese español internacional será la base del español, lengua global.

Deberá dar un paso más para aproximarse al inglés: ocupar el espacio de la producción científica y tecnológica y de las finanzas. El rey, ya en el congreso de Valladolid señalaba: “El español se afianza en su condición de lengua cultural internacional: lengua de la industria, de la ciencia, del comercio y de la investigación”. En ese sentido, Portilla pedía una política de intelectualización de una lengua estandarizada. Y Hamel advertía en Rosario que, para que alcance el estatuto de lengua internacional, debía desarrollarse en los ámbitos de prestigio, relacionados con sectores dinámicos de desarrollo económico y tecnológico: “el comercio, internacional, la tecnología, las relaciones internacionales y la investigación científica y tecnológica, junto con el sector de la enseñanza superior”.

Conclusiones

La actual política de área idiomática requiere, entonces, para su eficacia apoyarse en representaciones que muevan, como es propio de los discursos persuasivos, es decir, que conmuevan y movilicen. Para ello apela, en el caso del español, a los ideologemas a los que nos hemos referido (“La lengua es la patria”, “Nuestra lengua es mestiza”, “El español es americano”), sensibles a los hispanoamericanos porque se anudan con su propia historia. Pero el universo de referencia ha cambiado gracias a operaciones discursivas que desterritorializan, despolitizan y desindigenizan y desplazan hacia el espacio estadounidense el futuro de la lengua: lo que interesa ahora es la relación con el inglés para avanzar sobre el planeta. Para que el español sea una lengua global debe interrogarse, particularmente, sobre ese vínculo, tema central aunque no explícito del Congreso de Rosario.

Sin embargo, el paso es vacilante porque la relación de fuerzas no está definida. Aunque, para algunos europeos, el imperio americano está llegando a su fin, para la mayoría se mantiene solidamente, de allí que domine la propuesta de aliarse. Para que esta alianza no debilite el espacio propio —o para ubicarse en buena posición si la negociación fracasa o Estados Unidos declina— se necesita exponer y reforzar el “activo” con el que se cuenta, función que cumple la política de área. Pero este es también un espacio donde se expresan intereses de distinto tipo que pueden conjugarse, tener sus diferencias u oponerse. Nos hemos referido a intereses que en esta etapa parecen tener la misma dirección: el de las transnacionales para regular lingüísticamente la comercialización de productos culturales, el de las empresas españolas para ubicarse en buena posición en la producción de bienes culturales en español, el del Estado español para sostener su posición en la Unión Europea como avanzada sobre Hispanoamérica, el de la Unión Europea para estructurar una alianza con Estados Unidos, cuyo objetivo primero sea América Latina aunque puede ser más ambicioso. En ese camino, la integración continental parece ser la llave del triunfo, de allí la exaltación del bilingüismo español-inglés. Pero como las situaciones son cambiantes, nada es definitivo. Depende —además del devenir de procesos globales complejos— de las políticas lingüísticas que se desplieguen en el área respondiendo a otros intereses. En el caso de América del Sur, si se quiere fortalecer el espacio, es evidente la necesidad de un bilingüismo español-portugués, cuyo entramado defensivo se haga en ciertas zonas más denso por su articulación con las lenguas aborígenes. Sin embargo, algunos gobiernos hispanoamericanos vacilan ahora entre la Unión Sudamericana y la Integración Continental, de allí la imposibilidad de elaborar políticas netas. Es por todo ello que, en la política de área en relación con el español, cuya importancia no podemos negar, su sentido histórico va a depender de procesos que exceden el espacio de la lengua. Creemos que los deslizamientos significativos a los que se han visto sometidos los sintagmas considerados ilustran ese dinamismo y exponen en el juego discursivo las actuales relaciones de fuerza.

Elvira Narvaja de Arnoux

Instituto de Lingüística

Universidad de Buenos Aires

Bibliografía citada

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(Artículo publicado originalmente en Quimera: Revista de literatura, ISSN 0211-3325, n.º 199, 2001, pp. 51-62.)

 La complejidad lingüística de Nueva York 

Tanto el ciudadano de Nueva York como el turista que, de paso, recorre las calles y avenidas de la gran metrópolis norteamericana se ven expuestos a un sinfín de lenguas. El plurilingüismo neoyorquino no es el simple resultado de la convergencia circunstancial en la isla de Manhattan y los condados aledaños (Bronx, Brooklyn, Staten Island y Queens) de inmigrantes de todo el mundo. La coexistencia de tantas maneras de hablar es además el fiel reflejo de la complejidad de esta urbe, de sus contradicciones, de su problemática articulación social y cultural, e incluso de las obscenas desigualdades que genera el capitalismo desaforado.

La complejidad lingüística de esta inmensa ciudad se presta, desde luego, a interpretaciones apocalípticas y a la reproducción de mitos babélicos, que presentan la diversidad de voces como índice incuestionable de un supuesto caos cultural y de un temido desorden social. Pero cualquier observador astuto con valor para adentrarse en las trincheras de la vida neoyorquina notará que el plurilingüismo es, en definitiva, un modus vivendi, una forma de experimentar lo cotidiano, un modelo de relaciones humanas. Y no sólo eso: a través de la ventana del lenguaje se nos presenta un enrevesado panorama de las relaciones económicas, étnicas y sociales de la ciudad.

En la actualidad, hay en Nueva York unas cincuenta lenguas, además del inglés, habladas por más de mil almas. Según los datos del censo de población de 1990 (reproducidos en García 1997:9), las lenguas con un número de hablantes superior a los 40.000 (de nuevo, dejando el inglés al margen) son, en orden descendente, el español, el chino, el italiano, el francés, el yidis, el ruso, el coreano, el griego, el alemán, el polaco, el criollo haitiano y el hebreo. De entre las que cuentan con un más modesto pero no desdeñable número de hablantes (entre mil y dos mil) se pueden señalar el sueco, el tamil, el lituano, el indonesio, el amhárico, el finlandés y el suajili. El cuadro 1 refleja los datos del censo de 1990 sobre número de hablantes del primer grupo de lenguas, así como los porcentajes que representan sobre el total de la población neoyorquina.

Cuadro 1 

(Fuente: García 1997:9)

De todos es sabido que la constitución estadounidense guarda silencio en cuanto al establecimiento de una lengua oficial para la nación, y bien conocida es también la presencia, a lo largo de los dos últimos siglos, de movimientos cívicos y políticos empeñados en la declaración del inglés como lengua oficial de los Estados Unidos (Baron 1990). La organización que en las últimas décadas del siglo xx ha enarbolado con mayor entusiasmo la bandera de la oficialización del inglés es U.S. English, Inc., fundada en 1981 por el senador Hayakawa y presidida en la actualidad por Mario Mugica. Si bien hasta la fecha han fracasado las campañas de esta organización para hacer del inglés la lengua oficial a nivel federal (por medio de la introducción de las enmiendas correspondientes a la constitución), no hay que perder de vista que veinticinco de los cincuenta estados de la Unión cuentan ya con leyes que establecen la oficialidad del inglés.

Nueva York pertenece, sin embargo, al 50 % de estados que no se han subido al carro de la oficialización, y esta resistencia puede en parte deberse a la naturalidad con que se vive el plurilingüismo en el buque insignia del estado, en New York City. En esta ciudad, a cualquier visitante le resulta evidente que se encuentra en un espacio plurilingüe. Y no sólo por la variedad de lenguas que se oyen por sus calles y por la visibilidad de anuncios y carteles de diversa índole en español, chino o italiano, sino también por la posibilidad de utilizar una multiplicidad de lenguas en dominios formales o semiformales y oficiales o semioficiales. Veamos algunos ejemplos.

La ceremonia nupcial puede realizarse en unas dos docenas de lenguas; se puede asistir a una misa católica en más de veinte; se pueden oír programas de radio en más de cuarenta y de televisión en más de quince; se pueden leer periódicos publicados en la ciudad en más de diez lenguas, además de los que llegan del extranjero; e incluso en las relaciones con diversas oficinas municipales, se pueden obtener servicios de interpretación en sesenta y cuatro lenguas (García 1997:5-6).

No dejaremos de resaltar tampoco que, a la configuración de este complejo mosaico idiomático, contribuye intensamente el sector empresarial. Las múltiples compañías aquí afincadas y los comercios que abarrotan las calles dan visibilidad, y quizás incluso promocionan, el plurilingüismo, pues ante la promesa del beneficio económico no dudan en utilizar la lengua que sea y como sea con el fin de (parafraseando a Ofelia García) cautivar el corazón y la cartera de aquellos que poseen poder adquisitivo suficiente.

No sólo las empresas se han visto obligadas a responder al plurilingüismo de la ciudadanía neoyorquina. Tal como se adelantó arriba, numerosas oficinas municipales ofrecen servicios que responden a la existencia de ciudadanos que no hablan inglés. En el año 1989 se revisó el cuerpo de leyes que rigen la vida municipal, y en esta revisión se creó la Mayor’s Office of Language Services (Oficina de Servicios Lingüísticos de la Alcaldía) con el objeto de salvar las barreras idiomáticas que puedan entorpecer el correcto y eficiente funcionamiento de las instituciones, poner en peligro a los ciudadanos o causar tensiones innecesarias (García 1997:34). Como ejemplo del amplio desarrollo de políticas plurilingües se puede mencionar alguna de las medidas adoptadas en el campo de la sanidad. Las salas de urgencias de los hospitales, cuya clientela incluye un porcentaje dado de hablantes de una determinada lengua, deben proporcionar servicios de interpretación. El mismo fenómeno se ha producido en los cuerpos de seguridad dependientes del ayuntamiento. Desde el año 1982, la Policía de Nueva York viene contratando recepcionistas con capacidad para funcionar como intérpretes y, en la actualidad, mantiene un mínimo de tres hispanohablantes entre los operadores que responden a las llamadas al número de emergencia 911. El cuerpo judicial no se ha quedado atrás y, tanto en casos criminales como civiles, se reconoce el derecho de todo acusado a recibir la asistencia de un intérprete (García 1997:37-38). En suma, el funcionamiento de la industria, del comercio y de las instituciones de gobierno local implica un reconocimiento de hecho del plurilingüismo neoyorquino.

Pero a pesar de la existencia de medidas como las citadas, que constatan el carácter heterogéneo de la configuración lingüística de la ciudad, conviene advertir que la actitud que las alimenta es profundamente pragmática y que no tiene que traducirse necesariamente (y de hecho no se traduce) en el desarrollo de una política de promoción del pluralismo idiomático. Tal como ha señalado Ofelia García, desde las instituciones locales no se valora y estimula activamente el plurilingüismo, sino que, ante la diversidad lingüística de hecho, se adoptan medidas que permitan, en la medida de lo posible, el normal funcionamiento de la ciudad.

No conviene, por lo tanto, romantizar en exceso el plurilingüismo neoyorquino. De hecho, la cabal descripción de la configuración lingüística de la ciudad pasa por la identificación de la presencia de dos tendencias opuestas. Nos encontramos, por un lado, con la alta cotización en la Gran Manzana de la cultura de la diversidad, que genera —al menos en ciertos círculos— un clima de tolerancia hacia los hablantes de lenguas distintas del inglés; nos encontramos también con la constante llegada de nuevos inmigrantes, y con la formación de enclaves étnicos donde se conservan las costumbres y señas de identidad de la comunidad de origen —entre ellas, la lengua—; y, desgraciadamente, nos topamos con la segregación socioeconómica —y, consecuentemente lingüística— a que a veces estos grupos se ven sometidos. Todos estos fenómenos dan, qué duda cabe, una impronta diversificadora a la dinámica social neoyorquina.

