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Miradas sobre la Lengua

José del Valle: «La lengua, patria común: Política lingüística, política exterior y el post-nacionalismo hispánico»*

* [Artículo de J. del Valle ( (Universidad de Nueva York) publicado originalmente en: Roger Wright y Peter Ricketts (eds.), Studies on Ibero-Romance Linguistics Dedicated to Ralph Penny, Newark [Delaware], Juan de la Cuesta Monographs (Estudios Lingüísticos n.º 7), 2005, pp. 391-416.] 

  

 La lengua española es muchas cosas. Para algunos ni español es; es castellano. Y lo es, en cada caso, por muy distintas razones. Se habla esta lengua en lugares lejanos y de maneras diferentes. Vive en comunidades muy dispares y en todas ellas asume valores materiales y simbólicos peculiares. Coexiste con otras en mundos plurilingües que, con frecuencia, los hablantes saben negociar con mucha más serenidad, con mucha menos estridencia que los guardianes del lenguaje y la cultura. A lo largo de su historia, de la historia lingüística de las comunidades hispánicas, han surgido múltiples discursos sobre la lengua y el habla cuyo análisis casi siempre (y me inclino a pensar que el “casi” sobra) nos revela su imbricación en fenómenos que pertenecen a otros órdenes: económico, político... Los últimos treinta años no han sido excepcionales; es probable incluso que de haberlo sido su desvío de la tradición haya ocurrido por exceso y no por defecto. Efectivamente, en las últimas décadas parece haberse sentido con especial intensidad la necesidad de intervenir en la protección y promoción de lenguas (del español, del gallego, del quechua), y así han proliferado políticas destinadas al ordenamiento de la vida lingüística, y con ellas, ideologías (algunas de las cuales se remontan a tiempos bien lejanos en la historia de la humanidad) al servicio de su triunfo en el complejo mercado de la opinión pública.

En este ensayo me propongo discutir precisamente algunos de los rasgos de las políticas e ideologías lingüísticas que, en nombre del español, han saltado a la palestra, dando nueva vida, en unos casos, a visiones de antaño sobre el papel de esta lengua en España y en el resto del mundo, y produciendo, en otros, nuevas visiones propias de las necesidades y conflictos contemporáneos de las sociedades en las que el español cumple una función comunicativa, económica y política importante. Empezaremos por la misma España para, poco a poco, irnos acercando a los campos discursivos internacionales que la globalización ha engendrado.

1978: la articulación de España y la política lingüística doméstica

La aprobación de la Constitución Española de 1978 marcó un hito en la historia reciente del país. De entre los múltiples objetivos que se planteaban los padres de la carta magna, adquiría relevancia especial el intento de resolver el histórico contencioso sobre la problemática definición de España como estado-nación y, consecuentemente, de adoptar un modelo apropiado para la organización administrativa del Estado. Así, y como respuesta a estos desafíos, nacía, en 1978, el Estado de las Autonomías, un marco legal y político que aspiraba a acomodar, por un lado, las reivindicaciones sobre la unidad cultural y política de España, y por otro, las demandas de los nacionalismos catalán, gallego y vasco.[1] 

Por supuesto, tan ambicioso y complicado proyecto de modernización y construcción nacional habría de tener que enfrentarse a también complejos problemas lingüísticos: desde el establecimiento del español o castellano[2] como “la” lengua de España hasta el reconocimiento oficial de su carácter plurilingüe. A pesar de la instauración de la Constitución (que en su artículo 3 trata de responder a los retos lingüísticos),[3] de la puesta en vigor de los Estatutos de Autonomía y de la aprobación de las respectivas Leyes de Normalización Lingüística en las Comunidades que las consideraron necesarias, aquellas disputas de los años setenta y ochenta sobre quién ha de hablar qué, cuándo, dónde y por qué aún persisten: todavía se oyen de vez en cuando expresiones de alarma ante el hecho de que la sustitución del catalán, gallego o vasco por el español sigue su curso; aún surgen a veces acusaciones de discriminación contra hablantes de una u otra lengua; saltan todavía a las noticias discusiones sobre el tiempo que en las escuelas se dedica o se ha de dedicar a la enseñanza del castellano. Es incuestionable la actualidad y relevancia política de estos y otros temas aún en 2004 y de ahí que hayan recibido una atención especial de los investigadores de la vida social del lenguaje. [4] 

La planificación lingüística y su estudio 

En efecto la mayoría de los estudios de política lingüística desarrollados en España y sobre España se han centrado en las múltiples dimensiones de los llamados procesos de normativización y normalización en las comunidades con “lengua propia”. Si asumimos la perspectiva tradicionalmente adoptada por la sociología del lenguaje en relación con el estudio de la vida lingüística de una comunidad, el volumen y naturaleza de la atención prestada a estos procesos no nos sorprende, pues son ellos precisamente los que constituyen el principal objeto de observación y análisis para los estudios de política lingüística. Partamos de la definición canónica de planificación que nos ofrecen Robert B. Kaplan y Richard B. Baldauf en su visión panorámica del campo: “Language planning is a body of ideas, laws and regulations (language policy), change rules, beliefs, and practices intended to achieve a planned change (or to stop change from happening) in the language use in one or more communities. To put it differently, language planning involves deliberate, although not always overt, future oriented change in systems of language code and/or speaking in a societal context” (1997:3).

Nótese la diferencia entre la definición de planificación lingüística que proponen Kaplan y Baldauf y mis propias palabras en las líneas que sirven de prefacio a la misma. Si los autores de Language Planning hablan de “ideas, reglas y normas”, yo me refiero a su estudio crítico. Conviene subrayar la distinción, pues al hablar de planificación lingüística y de estudios de política lingüística estamos ante actividades profesionales e intelectuales claramente diferenciadas que, si bien son prácticas compatibles ligadas por una relación simbiótica, responden a motivaciones dispares y derivan su legitimidad de fuentes distintas. La planificación o política lingüística (como se observa en la definición arriba reproducida) es un campo eminentemente práctico, una suerte de ingeniería social con sus ramas teóricas y aplicadas. Debido a la aparente voluntad de esta disciplina de proyectar una imagen eminentemente técnica —con lo que ello conlleva de presunción de objetividad y neutralidad ideológica— se hace necesario su estudio crítico, es decir, una reflexión metadisciplinaria que permita entender mejor los planteamientos de los planificadores situándolos en el contexto político de su emergencia y analizando las prácticas discursivas que producen.[5] 

Pues bien, con esta distinción en mente, volvamos a las políticas lingüísticas catalana, gallega y vasca. En los años setenta, los planificadores partían de un escenario en el cual, sostenían ellos, la lengua de la Comunidad estaba siendo sustituida por el español. Su objetivo iba a ser frenar este proceso e incluso invertirlo, es decir, como señalan Kaplan y Baldauf, condicionar las prácticas lingüísticas de modo tal que aumentara el uso de la lengua que los textos legales habían etiquetado como “propia”. Los procesos que se pusieron en marcha para llevar a cabo tal transfomación se proponían, por un lado, fijar la norma lingüística y que ésta fuera aceptada por la población (sería la llamada “normativización”), y por otro, garantizar su presencia en todas las esferas de la vida pública y privada de la comunidad (la llamada “normalización”).[6] Estos dos procesos se corresponden con las dos grandes categorías en que se suele organizar la planificación lingüística: planificación del corpus y planificación del estatus.[7] La primera de ellas incluye a su vez dos procesos: la codificación —establecimiento de un sistema de escritura, una gramática y un léxico— y la elaboración —creación de mecanismos que mantengan la lengua siempre a punto, siempre al día, velando, por ejemplo, por su modernización léxica. La planificación del estatus se compone a su vez de dos proyectos: la selección de la variedad o variedades que han de servir como base para la norma y la implementación de la misma, es decir, el diseño y puesta en práctica de medidas que lleven a su uso generalizado en los contextos deseados. Volveré enseguida sobre la implementación. Pero subrayemos de nuevo que los programas de planificación lingüística catalanes, gallegos y vascos han ocupado un espacio prominente en la política de las respectivas Comunidades, y asimismo han sido y son observados de cerca, analizados críticamente y frecuentemente debatidos tanto en foros científicos y universitarios como en espacios de mayor impacto en la formación de la opinión pública tales como la prensa.

Nuevas políticas lingüísticas para una España globalizada

Contrariamente, ha recibido poca atención crítica la también intensa, pero quizás menos estridente, política lingüística orientada hacia la planificación del corpus y estatus del español. Por lo que a la planificación del corpus se refiere, el trabajo de las agencias lingüísticas pertinentes (principalmente la Real Academia Española, pero sin olvidar la importante intervención de la prensa escrita por medio de sus libros de estilo y de los corsarios de la estandarización con sus manuales de urbanidad y buena conducta lingüística[8]) ha sido intenso, y desde principios de los noventa han proliferado proyectos de codificación y elaboración de entre los cuales se destacan el Diccionario, la Gramática y la Ortografía académicas. Si los esfuerzos de planificación de corpus han sido abundantes, no lo ha sido el análisis de la naturaleza y significado de los mismos; como tampoco lo ha sido el estudio de las estrategias de planificación del estatus del español, especialmente el interés manifiesto en el mismo período por dotar al idioma de una determinada imagen pública —a la que enseguida me referiré— y por promocionar su estatus más allá de las fronteras de la propia España. En términos concretos estas estrategias se canalizaron a través de la creación del Instituto Cervantes en 1991, con el objeto de promover el español internacionalmente, y de la renovación y modernización de la Academia, que, distanciándose del viejo lema “limpia, fija y da esplendor”, asumía ahora como objetivo prioritario el de salvaguardar la unidad de un idioma que se habla en tantos y tan distantes países.[9] 

Curiosamente, el significado de esta reorientación ha despertado escaso interés entre los investigadores, y no digamos entre la población general, que parece incluso insconsciente de la existencia de una política lingüística española fuera del ámbito que les corresponde a los gobiernos de las Comunidades Autónomas con lengua propia. Un aspecto estratégicamente central de la política lingüística a la que me voy a referir en este ensayo es precisamente su invisibilidad. No pretendo sugerir, por supuesto, que la implementación de la misma tenga lugar a espaldas de la población. Muy al contrario, gran número de actos públicos asociados con la puesta en práctica de esta política se caracterizan precisamente por su espectacularidad y por su amplia proyección mediática. No son, por lo tanto, los conceptos y prácticas culturales y lingüísticas en sí lo que es objeto de una suerte de ocultamiento, sino el carácter político y económico de las mismas, es decir, su estrecha conexión, tanto en lo que se refiere a su formulación como a sus consecuencias, con intereses y proyectos que nacen en ámbitos más “prosaicos” de la vida nacional.[10] Me refería, al abrir esta sección a la menor “estridencia” de la planificación del corpus y el estatus del español, es decir, a la escasa aparición de crispadas disputas sobre el asunto en foros de amplia difusión tales como la prensa. Esto pudiera ser precisamente producto del éxito con que se ha llevado a cabo el ocultamiento de la dimensión política e ideológica de la promoción de la lengua española desde las instituciones ya mencionadas. El destape de esta dimensión es justamente uno de los objetivos que los estudios de política lingüística deben plantearse. Porque si es cierto que los proyectos de planificación catalanes, gallegos y vascos son parte de la acción de los gobiernos autonómicos y han de ser entendidos y evaluados en el contexto de la dinámica política de cada Comunidad, también lo es que al profundizar en el análisis de la política lingüística de España en relación con el español nos encontramos con instituciones y acciones que no se circunscriben al terreno de lo asépticamente cultural sino que se inscriben en el más amplio contexto de las relaciones y transacciones que caracterizan el ejercicio del poder político y económico.

El mencionado giro en el interés y en la acción lingüística y cultural del ámbito de lo doméstico al de los asuntos exteriores está conectado con otro de los importantes desafíos a los que hubieron de enfrentarse los agentes de la reforma política de los años setenta una vez superada la transición legal e institucional. El telón de fondo frente al cual se deben interpretar las nuevas estrategias de planificación es la creciente participación española en los principales foros de la política internacional y en la pugna por los tesoros del mercado económico global. A principios de los ochenta, el Partido Socialista se enfrentó al reto de conducir el país hacia las autopistas de la modernidad. A lo largo de aquella década, España pasó a formar parte de la OTAN y la Unión Europea, logros que acercaron al país a los centros de decisión del mundo occidental. En 1992, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla sirvieron como plataformas de exhibición de la preparación y capacidad organizativa de España. También en los noventa, se asistió al despegue de las multinacionales españolas, muchas de las cuales aterrizaron en Latinoamérica. Estos y otros procesos parecían probar de una vez por todas la superación de la excepcionalidad de España y su ascenso al rango de oficial en los ejércitos de la globalización.

Cambios tan radicales en el sistema político, vida cultural, actividad económica y prestigio internacional del país no podían tener lugar sin dejar su impronta en la vida lingüística: a medida que el Estado de las Autonomías pugnaba por asentarse en un incómodo espacio nacional, a medida que España se modernizaba y a medida que gobierno y empresas jugaban o anhelaban jugar un papel mayor en la vida internacional, desde las instancias del poder se forjaban nuevas ideologías lingüísticas. Por un lado, los nacionalismos catalán, gallego y vasco, en el espacio de poder que les correspondía, pretendían naturalizar la condición nacional de sus comunidades y legitimar así su reivindicación de autogobierno a través de la lengua: de su instalación en la administración, en el sistema educativo, en los medios de comunicación y en todos los espacios de la vida pública; de su consolidación como símbolo nacional; y sobre todo, de la difusión de prácticas y creencias lingüísticas que distinguieran la verdadera y legítima ciudadanía (catalana, gallega o vasca, según el caso) tal como estos movimientos políticos la concebían. Asimismo, desde el gobierno de Madrid y desde las instituciones investidas de poder lingüístico se iba sintiendo la necesidad de proyectar una imagen del español —de su relación con la propia España, con los países hispánicos y con el resto del mundo— que complementara los esfuerzos de construcción nacional y los planes de modernización, crecimiento económico y ampliación de la presencia política y económica del país en el mercado global.