Pero a esta tendencia hacia la heterogeneidad se opone la presión homogeneizante de la sociedad norteamericana en su conjunto. Es cierto que Nueva York constituye un universo en sí misma y que la diversidad es elemento esencial de la cultura de esta urbe, pero también es verdad que la ciudad del Hudson está inserta en el entramado social estadounidense y que no puede sustraerse a las ideologías culturales dominantes a nivel nacional. La ya mencionada organización U.S. English, Inc. es un claro ejemplo de la articulación política y social de esta ideología, promotora de un sistema de valores y comportamientos homogéneos que garanticen la lealtad a la nación norteamericana. La presión homogeneizante no es un hecho ni nuevo ni exclusivamente estadounidense; este fenómeno ha sido un elemento integral de la vida cultural y política de toda nación-estado, al menos en los últimos dos siglos, y las naciones del llamado mundo hispánico —y muy especialmente España— conocen bien las consecuencias de su implantación en múltiples dimensiones de la vida de un país. Pero actualmente, en los Estados Unidos, tal como señalaba acertadamente Amparo Morales en el Anuario del Instituto Cervantes 1999 (Morales 1999:241), esta actitud parece haber adquirido especial prominencia. El creciente número de hispanos, tanto inmigrantes como estadounidenses, ha sembrado la preocupación entre importantes sectores de la población anglófona demográfica y socioeconómicamente dominante, que, preocupados por las consecuencias que el crecimiento de la población hispana puede tener para sus oportunidades de trabajo, crean un discurso público generador de una actitud de rechazo hacia el extranjero. No se debe confundir —y se hace con demasiada frecuencia y con funestas consecuencias— la popularidad de ciertos hispanos (como Andy García, Emilio Estévez, Gloria Stephan, Jennifer López o Ricky Martin) y su triunfo en el mundo del espectáculo o de la política con un cambio de actitud generalizado hacia la población hispana en su conjunto, que le permita librarse de los estigmas sociales y la discriminación económica que soporta. La población hispana en los Estados Unidos y en Nueva York constituye una minoría etnolingüística, y como tal tiene acceso limitado a las posiciones de poder desde las que se rigen los destinos de la nación. A pesar de ser los hispanos el grupo minoritario que crece a un ritmo más rápido, no se debe dejar de señalar que no son sólo éstos los que sufren este tipo de presión: las iras de los anglohablantes preocupados por la integridad lingüístico-cultural de su nación se dirigen contra toda comunidad cuyo posible ascenso económico y cultura diferencial puedan amenazar el proyecto de construcción de una Arcadia blanca (o blanqueada) y anglófona. En resumen, en la sociedad estadounidense y, por lo tanto, en la neoyorquina, la lengua inglesa y la cultura con ella asociada ocupan una posición hegemónica y constituyen recursos esenciales para la movilidad social ascendente.

La presencia hispana en Nueva York

Los hispanos en Nueva York 

La presencia de población hispana en Nueva York se remonta a los principios del siglo xix y se debe en gran medida al abundante comercio entre la isla caribeña de Puerto Rico y los Estados Unidos (Hoffman 1971). A pesar de la prohibición que España imponía a sus colonias de comerciar con otras naciones, se calcula que en la tercera década del ochocientos Puerto Rico realizaba la cuarta parte de sus transacciones comerciales con el vecino norteamericano. Hacia finales de siglo, exiliados políticos de la isla y revolucionarios antiespañoles se sumaron a la ya existente, aunque escasa, población hispana. A principios del siglo xx, la población puertorriqueña se concentraba en una zona del condado de Brooklyn llamada Brooklyn Navy Yard (Zentella 1997:168). Años más tarde, en 1917, la concesión de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños vendría a intensificar la inmigración de esta comunidad. Pero sería después de la segunda guerra mundial, con la creciente demanda de mano de obra en los Estados Unidos unida a la precaria situación económica de la isla, cuando se habría de producir la llegada en masa de puertorriqueños a Nueva York. El período de mayor intensidad fue la década de los cincuenta, período en que se calcula que la inmigración procedente de la isla llegaba a una media de unas cuarenta y dos mil personas al año. En la actualidad, los hispanos neoyorquinos de origen puertorriqueño se acercan al millón (896.763 según los datos proporcionados por el censo de 1990).

A lo largo de la segunda mitad del siglo xx, las comunidades puertorriqueñas se han ido extendiendo por la práctica totalidad de los barrios de la ciudad, si bien merece la pena destacar por su prominencia los tradicionales y bien conocidos enclaves de la sección Este de Harlem (conocida popularmente como El Barrio) y el Sur del Bronx. Según hace constar Zentella (1997:169), a finales de los ochenta había once barrios neoyorquinos en los que los hispanos de origen puertorriqueño superaban el 20 % de la población. Estos barrios son: Mott Haven/Hunts Point, University Heights/Fordham, Soundview/Parkchester, Highbridge/Grand Concourse y Kingsbridge Heights/Moshulu en el Bronx; la sección Este de Harlem y el Lower East Side/Chinatown en Manhattan; y Bushwick, Sunset Park, Williamsburg/Greenpoint y East New York/Starrett City en Brooklyn.

El segundo grupo hispano en importancia numérica es el de los dominicanos, quienes, según el censo de 1990, ascendían a 332.713. Al igual que en el caso de los puertorriqueños, los dominicanos se han extendido por toda la ciudad —aunque en menor medida por su más reciente y menos voluminosa inmigración—. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población de origen dominicano se ha ido concentrando a partir de los años sesenta en el Alto Manhattan, concretamente, en los barrios de Washington Heights e Inwood, habiéndose extendido incluso por la sección adyacente del Bronx (University Heights/Fordham). Washington Heights, zona en la que hasta los años sesenta residían inmigrantes irlandeses y judíos, es en la actualidad un barrio de incuestionable sabor hispano situado al norte de la calle 155 y flanqueado a Oeste y Este por los ríos Hudson y Harlem respectivamente (García et al. 1988).

Los hispanos de origen colombiano (que según el censo de 1990 ascendían a 84.454) han tendido a concentrarse en el barrio de Jackson Heights, en el condado de Queens. Desde el período inmediatamente posterior a la primera guerra mundial, Jackson Heights ha visto la llegada de diversas olas de inmigración colombiana, lo cual le ha valido recibir, en la cultura popular, el nombre de Pequeña Colombia o Chapinero (en referencia a una barriada bogotana).

El resto de los hispanos se encuentran por toda la ciudad, más o menos concentrados, pero sin llegar a constituir una barriada con carácter étnico definido. El cuadro 2 presenta el número de hispanos de distintos orígenes y el porcentaje que representan con respecto al total de la población hispana neoyorquina.

Cuadro 2

(Fuente: Zentella 1997:171)

Los hispanos y el español en los medios de comunicación neoyorquinos 

La presencia de medios de comunicación en español refleja la importancia relativa de la población hispana en la ciudad. En Nueva York se pueden comprar más de veinte diarios en español, de los cuales dos se editan localmente: El Diario/La Prensa, con una tirada diaria de unos sesenta mil ejemplares, y Noticias del Mundo, con una tirada que ronda los veintiocho mil ejemplares. Junto a estos dos periódicos neoyorquinos, se debe mencionar El Nacional de la República Dominicana, que tira una edición especial de unas veinticinco mil copias para esta ciudad. Además, se pueden encontrar en los kioscos locales otros periódicos de la República Dominicana, así como diarios que llegan desde Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica (Zentella 1997:181-186).

Como señala Zentella, los editores de la prensa hispana neoyorquina se esfuerzan por neutralizar el carácter regional o nacional de la variedad lingüística que utilizan, si bien, cuando se hace necesario escoger, se tiende a dar preferencia a los usos caribeños y en particular a los puertorriqueños. Aunque la prensa hispana neoyorquina tiende también a evitar el uso de anglicismos o de palabras en inglés, los redactores y editores no pueden ignorar el hecho de que sus lectores, habituados a seguir ciertos temas en esta lengua, pueden en ocasiones no conocer el término en español.

Además de la prensa escrita en español, hay en Nueva York cuatro emisoras de radio con programación en esta lengua, de las cuales dos (La Mega y Radio WADO) se encuentran entre las de mayor audiencia de la ciudad. Las variedades del español que en la radio se escuchan oscilan entre los estilos más formales, menos teñidos de regionalismos, de los programas de noticias, y los más espontáneos, con mayor presencia de rasgos propios del dialecto del locutor, de los programas musicales.

La televisión en español llega a Nueva York igual que al resto de las comunidades estadounidenses con población hispana: a través de Univisión y Telemundo, ambas de difusión general, y de Galavisión, que transmite por cable.

El español en Nueva York

Las variedades del español en Nueva York 

La población hispana de Nueva York se caracteriza por su gran heterogeneidad, y las razones de esta heterogeneidad son múltiples. Como ya se señaló en la sección 2.1, los hispanos neoyorquinos son de muy diversos orígenes, remontándose a la práctica totalidad de las naciones de América Latina e incluso a España. Además, llevan diferentes períodos de tiempo en Nueva York, pertenecen a diferentes grupos raciales, presentan niveles diferentes de escolarización y ocupan posiciones diversas en la estructura socioeconómica de la ciudad —aunque los hispanos tiendan a formar parte de los niveles de ingresos más bajos—. Esta diversidad explica la presencia en la ciudad de múltiples variedades dialectales y sociolectales del español; una diversidad dialectal probablemente mayor que la que se puede encontrar en cualquier ciudad de América Latina o España, por muy heterogénea que sea.

Aunque la correcta caracterización de los hispanos neoyorquinos nos obliga a enfatizar la heterogeneidad, no podemos dar la espalda a un hecho fundamental: el predominio numérico de puertorriqueños (50,3%) y dominicanos (18,7%), es decir, de hablantes de variedades caribeñas del español. A éstos habría que sumar los cubanos (3,1%), y aquellos colombianos, panameños o venezolanos cuyas variedades dialectales pueden ser clasificadas en este mismo grupo.

Pero incluso en el seno de las comunidades hispanocaribeñas de Nueva York encontramos un alto grado de variación. Sirva como ejemplo el trabajo realizado por Ana Celia Zentella en un clásico enclave puertorriqueño de la ciudad: la sección Este de Harlem (Zentella 1997b). En un estudio en que combinó métodos cuantitativos propios de la sociolingüística variacionista con métodos etnográficos, Zentella encontró que esta comunidad puertorriqueña de Nueva York no se caracteriza por la posesión de dos lenguas (el español y el inglés), sino por la utilización de un amplio repertorio plurilingüe, a la vez bilingüe y pluridialectal. Las variedades a disposición de los miembros del grupo estudiado son, según Zentella (1997b:41-48), las siguientes:

– el español estándar puertorriqueño,

– el español popular puertorriqueño,

– el español de los hablantes nativos de inglés,

– el inglés estándar de Nueva York,

– el inglés afroamericano,

– el inglés puertorriqueño y

– el inglés hispanizado.

Insiste Zentella en que la identificación de dominios o contextos propios de cada una de las variedades constituye una parcial desvirtuación de la realidad lingüística de esta comunidad. El comportamiento verbal de los puertorriqueños de El Barrio se describe mejor señalando las redes de interacción social en que cada individuo se mueve, y notando que, aunque en cada red de interacción tiende a predominar un dialecto, es común que en todas las redes aparezcan todas las variedades. En suma, lo que caracteriza el comportamiento lingüístico de estos hispanos neoyorquinos no es el uso de una u otra variedad, sino la combinación de todas ellas.

Zentella observó, sin embargo, la tendencia a que los miembros de las generaciones más jóvenes favorezcan los dialectos ingleses de su repertorio lingüístico. Otra importante observación sobre el habla de esta comunidad es que la alternancia de dialectos no implica necesariamente un desconocimiento de la variedad (o variedades) estándar, cuyo dominio dependerá fundamentalmente del nivel socioeconómico del individuo y de la medida en que la sociedad en que vive haya puesto a su disposición los medios para aprenderlo. Ciertamente, no hay evidencia alguna de que el comportamiento lingüístico híbrido sea un obstáculo para la adquisición de la variedad estándar, y sí la hay de lo contrario.

Un tema de gran interés tanto cultural como sociolingüístico, pero muy escasamente estudiado, es el potencial desarrollo de una variedad neoyorquina del español, es decir, la posibilidad de que, a través de una serie de procesos de nivelación, se vaya creando, en el habla de los hispanos neoyorquinos, una relativa homogeneidad que dé lugar a la creación de una variedad propia. Zentella (1990), en un estudio comparativo del léxico de grupos de puertorriqueños, dominicanos, colombianos y cubanos, encontró que el contacto entre miembros de grupos hispanos diferentes produce adaptaciones del habla y la adopción de palabras procedentes de otro dialecto. Esto supone, en principio, una expansión del léxico de cada hablante y no una reducción general del mismo, pues en la mayoría de los casos la adopción de un nuevo término no implica el abandono del original. El que un colombiano comience a decir guagua por contacto con hablantes caribeños no implica que abandone u olvide la palabra bus. Existe por lo tanto una adaptación lingüística, pero está todavía por determinar si este fenómeno producirá la emergencia de un nuevo dialecto.