El estudio de las ideologías lingüísticas

Acabo de utilizar el concepto de “ideologías lingüísticas” para referirme a ciertos aspectos de las políticas diseñadas e implementadas tanto en las Comunidades Autónomas en relación con la lengua propia como en España en relación con el español. Dada su centralidad en el análisis que aquí propongo, detengámonos brevemente en este concepto y en las disciplinas que se han ocupado de su estudio.[11] La emergencia, desarrollo y reconocimiento de un campo del saber destinado al estudio de las ideologías lingüísticas es, al menos en parte, consecuencia de la redefinición del lenguaje como objeto de reflexión científica e intelectual que va cristalizando tras el giro social de la lingüística[12] y el giro lingüístico de las ciencias sociales y de la filosofía.[13] La nueva prominencia de estas aproximaciones en círculos de actividad intelectual dio lugar a que se vieran más claras las funciones no-referenciales del mismo y a que se reconociera la centralidad de las actitudes y creencias lingüísticas de los hablantes, ya fueran estas explícitas o implícitas.[14] El estudio de las ideologías lingüísticas se distanciaba, por lo tanto, de las aproximaciones formalistas y radicalmente despolitizadas al lenguaje que había producido el paradigma neogramático/saussureano (del cual es máximo exponente en la actualidad el generativismo de corte chomskyano).[15] Los protagonistas del desarrollo de esta nueva área de conocimiento se han mostrado más bien reacios a delimitarla, exhibiendo así la irritante resistencia postmoderna a la definición; una resistencia que si bien, y muy acertadamente, reconoce el resbaladizo carácter de los procesos de significación, también permite al investigador eludir los desafíos de la síntesis y las responsabilidades de la explicación. Aun así, a partir de los textos que van marcando la trayectoria del campo se puede deducir que las ideologías lingüísticas son entendidas como sistemas de ideas que integran nociones generales del lenguaje, el habla o la comunicación con visiones y acciones concretas que afectan la identidad lingüística de una determinada comunidad. En su análisis, el funcionamiento de estos sistemas de ideas se analiza siempre en el contexto de las estructuras sociales, relaciones de poder y actividades políticas y económicas relevantes para el colectivo humano estudiado. Paul V. Kroskrity ha señalado cuatro rasgos que pueden servirnos para completar la caracterización de este campo: “language ideologies represent the perception of language and discourse that is constructed in the interest of a specific social or cultural group” (8); “language ideologies are profitably conceived as multiple because of the multiplicity of meaningful social divisions (class, gender, clan, elites, generations, and so on) within sociocultural groups that have the potential to produce divergent perspectives expressed as indices of group membership” (12); “members may display different degrees of awareness of local language ideologies” (18); “members’ language ideologies mediate between social structures and forms of talk” (21).

Arriba, al referirme a la planificación de corpus y de estatus prometí volver a los procesos de implementación, y este punto, tras la introducción del concepto de ideologías lingüísticas, es el oportuno. Kaplan y Baldauf ofrecen la siguiente definición de este proceso: “The implementation of a language plan focuses on the adoption and spread of the language form that has been selected and codified. This is often done through the educational system and through other laws and regulations which encourage and/or require the use of the standard and perhaps discourage the use of other languages or dialects” (36). Como se desprende de esta definición, la implementación consiste en la proyección del plan lingüístico diseñado sobre la comunidad afectada, es decir, se refiere a las múltiples estrategias que los agentes de la política lingüística deben diseñar para persuadir a la población de la bondad y conveniencia del plan. Una vez seleccionada la lengua o dialecto que ha de servir como base para el desarrollo de la norma, una vez completada la codificación y una vez dispuestos los mecanismos de elaboración, es imprescindible conseguir que los hablantes acepten la visión de la comunidad lingüística que se les propone y la legitimidad de las instituciones a las cuales se encomienda formular la política lingüística.[16] Cierto es que, como señalan Kaplan y Baldauf, el sistema educativo suele jugar un papel protagónico como instrumento al servicio de la implementación. Ahora bien, no hay que olvidar la relevancia de otros campos discursivos, así como de las instituciones que los producen, en la difusión de ideas que, una vez arraigadas en la opinión pública y en el llamado sentido común, faciliten la puesta en práctica de proyectos políticos. Esta fase de implementación, que podríamos también llamar de persuasión, en la que se pretende condicionar las ideas y prácticas lingüísticas de los hablantes, es obviamente trascendental y el concepto de ideologías lingüísticas nos ofrece un valioso soporte teórico para su análisis.

La complejidad lingüística de España, derivada tanto de su plurilingüismo como de la enrevesada (y con frecuencia envenenada) negociación política de éste, ha dado lugar a la emergencia de múltiples ideologías lingüísticas y a la utilización de numerosas estrategias para la difusión social de cada una de ellas. Ya se ha hecho referencia, si bien de pasada, a las ideologías que se han desarrollado tanto en las comunidades autónomas con lengua propia[17] como en España en relación con el español. En torno a estas últimas girará el resto del ensayo.

Como ya queda dicho, desde las agencias a cargo de la política lingüística española se ha ido mucho más allá de la simple elaboración de la norma culta del español. La preservación de la unidad del idioma, es decir, la garantía de la lealtad de los hispanohablantes a la norma culta y a sus guardianes, y la promoción del español internacionalmente, es decir, el estímulo y explotación de un interés por la lengua española en el mundo, han sido declarados objetivos prioritarios por la Academia y el Cervantes respectivamente. Se ha desarrollado, en suma, una visión del español y de su relación con España, con la comunidad hispánica y con el mundo; y se han puesto en marcha medidas para alcanzar su aceptación y extensión. Se ha producido, en suma, un sistema de ideas formado por nociones lingüísticas y visiones de la identidad colectiva (española o hispánica) cuyo funcionamiento ha de ser entendido en el contexto del desarrollo político y económico de la España contemporánea.

La nueva imagen del español: concordia, internacionalismo y rentabilidad

Como ya he señalado en trabajos anteriores realizados en colaboración con Luis Gabriel-Stheeman (del Valle y Gabriel-Stheeman 2002),[18] al analizar la imagen del español desarrollada por las mencionadas instituciones, nos encontramos, en primer lugar, con que aparece insistentemente caracterizado como lengua de encuentro, como instrumento de comunicación que posibilita un diálogo y una convivencia armónica propios, aparentemente, de una patria común. Este principio lo formulaba así, de forma concisa pero extraordinariamente elocuente, Víctor García de la Concha, Profesor de la Universidad de Salamanca y actual Director de la Academia: “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior” (citado en EL PAÍS, 9 de julio de 2000). La idea del español como lugar de encuentro está directamente relacionada con la voluntad de promover la cooperación pan-hispánica. No en vano el Director de la Española y muchos otros agentes de las políticas lingüísticas con ella asociadas insisten en señalar que el mayor peso del español se encuentra en América, y que la Academia, siguiendo las recomendaciones del Rey de España, no da un paso sin consultar con las otras Academias de la Lengua Española. El “encuentro” hizo su más sonada aparición en un muy controvertido discurso pronunciado por Juan Carlos I: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes” (Juan Carlos I, ceremonia de entrega del Premio Cervantes , 23 de abril de 2001).[19] 

La segunda idea que perfila la imagen del español en la política lingüística a la que aquí me refiero afirma el carácter internacional del mismo. Esta proyección global del idioma se deriva no sólo de su presencia en los países que constituyen el mundo hispánico sino, y muy especialmente, de su capacidad de expansión. La prensa española ha insistido en esta propiedad y los siguientes titulares resultan reveladores de la euforia que acompaña la promoción internacional de la lengua: “Los expertos llaman a los hispanohablantes a conquistar el ciberespacio” (EL PAÍS, 11 de abril de 1997); “El español conquista Brasil” (EL PAÍS, 8 de mayo de 2000); “El Instituto Cervantes a la conquista de América” (EL MUNDO, 12 de octubre de 2000). A pesar del marcado tono militarista que las opciones léxicas de la prensa dan al asunto, hay que señalar que la expansión del idioma se suele justificar más bien invocando los valores universales que se le atribuyen, tanto político-culturales, como hemos visto en el párrafo anterior, como económicos, como veremos en el que sigue.

Las virtudes conquistadoras de la lengua son buenas compañeras de la tercera y muy valiosa propiedad que se le asigna: su condición de recurso económico. En octubre de 2001, por ejemplo, la RAE y el Instituto Cervantes organizaron en Valladolid el II Congreso Internacional de la Lengua Española con el título “El español en la Sociedad de la Información”. Patrocinado por Telefónica, Iberia y Caja Duero, el congreso fue dividido en cuatro secciones, una de las cuales recibió el título “El activo del español”. La conferencia plenaria, pronunciada por el Sr. D. Enrique V. Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington D.C., fue “El potencial económico del español”.[20] Por su parte, el Instituto Cervantes a través de sus Anuarios ha mostrado igualmente enorme interés por analizar y enfatizar la relación entre la lengua española y la actividad económica. Algunos de los títulos incluidos en el Anuario 2001 resultan indicativos: “Econometría de la lengua española” (Martín Municio), “El libro y la imagen de marca de la lengua española” (Ávila Álvarez), “Una década de inversiones españolas en Iberoamérica (1990-2000)” (Casilda Béjar), “El mercado de las lenguas: la demanda del español como lengua extranjera en Francia y Alemania” (Lamo de Espinosa y J. Noya).[21] Aunque no faltan en estos ensayos concesiones retóricas a la lengua como depósito de un legado histórico y cultural y a su condición de lazo unificador de la comunidad hispánica, su objetivo primario es la identificación y ordenamiento de los factores que inciden sobre el potencial productivo del español: el español como producto anhelado por extranjeros ansiosos de aprenderlo y con ello incrementar su capital cultural; el español como instrumento publicitario, como imagen de marca que hace un producto más apetecible; y el español como basamento de la identidad panhispánica que invita y legitima las inversiones e intervenciones españolas en las Américas.

Mención especial merece la discusión de la presencia del español en Estados Unidos. En líneas generales, el tratamiento del asunto que en estos textos encontramos parte de tres hechos: el creciente número y porcentaje de estudiantes de español a todos los niveles de enseñanza, el creciente número y porcentaje de hispanos que forman parte de la población del país norteamericano, y la moda de “lo latino”. La aproximación que prima es cuantitativa, y la presentación de los datos suele estar arropada por comentarios como los siguientes (tomados de la mencionada ponencia plenaria de Valladolid a cargo Enrique V. Iglesias “El potencial económico del español”): “La población hispana ha venido incrementando el promedio de ingresos individuales de su población económica activa”; “la población hispana de los Estados Unidos constituye la tercera entidad económica del mundo latino”; “el español tiene una importante y creciente impronta en la cultura, las comunicaciones y en el volumen del consumo de los Estados Unidos”. Vemos pues que prima el interés por el hispano estadounidense como consumidor, en tanto que constituye un mercado en cuya configuración y explotación la lengua española desempeña un papel central. La misión de las agencias e instituciones que articulan y financian la política lingüística aquí discutida la dejaba clara Óscar Berdugo (director de la Asociación Español Recurso Económico) en la comunicación por él presentada en Valladolid (“El español como recurso económico: anatomía de un sector”): “Si España se consigue colocar como referente de identidad o como proveedor de señas de identidad culturales con respecto a la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, estaremos en una inmejorable situación para mejorar nuestras posiciones en aquel país” (énfasis mío). En otras palabras, España debe pugnar por convertirse en una fuente de identidad para los hispanos estadounidenses y así crear un vínculo comunitario, una lealtad al colectivo, que sólo puede ser beneficiosa para las compañías españolas que aspiran a acceder y a seducir al mercado hispano.

La ideología del nacionalismo lingüístico

Hemos repasado hasta ahora tres de las propiedades que, desde las instituciones investidas con poder lingüístico, se le atribuyen al español: concordia, internacionalismo y rentabilidad. Se trata de propiedades que se le asignan para que, operando conjuntamente, contribuyan a articular su significado y determinar su valor en varios frentes: España, la comunidad hispánica y los mercados lingüísticos internacionales. En lo que resta de ensayo, quiero sugerir la existencia de un cuarto elemento en la ideología que sirve de apoyo a la implementación de la política lingüística española: me refiero a la construcción de una imagen del español basada en el rechazo, explícito en muchos casos, de las premisas del nacionalismo lingüístico. La relevancia de este cuarto componente se pone de manifiesto al analizar su presencia tanto en los terrenos político y económico como en los ámbitos geográficos español e hispánico.[22] 

Los modos de concebir la relación entre lengua e identidad colectiva son ciertamente complejos y probablemente por eso han recibido —y aún reciben— gran atención de parte de antropólogos, historiadores, lingüistas, sociólogos, etc. El nacionalismo lingüístico es precisamente uno de los discursos que articulan lengua e identidad grupal, y si nos fijamos en la ideología que yace bajo la mayoría de los proyectos de planificación lingüística, quizás el que más haya influido las políticas del lenguaje tanto gubernamentales como no gubernamentales en los últimos dos siglos. Los movimientos políticos nacionalistas se definen a partir de la afirmación de la existencia de una entidad nacional y de la reivindicación para la misma del derecho a ejercer el nivel de autogobierno que sus miembros deseen. En otras palabras, asumen como pieza central de su ideario el principio o doctrina de las nacionalidades, de acuerdo con el cual, en palabras de Álvarez Junco, “cada pueblo o nación tiene el derecho a ejercer el poder soberano sobre el territorio en que habita” (2001:12). El modo concreto de definir la nación (en base a criterios políticos o étnicos, por ejemplo) y las funciones que su defensa desempeñe (separatismo, expansionismo, reforma política) son parámetros que permiten distinguir unos movimientos nacionalistas de otros.

Al examinar la fijación del primero de estos parámetros en diversos discursos nacionalistas encontramos que algunos tienden a señalar el carácter subjetivo de la nación, como un contrato social de convivencia diariamente renovado en un metafórico plebiscito que confirma la lealtad de la ciudadanía al proyecto político común (se oirán aquí los ecos de la doctrina de Jean-Jacques Rousseau y de la idea de la nación como plebiscito cotidiano que planteó Ernest Renan en su famoso discurso de 1882). Otros movimientos nacionalistas han afirmado en cambio la existencia objetiva de la nación, colectivo humano que una serie de circunstancias históricas cualesquiera ha dotado de una cultura propia y uniforme, entendida ésta como modo de racionalizar la experiencia vital en el cual se realiza el individuo (se oirá aquí quizás resonar el pensamiento de Johann G. Herder o Johann G. Fichte).[23] Si bien esta clasificación dicotómica presenta ventajas analíticas, advierte A. D. Smith (2000) que elementos propios de las concepciones cívicas de la nación se cuelan frecuentemente en discursos etnicistas y que, del mismo modo, rasgos de éstos aparecen en diseños predominantemente políticos de la nación. Teniendo en cuenta esta importante matización, podemos afirmar que las naciones se definen discursivamente a partir de una lista de elementos potencialmente constitutivos de la misma, un menú de propiedades nacionales (lengua, religión, tradiciones folclóricas, tradiciones sociales, narraciones históricas, instituciones políticas, sistemas de leyes, etc.) del cual cada movimiento nacionalista seleccionará los que le convengan según las necesidades específicas del contexto político concreto en que se desenvuelva. Si una colectividad humana percibe que para la consecución de unos objetivos (culturales, económicos o políticos) ha de definirse como una nación, utilizará con tal fin los elementos que mejor sirvan al cumplimiento de aquellos objetivos. Finalmente, añadamos un último elemento que no falta en los dicursos nacionalistas, ya tiendan éstos hacia el lado cívico o hacia el lado étnico del espectro: la territorialidad, “el principal requisito —y el control del territorio el principal objetivo— de las naciones” (Álvarez Junco 2001:13).