El comportamiento lingüístico híbrido 

No se puede hacer una descripción de la vida del español en Nueva York ignorando el hecho de que coexiste —y en relación de subordinación— con el inglés y de que tal coexistencia tiene un efecto considerable en el comportamiento lingüístico de los hispanos. La influencia del inglés en algunas de las variedades del español habladas en esta ciudad, ya mencionada en la sección anterior, se manifiesta en múltiples procesos, la mayoría de los cuales afectan al léxico. De los dialectos identificados por Zentella en Harlem es el español de los puertorriqueños hablantes nativos de inglés el que más influencia de esta lengua exhibe, aunque casi todo hispano que reside en Nueva York —sea cual sea su origen nacional y nivel de escolarización— da muestras de la influencia del inglés.

Encontramos por ejemplo palabras del inglés adaptadas a la estructura fónica del español: nais (del inglés nice), bil (del inglés bill) o jolope (del inglés hold up) se utilizan donde otros dialectos del español utilizarían amable, factura o atraco, respectivamente. Encontramos también palabras que, siendo fonéticamente similares pero semánticamente diferentes en español e inglés, asumen en el español hablado en Nueva York el significado que tienen en inglés: se puede usar librería (falso cognado de library) o papel (falso cognado de paper) donde otras variedades del español utilizarían biblioteca o periódico respectivamente. Además de estas transferencias léxicas podemos encontrar también la transferencia de estructuras sintácticas. Por ejemplo, se puede oír «Él está supuesto a hacerlo» (calco de: «He is supposed to do it») cuando en otras variedades del español se diría «Él debería hacerlo».

Otro importante aspecto del comportamiento lingüístico de los hispanos neoyorquinos es la alternancia de códigos, proceso lingüístico que consiste en la inserción de palabras, frases u oraciones de una lengua X en un texto oral o escrito en que se está utilizando la lengua Y como base. Valga como ejemplo de este fenómeno la siguiente oración (extraída de Zentella 1997:180): «I remember when he was born que nació bien prietito, que he was real black and my father said que no era hijo del because era tan negro» («Me acuerdo que cuando nació, nació muy negrito, que era muy negro; y que mi padre dijo que no era hijo suyo porque era tan negro»).

El intercambio de códigos es un fenómeno altamente estigmatizado, y se suelen aducir varias razones para condenarlo: se considera que es reflejo de un conocimiento deficiente de las lenguas que participan en la alternancia, que es un comportamiento que margina al individuo que lo exhibe y que constituye una amenaza para la «salud» lingüística de la comunidad (véase, por ejemplo, González Echevarría 1998). Aunque no entraremos aquí a discutir las abundantes investigaciones sobre este tan común fenómeno, señalaremos que la sociolingüística contemporánea ha rechazado la validez de tales críticas y que ha insistido en que la alternancia de códigos es sistemática y está regida por reglas, y que el habla así producida está dotada del mismo potencial expresivo que cualquier otro dialecto o lengua homogéneos. La alternancia de códigos puede efectivamente deberse a un desconocimiento o a un conocimiento parcial de las variedades estándar de ambas lenguas. Pero incluso en estos casos, el potencial expresivo del individuo que así habla y su capacidad para el uso elocuente del lenguaje no son limitados; desde luego no más limitados que la expresividad y elocuencia de un monolingüe, por muy estándar que sea su variedad. Pero el caso es que muchos individuos plurilingües utilizan el intercambio de códigos (consciente o inconscientemente) como un recurso comunicativo, como un mecanismo de interacción, y no como solución circunstancial de una supuesta deficiencia lingüística que de hecho no padecen (Torres 1997; Urciuoli 1996, y Zentella 1997b).

Insistiremos una vez más en que este tipo de modificaciones del habla (la incorporación a una lengua de palabras e incluso estructuras gramaticales de otra) en situaciones de contacto lingüístico es un fenómeno normal y probablemente inevitable, y la influencia —ya sea mutua o unidireccional— entre lenguas en contacto no es, en principio, perniciosa en ningún sentido. El hecho de que un hispano que se instala en Nueva York vaya incorporando a su habla palabras y expresiones del inglés es simplemente un indicio de que está inmerso en un mundo cultural y lingüísticamente complejo y que está respondiendo por medio de su comportamiento verbal a las necesidades comunicativas de ese contexto. Este tipo de modificación de la conducta lingüística no implica necesariamente que este individuo sea incapaz de retornar a su habla anterior, previa a la influencia del inglés, si se dan las circunstancias apropiadas. Dicho de otro modo, todos los seres humanos somos pluridialectales (y la inmensa mayoría plurilingües) y adaptamos nuestro comportamiento lingüístico a las circunstancias en que nos hallamos. De igual modo, es normal que un hispano nacido en Nueva York aprenda una variedad influida por el inglés que satisface sus necesidades comunicativas en determinados contextos (en el seno de la familia, por ejemplo). Esto no impide sin embargo que este individuo, en el curso de su vida, aprenda otra variedad del español no influida por el inglés, ya sea en un contexto estructurado (como la escuela) o por desplazarse a vivir a una comunidad hispanohablante monolingüe.

El estatus del español en Nueva York

La estigmatización 

La información presentada hasta este punto demuestra la creciente importancia demográfica de la población hispana neoyorquina y estadounidense (véase Morales 1999) así como la complejidad de su configuración lingüística. Pero a pesar de su gran número, los hispanos siguen constituyendo una minoría lingüística. Las minorías lingüísticas se caracterizan por tres rasgos:

1) Son grupos que, perteneciendo a una comunidad más amplia, son conscientes de poseer un carácter diferencial con respecto a otros miembros de la comunidad.

2) Tienen la lengua —o el comportamiento lingüístico— como seña fundamental de identidad del grupo.

3) Ocupan una posición socioeconómica subordinada, es decir, forman un colectivo cuyos miembros tienen acceso limitado a las posiciones de poder desde las cuales se puede influir en la determinación de los destinos de la comunidad.

Es común que el comportamiento lingüístico de los miembros de una minoría (tal como aquí se define) esté estigmatizado, en gran medida por su asociación con posiciones sociales marginales; los hispanos que residen en Estados Unidos no son una excepción. La estigmatización que sufren se debe a diversos factores. Obviamente, el marcado carácter étnico del grupo (claramente diferente del estadounidense «típico») y su posición socioeconómica son factores básicos. Pero la condena específicamente lingüística de que son objeto se debe al hecho de que usan variedades no prestigiosas del español, distantes estructuralmente del estándar (de lo que se deriva un alto grado de inseguridad lingüística); a la influencia del inglés sobre esas variedades, es decir, a la presencia de abundantes anglicismos; y, cómo no, al comportamiento lingüístico híbrido, que incluye la citada incorporación de anglicismos y muy especialmente la alternancia de códigos.

La delicada situación que sufre el habla de los hispanos se debe, por un lado, a su relación con el inglés, lengua con respecto a la cual ocupa una posición de subordinación. Recordemos lo ya señalado: no existe en Nueva York una promoción institucional del español; en el mejor de los casos, las políticas bilingües son idealmente temporales y tienen como objetivo remediar una situación considerada anómala. Los hispanos viven, por lo tanto, bajo una intensa presión cultural, económica, institucional y social para abandonar el español.

Pero no hay que olvidar que el español hablado por la mayoría de los hispanos neoyorquinos ocupa también una posición de subordinación con respecto al español estándar. A nadie se le escapa que, en el contexto del mundo hispánico, el dominio de la variedad estándar del español de cada nación es importantísimo factor para el acceso a los recursos económicos de la sociedad y para disponer de movilidad social ascendente. La subordinación de los dialectos distantes del estándar que se deriva de este hecho práctico se ve reforzada por los usos públicos de la lengua, por ejemplo, en los medios de comunicación, que perpetúan las jerarquías lingüísticas dominantes. Además, la actitud de la élite cultural y económica hispana estadounidense y de los portavoces de la cultura lingüística dominante, con sus condenas del comportamiento lingüístico de los hispanos, acentúan aún más la estigmatización de que son objeto, aumentando así la inseguridad de que son víctimas. En este contexto, las instituciones destinadas a la promoción de la lengua española y la cultura hispana en los Estados Unidos no llegan a desempeñar una función correctora, y tienden a servir a la élite cultural hispana y a ignorar el carácter incuestionablemente político de la presencia del español en Nueva York.

En consecuencia, ante la estigmatización que sufre su comportamiento lingüístico, el hispano neoyorquino o bien acepta su condición marginal, o bien se siente en la necesidad de adaptarse a uno de los dos modelos lingüísticos que se le presentan: el inglés estándar o el español estándar. Frente a este dilema, al no existir los medios que permitan al hispano adquirir el español estándar y ante la posición dominante del inglés, optarán por adoptar esta lengua en aras de la promesa —no siempre realista— de ascenso socioeconómico.

De los argumentos anteriores se puede extraer la siguiente conclusión: la cultura lingüística dominante en el mundo hispánico que estigmatiza el comportamiento lingüístico híbrido puede ser perniciosa para la supervivencia del español en Nueva York, al aumentar la inseguridad lingüística de los hispanos y desgajar conceptualmente su conducta verbal del todo idiomático que conocemos como lengua española.

La cultura lingüística hispánica frente a la hispano-neoyorquina 

Las dificultades que entraña el estudio del uso de la lengua española en la Gran Manzana se derivan, tal como hemos venido apuntando, de la complejidad de la sociedad y cultura neoyorquinas, pero también de la multidimensionalidad del propio concepto de lengua española.

Por lengua española podemos entender el español estándar, es decir, la variedad o variedades lingüísticas propias de ciertos contextos que la ciencia del lenguaje y la filología suelen identificar como cultos o formales. En la historia del mundo hispánico, el español estándar ha sido establecido y definido de un modo más o menos explícito por individuos e instituciones vinculados a los poderes culturales, económicos, políticos y sociales. Entre los agentes de la estandarización, se encuentran relevantes figuras históricas (Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, Andrés Bello o Ramón Menéndez Pidal), instituciones a propósito creadas con fines lingüísticos (la Real Academia Española o el Instituto Cervantes [actualización: y la reciente Fundéu]), e instituciones que, aunque dedicadas a otros menesteres, ejercen un fundamental influjo en el desarrollo y mantenimiento del español (casas editoriales y medios de comunicación de masas, prensa, radio, televisión y redes informáticas). La lengua española así entendida ha venido a convertirse en el principal instrumento de comunicación entre los miembros de un colectivo humano que llamamos «mundo hispánico». Pero además, la lengua española ha pasado a ser el símbolo de una civilización, es decir, de un modelo cultural, político y social.

Además del anterior, existe un uso diferente, más amplio, del concepto de lengua española, que abarca un conjunto de variedades lingüísticas (entre las cuales se encuentra la estándar). Lo que hace que todas estas variedades formen parte de una sola entidad, de la lengua española, es la presencia de un denominador común, es decir, de un conjunto finito de unidades fónicas, morfológicas, sintácticas y léxicas y de una serie también finita de reglas combinatorias que determinan el funcionamiento de aquellas unidades. La presencia de unidades o reglas no compartidas define las múltiples variedades (dialectos), cuya existencia se justifica sobre la base de criterios geográficos, sociales y a veces hasta técnico-profesionales.

Tal concepción del español suele asumir, en la imaginación tanto del filólogo y del lingüista como del hablante no versado en estas materias, forma de pirámide. En el vértice superior de la misma se encuentra el estándar, situándose las otras variedades en el resto de la superficie triangular. El punto ocupado por cada variedad, o mejor dicho, la distancia entre ese punto y el vértice, representará el grado de semejanza entre la variedad en cuestión y el estándar.

Para profundizar más en la comprensión del estado del español en Nueva York, es necesario hacer algunas reflexiones sobre la relación entre lengua e identidad cultural. De todos es sabido que la lengua es una de las principales señas de identidad de cualquier comunidad cultural y un instrumento para la creación de una conciencia de cultura común. Definiremos aquí la identidad cultural como la conciencia de pertenecer a una entidad social abstracta constituida por individuos que de algún modo son similares por compartir ciertas pautas de conducta.2 La identidad cultural se forma y se mantiene por medio de la participación y la asociación explícita con una serie de instituciones culturales y políticas y por medio de la participación en actos de lealtad hacia los símbolos que representan a la comunidad en cuestión.