Sean cuales sean los elementos que se seleccionan para la construcción discursiva de la nación, todo movimiento político que se define como nacionalista afirma la existencia de una identidad grupal que legitima el ejercicio de la soberanía y las instituciones que la ejercen. Lo que distingue a los nacionalismos lingüísticos (frente a otros de carácter religioso o político, por ejemplo) es el situar la lengua en el mismo centro de la identidad. De nuevo, encontraremos diferencias al observar el papel que distintos movimientos nacionalistas asignan a la lengua, el modo en que la integran en el proyecto de construcción identitaria. En versiones predominantemente étnicas/culturales/primordialistas de la nación, se tiende a asumir un determinismo lingüístico que implica la identificación de lengua y cultura y sugiere la existencia de un isomorfismo entre la estructura gramatical de la lengua en cuestión y la percepción de la experiencia en forma de categorías que constituye la cultura. Para este tipo de nacionalismo lingüístico, la pérdida de la lengua, supone la desaparición de una forma de ver el mundo, un peligroso e irreparable trastorno de la ecología cultural de la Tierra. Por ejemplo, el 10 de mayo de 2001 se celebraba en Galicia el “CorreLingua 2001” carrera pedestre popular organizada (como acto simbólico en defensa de la lengua) por departamentos de gallego y equipos de normalización lingüística de los institutos de la Comunidad. Al final de la misma se leyó un manifiesto a los jóvenes participantes que decía lo siguiente: “Somos a voz dos sen-voz, a vangarda dos que rexeitan usar falas prestadas para non ficaren orfos de pensamentos[…] Nós somos o futuro de Galiza. Somos galegas e galegos e falamos galego. Porque só falando galego somos galegas, somos galegos”. No podría quedar expresada con mayor claridad y contundencia la conexión que se supone entre pensamiento, lengua e identidad grupal.

En cambio, en versiones predominantemente cívicas/políticas/voluntaristas, la lengua tiende a ser concebida como instrumento de comunicación propio de la comunidad, instrumento que posibilita la vida en común y la articulación de la vida económica y social del colectivo. Con todo, y aun cuando se acepte el carácter relativamente arbitrario de la relación entre gramática y cultura, la lengua suele verse investida de un carácter simbólico que la convierte en elemento representativo de la nación. En un contexto histórico y geográfico en que la vida cotidiana de los miembros de dos naciones distintas no presente mayores diferencias salvo las lingüísticas, serán justamente éstas las que legitimen la existencia de las entidades nacionales diferenciadas (al margen, por supuesto, de la existencia de hecho de estructuras administrativas y políticas separadas) y sería precisamente a éstas a las que se recurriría para aunar al pueblo si se diera, pongamos por caso, un conflicto con la nación vecina. En estas situaciones, la desaparición de la lengua supone la eliminación de la marca diferenciadora y con ella de la frontera étnica que constituye la base de la soberanía nacional.

A modo de síntesis, la estructura conceptual básica del nacionalismo lingüístico está formada por tres elementos: (a) una identidad grupal, o cultura (cívica o étnica) compartida, (b) posibilitada o determinada por una lengua común, (c) y circunscrita a un territorio.

El nuevo régimen lingüístico: la lengua y el post-nacionalismo hispánico 

Pues bien, los portavoces de la nueva política lingüística española, así como los autores de discursos ideológicamente afines, han rechazado de plano el nacionalismo lingüístico y con él la que ha tendido a ser su premisa fundamental: la visión de la lengua como encarnación de la cultura de un pueblo, como singularísimo modo de interpretar la experiencia vital humana. En este sentido, en 2001, Francisco Marcos Marín, por aquel entonces Director Académico del Instituto Cervantes, afirmaba en el suplemento cultural del diario madrileño ABC la separación conceptual entre lengua y cultura: “Frente a toda idea de mente colectiva o de propiedad de la comunidad de hablantes, la lengua debe estudiarse como propiedad individual […] la identidad lingüística no implica identidad cultural” (ABC Cultural junio 2001). Una vez disociada del concepto de cultura, la lengua queda neutralizada como elemento potencialmente constitutivo de la nación, al menos en las formulaciones románticas de ésta. Sin embargo, aún se podría afirmar, desde nacionalismos más cívicos, el valor de la lengua como marca, como símbolo arbitrario de la nación. Pero esta posibilidad ha sido también rechazada. En 1995, Gregorio Salvador, distinguido miembro de la Academia, hacía la siguiente afirmación: “El español no es seña de identidad ni emblema ni bandera […] La vieja lengua de mil años y miles de caminos no es vernácula ya en ninguna parte, ni siquiera en la vieja Castilla donde nació […] [ha] devenido en pura esencia lingüística, es decir, en un valiosísimo instrumento de comunicación entre pueblos y gentes, en un idioma plurinacional y multiétnico” (citado en EL PAÍS, 7 de noviembre de 1995). En el mismo sentido, y en términos más firmes aún, rechaza Juan Ramón Lodares la visión nacionalista de la relación entre lengua y cultura: “El integrismo lingüístico se presenta como un eficaz elemento nacionalizador, basándose en la idea —falsa, por lo demás— de que la comunidad de lenguas es trasunto de la comunidad racial y de la comunidad de ideas, creencias, sentimientos, así como un bastión de fidelidad a los valores patrióticos” (2002: 21).[24] 

Vemos pues que estos filólogos y lingüistas, directamente vinculados o cercanos a las instituciones de implementación de la política lingüística de promoción del español, abrazan una concepción de la lengua —una ideología lingüística— que parece situarlos en el polo opuesto del nacionalismo lingüístico clásico que utilizaba aquélla como pieza central de la construcción nacional, ya fuera por la vía estructural-semántica-cultural (como materialización del espíritu del pueblo) o por la vía simbólica-arbitraria (como totem en torno al cual se agrupan los miembros de la nación). Frente a esta visión, se promueve en España una ideología lingüística que libera al español de sus ataduras culturales y nacionales para que se convierta en lengua panhispánica, para que salga de las fronteras físicas que delimitan un territorio nacional específico, y para que asuma un carácter expansivo e internacional.

Volvamos brevemente a la imagen del español dibujada por el Director de la Academia: “Es realmente emocionante cómo la lengua está sirviendo de lugar de encuentro y no sólo como canal de comunicación. La lengua nos hace patria común en una concordia superior” (citado en EL PAÍS, 9 de julio de 2000, subrayado mío). En el fondo de esta imagen, se sitúa el rasgo básico que caracteriza a cualquier lengua: su poder comunicativo. Se asume, por supuesto, que el español, al ser una lengua altamente codificada y elaborada, está dotado de una especial transparencia significativa. Pero más sobresaliente aún es el hecho de que al referirse a la lengua el Director de la Academia no se limita a señalar su utilidad: el español es más —debe ser más— que un simple instrumento al servicio del diálogo eficiente. Como canal de comunicación que es, produce el “encuentro” de todos aquellos que lo hablan y el establecimiento de una comunidad caracterizada por la “concordia”. Por medio de estas figuras del lenguaje, García de la Concha asocia el español con un valor superior, ya no sólo limitado a la utilidad administrativa o a la rentabilidad económica, sino estrechamente vinculado a un orden moral y cívico.[25] Fernando Lázaro Carreter, antiguo Director de la RAE y uno de los principales impulsores de su renovación, daba un paso más y, en una entrevista celebrada con motivo de la publicación de su El nuevo dardo en la palabra (2003), asociaba la lengua con uno de los valores supremos de la sociedad moderna: “La lengua es un instrumento esencial de la democracia” (citado en EL PAÍS, 21 de enero de 2003). Este tipo de retrato del español, realizado en foros de gran visibilidad (los cursos de verano de El Escorial con la amplia cobertura mediática que reciben o las páginas del diario EL PAÍS) y por figuras de extraordinaria relevancia cultural (como el Profesor de Salamanca y Director de la RAE Víctor García de la Concha o el popularísimo Lázaro), es herramienta fundamental en el proceso de implementación de la política lingüística española por medio de la difusión de la ideología lingüística en que esta política se basa. La difusión de esta ideología, por supuesto, es sólo posible si los miembros de la comunidad a quien va dirigida —la hispánica en este caso— la aceptan como propia. Ya el relativo fracaso del nacionalismo liberal decimonónico puso de manifiesto el hecho de que la superioridad práctica de una lengua no basta para vencer el poder de lealtades lingüísticas establecidas de un modo, digamos, más primordial.[26] De ahí que en la actualidad se insista no sólo en la utilidad del español sino también en su asociación con valores universales superiores, tales como la concordia y la democracia, que estimulen la formación de vínculos más “emocionantes” entre la lengua y los individuos que integran o que se aspira a que integren la comunidad.[27]

Por supuesto, como ha quedado claro, los agentes de la política lingüística española han superado la concepción de la lengua como depósito de una cultura asociada a un territorio, como valor superior en tanto que garante de la existencia de un pueblo, de una forma de ver el mundo. Parecería, por lo tanto, que ante la comunidad hispanohablante, española y latinoamericana, no se puede apelar explícitamente a una hermandad de tipo nacional. ¿O sí? A fin de cuentas la lengua “nos hace patria común”, dice García de la Concha recurriendo al tópico de Camus (“Oui, j’ai une patrie, la langue française”). Efectivamente, en el elogio del español desnacionalizado se produce un distanciamiento retórico del nacionalismo lingüístico, pero no se abandona completamente el esquema conceptual en que éste se asienta. En la imagen que nos traza el Director de la RAE, se expande el ámbito de significación del concepto “lengua”, que pasa ahora, en el triángulo en que se aloja la ideología del nacionalismo lingüístico (lengua, cultura y territorio), a ocupar los espacios vacíos desalojados por el descarte de las nociones de cultura y territorio. El código, el instrumento de comunicación, se desdobla convirtiéndose en lugar de armonioso encuentro. Queda así espacializado, e investido con el valor de la “concordia superior” que naturaliza y posibilita la coexistencia de todos los que la hablan. El propio español sustituye al territorio (lugar de encuentro) y a la cultura nacional (concordia superior) convirtiéndose en la “patria común”, en la imaginada comunidad panhispánica post-nacional, a la cual, por razón de sus virtudes (concordia, internacionalismo y rentabilidad), entregaremos nuestra lealtad. 

Por un lado, la coexistencia del español con otras lenguas en España se ha vivido, en el período que aquí nos ocupa, en términos conflictivos. Ya se señaló antes que las políticas lingüísticas de las Comunidades con lengua propia fueron diseñadas a partir de la idea de la preocupante sustitución de ésta por el español, el cual tiende a ser percibido como una lengua de fuera, “prestada” (aun cuando la mayoría de los miembros de la comunidad la hablen y la hayan hablado a lo largo de muchas generaciones) que amenaza la supervivencia de la “propia” y con ella de la singularidad cultural de la comunidad. Pero en el ámbito español, en círculos próximos a la política lingüística española, también se ha visto el actual bilingüismo como fuente de conflicto, del cual se hace responsables a las agresivas políticas regionales de inversión de la mencionada sustitución. En la nota de advertencia que abre su libro La lengua española y sus problemas,[28] Juan M. Lope Blanch afirma: “No me referiré aquí a los problemas con que tropieza actualmente la lengua española en su solar originario, debido al acoso de otros idiomas peninsulares, como el catalán, el vascuence, el gallego y aun el bable” (1997:5). Como respuesta, en parte, a las políticas de las Comunidades Autónomas han de entenderse también los trabajos ya citados de Gregorio Salvador y Juan Ramón Lodares. El discurso de oposición a aquéllas, por lo tanto, existe, pero rara vez se genera en las instituciones que de un modo más explícto se encargan de la promoción del estatus del español. En este sentido, la política parece ser más bien de hechos consumados. En el terreno económico de los mercados lingüísticos, catalán, gallego y euskera tienen poco que hacer ante el español.[29] En el terreno político, frente a la instrumentalización de aquellas lenguas por parte de los nacionalismos para cuestionar la entidad nacional de España, se presenta el español como símbolo de la concordia, de la democracia, del progreso económico, como instrumento al servicio de una post-nación, de una comunidad internacional pan-hispánica que deja reducidas al atavismo y al particularismo reaccionario al catalán, gallego y euskera.[30] 

Por otro lado, la relación con América Latina ha sido y es uno de los frentes que definen la política exterior de España. A lo largo de los años noventa, crecieron las inversiones españolas en aquel continente, y con ellas, los programas y esfuerzos puntuales de cooperación cultural. La nueva presencia española en las antiguas colonias ha dado lugar a una suerte de reedición del “movimiento hispanista”,[31] es decir, al rescate del concepto de una comunidad hispánica de intereses basada en la existencia de una afinidad cultural. Por supuesto, el rescate de este concepto no es fácil, sobre todo porque la comunidad hispánica, por muy armónica y coherente que se quiera que sea, por muy unida que se quiera que esté, ha de enfrentarse al hecho de que esa voluntad de unidad carga con el peso de la conquista y colonización que se encuentran en su mismo origen. Este lastre es, para algunos, irrelevante en el presente, especialmente ante lo que perciben como el prometedor futuro de la comunidad panhispánica. Otros, en cambio, ven en el rescate de ese desgraciado pasado compartido una condición fundamental para la construcción verdaderamente democrática y justa de proyectos culturales, económicos y políticos igualmente beneficiosos para españoles y latinoamericanos.

El hecho es que en los últimos años se han producido situaciones que han perturbado el armonioso encuentro entre España y sus antiguas colonias. Ya se mencionó arriba el discurso en el que el Rey Juan Carlos I afirmaba que el español no fue nunca “lengua de imposición sino de encuentro” y la consecuente controversia que la metáfora del encuentro provocó al ser interpretada como un intento de esquivar la políticamente incorrecta simbología del “descubrimiento” y por ocultar la incómoda historia de conquista y colonización.[32] Pero ese componente de la historia común sigue vivo en el recuerdo de muchos y retorna como instrumento de lectura de hechos presentes. ¿Cómo si no interpretar el título del libro Los nuevos conquistadores de los periodistas argentinos Daniel Cecchini y Jorge Zicolillo sobre la inmoral (si no ilegal) penetración en su país de algunas de las multinacionales españolas? ¿Cómo interpretar si no la codificación en términos neocoloniales de conflictos laborales que han enfrentado a trabajadores latinoamericanos con empresas españolas? Así se expresaba, por ejemplo, el presidente del sindicato de trabajadores de la banca en Chile: “Cada vez que prendo la luz, llamo por teléfono, hago efectivo un cheque o tomo un vaso de agua, estoy poniendo dinero en los bolsillos de alguien en Madrid . . . Es como si fuéramos una colonia de nuevo, pagando impuestos a la Corona española” (citado en The Washington Post, 14 de febrero de 2000). Y de un modo similar, con una “ola de antiespañolismo” (EL PAÍS, 21 de junio de 2001), reaccionaban los trabajadores argentinos en junio de 2001 ante la posición del gobierno español en relación con la crisis de Aerolíneas Argentinas.