Las instituciones culturales tienden a desarrollarse desde la observación del comportamiento humano. Surgen cuando las gentes cobran conciencia de la existencia de patrones de conducta comunes y los institucionalizan. Las instituciones culturales incluyen, entre otras, el comportamiento lingüístico, las pautas de organización de la familia, de la amistad o de la cooperación económica, las tradiciones gastronómicas y musicales, y las representaciones del espacio comunitario (imágenes de la tierra, por ejemplo, institucionalizadas por pintores, fotógrafos o cineastas).

Las instituciones políticas, por su parte, nacen en el seno de una sociedad para coordinar acciones colectivas y tienden a contribuir al desarrollo de la identidad cultural desde arriba. En otras palabras, su existencia, además de articular la vida de la comunidad, genera comportamientos comunes que crean y refuerzan la conciencia de pertenecer al grupo y de poseer la identidad correspondiente. Este tipo de instituciones incluyen oficinas de gobierno, partidos políticos, escuelas u organizaciones vecinales.

Finalmente, los símbolos, tercer componente de la identidad cultural de una comunidad, carecen de una relación natural con los patrones de conducta asociados a la supervivencia, a la relación con el entorno o a la acción política, y sirven a la única función de identificar a la comunidad. Símbolos típicos son las banderas e himnos nacionales.

Los discursos públicos dominantes sobre cuestiones lingüísticas y, más concretamente, sobre la relación entre lengua e identidad cultural están basados en un modelo de pensamiento lingüístico que llamaré monoglósico. El pensamiento monoglósico está fundado en dos principios: el principio de focalización gramatical y el principio de convergencia.

El principio de focalización gramatical afirma que lo que caracteriza lingüísticamente tanto a un individuo como a una comunidad es la posesión de una gramática bien definida, mínimamente variable y relativamente estable (lo que comúnmente entendemos por lengua). Tal gramática reside en la mente cuando del individuo se trata y en entidades genéricas, tales como sociedad o cultura, cuando de una comunidad se habla.

La conceptualización del conocimiento lingüístico de un individuo como la posesión de una lengua mínimamente variable no es un fenómeno moderno y antecede al nacimiento de la lingüística como disciplina académica autónoma. Igualmente, la configuración de una comunidad a partir del hecho de que sus miembros comparten una lengua ha estado presente a lo largo de la historia de Occidente. Pero a partir de la aparición de dos movimientos modernizantes, el Romanticismo y el Nacionalismo (ambos estrechamente relacionados entre sí), el principio de focalización gramatical se extendió para ser compartido ya no sólo por una élite cultural y política sino por la práctica totalidad de la población de las sociedades occidentales, llegando a convertirse en uno de los más firmes componentes de las ideologías lingüísticas modernas.

La consolidación del principio de focalización gramatical —más allá incluso del seno de la propia lingüística— se vio apoyado por la ideología nacionalista y por el prestigio de la moderna ciencia del lenguaje. Por un lado, el nacionalismo ve las lenguas —entendidas como gramáticas focalizadas, mínimamente variables— como elementos definitorios de los pueblos y sus culturas, como entidades cuya existencia legitima cualquier reivindicación de formación de un estado-nación. Por otro lado, el desarrollo y prestigio de la ciencia del lenguaje dependió en gran medida de la capacidad de los lingüistas para definir claramente su objeto de estudio, es decir, el lenguaje, como una entidad altamente estructurada y sistemática. El creciente interés —quizás incluso la necesidad— de los lingüistas por definir el lenguaje como un sistema estable y estructurado contribuyó a la progresiva marginación del habla, de la variación y del cambio.

El segundo principio que define el pensamiento monoglósico es el de convergencia. Según este principio, el comportamiento lingüístico de los miembros de una comunidad tiende inevitablemente a homogeneizarse como resultado de la presión ejercida por las normas dominantes. La creencia en la validez universal del principio de convergencia se ve reforzada por varios factores, entre ellos, la tendencia que muestran los seres humanos a adaptar su comportamiento al de aquellos con quienes se relacionan. Como resultado de la preeminencia de este principio, los lingüistas han sido excesivamente propensos a aceptar que la variación dialectal tiende a disminuir con el tiempo —eso sí, sin desaparecer totalmente— por medio de un constante proceso de focalización. El principio de convergencia ha influido también en la percepción de las comunidades plurilingües como situaciones relativamente antinaturales y, por lo tanto, transitorias, las cuales inevitablemente están abocadas a atravesar un proceso de eliminación de variedades y de convergencia en la gramática focalizada dominante.

Volvamos por un momento al concepto de identidad cultural propuesto arriba para explorar su relación con el pensamiento monoglósico. Hemos visto que el lenguaje puede ser una institución cultural, cuando los hablantes, al cobrar conciencia de la existencia de pautas comunes de comportamiento lingüístico, las utilizan como marcas de su identidad cultural. Las lenguas, en concreto las lenguas oficiales, pueden también estar asociadas con las instituciones políticas cuando se convierten en el medio de comunicación oral y escrita en el seno de esas instituciones. Pero las lenguas, tanto si son oficiales como si no lo son, llegan con frecuencia a convertirse en símbolos de la comunidad, ejerciendo en tales casos un papel similar al desempeñado por banderas e himnos. Una de las consecuencias del pensamiento monoglósico ha sido la identificación del lenguaje como institución cultural con la lengua como símbolo de la colectividad. Como resultado de esta errónea identificación, se ha supuesto la necesidad de que exista una similitud formal entre el símbolo (la lengua) y la institución cultural (el comportamiento lingüístico de la gente). De aquí se deriva la profunda estigmatización de que son objeto los comportamientos lingüísticos que se separan del pensamiento monoglósico, al distar considerablemente de los modelos dominantes de conducta verbal, es decir, de la lengua estándar que ha alcanzado el estatus de símbolo de la comunidad.

Desde el seno de la sociolingüística, se ha proporcionado evidencia y se han desarrollado argumentos que niegan la validez universal del pensamiento monoglósico. Se ha mostrado, por ejemplo, que ciertos modelos de descripción lingüística desarrollados en comunidades relativamente homogéneas son inapropiados para la descripción de comunidades lingüísticamente complejas —desvirtúan, en definitiva, la realidad lingüística de tales comunidades—. Se ha observado también que las ideas preconcebidas sobre nociones tales como lengua, comunidad de habla o conducta verbal no son compartidas por todos los miembros de todas las comunidades. Suzanne Romaine (1994:11) ha mostrado que la presión para que se produzca la convergencia lingüística no existió en Melanesia hasta la imposición de modelos sociales occidentales y que de hecho se cultiva la diversidad como seña de identidad. También se ha indicado (Milroy y Milroy 1991:15; Giles y Coupland 1991:105-108) que, incluso en sociedades occidentales, existen fuerzas culturales y sociales que impiden la convergencia y que favorecen la divergencia.

Las anteriores reflexiones nos llevan a afirmar que la conducta verbal de un sector importante de la población hispana neoyorquina no puede ser caracterizada desde los parámetros del pensamiento monoglósico. El conocimiento lingüístico de los miembros de estas comunidades no consiste en la posesión de una gramática focalizada, es decir, en el dominio de una lengua, sino en el manejo de un fluido repertorio plurilingüe, que incluye varios dialectos del español. Este repertorio da lugar a una conducta verbal heterogénea, que los hispanos de Nueva York han institucionalizado convirtiéndola en uno de los componentes de su identidad cultural. Esta forma de hablar es producto del complejo contexto en que viven, de su pertenencia simultánea a, al menos, dos culturas (la puertorriqueña/dominicana/etc. y la estadounidense), y de su posición marginal en la estructura socioeconómica de la ciudad y del país en que residen. Todas estas circunstancias hacen que las comunidades de hispanos neoyorquinos a que nos referimos se muevan en múltiples redes de interacción social que los obligan a usar el español de un modo que se escapa a los esquemas interpretativos del pensamiento monoglósico. De ahí la estigmatización a que se ven sometidos y de ahí la dificultad que experimentan los sociolingüistas para comunicarles a gentes ajenas a su disciplina que estos comportamientos lingüísticos híbridos son sistemáticos, y están regidos por reglas, y que tienen el mismo potencial expresivo y retórico que cualquier lengua o dialecto. Por todas estas razones, para alcanzar una cabal comprensión de la vida del español en Nueva York hemos de intentar adentrarnos (siguiendo, una vez más, a Ana Celia Zentella 1997:13-14) en el terreno de la economía política de la lengua y de la cultura, desde una lingüística antropolítica que sitúe la lengua y el comportamiento lingüístico de los hispanos neoyorquinos en el contexto económico e ideológico en el que existe.

Notas: 

1. Véase el artículo de Amparo Morales en el Anuario del Instituto Cervantes 1999 y las observaciones allí hechas sobre las deficiencias del censo de 1990.

2. En un artículo titulado «Monoglossic Policies for a Heteroglossic Culture: Misinterpreted Multilingualism in Modern Galicia» he aplicado algunas de las ideas aquí presentes sobre lengua e identidad al análisis de la configuración lingüística de Galicia.

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José del Valle

El libro es una investigación, una propuesta de método econométrico y un conjunto de resultados que hay que destacar. Se ocupa de ponderar económicamente la riqueza que producen a México sus instituciones, sus empresas y sus productos culturales, definidos a partir de los derechos de autor, que son los que los unen en términos adecuados para una medición. El término técnico que las engloba es “industrias protegidas por el derecho de autor” (IPDA) o también “industrias culturales”. En este estudio nos enteramos, ante todo, de que ya existe, de tiempo atrás, un método para atribuir valor económico a los productos culturales. Con tal método se sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos de América, la participación de las “industrias culturales” en su producto interno bruto fue de casi 8 % en 2001; que en Colombia fue del 2,1 % ese año, o que en Europa, en 1997, llegó al 5 %; igualmente nos informa que en México en 1998 alcanzó el 6,7% del PIB.

Por “industrias protegidas por el derecho de autor” o “industrias culturales” se entiende el conjunto de los creadores, productores, fabricantes, difusores y distribuidores de materiales protegidos por ese derecho. Forman parte de ellas, en consecuencia, las editoriales, las editoras de música, los museos, las zonas arqueológicas, pero también los departamentos de publicaciones de las universidades, las galerías de pintura, las orquestas, etc. Es bien claro que sólo se puede atribuir un valor económico a productos que se ponen a la venta. El valor social de la cultura, que es el que tradicionalmente nos interesa, no se puede medir (lo cual no puede servir de coartada a los administradores y políticos que preferirían abolirla); pero que una parte de ese valor sea medible es algo muy importante.

Piedras y sus colaboradores consideran cuatro clases de industrias culturales:

1) las “base”, como lo son las editoriales de libros y revistas, los editores, distribuidores y difusores de música, el cine, la televisión, la publicidad, las artes plásticas, etc.;

2) las “interdependientes”, que se ocupan de la producción, fabricación y venta de equipo que facilita la venta de los productos culturales;

3) las “parcialmente relacionadas” con las primeras, en cuanto algunas de sus actividades se relacionan con los derechos de autor,

4) y las “no dedicadas”, como el teléfono, el fax, etc.

Agregan a ellas la productividad de lo que llaman “economía sombra” —¿por qué no “economía clandestina” o incluso “economía furtiva”?—, que es la práctica ilegal de la fotocopia, los discos piratas, etc.

Para componer la cifra total de aportación de las industrias culturales al PIB, los autores del estudio toman en cuenta el valor agregado de sus productos, el empleo que ofrecen, como porcentaje del empleo nacional, y los ingresos que producen sus exportaciones y ventas al extranjero.

Entre todas las industrias culturales mexicanas, la principal aportadora es la de la música, con un 2,6 % del PIB; la sigue la cinematográfica, con 1,5 %; la editorial, con 1,3%, y las artes plásticas, con 0,6 %. La contribución monetaria de nuestras industrias base fue, en 1998, de $ 125 739 millones de pesos. Si se compara esta contribución al PIB nacional con las otras ramas de la actividad económica, resulta que las industrias culturales colaboran en cuarto lugar al PIB mexicano, sólo después de la industria maquiladora, la petrolera y la turística (si se toma en cuenta la aportación de la arqueología y la historia, de los museos de pintura, etc., al atractivo turístico de México, la industria cultural sube al tercer lugar), y antes de la agropecuaria, la de la construcción, de las telecomunicaciones y la automotriz.

Las industrias culturales dieron empleo a 8 333 356 personas en 1998, equivalente al 3,6% de la población económicamente activa en México. Aunque en los últimos años su dinamismo ha decrecido, siguen desempeñando un notable papel productivo y sus ventas al exterior siguen superando sus importaciones.

La conclusión del estudio, por sorprendente que pueda parecer, viene a confirmar lo que muchos hemos destacado en México: el mejor producto mexicano de exportación es su cultura.

El estudio ayudará a definir mejor las políticas de fomento a las industrias culturales; servirá para defender el valor de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y contribuirá a entender la necesidad de que haya leyes claras que protejan el derecho de autor.

A las universidades e institutos de investigación como El Colegio de México nos sirve tanto para reconocer nuestra propia, quizá pequeña contribución, como para repensar el valor de nuestros estudios, en una época en que una universidad estatal decide cerrar las carreras de filosofía y letras; se reduce el presupuesto universitario del Estado y se abre la puerta a seudo-universidades privadas, que den una embarrada de cultura a sus alumnos, en carreras sintéticas de “humanidades” o de “comunicación”. Lo que el libro lleva a pensar es que, por el contrario, la inversión en industrias culturales (entre ellas, las universidades) debiera ser una prioridad del gobierno mexicano. Basta pensar, como ejemplo, en la industria editorial, que alguna vez fue la primera del mundo hispánico y ahora ha bajado a un cuarto lugar, muy superada por España, e incluso por Argentina y Colombia. Un país de 100 millones de hispanohablantes, con su herencia de cultura, tanto antigua como moderna, con la calidad que tienen sus escritores, sus universitarios especializados y sus traductores, debiera estar aprovechando esa “capacidad instalada” para contribuir de mucho mejor manera a la cultura imponderable y a la cultura que produce riqueza económica, que transmiten los libros. Pero lo mismo se puede decir de la música, de las artes plásticas, del cine, de los estudios históricos o de las exposiciones arqueológicas.

Ojalá el libro llegue a las manos de quienes pueden tomar decisiones en el campo cultural; y ojalá esta clase de datos forme parte, desde ahora, de las estadísticas normales del INEGI.

Luis Fernando Lara

El Colegio de México

Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios

 La lengua española es muchas cosas. Para algunos ni español es; es castellano. Y lo es, en cada caso, por muy distintas razones. Se habla esta lengua en lugares lejanos y de maneras diferentes. Vive en comunidades muy dispares y en todas ellas asume valores materiales y simbólicos peculiares. Coexiste con otras en mundos plurilingües que, con frecuencia, los hablantes saben negociar con mucha más serenidad, con mucha menos estridencia que los guardianes del lenguaje y la cultura. A lo largo de su historia, de la historia lingüística de las comunidades hispánicas, han surgido múltiples discursos sobre la lengua y el habla cuyo análisis casi siempre (y me inclino a pensar que el “casi” sobra) nos revela su imbricación en fenómenos que pertenecen a otros órdenes: económico, político... Los últimos treinta años no han sido excepcionales; es probable incluso que de haberlo sido su desvío de la tradición haya ocurrido por exceso y no por defecto. Efectivamente, en las últimas décadas parece haberse sentido con especial intensidad la necesidad de intervenir en la protección y promoción de lenguas (del español, del gallego, del quechua), y así han proliferado políticas destinadas al ordenamiento de la vida lingüística, y con ellas, ideologías (algunas de las cuales se remontan a tiempos bien lejanos en la historia de la humanidad) al servicio de su triunfo en el complejo mercado de la opinión pública.

En este ensayo me propongo discutir precisamente algunos de los rasgos de las políticas e ideologías lingüísticas que, en nombre del español, han saltado a la palestra, dando nueva vida, en unos casos, a visiones de antaño sobre el papel de esta lengua en España y en el resto del mundo, y produciendo, en otros, nuevas visiones propias de las necesidades y conflictos contemporáneos de las sociedades en las que el español cumple una función comunicativa, económica y política importante. Empezaremos por la misma España para, poco a poco, irnos acercando a los campos discursivos internacionales que la globalización ha engendrado.

1978: la articulación de España y la política lingüística doméstica

La aprobación de la Constitución Española de 1978 marcó un hito en la historia reciente del país. De entre los múltiples objetivos que se planteaban los padres de la carta magna, adquiría relevancia especial el intento de resolver el histórico contencioso sobre la problemática definición de España como estado-nación y, consecuentemente, de adoptar un modelo apropiado para la organización administrativa del Estado. Así, y como respuesta a estos desafíos, nacía, en 1978, el Estado de las Autonomías, un marco legal y político que aspiraba a acomodar, por un lado, las reivindicaciones sobre la unidad cultural y política de España, y por otro, las demandas de los nacionalismos catalán, gallego y vasco.[1] 

Por supuesto, tan ambicioso y complicado proyecto de modernización y construcción nacional habría de tener que enfrentarse a también complejos problemas lingüísticos: desde el establecimiento del español o castellano[2] como “la” lengua de España hasta el reconocimiento oficial de su carácter plurilingüe. A pesar de la instauración de la Constitución (que en su artículo 3 trata de responder a los retos lingüísticos),[3] de la puesta en vigor de los Estatutos de Autonomía y de la aprobación de las respectivas Leyes de Normalización Lingüística en las Comunidades que las consideraron necesarias, aquellas disputas de los años setenta y ochenta sobre quién ha de hablar qué, cuándo, dónde y por qué aún persisten: todavía se oyen de vez en cuando expresiones de alarma ante el hecho de que la sustitución del catalán, gallego o vasco por el español sigue su curso; aún surgen a veces acusaciones de discriminación contra hablantes de una u otra lengua; saltan todavía a las noticias discusiones sobre el tiempo que en las escuelas se dedica o se ha de dedicar a la enseñanza del castellano. Es incuestionable la actualidad y relevancia política de estos y otros temas aún en 2004 y de ahí que hayan recibido una atención especial de los investigadores de la vida social del lenguaje. [4] 

La planificación lingüística y su estudio 

En efecto la mayoría de los estudios de política lingüística desarrollados en España y sobre España se han centrado en las múltiples dimensiones de los llamados procesos de normativización y normalización en las comunidades con “lengua propia”. Si asumimos la perspectiva tradicionalmente adoptada por la sociología del lenguaje en relación con el estudio de la vida lingüística de una comunidad, el volumen y naturaleza de la atención prestada a estos procesos no nos sorprende, pues son ellos precisamente los que constituyen el principal objeto de observación y análisis para los estudios de política lingüística. Partamos de la definición canónica de planificación que nos ofrecen Robert B. Kaplan y Richard B. Baldauf en su visión panorámica del campo: “Language planning is a body of ideas, laws and regulations (language policy), change rules, beliefs, and practices intended to achieve a planned change (or to stop change from happening) in the language use in one or more communities. To put it differently, language planning involves deliberate, although not always overt, future oriented change in systems of language code and/or speaking in a societal context” (1997:3).

Nótese la diferencia entre la definición de planificación lingüística que proponen Kaplan y Baldauf y mis propias palabras en las líneas que sirven de prefacio a la misma. Si los autores de Language Planning hablan de “ideas, reglas y normas”, yo me refiero a su estudio crítico. Conviene subrayar la distinción, pues al hablar de planificación lingüística y de estudios de política lingüística estamos ante actividades profesionales e intelectuales claramente diferenciadas que, si bien son prácticas compatibles ligadas por una relación simbiótica, responden a motivaciones dispares y derivan su legitimidad de fuentes distintas. La planificación o política lingüística (como se observa en la definición arriba reproducida) es un campo eminentemente práctico, una suerte de ingeniería social con sus ramas teóricas y aplicadas. Debido a la aparente voluntad de esta disciplina de proyectar una imagen eminentemente técnica —con lo que ello conlleva de presunción de objetividad y neutralidad ideológica— se hace necesario su estudio crítico, es decir, una reflexión metadisciplinaria que permita entender mejor los planteamientos de los planificadores situándolos en el contexto político de su emergencia y analizando las prácticas discursivas que producen.[5] 

Pues bien, con esta distinción en mente, volvamos a las políticas lingüísticas catalana, gallega y vasca. En los años setenta, los planificadores partían de un escenario en el cual, sostenían ellos, la lengua de la Comunidad estaba siendo sustituida por el español. Su objetivo iba a ser frenar este proceso e incluso invertirlo, es decir, como señalan Kaplan y Baldauf, condicionar las prácticas lingüísticas de modo tal que aumentara el uso de la lengua que los textos legales habían etiquetado como “propia”. Los procesos que se pusieron en marcha para llevar a cabo tal transfomación se proponían, por un lado, fijar la norma lingüística y que ésta fuera aceptada por la población (sería la llamada “normativización”), y por otro, garantizar su presencia en todas las esferas de la vida pública y privada de la comunidad (la llamada “normalización”).[6] Estos dos procesos se corresponden con las dos grandes categorías en que se suele organizar la planificación lingüística: planificación del corpus y planificación del estatus.[7] La primera de ellas incluye a su vez dos procesos: la codificación —establecimiento de un sistema de escritura, una gramática y un léxico— y la elaboración —creación de mecanismos que mantengan la lengua siempre a punto, siempre al día, velando, por ejemplo, por su modernización léxica. La planificación del estatus se compone a su vez de dos proyectos: la selección de la variedad o variedades que han de servir como base para la norma y la implementación de la misma, es decir, el diseño y puesta en práctica de medidas que lleven a su uso generalizado en los contextos deseados. Volveré enseguida sobre la implementación. Pero subrayemos de nuevo que los programas de planificación lingüística catalanes, gallegos y vascos han ocupado un espacio prominente en la política de las respectivas Comunidades, y asimismo han sido y son observados de cerca, analizados críticamente y frecuentemente debatidos tanto en foros científicos y universitarios como en espacios de mayor impacto en la formación de la opinión pública tales como la prensa.

Nuevas políticas lingüísticas para una España globalizada

Contrariamente, ha recibido poca atención crítica la también intensa, pero quizás menos estridente, política lingüística orientada hacia la planificación del corpus y estatus del español. Por lo que a la planificación del corpus se refiere, el trabajo de las agencias lingüísticas pertinentes (principalmente la Real Academia Española, pero sin olvidar la importante intervención de la prensa escrita por medio de sus libros de estilo y de los corsarios de la estandarización con sus manuales de urbanidad y buena conducta lingüística[8]) ha sido intenso, y desde principios de los noventa han proliferado proyectos de codificación y elaboración de entre los cuales se destacan el Diccionario, la Gramática y la Ortografía académicas. Si los esfuerzos de planificación de corpus han sido abundantes, no lo ha sido el análisis de la naturaleza y significado de los mismos; como tampoco lo ha sido el estudio de las estrategias de planificación del estatus del español, especialmente el interés manifiesto en el mismo período por dotar al idioma de una determinada imagen pública —a la que enseguida me referiré— y por promocionar su estatus más allá de las fronteras de la propia España. En términos concretos estas estrategias se canalizaron a través de la creación del Instituto Cervantes en 1991, con el objeto de promover el español internacionalmente, y de la renovación y modernización de la Academia, que, distanciándose del viejo lema “limpia, fija y da esplendor”, asumía ahora como objetivo prioritario el de salvaguardar la unidad de un idioma que se habla en tantos y tan distantes países.[9] 

Curiosamente, el significado de esta reorientación ha despertado escaso interés entre los investigadores, y no digamos entre la población general, que parece incluso insconsciente de la existencia de una política lingüística española fuera del ámbito que les corresponde a los gobiernos de las Comunidades Autónomas con lengua propia. Un aspecto estratégicamente central de la política lingüística a la que me voy a referir en este ensayo es precisamente su invisibilidad. No pretendo sugerir, por supuesto, que la implementación de la misma tenga lugar a espaldas de la población. Muy al contrario, gran número de actos públicos asociados con la puesta en práctica de esta política se caracterizan precisamente por su espectacularidad y por su amplia proyección mediática. No son, por lo tanto, los conceptos y prácticas culturales y lingüísticas en sí lo que es objeto de una suerte de ocultamiento, sino el carácter político y económico de las mismas, es decir, su estrecha conexión, tanto en lo que se refiere a su formulación como a sus consecuencias, con intereses y proyectos que nacen en ámbitos más “prosaicos” de la vida nacional.[10] Me refería, al abrir esta sección a la menor “estridencia” de la planificación del corpus y el estatus del español, es decir, a la escasa aparición de crispadas disputas sobre el asunto en foros de amplia difusión tales como la prensa. Esto pudiera ser precisamente producto del éxito con que se ha llevado a cabo el ocultamiento de la dimensión política e ideológica de la promoción de la lengua española desde las instituciones ya mencionadas. El destape de esta dimensión es justamente uno de los objetivos que los estudios de política lingüística deben plantearse. Porque si es cierto que los proyectos de planificación catalanes, gallegos y vascos son parte de la acción de los gobiernos autonómicos y han de ser entendidos y evaluados en el contexto de la dinámica política de cada Comunidad, también lo es que al profundizar en el análisis de la política lingüística de España en relación con el español nos encontramos con instituciones y acciones que no se circunscriben al terreno de lo asépticamente cultural sino que se inscriben en el más amplio contexto de las relaciones y transacciones que caracterizan el ejercicio del poder político y económico.