Por todo ello no cabe sino reconocer que la configuración actual de la comunidad hispánica es un proceso disputado en una dinámica dialéctica que enfrenta visiones discrepantes sobre la naturaleza de la relación, pasada, presente y futura, entre las distintas naciones del mundo hispánico. Y en esta dialéctica ha intervenido con gran presencia y apoyo institucional la política lingüística española orientada hacia la promoción del estatus del español como pilar central que sostiene a la comunidad panhispánica, una comunidad basada en la “pura esencia lingüística” de la que hablaba Gregorio Salvador, y que, según el análisis que he venido proponiendo en este ensayo, viene a cumplir una función análoga a la desempeñada por la ya clásica nación.

En realidad, las discusiones sobre la legitimidad de las reivindicaciones nacionalistas esconden pugnas sobre las fuentes legítimas de autoridad, es decir, sobre la supuesta naturalidad de los grupos poblacionales que, al ser aceptados como sujetos activos del derecho a la soberanía, autorizan la ostentación y el ejercicio del poder, ya sea éste cultural, económico o político. La nación es una unidad de acción política, un mercado, una esfera legítima de influencia y de sentir colectivo. Es el garante de la lealtad a los poderes establecidos. ¿Podría ser que el panhispanismo post-nacionalista de base lingüística sea también —al menos en parte— una cuestión de poder y lealtad? Ya recordábamos Gabriel-Stheeman y yo, en nuestro mencionado estudio, que en 1995, Jesús de Polanco, Presidente del conglomerado mediático PRISA, afirmaba: “Iberoamérica es un objetivo político, económico y empresarial legítimo para los españoles […] Estamos mucho menos lejos de América Latina de lo que nadie puede pensar” (citado en EL PAÍS 24 de julio de 1995). Pocos años más tarde, Carlos Gasco, funcionario de alto nivel en el Ministerio de Economía español declaraba a un reportero del The Washington Post: “España entiende a Latinoamérica como ningún otro país fuera de Latinoamérica podría hacerlo […] Hemos usado esto a nuestro favor para construir lo que percibimos como una conexión económica a largo plazo que seguirá acercándonos más y más a Latinoamérica” (The Washington Post 14 de febrero de 2000).

Permítanme enfatizarlo: “España entiende a Latinoamérica”. ¿Qué hace ese entendimiento posible si no el instrumento de comunicación que es la lengua? ¿Cómo se establece esa proximidad entre España y Latinoamérica a la que se refería Polanco si no en el lugar de encuentro que ofrece el español? ¿Qué legitima la proyección política, económica y empresarial de España —por usar los mismos términos que Polanco— sobre las naciones americanas si no la patria común del idioma? ¿Qué mejor garantía de esa legitimidad que la emocionada lealtad de todos los hispanos a la post-nación lingüística? ¿Quién podrá, en definitiva, resistir el atractivo de una patria/lengua como el español, conciliadora, universal y rentable?

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José del Valle
The Graduate Center
The City University of New York (CUNY)
jdelvalle@gc.cuny.edu  

   

 



[1] La bibliografía sobre estos temas es extensísima. En lugar de intentar en vano crear una lista “representativa” me limitaré a dar tres referencias que están entre mis lecturas más recientes y que por ello habrán influido más (en la dirección que sea) mi actual percepción de estos asuntos. En relación con la elaboración de la Constitución, de Esteban 1987. Sobre el nacionalismo español, especialmente en el siglo diecinueve, el estudio de Álvarez Junco (2001). Para una visión más contemporánea y polémica del nacionalismo vasco y del nacionalismo español actual, el libro de Edurne Uriarte (2003).

[2] Para saber más (aunque no necesariamente mejor) sobre el embrollo de la nomenclatura, véase el libro de Gregorio Salvador (1987) o la revisión que, en tono muy distinto, hace Mar-Molinero (2000:35-7).

[3] “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

[4] Entre las visiones panorámicas se encuentran Bossong y Báez de Aguilar González 2000, Etxebarria 2002, Mar-Molinero 2000, Siguan 1992, Söhrman 1993, Turell 2001.

[5] No establecer esta distinción con claridad puede llevar a que se produzcan preocupantes equívocos y a que se caiga en un error metonímico que confunda “sociolingüística” con “planificación lingüística”. A los planificadores puede venirles de perlas tal confusión al quedar automáticamente impregnados del halo de prestigio que les conferiría verse inmersos en una práctica académica reconocida como es la sociolingüística. Esta confusión podría a su vez llevar a que los adversarios de políticas lingüísticas concretas descalifiquen sin más la disciplina sociolingüística. Algo de esto (y mucho más) hay en las siguientes palabras de Gregorio Salvador, procedentes de su libro Política lingüística y sentido común: “Ahora bien, la mayor parte de los verdaderos lectores de ese libro [Lengua española y lenguas de España], acostumbrados al camelo sociolingüístico, a las estadísticas amañadas, a las afirmaciones inconsistentes, al falseamiento de la historia y al escamoteo de lo real en el cotidiano discurso ideológico-idiomático que se practicaba y se practica, lo que vieron en él fue una ventana abierta a la realidad, que les permitía afirmarse en sus personales experiencias y encontrarse en sus propias opiniones” (Salvador 1992:11).

[6] Aunque tenga sólo una relevancia tangencial para el propósito de este ensayo, merece la pena apuntar algunas de las trampas que pueda encerrar el concepto de normalización. ¿Es la normalidad una noción estadística o ética? ¿Qué es la normalidad en materia lingüística? ¿En qué sentido serían “anormales”, por ejemplo, las comunidades criollas? ¿Es verdaderamente anormal, en el sentido estadístico, el carácter cambiante de la personalidad lingüística de un grupo humano? ¿En qué sentido es anormal la coexistencia en un territorio de distintas lenguas o normas de conducta lingüística distribuidas desigualmente por los dominios de uso? Me conformaré, por ahora, con plantear estas preguntas retóricas; pero en relación con este asunto aún hay mucha tela que cortar.

[7] Esta es una clasificación convencional propuesta ya por el pionero de la disciplina Einar Haugen (1972). Para una visión más contemporánea del asunto véase de nuevo a Kaplan y Baldauf (1997:28-58).

[8] Se podría hablar aquí de Álex Grijelmo y sus apasionadas defensas del idioma español (1998). Sin embargo, el que verdaderamente merece ser mencionado es Fernando Lázaro Carreter, quien, con sus dardos en la palabra ha jugado un papel central en la difusión de un tipo de cultura lingüística que fomenta esa paranoia del mal hablar que tan bien sirve a los guardianes de la corrección lingüística. Cuando repaso estas líneas muere Lázaro. Me doy cuenta de que en mi simple ironía, en el espíritu irreverente que la inspira, hay un mucho de admiración. Sirva mi humilde dardo como saludo y modestísimo homenaje al erudito filólogo, sabio lingüista, astuto político del lenguaje y celoso defensor de una lengua, que como él sabía mejor que nadie, se defiende muy bien sola.

[9] Además de la Academia y del Cervantes, entre los agentes de la política lingüística exterior española se podrían incluir instituciones tales como el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la Sociedad Española para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) o la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, así como grupos mediáticos y corporaciones (Telefónica, por ejemplo) que, al menos en parte, financian y apoyan la implementación de la política en cuestión.