El mencionado giro en el interés y en la acción lingüística y cultural del ámbito de lo doméstico al de los asuntos exteriores está conectado con otro de los importantes desafíos a los que hubieron de enfrentarse los agentes de la reforma política de los años setenta una vez superada la transición legal e institucional. El telón de fondo frente al cual se deben interpretar las nuevas estrategias de planificación es la creciente participación española en los principales foros de la política internacional y en la pugna por los tesoros del mercado económico global. A principios de los ochenta, el Partido Socialista se enfrentó al reto de conducir el país hacia las autopistas de la modernidad. A lo largo de aquella década, España pasó a formar parte de la OTAN y la Unión Europea, logros que acercaron al país a los centros de decisión del mundo occidental. En 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla sirvieron como plataformas de exhibición de la preparación y capacidad organizativa de España. También en los noventa, se asistió al despegue de las multinacionales españolas, muchas de las cuales aterrizaron en Latinoamérica. Estos y otros procesos parecían probar de una vez por todas la superación de la excepcionalidad de España y su ascenso al rango de oficial en los ejércitos de la globalización.

Cambios tan radicales en el sistema político, vida cultural, actividad económica y prestigio internacional del país no podían tener lugar sin dejar su impronta en la vida lingüística: a medida que el Estado de las Autonomías pugnaba por asentarse en un incómodo espacio nacional, a medida que España se modernizaba y a medida que gobierno y empresas jugaban o anhelaban jugar un papel mayor en la vida internacional, desde las instancias del poder se forjaban nuevas ideologías lingüísticas. Por un lado, los nacionalismos catalán, gallego y vasco, en el espacio de poder que les correspondía, pretendían naturalizar la condición nacional de sus comunidades y legitimar así su reivindicación de autogobierno a través de la lengua: de su instalación en la administración, en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en todos los espacios de la vida pública; de su consolidación como símbolo nacional; y sobre todo, de la difusión de prácticas y creencias lingüísticas que distinguieran la verdadera y legítima ciudadanía (catalana, gallega o vasca, según el caso) tal como estos movimientos políticos la concebían. Asimismo, desde el gobierno de Madrid y desde las instituciones investidas de poder lingüístico se iba sintiendo la necesidad de proyectar una imagen del español —de su relación con la propia España, con los países hispánicos y con el resto del mundo— que complementara los esfuerzos de construcción nacional y los planes de modernización, crecimiento económico y ampliación de la presencia política y económica del país en el mercado global.

El estudio de las ideologías lingüísticas

Acabo de utilizar el concepto de “ideologías lingüísticas” para referirme a ciertos aspectos de las políticas diseñadas e implementadas tanto en las Comunidades Autónomas en relación con la lengua propia como en España en relación con el español. Dada su centralidad en el análisis que aquí propongo, detengámonos brevemente en este concepto y en las disciplinas que se han ocupado de su estudio.[11] La emergencia, desarrollo y reconocimiento de un campo del saber destinado al estudio de las ideologías lingüísticas es, al menos en parte, consecuencia de la redefinición del lenguaje como objeto de reflexión científica e intelectual que va cristalizando tras el giro social de la lingüística[12] y el giro lingüístico de las ciencias sociales y de la filosofía.[13] La nueva prominencia de estas aproximaciones en círculos de actividad intelectual dio lugar a que se vieran más claras las funciones no-referenciales del mismo y a que se reconociera la centralidad de las actitudes y creencias lingüísticas de los hablantes, ya fueran estas explícitas o implícitas.[14] El estudio de las ideologías lingüísticas se distanciaba, por lo tanto, de las aproximaciones formalistas y radicalmente despolitizadas al lenguaje que había producido el paradigma neogramático/saussureano (del cual es máximo exponente en la actualidad el generativismo de corte chomskyano).[15] Los protagonistas del desarrollo de esta nueva área de conocimiento se han mostrado más bien reacios a delimitarla, exhibiendo así la irritante resistencia postmoderna a la definición; una resistencia que si bien, y muy acertadamente, reconoce el resbaladizo carácter de los procesos de significación, también permite al investigador eludir los desafíos de la síntesis y las responsabilidades de la explicación. Aun así, a partir de los textos que van marcando la trayectoria del campo se puede deducir que las ideologías lingüísticas son entendidas como sistemas de ideas que integran nociones generales del lenguaje, el habla o la comunicación con visiones y acciones concretas que afectan la identidad lingüística de una determinada comunidad. En su análisis, el funcionamiento de estos sistemas de ideas se analiza siempre en el contexto de las estructuras sociales, relaciones de poder y actividades políticas y económicas relevantes para el colectivo humano estudiado. Paul V. Kroskrity ha señalado cuatro rasgos que pueden servirnos para completar la caracterización de este campo: “language ideologies represent the perception of language and discourse that is constructed in the interest of a specific social or cultural group” (8); “language ideologies are profitably conceived as multiple because of the multiplicity of meaningful social divisions (class, gender, clan, elites, generations, and so on) within sociocultural groups that have the potential to produce divergent perspectives expressed as indices of group membership” (12); “members may display different degrees of awareness of local language ideologies” (18); “members’ language ideologies mediate between social structures and forms of talk” (21).

Arriba, al referirme a la planificación de corpus y de estatus prometí volver a los procesos de implementación, y este punto, tras la introducción del concepto de ideologías lingüísticas, es el oportuno. Kaplan y Baldauf ofrecen la siguiente definición de este proceso: “The implementation of a language plan focuses on the adoption and spread of the language form that has been selected and codified. This is often done through the educational system and through other laws and regulations which encourage and/or require the use of the standard and perhaps discourage the use of other languages or dialects” (36). Como se desprende de esta definición, la implementación consiste en la proyección del plan lingüístico diseñado sobre la comunidad afectada, es decir, se refiere a las múltiples estrategias que los agentes de la política lingüística deben diseñar para persuadir a la población de la bondad y conveniencia del plan. Una vez seleccionada la lengua o dialecto que ha de servir como base para el desarrollo de la norma, una vez completada la codificación y una vez dispuestos los mecanismos de elaboración, es imprescindible conseguir que los hablantes acepten la visión de la comunidad lingüística que se les propone y la legitimidad de las instituciones a las cuales se encomienda formular la política lingüística.[16] Cierto es que, como señalan Kaplan y Baldauf, el sistema educativo suele jugar un papel protagónico como instrumento al servicio de la implementación. Ahora bien, no hay que olvidar la relevancia de otros campos discursivos, así como de las instituciones que los producen, en la difusión de ideas que, una vez arraigadas en la opinión pública y en el llamado sentido común, faciliten la puesta en práctica de proyectos políticos. Esta fase de implementación, que podríamos también llamar de persuasión, en la que se pretende condicionar las ideas y prácticas lingüísticas de los hablantes, es obviamente trascendental y el concepto de ideologías lingüísticas nos ofrece un valioso soporte teórico para su análisis.

La complejidad lingüística de España, derivada tanto de su plurilingüismo como de la enrevesada (y con frecuencia envenenada) negociación política de éste, ha dado lugar a la emergencia de múltiples ideologías lingüísticas y a la utilización de numerosas estrategias para la difusión social de cada una de ellas. Ya se ha hecho referencia, si bien de pasada, a las ideologías que se han desarrollado tanto en las comunidades autónomas con lengua propia[17] como en España en relación con el español. En torno a estas últimas girará el resto del ensayo.

Como ya queda dicho, desde las agencias a cargo de la política lingüística española se ha ido mucho más allá de la simple elaboración de la norma culta del español. La preservación de la unidad del idioma, es decir, la garantía de la lealtad de los hispanohablantes a la norma culta y a sus guardianes, y la promoción del español internacionalmente, es decir, el estímulo y explotación de un interés por la lengua española en el mundo, han sido declarados objetivos prioritarios por la Academia y el Cervantes respectivamente. Se ha desarrollado, en suma, una visión del español y de su relación con España, con la comunidad hispánica y con el mundo; y se han puesto en marcha medidas para alcanzar su aceptación y extensión. Se ha producido, en suma, un sistema de ideas formado por nociones lingüísticas y visiones de la identidad colectiva (española o hispánica) cuyo funcionamiento ha de ser entendido en el contexto del desarrollo político y económico de la España contemporánea.

La nueva imagen del español: concordia, internacionalismo y rentabilidad

Como ya he señalado en trabajos anteriores realizados en colaboración con Luis Gabriel-Stheeman (del Valle y Gabriel-Stheeman 2002),[18] al analizar la imagen del español desarrollada por las mencionadas instituciones, nos encontramos, en primer lugar, con que aparece insistentemente caracterizado como lengua de encuentro, como instrumento de comunicación que posibilita un diálogo y una convivencia armónica propios, aparentemente, de una patria común. Este principio lo formulaba así, de forma concisa pero extraordinariamente elocuente, Víctor García de la Concha, Profesor de la Universidad de Salamanca y actual Director de la Academia: “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior” (citado en EL PAÍS, 9 de julio de 2000). La idea del español como lugar de encuentro está directamente relacionada con la voluntad de promover la cooperación pan-hispánica. No en vano el Director de la Española y muchos otros agentes de las políticas lingüísticas con ella asociadas insisten en señalar que el mayor peso del español se encuentra en América, y que la Academia, siguiendo las recomendaciones del Rey de España, no da un paso sin consultar con las otras Academias de la Lengua Española. El “encuentro” hizo su más sonada aparición en un muy controvertido discurso pronunciado por Juan Carlos I: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes” (Juan Carlos I, ceremonia de entrega del Premio Cervantes , 23 de abril de 2001).[19] 

La segunda idea que perfila la imagen del español en la política lingüística a la que aquí me refiero afirma el carácter internacional del mismo. Esta proyección global del idioma se deriva no sólo de su presencia en los países que constituyen el mundo hispánico sino, y muy especialmente, de su capacidad de expansión. La prensa española ha insistido en esta propiedad y los siguientes titulares resultan reveladores de la euforia que acompaña la promoción internacional de la lengua: “Los expertos llaman a los hispanohablantes a conquistar el ciberespacio” (EL PAÍS, 11 de abril de 1997); “El español conquista Brasil” (EL PAÍS, 8 de mayo de 2000); “El Instituto Cervantes a la conquista de América” (EL MUNDO, 12 de octubre de 2000). A pesar del marcado tono militarista que las opciones léxicas de la prensa dan al asunto, hay que señalar que la expansión del idioma se suele justificar más bien invocando los valores universales que se le atribuyen, tanto político-culturales, como hemos visto en el párrafo anterior, como económicos, como veremos en el que sigue.