[10] Al hablar aquí de ocultamiento pienso en el concepto de erasure propuesto por Judith T. Irvine y Susan Gal: “[T]he process in which ideology, in simplifying the sociolinguistic field, renders some persons or activities (or sociolinguistic phenomena) invisible. Facts that are inconsistent with the ideological scheme either go unnoticed or get explained away” (2000:38).

[11] Las distintas manifestaciones de los estudios de ideologías lingüísticas están representadas en los siguientes libros: Joseph y Taylor 1990; Kroskrity 2000; Schieffelin, Woolard y Kroskrity1998.

[12] Representado por la obra de figuras tales como Basil Bernstein, John Gumperz, Dell Hymes y William Labov.

[13] Aquí se podría mencionar a Pierre Bourdieu, Jacques Derrida o Michel Foucault.

[14] Sigo aquí, en términos generales y tomándome algunas libertades, a Paul V. Kroskrity (2000).

[15] La ruptura con este paradigma da lugar también, por ejemplo, a la reconfiguración de la lingüística histórica por medio de la inclusión de los hallazgos de la sociolingüística variacionista y de la sociología del lenguaje. En este cambio de orientación intervienen de una manera fundamental Roger Wright, con su propuesta sociofilológica (1982, 2000), y Ralph Penny, con su texto, clásico al nacer, Variation and Change in Spanish (2000) Piénsese simplemente en los muy distintos ecos que produce el título de esta historia del español de Penny comparada con su primera y más convencional A History of the Spanish Language (1991).

[16] Hay que puntualizar que la planificación lingüística puede por supuesto promover la normativización y uso de dos o incluso más lenguas. De hecho es frecuente que una política lingüística intervenga para diseñar un marco legal que gestione la coexistencia de varias lenguas.

[17] Para mi análisis de la naturaleza de los conflictos entre ideologías lingüísticas aparentemente contrapuestas en Galicia véase mi artículo del Valle 1999.

[18] Es aquí donde quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a Luis Gabriel-Stheeman, amigo y colaborador desde hace ya varios años. El estudio de la política lingüística española lo hemos hecho juntos, recabando datos y armando argumentos en largas conversaciones a distancia. Esta sección (“La nueva imagen …”) procede fundamentalmente de los capítulos 9 y 10 de la edición española de nuestro libro que publicará en 2004 Vervuert/Iberoamericana bajo el título La batalla del idioma: La intelectualidad hispánica ante la lengua.

[19] Nótese la coincidencia en la aparición de la noción de lengua-encuentro en el lenguaje del Director de la RAE y en el discurso Real. Volveré más adelante brevemente sobre este episodio. El Discurso se puede encontrar en <http: www.casareal.es/casareal/home> -Discursos y Mensajes: 23/4/01.

[20] La subsección titulada “La industria del español como lengua extranjera” incluyó comunicaciones tales como las siguientes: “El español como recurso económico: anatomía de un nuevo sector” de Óscar Berdugo, “El español como recurso económico en Francia (una aproximación desde el marketing)” de José María Davó Cabra. Se puede acceder a las ponencias a través de <http://cvc.cervantes.es/obref /congresos/valladolid/>. 

[21] El Anuario se puede consultar en <http://cvc.cervantes.es/obref/anuario/anuario_01/>.

[22] Igual que ocurre con el nacionalismo en general, la literatura sobre el nacionalismo lingüístico es inabarcable. Mencionaré aquí, siguiendo el mismo criterio que seguí arriba, una serie de libros y artículos que constituyen mis lecturas más recientes sobre el tema y que por consiguiente deben de estar más presentes en las ideas y en la armazón argumental de este ensayo: Barbour y Carmichael 2000; Blommaert y Verschueren 1998; Coulmas 1988; Edwards 1985:23-46; Errington 1999; Fishman 1989:97-367; Haugen 1972:237-54.

[23] Véase, por ejemplo, Álvarez Junco 2001:31-62, de Blas Guerrero 1994:38-46, Mar-Molinero 2000:3-17.

[24] La intervención del Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Ramón Lodares en la confección de una ideología de apoyo a la implementación de la política lingüística española es notable y merece un estudio detenido para el cual no hay aquí espacio pero que se ha de producir. A través de su “trilogía de la lengua”, publicada en Taurus y reseñada en los principales periódicos españoles, Lodares desarrolla, con un admirable e impresionante despliegue de erudición, accesibilidad estilística y gracejo, varios de los pilares que sustentan la ideología lingüística dominante: la crítica al nacionalismo lingüístico, la inevitabilidad de la sustitución de unas lenguas por otras y la superioridad de aquellas cuyo conocimiento y uso puede más fácilmente traducirse en dinero (la trilogía aparece en la lista de referencias, Lodares 2000, 2001, 2002).

[25] Al igual que ocurre con la idea de lengua-encuentro, como ya hemos señalado Gabriel-Stheeman y yo (2002, capítulo 9), el español como instrumento de la concordia aparece también en otros autores: “No puede haber mayor concordia que el diálogo, el entendimiento, la comprensión para el respeto y la paz, y el instrumento fundamental, esencial, es la lengua, y las entidades que representan la lengua desde una perspectiva digamos oficial son las academias” (Ignacio Chávez citado en EL PAÍS, 7 de septiembre de 2000).  

[26] Véase la presentación que hace E. J. Hobsbawm de la irrupción del nuevo nacionalismo de base étnica a partir de 1870 (especialmente en el capítulo 4 de la Segunda edición su libro de 1992), o la discusión del tema en el capítulo 1 de del Valle y Gabriel-Stheeman 2002 o 2004.

[27] Esto separa, al menos a nivel retórico, el discurso del Director de la RAE de visiones más puramente prácticas de la superioridad del español, tales como la ultraeconomicista del profesor Lodares.

[28] Curiosamente, a pesar del título, La lengua española y sus problemas, la conclusión que uno saca de la lectura del trabajo del profesor Lope Blanch es que el español no tiene problemas.

[29] El 19 de agosto de 2003 se publicaban en ABC unas declaraciones de Jon Juaristi, en ese momento Director del Cervantes, en las cuales indicaba el poco interés en el mundo por el estudio del gallego y el vasco (al catalán le va un poco mejor): “… se están dando bastantes clases de catalán … Ahora bien, la demanda disminuye … En el Instituto hemos sido extraordinariamente generosos en la estimación de la demanda. Hemos llegado a dar clases de euskera con dos alumnos. La rentabilidad económica no se sostiene”. El día 22 de agosto, quizás algo herida en su orgullo e imbuida de la misma ideología que pretende valorar una lengua en términos rigurosamente cuantitativos, el diario coruñés La Voz de Galicia publicaba, en un ejercicio de enternecedora ingenuidad, un artículo con el siguiente titular: “Arredor de 6000 personas [sic] aprenderon galego no estranxeiro no curso pasado”.

[30] En este contexto encaja un titular con que EL PAÍS introducía una noticia sobre un viaje del ex-Presidente del Gobierno José M. Aznar López a Estados Unidos: “Aznar pone a los hispanos de EEUU como ejemplo frente al nacionalismo” (12 de junio de 2003).

[31] Sobre el contenido y emergencia histórica del movimiento hispanista véase el clásico estudio de Pike (1971) o algunos de los ensayos incluidos en Pérez de Mendiola (1996).

[32] Esta estrategia nos remite a las pugnas simbólicas que tuvieron lugar durante las celebraciones en 1992 del Quinto Centenario.

 

 

 

 

 

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The life without goal is not substantial! As a man, we should have a goal to live wonderful. It's really truth.