Las virtudes conquistadoras de la lengua son buenas compañeras de la tercera y muy valiosa propiedad que se le asigna: su condición de recurso económico. En octubre de 2001, por ejemplo, la RAE y el Instituto Cervantes organizaron en Valladolid el II Congreso Internacional de la Lengua Española con el título “El español en la Sociedad de la Información”. Patrocinado por Telefónica, Iberia y Caja Duero, el congreso fue dividido en cuatro secciones, una de las cuales recibió el título “El activo del español”. La conferencia plenaria, pronunciada por el Sr. D. Enrique V. Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C., fue “El potencial económico del español”.[20] Por su parte, el Instituto Cervantes a través de sus Anuarios ha mostrado igualmente enorme interés por analizar y enfatizar la relación entre la lengua española y la actividad económica. Algunos de los títulos incluidos en el Anuario 2001 resultan indicativos: “Econometría de la lengua española” (Martín Municio), “El libro y la imagen de marca de la lengua española” (Ávila Álvarez), “Una década de inversiones españolas en Iberoamérica (1990-2000)” (Casilda Béjar), “El mercado de las lenguas: la demanda del español como lengua extranjera en Francia y Alemania” (Lamo de Espinosa y J. Noya).[21] Aunque no faltan en estos ensayos concesiones retóricas a la lengua como depósito de un legado histórico y cultural y a su condición de lazo unificador de la comunidad hispánica, su objetivo primario es la identificación y ordenamiento de los factores que inciden sobre el potencial productivo del español: el español como producto anhelado por extranjeros ansiosos de aprenderlo y con ello incrementar su capital cultural; el español como instrumento publicitario, como imagen de marca que hace un producto más apetecible; y el español como basamento de la identidad panhispánica que invita y legitima las inversiones e intervenciones españolas en las Américas.

Mención especial merece la discusión de la presencia del español en Estados Unidos. En líneas generales, el tratamiento del asunto que en estos textos encontramos parte de tres hechos: el creciente número y porcentaje de estudiantes de español a todos los niveles de enseñanza, el creciente número y porcentaje de hispanos que forman parte de la población del país norteamericano, y la moda de “lo latino”. La aproximación que prima es cuantitativa, y la presentación de los datos suele estar arropada por comentarios como los siguientes (tomados de la mencionada ponencia plenaria de Valladolid a cargo Enrique V. Iglesias “El potencial económico del español”): “La población hispana ha venido incrementando el promedio de ingresos individuales de su población económica activa”; “la población hispana de los Estados Unidos constituye la tercera entidad económica del mundo latino”; “el español tiene una importante y creciente impronta en la cultura, las comunicaciones y en el volumen del consumo de los Estados Unidos”. Vemos pues que prima el interés por el hispano estadounidense como consumidor, en tanto que constituye un mercado en cuya configuración y explotación la lengua española desempeña un papel central. La misión de las agencias e instituciones que articulan y financian la política lingüística aquí discutida la dejaba clara Óscar Berdugo (director de la Asociación Español Recurso Económico) en la comunicación por él presentada en Valladolid (“El español como recurso económico: anatomía de un sector”): “Si España se consigue colocar como referente de identidad o como proveedor de señas de identidad culturales con respecto a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, estaremos en una inmejorable situación para mejorar nuestras posiciones en aquel país” (énfasis mío). En otras palabras, España debe pugnar por convertirse en una fuente de identidad para los hispanos estadounidenses y así crear un vínculo comunitario, una lealtad al colectivo, que sólo puede ser beneficiosa para las compañías españolas que aspiran a acceder y a seducir al mercado hispano.

La ideología del nacionalismo lingüístico

Hemos repasado hasta ahora tres de las propiedades que, desde las instituciones investidas con poder lingüístico, se le atribuyen al español: concordia, internacionalismo y rentabilidad. Se trata de propiedades que se le asignan para que, operando conjuntamente, contribuyan a articular su significado y determinar su valor en varios frentes: España, la comunidad hispánica y los mercados lingüísticos internacionales. En lo que resta de ensayo, quiero sugerir la existencia de un cuarto elemento en la ideología que sirve de apoyo a la implementación de la política lingüística española: me refiero a la construcción de una imagen del español basada en el rechazo, explícito en muchos casos, de las premisas del nacionalismo lingüístico. La relevancia de este cuarto componente se pone de manifiesto al analizar su presencia tanto en los terrenos político y económico como en los ámbitos geográficos español e hispánico.[22] 

Los modos de concebir la relación entre lengua e identidad colectiva son ciertamente complejos y probablemente por eso han recibido —y aún reciben— gran atención de parte de antropólogos, historiadores, lingüistas, sociólogos, etc. El nacionalismo lingüístico es precisamente uno de los discursos que articulan lengua e identidad grupal, y si nos fijamos en la ideología que yace bajo la mayoría de los proyectos de planificación lingüística, quizás el que más haya influido las políticas del lenguaje tanto gubernamentales como no gubernamentales en los últimos dos siglos. Los movimientos políticos nacionalistas se definen a partir de la afirmación de la existencia de una entidad nacional y de la reivindicación para la misma del derecho a ejercer el nivel de autogobierno que sus miembros deseen. En otras palabras, asumen como pieza central de su ideario el principio o doctrina de las nacionalidades, de acuerdo con el cual, en palabras de Álvarez Junco, “cada pueblo o nación tiene el derecho a ejercer el poder soberano sobre el territorio en que habita” (2001:12). El modo concreto de definir la nación (en base a criterios políticos o étnicos, por ejemplo) y las funciones que su defensa desempeñe (separatismo, expansionismo, reforma política) son parámetros que permiten distinguir unos movimientos nacionalistas de otros.

Al examinar la fijación del primero de estos parámetros en diversos discursos nacionalistas encontramos que algunos tienden a señalar el carácter subjetivo de la nación, como un contrato social de convivencia diariamente renovado en un metafórico plebiscito que confirma la lealtad de la ciudadanía al proyecto político común (se oirán aquí los ecos de la doctrina de Jean-Jacques Rousseau y de la idea de la nación como plebiscito cotidiano que planteó Ernest Renan en su famoso discurso de 1882). Otros movimientos nacionalistas han afirmado en cambio la existencia objetiva de la nación, colectivo humano que una serie de circunstancias históricas cualesquiera ha dotado de una cultura propia y uniforme, entendida ésta como modo de racionalizar la experiencia vital en el cual se realiza el individuo (se oirá aquí quizás resonar el pensamiento de Johann G. Herder o Johann G. Fichte).[23] Si bien esta clasificación dicotómica presenta ventajas analíticas, advierte A. D. Smith (2000) que elementos propios de las concepciones cívicas de la nación se cuelan frecuentemente en discursos etnicistas y que, del mismo modo, rasgos de éstos aparecen en diseños predominantemente políticos de la nación. Teniendo en cuenta esta importante matización, podemos afirmar que las naciones se definen discursivamente a partir de una lista de elementos potencialmente constitutivos de la misma, un menú de propiedades nacionales (lengua, religión, tradiciones folclóricas, tradiciones sociales, narraciones históricas, instituciones políticas, sistemas de leyes, etc.) del cual cada movimiento nacionalista seleccionará los que le convengan según las necesidades específicas del contexto político concreto en que se desenvuelva. Si una colectividad humana percibe que para la consecución de unos objetivos (culturales, económicos o políticos) ha de definirse como una nación, utilizará con tal fin los elementos que mejor sirvan al cumplimiento de aquellos objetivos. Finalmente, añadamos un último elemento que no falta en los dicursos nacionalistas, ya tiendan éstos hacia el lado cívico o hacia el lado étnico del espectro: la territorialidad, “el principal requisito —y el control del territorio el principal objetivo— de las naciones” (Álvarez Junco 2001:13).

Sean cuales sean los elementos que se seleccionan para la construcción discursiva de la nación, todo movimiento político que se define como nacionalista afirma la existencia de una identidad grupal que legitima el ejercicio de la soberanía y las instituciones que la ejercen. Lo que distingue a los nacionalismos lingüísticos (frente a otros de carácter religioso o político, por ejemplo) es el situar la lengua en el mismo centro de la identidad. De nuevo, encontraremos diferencias al observar el papel que distintos movimientos nacionalistas asignan a la lengua, el modo en que la integran en el proyecto de construcción identitaria. En versiones predominantemente étnicas/culturales/primordialistas de la nación, se tiende a asumir un determinismo lingüístico que implica la identificación de lengua y cultura y sugiere la existencia de un isomorfismo entre la estructura gramatical de la lengua en cuestión y la percepción de la experiencia en forma de categorías que constituye la cultura. Para este tipo de nacionalismo lingüístico, la pérdida de la lengua, supone la desaparición de una forma de ver el mundo, un peligroso e irreparable trastorno de la ecología cultural de la Tierra. Por ejemplo, el 10 de mayo de 2001 se celebraba en Galicia el “CorreLingua 2001” carrera pedestre popular organizada (como acto simbólico en defensa de la lengua) por departamentos de gallego y equipos de normalización lingüística de los institutos de la Comunidad. Al final de la misma se leyó un manifiesto a los jóvenes participantes que decía lo siguiente: “Somos a voz dos sen-voz, a vangarda dos que rexeitan usar falas prestadas para non ficaren orfos de pensamentos[…] Nós somos o futuro de Galiza. Somos galegas e galegos e falamos galego. Porque só falando galego somos galegas, somos galegos”. No podría quedar expresada con mayor claridad y contundencia la conexión que se supone entre pensamiento, lengua e identidad grupal.

En cambio, en versiones predominantemente cívicas/políticas/voluntaristas, la lengua tiende a ser concebida como instrumento de comunicación propio de la comunidad, instrumento que posibilita la vida en común y la articulación de la vida económica y social del colectivo. Con todo, y aun cuando se acepte el carácter relativamente arbitrario de la relación entre gramática y cultura, la lengua suele verse investida de un carácter simbólico que la convierte en elemento representativo de la nación. En un contexto histórico y geográfico en que la vida cotidiana de los miembros de dos naciones distintas no presente mayores diferencias salvo las lingüísticas, serán justamente éstas las que legitimen la existencia de las entidades nacionales diferenciadas (al margen, por supuesto, de la existencia de hecho de estructuras administrativas y políticas separadas) y sería precisamente a éstas a las que se recurriría para aunar al pueblo si se diera, pongamos por caso, un conflicto con la nación vecina. En estas situaciones, la desaparición de la lengua supone la eliminación de la marca diferenciadora y con ella de la frontera étnica que constituye la base de la soberanía nacional.

A modo de síntesis, la estructura conceptual básica del nacionalismo lingüístico está formada por tres elementos: (a) una identidad grupal, o cultura (cívica o étnica) compartida, (b) posibilitada o determinada por una lengua común, (c) y circunscrita a un territorio.

El nuevo régimen lingüístico: la lengua y el post-nacionalismo hispánico 

Pues bien, los portavoces de la nueva política lingüística española, así como los autores de discursos ideológicamente afines, han rechazado de plano el nacionalismo lingüístico y con él la que ha tendido a ser su premisa fundamental: la visión de la lengua como encarnación de la cultura de un pueblo, como singularísimo modo de interpretar la experiencia vital humana. En este sentido, en 2001, Francisco Marcos Marín, por aquel entonces Director Académico del Instituto Cervantes, afirmaba en el suplemento cultural del diario madrileño ABC la separación conceptual entre lengua y cultura: “Frente a toda idea de mente colectiva o de propiedad de la comunidad de hablantes, la lengua debe estudiarse como propiedad individual […] la identidad lingüística no implica identidad cultural” (ABC Cultural junio 2001). Una vez disociada del concepto de cultura, la lengua queda neutralizada como elemento potencialmente constitutivo de la nación, al menos en las formulaciones románticas de ésta. Sin embargo, aún se podría afirmar, desde nacionalismos más cívicos, el valor de la lengua como marca, como símbolo arbitrario de la nación. Pero esta posibilidad ha sido también rechazada. En 1995, Gregorio Salvador, distinguido miembro de la Academia, hacía la siguiente afirmación: “El español no es seña de identidad ni emblema ni bandera […] La vieja lengua de mil años y miles de caminos no es vernácula ya en ninguna parte, ni siquiera en la vieja Castilla donde nació […] [ha] devenido en pura esencia lingüística, es decir, en un valiosísimo instrumento de comunicación entre pueblos y gentes, en un idioma plurinacional y multiétnico” (citado en EL PAÍS, 7 de noviembre de 1995). En el mismo sentido, y en términos más firmes aún, rechaza Juan Ramón Lodares la visión nacionalista de la relación entre lengua y cultura: “El integrismo lingüístico se presenta como un eficaz elemento nacionalizador, basándose en la idea —falsa, por lo demás— de que la comunidad de lenguas es trasunto de la comunidad racial y de la comunidad de ideas, creencias, sentimientos, así como un bastión de fidelidad a los valores patrióticos” (2002: 21).[24] 

Vemos pues que estos filólogos y lingüistas, directamente vinculados o cercanos a las instituciones de implementación de la política lingüística de promoción del español, abrazan una concepción de la lengua —una ideología lingüística— que parece situarlos en el polo opuesto del nacionalismo lingüístico clásico que utilizaba aquélla como pieza central de la construcción nacional, ya fuera por la vía estructural-semántica-cultural (como materialización del espíritu del pueblo) o por la vía simbólica-arbitraria (como totem en torno al cual se agrupan los miembros de la nación). Frente a esta visión, se promueve en España una ideología lingüística que libera al español de sus ataduras culturales y nacionales para que se convierta en lengua panhispánica, para que salga de las fronteras físicas que delimitan un territorio nacional específico, y para que asuma un carácter expansivo e internacional.

Volvamos brevemente a la imagen del español dibujada por el Director de la Academia: “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior” (citado en EL PAÍS, 9 de julio de 2000, subrayado mío). En el fondo de esta imagen, se sitúa el rasgo básico que caracteriza a cualquier lengua: su poder comunicativo. Se asume, por supuesto, que el español, al ser una lengua altamente codificada y elaborada, está dotado de una especial transparencia significativa. Pero más sobresaliente aún es el hecho de que al referirse a la lengua el Director de la Academia no se limita a señalar su utilidad: el español es más —debe ser más— que un simple instrumento al servicio del diálogo eficiente. Como canal de comunicación que es, produce el “encuentro” de todos aquellos que lo hablan y el establecimiento de una comunidad caracterizada por la “concordia”. Por medio de estas figuras del lenguaje, García de la Concha asocia el español con un valor superior, ya no sólo limitado a la utilidad administrativa o a la rentabilidad económica, sino estrechamente vinculado a un orden moral y cívico.[25] Fernando Lázaro Carreter, antiguo Director de la RAE y uno de los principales impulsores de su renovación, daba un paso más y, en una entrevista celebrada con motivo de la publicación de su El nuevo dardo en la palabra (2003), asociaba la lengua con uno de los valores supremos de la sociedad moderna: “La lengua es un instrumento esencial de la democracia” (citado en EL PAÍS, 21 de enero de 2003). Este tipo de retrato del español, realizado en foros de gran visibilidad (los cursos de verano de El Escorial con la amplia cobertura mediática que reciben o las páginas del diario EL PAÍS) y por figuras de extraordinaria relevancia cultural (como el Profesor de Salamanca y Director de la RAE Víctor García de la Concha o el popularísimo Lázaro), es herramienta fundamental en el proceso de implementación de la política lingüística española por medio de la difusión de la ideología lingüística en que esta política se basa. La difusión de esta ideología, por supuesto, es sólo posible si los miembros de la comunidad a quien va dirigida —la hispánica en este caso— la aceptan como propia. Ya el relativo fracaso del nacionalismo liberal decimonónico puso de manifiesto el hecho de que la superioridad práctica de una lengua no basta para vencer el poder de lealtades lingüísticas establecidas de un modo, digamos, más primordial.[26] De ahí que en la actualidad se insista no sólo en la utilidad del español sino también en su asociación con valores universales superiores, tales como la concordia y la democracia, que estimulen la formación de vínculos más “emocionantes” entre la lengua y los individuos que integran o que se aspira a que integren la comunidad.[27]

Por supuesto, como ha quedado claro, los agentes de la política lingüística española han superado la concepción de la lengua como depósito de una cultura asociada a un territorio, como valor superior en tanto que garante de la existencia de un pueblo, de una forma de ver el mundo. Parecería, por lo tanto, que ante la comunidad hispanohablante, española y latinoamericana, no se puede apelar explícitamente a una hermandad de tipo nacional. ¿O sí? A fin de cuentas la lengua “nos hace patria común”, dice García de la Concha recurriendo al tópico de Camus (“Oui, j’ai une patrie, la langue française”). Efectivamente, en el elogio del español desnacionalizado se produce un distanciamiento retórico del nacionalismo lingüístico, pero no se abandona completamente el esquema conceptual en que éste se asienta. En la imagen que nos traza el Director de la RAE, se expande el ámbito de significación del concepto “lengua”, que pasa ahora, en el triángulo en que se aloja la ideología del nacionalismo lingüístico (lengua, cultura y territorio), a ocupar los espacios vacíos desalojados por el descarte de las nociones de cultura y territorio. El código, el instrumento de comunicación, se desdobla convirtiéndose en lugar de armonioso encuentro. Queda así espacializado, e investido con el valor de la “concordia superior” que naturaliza y posibilita la coexistencia de todos los que la hablan. El propio español sustituye al territorio (lugar de encuentro) y a la cultura nacional (concordia superior) convirtiéndose en la “patria común”, en la imaginada comunidad panhispánica post-nacional, a la cual, por razón de sus virtudes (concordia, internacionalismo y rentabilidad), entregaremos nuestra lealtad. 

Por un lado, la coexistencia del español con otras lenguas en España se ha vivido, en el período que aquí nos ocupa, en términos conflictivos. Ya se señaló antes que las políticas lingüísticas de las Comunidades con lengua propia fueron diseñadas a partir de la idea de la preocupante sustitución de ésta por el español, el cual tiende a ser percibido como una lengua de fuera, “prestada” (aun cuando la mayoría de los miembros de la comunidad la hablen y la hayan hablado a lo largo de muchas generaciones) que amenaza la supervivencia de la “propia” y con ella de la singularidad cultural de la comunidad. Pero en el ámbito español, en círculos próximos a la política lingüística española, también se ha visto el actual bilingüismo como fuente de conflicto, del cual se hace responsables a las agresivas políticas regionales de inversión de la mencionada sustitución. En la nota de advertencia que abre su libro La lengua española y sus problemas,[28] Juan M. Lope Blanch afirma: “No me referiré aquí a los problemas con que tropieza actualmente la lengua española en su solar originario, debido al acoso de otros idiomas peninsulares, como el catalán, el vascuence, el gallego y aun el bable” (1997:5). Como respuesta, en parte, a las políticas de las Comunidades Autónomas han de entenderse también los trabajos ya citados de Gregorio Salvador y Juan Ramón Lodares. El discurso de oposición a aquéllas, por lo tanto, existe, pero rara vez se genera en las instituciones que de un modo más explícto se encargan de la promoción del estatus del español. En este sentido, la política parece ser más bien de hechos consumados. En el terreno económico de los mercados lingüísticos, catalán, gallego y euskera tienen poco que hacer ante el español.[29] En el terreno político, frente a la instrumentalización de aquellas lenguas por parte de los nacionalismos para cuestionar la entidad nacional de España, se presenta el español como símbolo de la concordia, de la democracia, del progreso económico, como instrumento al servicio de una post-nación, de una comunidad internacional pan-hispánica que deja reducidas al atavismo y al particularismo reaccionario al catalán, gallego y euskera.[30] 

Por otro lado, la relación con América Latina ha sido y es uno de los frentes que definen la política exterior de España. A lo largo de los años noventa, crecieron las inversiones españolas en aquel continente, y con ellas, los programas y esfuerzos puntuales de cooperación cultural. La nueva presencia española en las antiguas colonias ha dado lugar a una suerte de reedición del “movimiento hispanista”,[31] es decir, al rescate del concepto de una comunidad hispánica de intereses basada en la existencia de una afinidad cultural. Por supuesto, el rescate de este concepto no es fácil, sobre todo porque la comunidad hispánica, por muy armónica y coherente que se quiera que sea, por muy unida que se quiera que esté, ha de enfrentarse al hecho de que esa voluntad de unidad carga con el peso de la conquista y colonización que se encuentran en su mismo origen. Este lastre es, para algunos, irrelevante en el presente, especialmente ante lo que perciben como el prometedor futuro de la comunidad panhispánica. Otros, en cambio, ven en el rescate de ese desgraciado pasado compartido una condición fundamental para la construcción verdaderamente democrática y justa de proyectos culturales, económicos y políticos igualmente beneficiosos para españoles y latinoamericanos.

El hecho es que en los últimos años se han producido situaciones que han perturbado el armonioso encuentro entre España y sus antiguas colonias. Ya se mencionó arriba el discurso en el que el Rey Juan Carlos I afirmaba que el español no fue nunca “lengua de imposición sino de encuentro” y la consecuente controversia que la metáfora del encuentro provocó al ser interpretada como un intento de esquivar la políticamente incorrecta simbología del “descubrimiento” y por ocultar la incómoda historia de conquista y colonización.[32] Pero ese componente de la historia común sigue vivo en el recuerdo de muchos y retorna como instrumento de lectura de hechos presentes. ¿Cómo si no interpretar el título del libro Los nuevos conquistadores de los periodistas argentinos Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo sobre la inmoral (si no ilegal) penetración en su país de algunas de las multinacionales españolas? ¿Cómo interpretar si no la codificación en términos neocoloniales de conflictos laborales que han enfrentado a trabajadores latinoamericanos con empresas españolas? Así se expresaba, por ejemplo, el presidente del sindicato de trabajadores de la banca en Chile: “Cada vez que prendo la luz, llamo por teléfono, hago efectivo un cheque o tomo un vaso de agua, estoy poniendo dinero en los bolsillos de alguien en Madrid . . . Es como si fuéramos una colonia de nuevo, pagando impuestos a la Corona española” (citado en The Washington Post, 14 de febrero de 2000). Y de un modo similar, con una “ola de antiespañolismo” (EL PAÍS, 21 de junio de 2001), reaccionaban los trabajadores argentinos en junio de 2001 ante la posición del gobierno español en relación con la crisis de Aerolíneas Argentinas.

Por todo ello no cabe sino reconocer que la configuración actual de la comunidad hispánica es un proceso disputado en una dinámica dialéctica que enfrenta visiones discrepantes sobre la naturaleza de la relación, pasada, presente y futura, entre las distintas naciones del mundo hispánico. Y en esta dialéctica ha intervenido con gran presencia y apoyo institucional la política lingüística española orientada hacia la promoción del estatus del español como pilar central que sostiene a la comunidad panhispánica, una comunidad basada en la “pura esencia lingüística” de la que hablaba Gregorio Salvador, y que, según el análisis que he venido proponiendo en este ensayo, viene a cumplir una función análoga a la desempeñada por la ya clásica nación.

En realidad, las discusiones sobre la legitimidad de las reivindicaciones nacionalistas esconden pugnas sobre las fuentes legítimas de autoridad, es decir, sobre la supuesta naturalidad de los grupos poblacionales que, al ser aceptados como sujetos activos del derecho a la soberanía, autorizan la ostentación y el ejercicio del poder, ya sea éste cultural, económico o político. La nación es una unidad de acción política, un mercado, una esfera legítima de influencia y de sentir colectivo. Es el garante de la lealtad a los poderes establecidos. ¿Podría ser que el panhispanismo post-nacionalista de base lingüística sea también —al menos en parte— una cuestión de poder y lealtad? Ya recordábamos Gabriel-Stheeman y yo, en nuestro mencionado estudio, que en 1995, Jesús de Polanco, Presidente del conglomerado mediático PRISA, afirmaba: “Iberoamérica es un objetivo político, económico y empresarial legítimo para los españoles […] Estamos mucho menos lejos de América Latina de lo que nadie puede pensar” (citado en EL PAÍS 24 de julio de 1995). Pocos años más tarde, Carlos Gasco, funcionario de alto nivel en el Ministerio de Economía español declaraba a un reportero del The Washington Post: “España entiende a Latinoamérica como ningún otro país fuera de Latinoamérica podría hacerlo […] Hemos usado esto a nuestro favor para construir lo que percibimos como una conexión económica a largo plazo que seguirá acercándonos más y más a Latinoamérica” (The Washington Post 14 de febrero de 2000).

Permítanme enfatizarlo: “España entiende a Latinoamérica”. ¿Qué hace ese entendimiento posible si no el instrumento de comunicación que es la lengua? ¿Cómo se establece esa proximidad entre España y Latinoamérica a la que se refería Polanco si no en el lugar de encuentro que ofrece el español? ¿Qué legitima la proyección política, económica y empresarial de España —por usar los mismos términos que Polanco— sobre las naciones americanas si no la patria común del idioma? ¿Qué mejor garantía de esa legitimidad que la emocionada lealtad de todos los hispanos a la post-nación lingüística? ¿Quién podrá, en definitiva, resistir el atractivo de una patria/lengua como el español, conciliadora, universal y rentable?

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José del Valle
The Graduate Center
The City University of New York (CUNY)
jdelvalle@gc.cuny.edu  

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